Con la marihuana recreativa llega el cambio de política de drogas al Congreso

Con la marihuana recreativa llega el cambio de política de drogas al Congreso
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Carlos Ardila y Juan Carlos Losada, representantes liberales.

Todo indica que habrá humo verde por primera vez en una plenaria del Congreso. El martes la Cámara de Representantes votará en segundo debate el proyecto que elimina de la Constitución Política la prohibición del consumo de marihuana en mayores de edad. 

Es la cuarta vez en los últimos 3 años que la propuesta se debate por iniciativa de congresistas liberales, pero a diferencia de las anteriores, esta vez tiene los votos y el respaldo del Gobierno. Se trata del paso más firme hacia la regulación de la marihuana recreativa en Colombia, que debe luego ser complementada por una ley que establezca los detalles de cómo sería esa regulación.

La reforma ofrece el cambio más puntual de una nueva política de drogas, que se aleja del fracaso de la prohibición, como lo ha propuesto el presidente Gustavo Petro. Y si bien no es liderada por el Gobierno, sino por congresistas liberales, desde esta semana pasada dos ministros, el de Justicia y el Interior, entraron a reforzarlo política y técnicamente para lograr los consensos necesarios en los siete debates que restan.

Si lo logran, Colombia se convertiría en el tercer país de América Latina - detrás de México y Uruguay- en legalizar el consumo en adultos a nivel nacional.

Potencias mundiales como Estados Unidos también están dando señales de ese nuevo enfoque. Ayer el presidente de ese país, Joe Biden, anunció el perdón de condenas federales por posesión de marihuana, una medida que medios internacionales y analistas, consideran que allana el camino hacia la despenalización total del uso del cannabis en ese país. 

Reformar la Constitución para eliminar la prohibición

En 2009 y por iniciativa del Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez el Congreso reformó la Constitución y dispuso que “El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”.

Fue un triunfo político para Uribe quien, en su enfoque de política antidrogas, venía buscando ganar ese pulso desde 2003. Ese año intentó penalizar, vía referendo, “la siembra, producción, distribución, porte o venta de sustancias alucinógenas o adictivas”, entre ellas la marihuana. Pero ese punto no llegó a ese referendo porque la Corte Constitucional lo tumbó por vicios en el trámite.

Lo que empezaron a proponer 10 años después congresistas liberales como los representantes Juan Carlos Losada, de Bogotá, y Carlos Ardila, de Putumayo, es que se elimine esa restricción únicamente con la marihuana y que el Estado, además, permita su producción y comercialización y con eso genere el recaudo de unos impuestos.

Uno de los argumentos es que ese enfoque prohibicionista del Gobierno Uribe no aportó en la lucha contra las drogas. Empezando porque el consumo no disminuyó. De acuerdo con cifras del Dane en 2019, el 9.7 por ciento de los colombianos afirmó haber consumido alguna sustancia ilegal. Es decir, un 0.6 por ciento más que en 2009, un ligero aumento. 

Además, argumentan que el contexto del país es diferente al de ese momento. “Hoy, 13 años después, está claro que la prohibición de las drogas no solo ha alimentado el conflicto, sino que además ha cobrado millones de vidas en Colombia y el mundo. También, se ha consolidado una fuerte defensa a las libertades individuales y se ha tendido a limitar la intervención del Estado en estos asuntos”, dice Losada.

Ardila, además, apunta a un enfoque más productivo y a una oportunidad de mercado que genere rentas al Estado “Con este enfoque, los consumidores de cannabis, que de hecho gozan de protección constitucional desde 1994 tras la Sentencia C-221 del mismo año, ya no acudirían al mercado negro para adquirir la sustancia, sino que lo podrán hacer en un mercado regulado”, comenta.

La oportunidad de negocio a la que se refiere tiene el antecedente de la marihuana medicinal cuya producción y comercialización sí está permitida desde 2016. Según cálculos de ProColombia, agencia que promueve los negocios internacionales, para el año 2030 las exportaciones de dicha planta con ese fin superarían los 1.700 millones de dólares. 

Detrás del avance de los proyectos de Losada y Ardila han estado empresas y gremios del cannabis. Esta semana cuando el proyecto de Ardila se debatió en primer debate, por los pasillos del Congreso estuvo activo y cerca de varios representantes Miguel Samper, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis (Asocolcanna). 

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Samper (derecha de espalda) ha acompañado el trámite legislativo de los proyectos.

Es un mercado en el que otros países, como Estados Unidos, Canadá o Uruguay ya han ido avanzando. Y que también se ha ido metiendo en el Congreso a través del lobby de empresas interesadas en el sector. El representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, pidió declararse impedido para participar en el debate del proyecto de Losada porque cree que financiadores de su campaña han estado detrás de licencias de funcionamiento para entrar en el mercado del cannabis medicinal. 

De fondo, las dos apuestas de Ardila y Losada, buscan desenredar la paradoja jurídica que ha rodeado el debate sobre la despenalización en instancias como la Corte Constitucional: que se permite el consumo de drogas en dosis personales, pero, al tiempo, se prohíbe su producción, distribución y venta.

