Con mermelada táctica, el Gobierno logró la aprobación de la tributaria

Con mermelada táctica, el Gobierno logró la aprobación de la tributaria
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Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron en segundo y último debate la reforma tributaria. La ponencia que se presentó -y se aprobó anoche en Senado y hoy en la Cámara- tuvo pocas modificaciones en comparación a la primera, y su recaudo solo bajó de 21,5 billones de pesos a 20 billones, según estimaciones preliminares. La plata de la tributaria, explicó el presidente Petro, se gastará en inversión social. Ahora solo falta que haya una conciliación entre lo aprobado por cada cámara- lo cual se hará la otra semana- para que pase a sanción presidencial. 

El Ministerio de Hacienda y los ponentes de la coalición de Gobierno lograron mantener esa cifra de recaudo porque cedieron poco en los grandes puntos, como el impuesto a los hidrocarburos, en parte gracias al contentillo que les dieron en artículos claves a los partidos tradicionales y en modificaciones de forma en artículos menores.

El Gobierno se la jugó durante los dos días de debate por controlar su coalición legislativa y resolver dudas. En las plenarias estuvieron presentes los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; la de Ambiente, Susana Muhamad; el de Interior, Alfonso Prada; el director de la Dian, Luis Carlos Reyes. También el director del Dapre, Mauricio Lizcano, y cuotas del partido Liberal como José Luís Correa, presidente de Positiva.

Acá los pulsos que ganaron y perdieron actores del poder en la reforma.

1. Más impuestos al sector minero energético, el inamovible que no entregó Petro

La columna vertebral de la reforma tributaria de Petro son los impuestos que se le pusieron a las empresas petroleras, mineras y de energía. En la ponencia que quedó aprobada en primer debate, 11 billones de pesos de lo que aspiran recaudar salen de los impuestos a estos sectores.

En las discusiones de estas semanas, el Gobierno hizo un pequeño ajuste en la sobretasa que se le puso al sector. Esta vez, la sobretasa del sector dependerá de los precios internacionales del petróleo y según eso se define si paga o no ese impuesto extra.

En cuanto a la no deducibilidad de las regalías, que es uno de los principales pedidos de los congresistas y empresarios, Petro no cedió y solo hizo un cambio en la fórmula como calculan el monto de regalías cuando son en especie, o sea que en vez de girar plata, le dan al Gobierno un barril de petróleo, por ejemplo.

Esos cambios menores no fueron suficientes para los gremios. La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) salió a decir que esos cambios no ayudan, sino que suben aún más la tarifa. “Esta propuesta es 115 por ciento más costosa para las empresas que la inicialmente radicada por el Gobierno en impuestos para hidrocarburos y 5 por ciento más gravosa que lo aprobado en primer debate”, dicen en un comunicado.

A la voz de los gremios también se unieron Fedesarrollo y el Comité de la Regla Fiscal que alertaron sobre los efectos que tendría una desaceleración del sector de hidrocarburos a través de la reforma tributaria y que no haya nuevos contratos de exploración petrolera.

Pero lo cierto es que el Gobierno Petro demostró que pese a los pedidos de los partidos tradicionales y empresarios, la bandera de la transición energética de Petro pesa más. Y aunque expresaron resistencia en público, las bancadas claves de los aliados del Gobierno, como los liberales y conservadores, se negaron a eliminar la propuesta como lo pidieron Centro Democrático y Cambio Radical. El miércoles en la noche, el Senado lo dejó como lo pidió el Gobierno y lo mismo hizo la Cámara hoy. 

2. En impuestos saludables el Gobierno cedió en tiempos y ganaron los grandes empresarios

En la ponencia que se votó anoche en Senado se sumaron nuevas gabelas para suavizar el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Por un lado, se excluyeron algunos productos ultraprocesados como el pan, el arequipe, la miel, las obleas y unos lácteos.

