Con Fedegan se sabrá si la teoría uribista de la persecución política asusta

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De aquí a finales de marzo, el gobierno Santos tendrá que definir si le extiende por otros diez años a Fedegan el millonario contrato para manejar los impuestos parafiscales de la carne y la leche. Si lo hace, pasaría por encima de las advertencias que le han hecho los contralores Sandra Morelli yEdgardo Maya, su ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y su propio secretario de Transparencia. Y si le niega esa prórroga, crecerá la tensión con el gremio ganadero liderado por José Félix Lafaurie, que insiste -en línea con lo que viene diciendo el uribismo- en que se trata de una persecución política por no ser santistas.

De aquí a finales de marzo, el gobierno Santos tendrá que definir si le extiende por otros diez años a Fedegan el millonario contrato para manejar los impuestos parafiscales de la carne y la leche.

Si lo hace, pasaría por encima de las advertencias que le han hecho los contralores Sandra Morelli y Edgardo Maya, su ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y su propio secretario de Transparencia. Y si le niega esa prórroga, crecerá la tensión con el gremio ganadero liderado por José Félix Lafaurie, que insiste -en línea con lo que viene diciendo el uribismo- en que se trata de una persecución política por no ser santistas.

La pelea por el Fondo ganadero

En el centro de la pelea están los casi 100 mil millones de pesos que maneja cada año el Fondo Nacional del Ganado, una plata pública que aportan unos 450 mil ganaderos en todo el país y cuya finalidad es ser invertida en beneficio de todo el sector.

Esa decisión sobre si prorrogarlo o no se da en medio de muchos cuestionamientos -desde el Gobierno, la Contraloría y el propio sector ganadero- al manejo que le ha dado Fedegan al Fondo, que lleva 22 años administrando y decidiendo en qué se invierte.

El Gobierno y la Contraloría insisten, citando una sentencia de la Corte Constitucional de 1998 que mantuvo el fondo de Fedegan pero le hizo una serie de advertencias, que quienes administren fondos parafiscales deben tener una estructura democrática que permita a los que paguen tener voz en su manejo.

Esos cambios no se han hecho hasta ahora porque Fedegan argumenta que le corresponde manejar esa plata por derecho propio, ya que la ley que creó el Fondo en 1993 lleva su nombre.

Si el Gobierno sigue las advertencias de la Contraloría y la sentencia de la Corte, tendría que obligar a Fedegan -que es una entidad privada- a volverse más representativa de los 450 mil ganaderos y lecheros en el país ya que maneja recursos públicos (los segundos parafiscales agrarios más grandes, después de los del café).

A diferencia de la Federación de Cafeteros, Fedegan es un gremio paraguas que afilia a un centenar de asociaciones y empresas ganaderas, pero no a ganaderos individuales. Eso deja a miles de ganaderos -que pagan 16 mil pesos en parafiscales por cada res que va al matadero y el 0,75 por ciento de la leche que venden- sin voz ni voto en la junta del Fondo que maneja su plata.

Eso es lo que ha creado un frente amplio de opositores a Lafaurie, incluyendo a pesos pesados del sector lechero como Jenaro Pérez de Colanta y Carlos Enrique Cavelier de la Alquería, a ganaderos disidentes como los que agrupa Demogan y a pequeños gremios de productores como Analac.

“Fedegan es una entidad muy importante, pero no nos representa a todos los ganaderos. Y en el Fondo - que es el instrumento más importante de la política ganadera- no están muchos, como las plantas industriales que procesan la leche. Donde se decidan esos recursos -que aportamos todos- debemos estar todos”, le dijo a La Silla el cesarense Gustavo Castro Guerrero, que fue dos veces Ministro de Agricultura y que hoy lidera el gremio de industriales de la carne (Acinca).

“No pedimos que se acabe Fedegan, sino que todos los que contribuimos [con parafiscales] podamos ser socios. Que, como nos cobran plata, podamos participar en la orientación de esos recursos. Y que haya un sistema de un ganadero, un voto a la hora de escoger las juntas”, dice Benjamín Quiñones, que lleva cuatro décadas de ganadero en el norte del Cauca y que paga unos 8 millones de pesos anuales al fondo.