Las iniciativas de Losada y Ardila, que han ido por caminos separados pero con el mismo fin, se han estrellado desde 2019 en tres intentos diferentes y por la oposición del gobierno de Iván Duque y su coalición. Duque, de hecho, tomó medidas contra eso. En 2018 firmó un decreto que autorizó a la Policía a decomisar la dosis mínima de drogas en espacios públicos.  Pero en 2020 el Consejo de Estado tumbó esa norma

Como se trata de una reforma a la Constitución debe pasar por ocho debates, cuatro en Cámara y Cuatro en Senado, en dos periodos legislativos diferentes. Pero a diferencia de las tres anteriores, este intento puede llegar más lejos porque encaja en el enfoque de política de drogas que quiere el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El empujón del Gobierno Petro y el Pacto

El próximo lunes la Plenaria de la Cámara de Representantes tiene en su primer punto del orden del día el segundo debate del proyecto del representante Losada. Quedar en esa posición privilegiada, en medio del trancón legislativo que hay, es producto del envión que le quiere dar el gobierno Petro al tema.

El orden del día no solo se define por potestad de la mesa directiva, en este caso liderada por el petrista David Racero, sino también por instrucción del ministro del Interior, Alfonso Prada.

El miércoles pasado, en medio del debate del proyecto de ‘Paz Total’, Racero, Losada y Prada acordaron priorizar la reforma para que avance y se vote. “Los vamos a apoyar a todos”, le dijo Prada a La Silla. 

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Losada (espalda) habla con el ministro del Interior, Alfonso Prada y el viceministro Gustavo García.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, también dio su aval. “Es preferible quitar la prohibición a la Constitución para evitar riesgos en el trámite. Las dos iniciativas, las de los representantes Losada y Ardila, encajan en la política de drogas del Gobierno, bajo la línea de una nueva política de drogas que arranca por despenalizar el consumo y luego avanza al tratamiento penal diferencial para cultivadores”, dijo Osuna.

Los dos ministros han ido sondeando a las diferentes bancadas en busca de los votos. Las cuentas, dice Losada, dan para pasar esta vez de 90 o 100. Están fijos los 29 del Pacto Histórico, los 33 liberales, 15 de la Alianza Verde, 5 de Comunes, 2 del Nuevo Liberalismo, la mayoría de las 16 curules de paz. 

El recorrido de estos cuatro años y las diferentes discusiones que han alimentado el proyecto también han subido a otrora opositores de partidos como La U o Cambio Radical. El representante Jorge Tamayo, de La U, señala que el actual proyecto introdujo dos líneas que a él le parecían claves: políticas públicas de prevención del consumo, y de tratamiento para consumidores.

“Antes votamos para hundir esas iniciativas porque no protegían el entorno de los niños, eso se corrige con el nuevo proyecto y por eso lo vamos a acompañar”, dice Tamayo. Se refiere a que en el proyecto se mantiene la restricción al porte y consumo en espacios públicos, zonas comunes y entornos escolares, entre otros.

Partidos como el Conservador y el Centro Democrático han cantado su oposición argumentando que el camino de la legalización del consumo de cannabis tiene efectos en los entornos escolares. Y, añaden, impacta en los proyectos de vida de niños y jóvenes.

“Lo anterior, tiene fundamento en que según un estudio realizado por el Ministerio de Salud en 2020, se estimó que el 41% de los adolescentes que había incurrido en infracciones a la ley penal, lo hicieron bajo los efectos de la marihuana”, señala el representante conservador Juan David Peñuela.

Con esas posturas que rompen parcialmente la coalición del Gobierno Petro, al intento legislativo por la legalización aún le queda mucho trecho, especialmente cuando llegue al Senado. Como las anteriores iniciativas no alcanzaron a llegar hasta allá y dado que los senadores se mueven con la aguja de la opinión pública, hay incertidumbre sobre qué tanto apoyo pueda tener.

Teniendo en cuenta, por ejemplo, que es un tema que divide a los colombianos. Según la reciente Invamer que le mide el pulso al país, un 51 por ciento de los colombianos no está de acuerdo con legalizar la venta del cannabis recreativo, frente a un 42 por ciento que sí lo aprueba.

Adelantando terreno en el Senado, si es que la Cámara aprueba el proyecto en segundo debate, senadores como Humberto de la Calle, Angélica Lozano o Jonathan Pulido - conocido como Jota P Hernández- también radicaron la semana pasada una reforma con el mismo enfoque de eliminación de la prohibición. Líderes del Pacto Histórico, y cercanos al presidente Petro, como Roy Barreras y Gustavo Bolívar, han ido ambientando la discusión por otro frente.

“Si no es ahora en un Gobierno progresista donde se pueden dar estos debates y regulaciones, no va a ser nunca”, añade el representante Losada.

En todo caso la aprobación de la reforma constitucional sería apenas el primer paso para llegar hasta la legalización. Porque para que entre en vigencia el mismo Congreso en compañía del Gobierno debe aterrizar cabos sueltos que blinden ese cambio.

Por ejemplo, se plantea un plazo de 6 meses para crear una política pública estricta en torno a la prevención y atención del consumo del cannabis, y otro de un año para establecer programas de tratamiento de enfermedades derivadas del consumo crónico de cannabis de uso adulto.

Y referente a la producción y comercialización también debe establecerse un marco regulatorio para resolver temas álgidos como quién puede vender y en dónde, o en qué zonas se podrá cultivar y bajo qué reglas, cómo será el balance entre grandes empresas y campesinos que ya cultivan marihuana. Eso, además, de la estructuración de un marco fiscal que siente las bases para el cobro de impuestos del mercado.

Solo hasta llegar a ese momento, coinciden Losada y Ardila, podría levantarse la prohibición. 

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