Con la pesca deportiva la Corte puso primero a los peces y luego la conservación

Así es en varios ríos del sur del país que las comunidades utilizan exclusivamente para la pesca deportiva, como el Manacacías en Meta. Son lugares habitados por comunidades indígenas con pocos ingresos y donde no existen tantas opciones para trabajar.

Según Andrés Reyes, director de la Asociación Nacional de Piscicultura y Pesca (Pispesca), “las comunidades de Guainía, Vichada, Nuquí, Bahía Solano y Buenaventura dependen 70 por ciento de la pesca deportiva”.

Y es por eso que la prohibición golpea la estabilidad económica de cientos de familias en las costas Caribe y Pacífica, que además de dedicarse a la pesca para consumo, aprovechan el turismo ambiental. Datos de la Aunap dicen que son el 94 por ciento de la población de esas costas.

Esas familias ahora se verán obligadas a realizar esa actividad de manera ilegal o seguir con otros tipos de pesca que en todo caso también implican el sufrimiento animal que argumentó la Corte. Paradójicamente, la decisión de la Corte prohíbe una práctica en la que se devuelven los peces y protege la pesca de subsistencia, en la que se los mata para consumir.

Varios ambientalistas han cuestionado la decisión porque en vez de proteger la vida, la decisión tiene efectos negativos sobre la conservación. “La conservación es la garantía de todo un ecosistema, y el ecosistema incluye a las comunidades. Se puede tener una gran riqueza ambiental, pero si la gente tiene hambre o necesidades básicas insatisfechas, no va a haber sostenibilidad ambiental”, dice Luis Felipe Guzmán, doctor en Derecho y profesor de Estudios Rurales en la Universidad Javeriana.

El otro punto que critican es que la Corte ni consultó ni tuvo en cuenta la opinión de expertos en el tema o las comunidades, y abrió un precedente jurídico con el que se podrían prohibir otras actividades que involucran animales, sin certeza de su sufrimiento.

“El sufrimiento solo interesa en el caso de la pesca deportiva, pero la pesca artesanal sigue siendo permitida, con el sufrimiento que sea de los peces”, dice Castelblanco.

Los pesqueros lo leen como una sentencia de muerte a una actividad de la que subsisten y que han hecho por años. “Hay un poco de proyectos que terminan afectando la pesca: como la reciente prohibición de pesca incidental de cartilaginosos (como rayas y tiburones), o la reciente sentencia de la Corte. Esto está llevando a la desaparición de una actividad clave para la cultura de muchas zonas y que es un servicio ecosistémico”, dice el biólogo Ángel Villa.

La Corte falló de espaldas a los comunidades

Diana Fajardo, la magistrada que redactó la ponencia que estudiaron los demás magistrados de la Sala Plena es conocida por ser una férrea defensora de los derechos de los animales. Fue popular su posición sobre la sentencia del “Oso Chucho”, que le reconoció un Habeas Corpus a un oso de anteojos que estaba en cautiverio y que la Corte Suprema de Justicia pidió que liberaran cuando se conoció que tenía una enfermedad incurable. Fajardo dijo que ese mecanismo sí podía aplicarse a los animales, y desde entonces estos son reconocidos como sujetos de protección constitucional.

Meses después aclaró su voto en la sentencia de 2020 que prohibió la caza deportiva. Dijo que iba en contra de la Constitución porque implicaba el sufrimiento del animal y su muerte.

Esas sentencias, y la reciente decisión sobre la pesca deportiva, hacen parte de toda una línea jurídica que empezó en 2016 y que le ha dado cada vez más derechos a los animales, reconociendo que son seres sintientes y que los humanos tienen responsabilidad en su protección. Tanto que Fajardo logró una mayoría ocho a uno en esta controvertida decisión sobre la pesca deportiva.

Es un discurso que ha calado cada vez más en los escenarios políticos, y que por ejemplo este año logró montar a la animalista Andrea Padilla en el Senado, que defendió la prohibición de la Corte.

Sin embargo, el argumento del posible sufrimiento de los peces (del que no hay evidencia científica a pesar de que ya la Corte había reconocido a los animales como seres sintientes) dejó por fuera el concepto de las comunidades directamente beneficiadas de esa actividad y tiene un matiz distinto al de prácticas como la caza deportiva o las corridas de toros, que son centrales en la discusión sobre el sufrimiento animal.

Según el comunicado que la Corte emitió la semana pasada, el argumento de la Sala Plena es casi el mismo que el que usó en la sentencia de la caza deportiva. Pero para el ambientalista Camilo Prieto, “la pesca deportiva tiene un enfoque en divertimento, pero es diferente a la caza. Es distinta porque los animales capturados pueden ser liberados”. Muchos incluso son pescados más de una vez.

En esa actividad, que está regulada, todos los peces capturados tienen que volver al agua. Y existen varias reglas que se deben seguir para evitar un sufrimiento mayor: cañas de pescar especiales, formas de jalar el pez y tiempos determinados de permanencia de los animales fuera del agua.

Por eso, según Castelblanco, la prohibición de la pesca deportiva podría empujar a un sufrimiento mayor de los animales. “Las comunidades, que han vivido toda la vida de pescar, o se van a ir a la pesca deportiva ilegal, o se van a la pesca artesanal, o se van a pesca deportiva que termine matando al animal para comérselo. Estamos pasando de un problema que es de la sintiencia del pez a un problema ecológico”, explicó.

Además, en este proceso en particular, aún cuando las discusiones de la Corte tienen cabida a las intervenciones ciudadanas, no tuvo la participación ni de la Aunap —que es la autoridad pesquera—, ni de pescadores o asociaciones de pescadores. “De pronto valió la pena analizar en su momento los destinatarios de la decisión, los impactos, y que la decisión no genere un mal mayor”, comenta el experto Guzmán.

Y de hecho varias, como en Buenaventura, ya se han organizado para manifestarse en contra de la decisión de la Corte a través de una movilización marítima. “Hay unas decisiones de gobierno que son absurdas, desde todo principio. Me ofende que el gobierno tome decisiones por encima de los que conocen el territorio”, dice Luis Perea, líder del Grupo de Pesca del Norte del Chocó.