Con Savia Salud, Antioquia se vuelve campo de batalla del futuro de las EPS

Cuando el lunes varios miles de personas salieron a marchar en Medellín en contra del gobierno de Gustavo Petro, un nutrido grupo tenía bombas con el logo de Savia Salud. Justificaban su presencia allí asegurando que “no queremos quedarnos sin empleo”. La EPS con más afiliados del régimen subsidiado en Antioquia, 1,6 millones de personas, enfrenta la incertidumbre sobre su futuro en un ambiente de duda por las posturas del Gobierno Nacional sobre la continuidad de las EPS.

La presencia de algunos empleados de Savia en esas marchas era porque esta semana la Superintendencia de Salud definía si ordenaba la liquidación de la EPS que conformaron la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la caja de compensación privada Comfama. El martes en la noche, informó que no se liquidaría, pero sí se prorrogará por cuatro meses la vigilancia especial.

Pero la incertidumbre no acabó con la prórroga, puesto que no quita del mapa la posibilidad de una liquidación. Por eso Antioquia en un frente clave de las tensiones sobre el futuro del sistema de salud y el rol de las EPS.

Si el Gobierno Petro decide liquidar Savia, desencadenaría un efecto dominó en el sistema de salud del departamento que podría generar una crisis, según le dijeron actores claves a La Silla Vacía.

Sura, una de las EPS privadas más grandes del país, propiedad del GEA, tendría que recibir la mayoría de afiliados de la EPS liquidada, pero ha manifestado que no cuentan con la capacidad. Si se ve obligada, eso impactaría a los más de dos millones de afiliados que ya tiene en Antioquia, al mismo tiempo que libra una batalla con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aliado de Petro.

El panorama recuerda las palabras de la ministra Corcho, cuando habló de cómo allanar el camino para una reforma a la salud: “tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio”. Una reforma, en la que el Gobierno no ha sido claro, si, como lo propuso en campaña, busca eliminar a las EPS.

Los líos de Savia Salud

“Durante estos cuatro meses, realizaremos un análisis muy riguroso al esfuerzo de la entidad para estabilizar su situación financiera y operativa (...) No permitiremos más dilación en la implementación de acciones de fondo”, dijo Ulahí Beltrán López, quien se posesionó el 8 de agosto como superintendente de Salud, al dar a conocer la decisión de no liquidar a Savia.

Es decir, hasta el 27 de enero de 2023, seguirá la vigilancia. Y aunque la junta directiva de Savia, en una carta, había pedido a la Supersalud que la prórroga fuera de un año, en todo caso, la decisión significa un respiro al interior de la EPS. La prórroga era la opción más favorable para el futuro de Savia Salud. Las otras dos, en cambio, la dejaban sin futuro, puesto que era o ser intervenida o, de una vez, ser liquidada.

Savia Salud es un jugador enorme en la salud de los más vulnerables en Antioquia. El 92 por ciento de los afiliados hacen parte del régimen subsidiado, y el 43 por ciento de ellos se concentra en el Valle de Aburrá. Además, tiene oficinas en 122 de los 125 municipios del departamento. De ser liquidada, otras EPS como Sura y Nueva Salud tendrían que recibir a esos 1,6 millones de afiliados, lo que pondría en riesgo el funcionamiento del sistema de salud en el departamento.

Por ahora, tendrá cuatro meses para solucionar algunos de los hallazgos de la Supersalud, como la baja cobertura en los programas de promoción y prevención, el aumento en un 44 % de las acciones de tutela, incumplimiento de las obligaciones financieras y el incumplimiento del indicador de capital mínimo, patrimonio adecuado ni régimen de inversiones de la reserva técnica para las vigencias 2021 y 2022.

Se trata de problemas que vienen de cómo se creó Savia Salud. En 2012, Cafesalud salió del departamento, por lo que no había EPS que atendiera a personas del régimen subsidiado. Esa responsabilidad cayó, temporalmente, en la caja de compensación Comfama. En 2013, con acompañamiento del Gobierno Nacional, se creó Savia. Sus acciones quedaron repartidas entre la Gobernación de Antioquia (36,5 por ciento), la Alcaldía de Medellín (36,5 por ciento) y Comfama (27 por ciento).