Quiñones es uno de los 200 ganaderos de Demogan, que nació hace cinco años en Agroexpo y que viene cuestionando la inversión de esa plata por parte de Fedegan en temas como las vacunas contra la aftosa o los frigoríficos de su propiedad, que para los ganaderos disidentes han beneficiado a muy pocos productores.

“Las tomas de decisiones no pueden ser demasiado colegiadas -eso lo sabe cualquier administrador- pero tiene que haber un sistema representativo. Si ya los cafeteros y los cacaoteros pueden votar y les funciona, ¿por qué acá no podemos hacerlo todos los que aportamos?”, dice Roberto Ramírez Ocampo, otra de las cabezas visibles de Demogan y hermano del ex Canciller Augusto Ramírez.

Los lecheros -que ponen unos 20 mil millones de pesos al año en parafiscales, o la sexta parte del total- están casi todos enfrentados a Fedegan, aunque no logran ponerse de acuerdo en cómo manejarían la plata en un nuevo escenario.

Algunos grandes industriales como Alquería y los pequeños lecheros como los reunidos en Analac esperan que el presidente Santos cumpla la promesa que les hizo hace un año de separar las cuentas y crear un Fondo Nacional Lácteo que invierta en temas como promover el consumo de leche, que ellos sienten nunca fue una prioridad para Fedegan.  

Colanta, que es la mayor cooperativa de lecheros del país, no quiere salirse del Fondo del Ganado -porque los recursos de la leche son tanto menores que los de la carne- pero sí que se reforme del todo.

Todos ellos han presionado al Gobierno para que tome cartas en el asunto. Pero es un tema políticamente sensible.

El pulso entre Lafaurie y el Gobierno

El enfrentamiento entre Fedegan y el gobierno Santos por los parafiscales arrancó en el Ministerio de Agricultura en 2012, cuando el entonces ministro Juan Camilo Restrepo ordenó una auditoría externa tras oír las quejas de lecheros y ganaderos disidentes.

Tras ese informe de la auditora BDO, la Contraloría de Sandra Morelli ordenó una actuación especial y encontró un centenar de presuntos hallazgos y malos manejos, tanto de Fedegan (como administrador del fondo) como del Ministerio (como cabeza, casi siempre ausente, de su junta), y también de otros gremios como el cacaotero y el de fruticultores. Restrepo publicó entonces un ‘libro verde’ presentando el caso.

Tanto Morelli como el Secretario de Transparencia Rafael Merchán le pidieron al Ministerio, ya bajo la batuta de Rubén Darío Lizarralde, que no le extendiera el contrato a Fedegan hasta que no hiciera ajustes a la manera como maneja el fondo.

Lizarralde decidió prorrogar el contrato por poco tiempo, mientras Lafaurie respondía a los cuestionamientos y ponía en marcha las reformas. Primero lo hizo por dos meses y luego por seis, mientras Fedegan y la oficina de Transparencia de Casa de Nariño hacían unas mesas de trabajo que buscaban reformar los estatutos gremiales, que luego debían ser aprobados en el congreso ganadero de noviembre en Santa Marta.

Al final, según dos personas que siguieron el proceso, hubo un Código de Buen Gobierno pero no cambios significativos y Fedegan sigue estando cerrado a ganaderos individuales.

Al llegar Edgardo Maya a la Contraloría, desempolvó las investigaciones de su antecesora y le envió una carta al actual ministro Aurelio Iragorri el día de Nochebuena, diciéndole que Fedegan no hizo ningún cambio y que eso “impacta de manera significativa el manejo y la inversión de estos importantes recursos”.

Iragorri decidió prorrogar el contrato por solo tres meses, que vencen el 31 de marzo, mientras el Gobierno toma una decisión que todos -Fedegan, sus opositores, los entes de control- esperan ya sea definitiva y a diez años.

En Fedegan sienten que las críticas a su manejo del Fondo del Ganado son parte de una persecución por razones políticas, similar a la que en las últimas semanas han venido denunciando los uribistas por casos como el de María del Pilar Hurtado, Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, Andrés Felipe Arias o Luis Carlos Restrepo.

