Con Petro el movimiento campesino del Catatumbo toma un nuevo aire

Con Petro el movimiento campesino del Catatumbo toma un nuevo aire
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Del poder campesino del Catatumbo quedaba solo el recuerdo. La amplia capacidad de movilización social de las asociaciones de la región, que mostraron en el paro campesino nacional de 2013, estaba muy disminuida antes de la llegada del gobierno de Gustavo Petro. 

Durante la presidencia de Iván Duque no solo estuvieron invisibilizadas por falta de espacios de interlocución con su gobierno sino que el incumplimiento a los acuerdos de paz y la violencia del ELN, EPL, disidencias de las Farc que escaló y debilitó a los líderes.

Sin embargo, con Petro están volviendo a tener voz y representatividad. Y eso, según varios líderes sociales de la región, así como funcionarios públicos, se debe a tres factores: la confianza en el nuevo gobierno, el desescalamiento de la violencia, y la oportunidad de salir del cultivo de la coca, el principal de los campesinos del Catatumbo, con la crisis del mercado por falta de compradores.

Se trata de ganancias auspiciosas que le abren la puerta al gobierno a tener interlocutores efectivos en una región compleja, y aceitarán el acuerdo de sustitución de cultivos que prepara. Pero son frágiles. Penden del hilo de un cese al fuego delicado, promesas de ayuda gubernamental y un mercado ilegal poco predecible.

Ser escuchados, primer triunfo

La asamblea cocalera de diciembre que ocurrió en El Tarra fue más simbólica que determinante para formalizar lo que el presidente había prometido desde que anunció esa asamblea en septiembre de 2022: una nueva política de sustitución de cultivos. Eso aún está en construcción, como le dijo el director del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), Felipe Tascón, a El Tiempo.

En las relatorías de la asamblea queda en evidencia que se reafirmaron peticiones que los campesinos del Catatumbo llevan décadas haciendo y que responden a problemas de todo el país. Por ejemplo una reforma rural, mejoramiento de vías o garantías de salud y educación.

También hubo algunas peticiones específicas, como realizar una conferencia internacional para replantear la lucha contra las drogas en el municipio de Tibú, por ser el municipio que lidera el cultivo de la coca en el mundo. O un plan de choque de seguridad alimentaria para 90 mil familias indígenas y campesinas.

Inicialmente, el derrotero para medir qué tanto fueron escuchados, será lo que quede consignado en el plan de desarrollo. Sin embargo, tres líderes sociales le dijeron a La Silla que la asamblea en sí misma es un triunfo.

“Que (las asociaciones campesinas) nos reuniéramos con un presidente o un ministro directamente era imposible en los gobiernos anteriores. Ahora a cada rato estamos hablando con ellos. El director del programa de sustitución incluso ha ido a tomar tinto con nosotros a la vereda”, dijo Olger Pérez, líder político de la Asociación Campesina del Catatumbo (Asuncat).

Desde el Pnis también están enviando un mensaje de confianza para el liderazgo social. Han nombrado a líderes y a defensores de derechos humanos que han trabajado en sus territorios dentro del programa.

En Norte de Santander, está en la lista de espera para el cargo Edidvanidt Jacome, una abogada que se lanzó al Concejo de Ocaña (uno de los municipios del Catatumbo) por la Unión Patriótica en 2015. En Córdoba, el próximo coordinador del Pnis será el líder cocalero Arnobis Zapata. En Caquetá, el dirigente social Arbey Alvear. Y en el Magdalena Medio, Melkin Castrillón, líder de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc).

Una reducción de la violencia, por ahora

La asistencia a la asamblea cocalera en diciembre no fue la esperada. De las 5 mil personas que querían movilizar los líderes lograron poco más de 2 mil. Pero que esa cantidad de personas asistiera a un evento para buscarle una salida a la coca era impensable hace menos de un año. El miedo tenía a la población alejada de cualquier espacio de participación.

