La movida más reciente de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro fue designar como facilitador para el sometimiento de grupos armados al condenado por homicidio Jorge Luis Alfonso López. Es el hijo de Enilce López, alias “La Gata”, la empresaria del chance también condenada por asesinato y por sus relaciones con paramilitares, que por años lideró un grupo político en el departamento de Bolívar.
El gobierno puso a Alfonso López en esas funciones a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, con una resolución que tiene carácter de reservada, fechada el 22 de diciembre y revelada en medios este miércoles, cuando se conoció que un juez ordenó dejarlo libre basado en ese documento.
Aún se desconocen los detalles sobre los grupos criminales con los que Alfonso ha entablado contacto en nombre del gobierno, pero no es un personaje cualquiera. Él encabezó una estructura política y criminal promotora del paramilitarismo que tuvo el poder en Bolívar por dos décadas. En 2021 la JEP lo rechazó por no tener un compromiso claro con la verdad y la reparación a las víctimas.
Más allá del revuelo por su libertad, al buscar a “el Gatico” para mediar en la búsqueda del sometimiento de grupos armados, el gobierno Petro no solo toma mano de alguien que conoce bien a esos grupos en Bolívar, sino que revivió el fantasma del grupo político del que él hizo parte.
Y, aunque esa estructura se ha venido a menos, varios de los líderes que hicieron política con “los gatos” respaldaron la campaña de Petro, como el senador de La U Antonio Correa y el ex candidato a la Asamblea Hugo Rada.
De “el Gatico” a Petro
Jorge Luis Alfonso López, conocido como “El Gatico”, nació en una familia que promovió los grupos paramilitares en Bolívar. Su papá es Héctor Julio Alfonso Pastrana, un policía retirado que fundó una convivir aliada de los paramilitares. Su mamá es Enilce López, “La Gata”, una poderosa empresaria del chance en Bolívar que fue condenada por homicidio y sus relaciones con los paramilitares.
Con el poder económico y protegida por la criminalidad, esta poderosa familia se metió en la política en los años 90. Primero financió campañas de políticos, entre ellos gobernadores, y después con un movimiento propio llamado “La esperanza de un pueblo”.
Con ese poder detrás, en 2003 “El Gatico” fue elegido alcalde de su natal Magangué, el segundo municipio más poblado de Bolívar. Eran años de terror en el pueblo.
Como contamos en la historia “El periodista que derrotó a La Gata”, en ese entonces Magangué se empezó a llenar de gente armada, no se podía hablar de política por miedo y, según una persona que aseguró que lo vio, el alcalde Alfonso despachaba con armas sobre su escritorio.
Fue en ese ambiente en el que asesinaron al periodista Rafael Prins, un férreo crítico de la administración de Alfonso. En 2014 la justicia condenó a 39 años de cárcel a Alfonso López por ser el autor intelectual de ese homicidio.
No fue el único político de esa estructura que fue condenado. Enilce López fue condenada a 40 años de cárcel por el aseinato del vigilante Amaury Ochoa a manos de paramilitares. El exgobernador gatuno Libardo Simancas fue condenado a tres años de prisión por parapolítica. El otro hijo de “La Gata”, el exrepresentante Héctor Alfonso, está acusado y privado de la libertad por presuntos vínculos con los paramilitares.
Los escándalos judiciales hicieron que la estructura de “La Gata” se debilitara y sus distintos líderes tomaran rumbos distintos, aunque varios conservaron parte de esa estructura.
La evidencia de que hoy no es un grupo uniforme fue que, en las elecciones de 2019 en Magangué, los líderes que integraron ese movimiento se dividieron en la disputa por la Alcaldía.
En todo caso, hubo políticos que surgieron de la estructura de “La Gata” que sí se fueron con Petro en la campaña presidencial. Es el caso del cuestionado senador de La U Antonio Correa, quien fue secretario de salud en la alcaldía de Alfonso.
Y hay líderes de la estructura de “La Gata” que se aliaron con el clan Montes, liderado por el parapolítico William Montes, y que llegaron a la campaña presidencial de Petro en primera vuelta.
En un evento político en Cartagena con Roy Barreras y Alfonso Prada, quienes estaban liderando la campaña de Petro, estuvo Hugo Rada, un reconocido líder de la estructura de “La Gata” que ahora se mueve con los Montes.
El papayazo para el fiscal con la orden de libertad
Las labores que comenzó “el Gatico” como facilitador arrancaron el 22 de diciembre, fecha en la que el comisionado para la Paz firmó la resolución en la que lo designa con esas funciones. Deben ir, según el mismo documento, hasta el 22 de marzo.
Según el gobierno, la idea era que desempeñara esas funciones en su casa por cárcel y así lo ha hecho, según el ministro del Interior, Alfonso Prada. Pero hoy se conoció la orden de un juez de Barranquilla de dejarlo libre. Según la providencia, fue Alfonso quien hizo la solicitud, con el fin de “tener la disposición de movilizarse y concretar las diferentes reuniones que se requieran en el sometimiento de dichos grupos armados”.
La Oficina del Alto Comisionado en un comunicado, y el ministro del Interior, Alfonso Prada, en una declaración a la prensa, dijeron que están en desacuerdo con esa orden de libertad y que nunca la solicitaron. Sin embargo, la resolución que designa a “el Gatico” como facilitador cita, entre otros, el mismo artículo de la Ley de Paz Total con el que el presidente Gustavo Petro ha solicitado la libertad de miembros de Primera Línea.
La confusión la aprovechó el fiscal general, Francisco Barbosa, para decir, en un comunicado, que “la paz total no puede ser una paz simulada y tramposa, teniendo en cuenta que en la resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no se precisa a qué organización criminal pertenece el hijo de ‘La Gata’”.
Precisar eso es algo que pide la Ley de Paz total en la que está basada la designación de Alfonso.
Barbosa ha sido un duro crítico de la política de Paz Total justo en este aspecto: los acercamientos con grupos armados que no tienen carácter político. Después de negarse a quitar las órdenes de captura contra líderes del Clan del Golfo y de los Pachenca, el gobierno se comprometió a tramitar una ley de sometimiento para aclarar el camino jurídico para que los hombres de esos grupos dejen las armas, pues la Ley de Paz Total aplica para grupos con carácter político como el ELN.
El episodio con “el Gatico” muestra que el gobierno, por lo pronto, sigue tratando de estirar los alcances de esa ley para mantener sus acercamientos con otras estructuras.
