El presidente electo Gustavo Petro escogió como líder de las fuerzas armadas a un fiscal anticorrupción que las ha vigilado antes y criticado recientemente: Iván Velásquez, uno de los mayores investigadores del país, que ayudó a destapar la parapolítica en Colombia, investigó las redes del cartel de Medellín y luego sacó a la luz casos de corrupción en Guatemala. Con ese perfil, Petro envía un mensaje claro: su prioridad será una reforma de raíz a las fuerzas armadas, más que tender una bandera blanca con los sectores (civiles y militares) prevenidos con el giro a la izquierda en la Presidencia.
El nuevo Presidente apeló a un ministro de su entera confianza. Se conocen desde la década de los 2000, cuando investigaron los vínculos entre políticos y paramilitares: Petro desde el Congreso y Velásquez como coordinador de la unidad especial de la Corte Suprema sobre parapolítica. Milton Rengifo, que trabajó en el equipo de Petro en la época, dice que conocieron a Velásquez primero a través de los expedientes de sus investigaciones sobre parapolítica en Medellín en los noventa, y luego personalmente cuando estaba en la Corte Suprema. La investigación de Velásquez, a la que Petro aportó desde sus denuncias en el Congreso, llevó a la condena de más de 60 políticos, entre ellos el primo del expresidente Álvaro Uribe, Mario Uribe.
Pero justamente por eso, la designación de Petro pone al frente de la cartera de Defensa a alguien que es considerado enemigo declarado del uribismo, y rompe el puente que Petro tendió con ese sector al reunirse con Uribe. “El nombramiento es un desafío a la oposición y muestra una ausencia de garantías democráticas. Darle el ministerio de Defensa a un antiuribista pone en peligro nuestras vidas”, le dijo a La Silla la senadora Paloma Valencia.
Velásquez se sale del marco del Acuerdo Nacional de otros nombramientos de Petro, que buscaban figuras más conciliadoras como José Antonio Ocampo, en Hacienda. El nuevo ministro de Defensa no llega con el mandato de una transición moderada, sino de un cambio profundo como el que ayudó a generar en Colombia con el estallido de la parapolítica, y en Guatemala, donde con sus investigaciones obligó a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.
Velásquez buscará liderar las fuerzas armadas al tiempo que las vigila, pero con el riesgo de profundizar tensiones previas del nuevo presidente con los cuarteles.
Un ministro fiscal
El diagnóstico de Petro sobre las fuerzas armadas estaba claro desde la campaña: “Hay demasiada policía metida en las nóminas de las bandas multicrimen”, dijo en una entrevista antes de la primera vuelta . Su declaración fue parte de una seguidilla de críticas a la corrupción dentro de las fuerzas armadas, que incluyó un choque con el entonces comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, que (en un gesto que fue criticado por intervenir en política) lo acusó de hacer “politiquería” con la muerte de los soldados.
La discusión se dio tras una publicación donde Petro señaló los nexos entre militares y grupos criminales. “La cúpula (militar) se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”, dijo.
Petro listó en su programa de Gobierno varios problemas más en las fuerzas armadas, como la impunidad en la justicia penal militar y la política de ascensos. Con ese diagnóstico, planteó una reforma estructural que ahora queda en manos de Iván Velásquez.
Los aliados políticos de Petro, como el presidente del Senado Roy Barreras, reforzaron esta idea tras el anuncio del nombramiento: “La maldición del narcotráfico ha penetrado el tejido social colombiano, el Congreso y también en no pocas ocasiones a las fuerzas militares y armadas en el pasado y en el reciente pasado. Un ministro de defensa impecable, jurista, defensor de DDHH responde a la tradición civilista”, dijo.
Otro de los protagonistas de la política de paz del nuevo gobierno, el senador Iván Cepeda, le dijo a La Silla sobre Velásquez: “Es un hombre que ha combatido la criminalidad y se ha identificado con la lucha contra la corrupción, ese cargo implica precisamente eso”.
Petro anticipó desde su empalme que esta sería su línea. Nombró como coordinador del sector defensa al general retirado de la Policía William Salamanca, quien como director de la Inspección General de esa institución investigó por tráfico de influencias al primer comandante de la Policía de Iván Duque, el general Óscar Atehortúa, quien sigue en juicio.
Durante su gestión Salamanca (2019-2020) elevó el número de denuncias que eran reportadas desde la Inspección ante la Fiscalía.
Una fuente cercana al empalme de seguridad, que pidió no ser citada, dijo que la elección de Velásquez responde al diagnóstico que coordinó Salamanca. “Es muy importante tener en cuenta que la decisión se toma con base en los informes del empalme y en qué estado está la cartera de Defensa”, dijo.
Salamanca considera que el nuevo ministro de Defensa podría aportar en la línea de lucha contra la corrupción. “Las fuerzas armadas no son la excepción (a la corrupción). Infortunadamente algunos de sus miembros se desvían del camino de la ética y la moral. Se tiene que actuar para entrar en defensa de la trayectoria, la historia y lograr mayor credibilidad de las fuerzas”, le dijo a La Silla.
La crisis de legitimidad de la Fuerza Pública es una prioridad dentro del programa de gobierno de Petro. Una evidencia de este problema se vio en mayo, cuando el paro armado del Clan del Golfo demostró la incapacidad de la Fuerza Pública de reaccionar y generar confianza en las zonas tradicionalmente dominadas por este grupo armado ilegal.
Esto ha sido reforzado por los presuntos vínculos del Clan con altos oficiales de la Fuerzas Militares, como Leonardo Barrero, que es acusado de haber colaborado con alias “Matamba”, quien llegó a ser uno de los cabecillas más importantes del Clan del Golfo.
Pero aunque Velásquez responde a la lectura de Petro sobre cuál es el principal problema del sector defensa, deja sueltos otros flancos que el presidente electo prometió atender en campaña.