Luego de la época paramilitar, el periodo de violencia más fuerte en la región inició en 2018, con la guerra entre el ELN y EPL que disputaron los espacios que dejaron las Farc tras su desmovilización. Al poco tiempo, se intensificó con el rearme del Frente 33 de la disidencia de las Farc.

El gobierno de Iván Duque movilizó más tropas de fuerzas militares a la región generando una respuesta aún más violenta del ELN. Y las disidencias, con planes pistola, sembraron terror en la población en general.

Las conversaciones que inició el gobierno Petro con ambos grupos en su política de paz total, han disminuido los enfrentamientos entre ellos y la fuerza pública. Tanto el ELN, con la mesa de diálogo, como el Frente 33 de las Farc están en la negociación. De la disidencia el actual comandante, alias “Andrey”, figura como uno de los tres delegados del autodenominado Estado Mayor de las Farc.

Sin embargo, tal y como le dijo a La Silla Wilder Mora, el coordinador de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca (Coccam) en Norte de Santander, el riesgo de los líderes sigue. “Sí hay un parte de tranquilidad en la región, claro. Pero hace falta para nuestros liderazgos un cese de hostilidades. Una cosa es el cese al fuego entre dos actores que están en conversaciones y otra es los hostigamientos a líderes y lideresas que continúan”, dijo.

El aumento de la violencia contra los líderes en el país habla de esa preocupación. Un miembro de un organismo internacional que trabaja en la región aseguró que han aparecido las amenazas “gota a gota”, que significa que un líder es amenazado y a los tres días otro y a la semana otro.

“Al final del mes han desplazado todo el liderazgo de una vereda y pasó desapercibido”, dijo esa fuente. Aseguró que, en parte, la visibilidad que están recuperando los líderes en el Catatumbo en conversaciones con el gobierno les sirve para blindarse.

La crisis de la coca también les da ventaja

Desde principios de 2022 el mercado de la coca está varado en el Catatumbo. Desde septiembre pasado se está desincentivando más por un acuerdo secreto entre el gobierno y los grupos armados, como reveló La Silla.

Además de que los mismos grupos armados en el Catatumbo están reuniendo y hablando con las comunidades sobre dejar la coca, la falta de compradores le ha dado ánimo a la gente para pensar en sustituirla.

En palabras de Yair Díaz, alcalde de El Tarra, “como no se está moviendo el negocio, claro, todo mundo empieza a pedir más insistentemente que haya al fin otra salida”. Eso le permite a los líderes legitimar nuevamente el discurso de la sustitución que, ante los incumplimientos del acuerdo de paz, estaba roto.

Y la manera en que el gobierno se ha acercado a hablar del tema también influye. Dos dirigentes sociales de la región coincidieron que la convocatoria de la asamblea cocalera también fue buena gracias a que la gente se siente más tranquila ante la ausencia de erradicación forzada.

Uno de esos líderes, miembro de la asociación campesina Cisca que pidió no ser citado por seguridad, dijo que “la gente que tiene la pasta de coca guardada debajo de la cama está preocupada por comer pero no está enojada con el gobierno y es justo porque están acabando la coca sin represión”.

En todo caso, la ventaja que les da la crisis de la coca es tan frágil como las negociaciones con los grupos armados ilegales y como que el mercado se vuelva a estabilizar.

“La otra pregunta que nos hacemos en territorio es: ¿hasta dónde se va a sostener esto? porque de todas maneras los grupos deben sostener a sus bases armadas. si no tienen recursos de la coca, de dónde la van a sacar. Y si la negociación no avanza, seguramente lo van a reactivar. La demanda sigue siendo muy alta en el exterior: 150 dólares el gramo. Entonces eso puede asfixiar el trato”, le dijo a La Silla el miembro de organismos internacionales que está en la región.

Y entre los líderes sociales, aunque reine la esperanza por una salida de la coca, también está la prevención por si el gobierno cumplirá y si lo hará a tiempo.    

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