También se aplazó la entrada en vigencia del impuesto a las bebidas a julio de 2023 y de alimentos hasta septiembre de 2023. Según cálculos preliminares del Minhacienda, esos cambios le costarán unos 750.000 millones de pesos al Gobierno en el recaudo de 2023.

En este pulso, además, ganaron los grandes productores de gaseosas y bebidas azucaradas, con un balance a favor de Postobón, que logró subir el umbral desde el cual se calcula cuánto se le cobra de impuesto a esos productos en función de la cantidad de azúcar.

Como contó La Silla, varias bebidas de Postobón como la Manzana, la Uva Postobón, la Naranja, se salvan del impuesto, mientras que la Coca Cola, por ejemplo, tendría la tarifa más alta porque no puede cambiar la composición de su azúcar, mientras que Postobón sí, pues es dueña de sus recetas.

La segunda ponencia también dejó mal parados a los pequeños productores de bebidas azucaradas que cobran más barato la gaseosa, como Big Cola, pues el impuesto se cobra a un volumen fijo y no como un porcentaje del precio del producto. Una propuesta que hizo para incluir este cambio de la senadora del Pacto, Clara López, fue desestimada.

Según el CEO de AJE Colombia (Big Cola), Juan Pablo Congote, “la reforma tributaria tal y como está redactada en el artículo que hace referencia a las bebidas azucaradas mantiene un impuesto específico que consolida un duopolio que afectará a miles de empleos por todo el país, tal y como sucedió en México en 2014”, dijo en una carta publicada en El Tiempo.

3. Ganó la presión de los conservadores para tener mermelada en MinTransporte

En el artículo 10, que modifica la tarifa general para personas jurídicas, llegó dulce para el partido Conservador. Ese partido logró meter en la segunda ponencia un parágrafo que los beneficia directamente.

Ahí se establece que las entidades financieras deben pagar un 5 por ciento más de impuestos en una sobretasa al impuesto de renta. En el primer debate estaba tasado en 3 puntos, pero los conservadores, a través de sus ponentes, Efraín Cepeda y Wadith Manzur, lograron meter un parágrafo para subirlo a 5 por ciento y dejar 3 puntos porcentuales a una destinación específica: vías rurales.

En proyecciones esa sobretasa que se va recaudar con esos 3 puntos oscilan entre los 400 y 500.000 millones de pesos anuales. Para los conservadores fue clave que el Ministerio de Hacienda accediera a esa destinación específica porque esa plata pasará a manejo del Ministerio de Transporte y se ejecutará por el Invías, dos carteras que son los fortines burocráticos del partido Conservador.

En 2019, cuando el Gobierno de Iván Duque, introdujo en una reforma tributaria esa sobretasa también por petición de los conservadores, el entonces senador Gustavo Petro dijo que ese era el camino de los conservadores y el Gobierno Duque para repartir mermelada. 

Ahora el Petro presidente mantiene a favor de los conservadores esa sobretasa y gana el apoyo del partido para tramitar los aspectos más polémicos de su reforma.

4. Ganaron los congresistas con la caída de las pensiones altas

Esta fue una de las concesiones estratégicas del Gobierno en la tributaria. En primer debate había pasado un impuesto a los pensionados que ganan más de 13 millones de pesos al mes, lo que hacía más progresiva la reforma. Pero todos los partidos, a excepción de los del Pacto Histórico, reclamaron y pidieron eliminarlo.

La medida impactaba a los mismos congresistas y algunos de sus padrinos políticos, por lo que fueron ellos mismos los que tumbaron la medida. La eliminación del artículo para la segunda ponencia se concertó directamente con el presidente Gustavo Petro en una reunión con los ponentes en la Casa de Nariño.

Fue una cesión simbólica porque en el recaudo representaba unos 300.000 millones de pesos. Pero, según los congresistas, facilitó las cosas para suavizar otros temas más polémicos.

5. Empresarios ganaron pulso de las Zonas Francas

La reforma traía un impuesto más duro a las empresas que están en ubicadas en Zonas Francas y que no exportan. El argumento del Gobierno ahí es que la idea es impulsar la internacionalización de las empresas siendo más duros con los que están en esos lugares y que reciben beneficios tributarios.