“Acá no hay una razón técnica ni jurídica, sino unos hechos políticos”, le dijo a La Silla Lafaurie, que insiste en que “no ha habido un solo hecho que implique un mal manejo” y que no le habrían prorrogado el contrato temporalmente si hubiese sido así. Además señala que el desinterés del Gobierno por el Fondo ha sido tan grande que ni siquiera ha nombrado, desde hace dos décadas, al representante de los pequeños productores que debería ser el noveno integrante de su junta.

El jefe de Fedegan atribuye esa “cacería brutal” y “actitud hostil” a sus posturas críticas sobre el proceso de paz con las Farc. Y también a la visibilidad de su esposa, la representante uribista María Fernanda Cabal, que manejaba la fundación gremial para las 9 mil víctimas ganaderas y que desde el Congreso se ha convertido en una de las mayores contradictoras de las negociaciones en La Habana.

Lafaurie dice que el tema arrancó como una retaliación personal de Juan Camilo Restrepo tras un duro enfrentamiento entre ambos en el programa televisivo de Yamid Amat y que los cuestionamientos contra Fedegan han venido de aliados del ex ministro.

Más precisamente, el líder gremial interpreta la investigación en la Contraloría a que Sandra Morelli fue durante ocho años directora jurídica de la Federación de Cafeteros (un gremio donde Restrepo fue gerente comercial y que casi llega a dirigir durante el gobierno Uribe), y su continuación bajo Edgardo Maya a que el contralor delegado para el agro es Andrés Bernal, quien fue director jurídico de Restrepo en el Ministerio. Según el líder gremial, nunca había tenido un mal puntaje en una auditoría de la Contraloría hasta que Restrepo apareció.

“Restrepo, Merchán, Presidencia de la República, Santos, el proceso de paz”, concluye Lafaurie, que ha interpuesto una serie de quejas contra varios de esos funcionarios en la Procuraduría (que hasta ahora no han sido resueltas) y denunció a la auditora BDO ante la Junta Central de Contadores.

Aunque sus detractores en el sector ganadero no creen en una persecución por ser uribista, muchos sí resienten que Lafaurie haya asumido un protagonismo político que lo llevó a ser precandidato presidencial conservador en las pasadas elecciones.

Les molesta que desde el gremio se hable sobre temas de política nacional, en vez de estar discutiendo los problemas de un sector que no ha cumplido sus metas de cabezas de ganado, que aún no tiene muchos mercados de exportación por falta de admisibilidad sanitaria y cuya transformación es central en la lucha contra el cambio climático.

“Acá no queremos hablar de persecuciones, sino de los pequeños ganaderos a los que no les llegan los beneficios del Fondo. Que no tienen buen acceso a agua y que no saben en qué vamos con los casos de bruselosis. Los debates importantes son sobre ganadería, no política”, dice Ramírez Ocampo, añadiendo que hay muchos uribistas entre los ganaderos y lecheros críticos de Fedegan.

Ese rol político es uno de sus mayores puntos de discordia entre Lafaurie y el Gobierno, como se notó en el mensaje que Santos leyó ante el congreso de Fedegan hace dos meses.

“Si en estos últimos años (...) hubo algún distanciamiento, tengan la seguridad de que no fue con los ganaderos. Fue con la dirigencia, por algo que yo he considerado siempre muy nocivo. Los gremios no están para hacer política. Los gremios están para tener una comunicación fluida con los gobiernos, para representar a sus agremiados y para encontrarles solución a los problemas”, les dijo.

Hasta ahora el Gobierno y el ministro Iragorri han mantenido silencio sobre lo que sucederá con el Fondo en seis semanas, una decisión que en principio debería ser técnica pero que también se ha vuelto política en momentos en que está más crispado el ambiente entre santistas y uribistas.

Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo que Simón Gaviria le presentó al Congreso el viernes claramente dice -en uno de sus 200 artículos- que los fondos parafiscales del campo deben reunir “condiciones de representatividad nacional de una actividad agropecuaria o pesquera determinada” y que las juntas que los manejen “deberán elegir sus miembros por medios democráticos”.

Eso muestra cuál es en principio la posición del Gobierno hoy y hacia dónde podría ir la pelea. Si no se la aplica a Fedegan, podría significar que el gremio ganadero convenció al Gobierno (algo que no se ve tan fácil dado que no hay mucho diálogo) o que éste último se asustó con la teoría uribista de la persecución política.

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