Con la prohibición de la dosis personal, la trabada ahora es Medicina Legal

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Con la prohibición de la dosis personal, la trabada ahora es Medicina Legal
La prohibición de la dosis personal de droga fue una de las obsesiones del gobierno de Uribe. Pero por cuenta de ella, ahora la que está trabada es Medicina Legal.

Desde diciembre consumir drogas está prohibido.  Pero como la reforma no se ha reglamentado, todavía ni los policías ni los jueces tienen claro qué hacer con las personas que sean sorprendidas con pequeñas cantidades de droga

La prohibición de la dosis personal de droga fue una de las obsesiones del gobierno de Uribe. Pero por cuenta de ella, ahora la que está trabada es Medicina Legal.

Desde diciembre consumir drogas está prohibido.  Pero como la reforma no se ha reglamentado, todavía ni los policías ni los jueces tienen claro qué hacer con las personas que sean sorprendidas con pequeñas cantidades de droga

La reforma constitucional crea un dilema: la persona que sea sorprendida con droga es un criminal o es un adicto. Y son las autoridades las que deben determinarlo, para saber si lo procesan por tráfico de estupefacientes o no. Como por ahora no hay cómo tratar a los adictos, ser declarado adicto es una manera de evitar un problema penal. Y para los fiscales, es una manera de evacuar rápido procesos que difícilmente concluirían con la prueba de que un joven marihuanero es un traficante.

En esos procesos penales, los fiscales suelen solicitar que psiquiatras expertos determinen si la persona es adicta. Como dijo a La Silla Vacía Iván Perea, coordinador del Grupo de Psiquiatría de Medicina Legal en Bogotá, “los dictámenes sobre adicción se dan para evitar que haya un preso”. Porque si se concluye que la persona es adicta, los fiscales descartan que sea traficante.

Esto ha disparado la demanda por dictámenes periciales en psiquiatría. Y se ha concentrado no en las entidades privadas expertas en prevención y rehabilitación, sino en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que como entidad pública está obligada a colaborar con las autoridades judiciales en éste y otros temas.

Los Grupos de Psiquiatría de Medicina Legal deben dictaminar, por ejemplo, si una persona estaba en sus cabales cuando realizó un delito o si existen secuelas psicológicas en una violación. Entre sus funciones también estaba determinar si alguien a quien encontraron con droga es un adicto. Antes de la prohibición de la dosis mínima este era un tema menor. Pero ahora, esto ocupa una buena parte de su tiempo. Además, es la mitad del trabajo del laboratorio de toxicología, aunque la prueba de laboratorio no define si alguien es adicto o no, solamente si consumió.

En Bogotá, el Grupo de Psiquiatría cuenta con 18 profesionales para atender todos los requerimientos de las autoridades judiciales. Según Perea, desde que se prohibió la dosis personal, tres de los 18 psiquiatras de Bogotá se dedican únicamente a peritajes vinculados al consumo de sustancias psicoactivas.

“Hay una carga absurda de trabajo”, dijo a La Silla Vacía un psiquiatra de Medicina Legal que nos pidió reservar su identidad. Los psiquiatras forenses deben seguir un detallado y dispendioso que asegura la validez de su dictámen. Deben revisar el expediente judicial, realizar una entrevista con la persona, analizar la información y escribir un informe.  Además, según la misma fuente, en gran medida los peritajes que se solicitan son de consumidores de marihuana que rara vez clasifican como adictos y que tampoco son traficantes.

Todo esto ha llevado a que un dictamen pericial tome ocho meses, por lo que algunos abogados defensores lo solicitan solo para dilatar el proceso.

El futuro

En el Congreso cursa un proyecto de ley estatutaria para reglamentar la dosis personal por el anterior gobierno. La semana pasada el Ministro del Interior dijo que no había suficiente plata para implementar en el corto plazo la rehabilitación contemplada en la reforma constitucional.

En todo caso, sin hacerle bombo en los medios, el nuevo Gobierno metió en el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana la penalización de la dosis mínima con una pena de mínimo cinco años de cárcel y cuantiosas multas. No dice nada sobre la rehabilitación.  Con lo cual, si se aprueba esta ley, una persona podría terminar en la cárcel por fumarse un bareto. Ni siquiera estaría el dilema de si es adicto.

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