Pero en el tire y afloje de la discusión, la presión de los empresarios y también de los partidos Liberal y de la U logró que se creara un régimen mixto en el que se le cobra 35 por ciento a las empresas que no exportan y 20 por ciento a las que sí exportan.

Entre los que ganaron el pulso a medias están los empresarios que están en esas zonas, que son 122 en todo el país. Javier Díaz, presidente del gremio de los exportadores, Analdex, dijo a medios que ese artículo “mejoró bastante”, aunque sigue teniendo algunas dudas en los cálculos.

Y aunque eso puede suavizar un poco el golpe a los que están en zonas francas, el pedido de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, es que las empresas que aportan al comercio exterior con insumos pero no exportan, paguen igualmente una tarifa de 20 por ciento, como los que sí exportan.

Es otro de los puntos en los que el Gobierno cedió, pero no tanto como piden los empresarios.

6. Sector inmobiliario, representado por César Gaviria, perdió el pulso del impuesto al timbre

Una de las 11 líneas rojas con las que el expresidente César Gaviria buscó presionar e influir en el trámite de la reforma tributaria tenía que ver con el impuesto al timbre del 1,5 por ciento para la venta de inmuebles de más de 760 millones de pesos. Dijo que eso desincentivaría al sector inmobiliario como ya lo había planteado Fedelonjas, gremio del sector.  

El representante liberal Carlos Ardila llevó esa queja y pidió eliminar ese impuesto. Pero Gaviria y Fedelonjas perdieron ese pulso porque la bancada del Pacto Histórico, por medio de la ponente Clara López, no solo mantuvo ese impuesto del 1,5 por ciento a los inmuebles del 760 millones de pesos sino que logró incluir uno del 3 por ciento para las ventas mayores de 1.900 millones de pesos.

“La inclusión de este nuevo umbral marginal mejora la progresividad del esquema propuesta para el impuesto de timbre. Además, la introducción de este umbral reconoce el principio de capacidad de pago del sujeto pasivo, dada la correlación existente entre las transacciones por este monto y el nivel de ingreso de las personas naturales”, quedó en la ponencia aprobada. 

7. Los ambientalistas le ganaron el pulso a la paz por los recursos del impuesto al carbono

Un artículo nuevo apareció en la segunda ponencia y tuvo el sello verde. Es el que plantea la destinación específica de la plata que se recauda por el impuesto al carbono. En el primer debate se aprobó que el 50 por ciento se iba para temas ambientales y el 50 por ciento restante para financiar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis.

Eso generó reclamos del sector ambientalista, que arrancó un lobby en el Gobierno y en el Congreso para reformar esa destinación y dejarla al 100 por ciento para el sector ambiental. 

La propuesta tomó vuelo cuando la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dio su aval y le pidió al Ministerio de Hacienda dejar ese 100 por ciento. Ella metió presión a través del Viceministro de Ambiente, quien en las reuniones de ponentes explicó que el sector ambiental necesitaba un vehículo eficiente para la administración de los recursos destinados al medio ambiente y llegar a los distintos territorios del país.

Así quedó establecido en un artículo nuevo. Pero no dejó tranquilos a todos los congresistas del bloque alternativo. El senador Humberto de la Calle reclamó porque, dijo, quitarle plata al Pnis es restarle apoyo al acuerdo de La Habana que él ayudó a construir.

“La reforma tributaria plantea que el recaudo de ese impuesto ahora solo se destine al rubro medioambiental. Si bien este tema es crucial, no se sabe con certeza qué va a ocurrir con las más de 100.000 familias que firmaron el acuerdo y dependen del Pnis”, dijo De la Calle.

De la Calle, en compañía de Ariel Ávila, propuso modificar el nuevo artículo para volver a dejar la destinación 50-50, pero el Gobierno no la avaló inicialmente.

Sin embargo, en medio del debate apareció un punto intermedio. Por propuesta de la representante Miranda y De la Calle, que al final avaló el Gobierno, la distribución quedó 80 por ciento a medio ambiente y 20 por ciento para el Pnis.

8. Gobernadores lograron menos impuestos a los dividendos de las loterías

No solo los gremios y los partidos políticos ganaron pulsos en la reforma. Los gobernadores tuvieron oído durante el trámite de construcción de la reforma entre una y otra ponencia.

En el proyecto original de la reforma que presentó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se abrió la posibilidad de subir el impuesto que generan ganancias ocasionales como las loterías o el chance. Son rentas que manejan directamente los departamentos.

La tasa de tributo por un premio de lotería está sobre el 20 por ciento, pero en una propuesta del representante del Pacto Histórico y ponente de la tributaria, Jorge Bastidas, pidió subirla a un 35 por ciento.

Los gobernadores pegaron el grito porque consideraban que al subir ese porcentaje se podía desincentivar la compra de loterías. Inicialmente se descartó la propuesta del 35 por ciento, luego en el primer debate se ajustó al 25 por ciento por solicitud de los representantes Katherine Miranda y Álvaro Monedero y así se aprobó. Pero en la ponencia del segundo debate regresó al 20 por ciento original porque los gobernadores lograron que Miranda y Monedero se echaran para atrás y pidieran eliminar el artículo.

Punto para los gobernadores. “La modificación planteada proviene de la solicitud de los Honorables Congresistas de mantener la tarifa vigente del 20% para las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares. Por lo tanto, la propuesta consiste en la eliminación de este artículo”, quedó en la ponencia.

9. TLC con Estados Unidos se impuso sobre los productores nacionales

El otro cambio que se debatió fue la eliminación de un artículo que le ponía IVA a los envíos postales o urgentes de menos de 200 dólares. Eso era un pedido de los comerciantes y de los productores locales, como Ktronix o Alkosto, que venden productos nacionales y también importados a precios bajos.

Con el cambio en la segunda ponencia, entonces productos que sean menores a este precio tendrán una especie de día sin IVA, pero todo el año. Por eso, los productos que entren en ese combo de los de menos de 200 dólares podrían ser más baratos en Amazon que en Alkosto.

El argumento del Gobierno es que si el artículo se dejaba, podría convertirse en un problema para Colombia en su TLC con otros países, sobre todo con Estados Unidos, que no permiten que se “estigmaticen” los productos importados de otros países.

Pero el anuncio no le cayó bien a los locales. La Silla conoció una carta que fue enviada a Francisco Palmieri, el embajador de Estados Unidos en Colombia, y fue firmada por Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes, Fenalco, y del Consejo Gremial; Carlos Betancourt de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia y Camilo Rodríguez de la Cámara Colombiana de Confecciones.

Allí plantean que esa eliminación del IVA para dichos productos puede pegarle duro al mercado local, por lo que proponen que ese beneficio aplique solamente a los productos que vienen de Estados Unidos y no para los que provienen de otros países, como China. 

10. La Cámara dio golpe con las Pymes, pero Ocampo la va a tumbar

Hoy en su turno, la Cámara de Representantes se fue contra una disposición del Gobierno y del Senado. Con el liderazgo de la representante de Dignidad, Jennifer Pedraza, votaron y aprobaron una modificación no avalada por el Ministerio de Hacienda para aplicar una tarifa diferencial al impuesto de renta para las pequeñas y medianas empresas. El Senado, anoche, había votado como venía en la ponencia, sin ningún tratamiento diferencia. 

Pedraza logró llevar la propuesta a votación y la ganó con los apoyos mínimos. 

Sin embargo, el ministro Ocampo salió de una vez a decir que no avalaba el nuevo artículo, es decir, que en la conciliación se iba a oponer porque, dijo, ese cambio podía significar un billón de pesos menos en el recaudo. Es decir, el logro de Pedraza y compañía se puede caer en la conciliación por falta de ese aval gubernamental. 

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