A pesar de que es pública, desde ese año sus finanzas están en problemas. Luis Fernando Suárez, actual secretario de Gobierno de Antioquia y quien hizo parte de la creación de Savia, explica que esas dificultades se deben a que la mayoría de afiliados son del régimen subsidiado.

“El pago de la UPC para el régimen subsidiado era muy inferior que para el contributivo, por lo que había un desequilibrio, a lo que se suma que la demanda de servicios de salud del régimen subsidiado es más alto. Había más demanda y menos plata. Ahora si entran $100 por paciente, se gastan $120”.

Y ese problema histórico se enfrenta con la coyuntura actual. En junio, Savia Salud presentó un Plan de Reorganización Institucional a la Supersalud, que incluye una capitalización de $120 mil millones. Sin embargo, ahí ocurrieron dos cosas. Primero, que ni el anterior superintendente de Salud ni el actual –Beltrán– respondieron para aprobar o rechazar el plan.

Y segundo, que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero decidió no aportar recursos. En mayo, cuando la junta de accionistas de Savia propuso que se hiciera la capitalización, la propuesta era que la Gobernación diera $30 mil millones, la Alcaldía otros $30 mil millones y Comfama $3.800 millones. El resto de la plata llegaría de la venta de acciones de la EPS a hospitales públicos y privados. Sin embargo, en junio, la Alcaldía de Quintero dejó en claro que no daría recursos para esa capitalización.

Esa falta de respaldo a la EPS se vio esta semana en una entrevista con Blu Radio en la que dijo que la creación de Savia fue una movida para beneficiar a Sura: “En 2013 dijeron ‘creemos una EPS pública y mandamos los usuarios más vulnerables, menos rentables y los pasamos todos allá’ de modo que lo pulpito quede en Sura y lo pobre, en Savia. El resultado es que a Sura le va mucho a mejor”, dijo Quintero.

Aunque en efecto Savia sí se creó pensando en que recibiera a los afiliados del régimen subsidiado –por eso el 92 por ciento lo son– y los del régimen contributivo pasaron a otras EPS, incluyendo a Sura, Suárez asegura que “el alcalde Quintero falta a la verdad, genera más incertidumbre y desconfianza en el sistema. No fue un negocio pensando en ricos y pobres. Se creó porque era la respuesta que Medellín y Antioquia necesitaba en el que no había quien asumiera el régimen subsidiado”.

Con ese contexto, como dijo una fuente al interior de la EPS que pidió la reserva de la fuente por no ser un vocero autorizado, “la preocupación de que se acabe la EPS es que puede generar caos para la salud pública si no hay unas medidas de contención”.

El temor de un efecto dominó en Antioquia

La preocupación generalizada es que, con las cosas como están y con las pretensiones del Gobierno Nacional de una eventual desaparición de las EPS, se genere un efecto dominó.

El gerente de Sura, Pablo Otero, aseguró también en Blu que "tenemos un reto, que es ese reto operativo, ya hoy con 2,8 millones de personas en Antioquia y realmente generaría un impacto en la atención de los usuarios". Es decir, dificultaría el acceso tanto a los afiliados que ya tiene, que son del régimen contributivo, como a los que llegarían de Savia.

“Hemos pedido una transición, que sea un proceso de cambio más tranquilo. Que si la decisión es acabar las EPS, que sea con una ley que defina una transición clara y no porque se tome una decisión de liquidarlas”, dice Suárez, el secretario de la Gobernación de Anibal Gaviria.

Sobre la posibilidad de que se liquide, insiste en que llevaría a una “crisis innegable e innecesaria en el sistema de salud y de unas dimensiones impensables para la red pública, para los hospitales y para las otras EPS en el departamento. No estamos de acuerdo ni con liquidarla ni venderla, como se propuso en la Gobernación anterior (la de Luis Pérez). Seguimos defendiendo la posición de que Savia salga adelante y de que se fortalezca”.

En esa misma línea, Lina Bustamante, gerente de Savia Salud, dice que se debe tener en cuenta qué pasaría con los usuarios y con los colaboradores de la EPS. Sobre los primeros, dice que el traslado implicaría que las EPS a las que lleguen ajusten su red, “que ya está saturada”, sin alterar su prestación. Para eso, tendrían que capitalizar. En cuanto a los 1.153 colaboradores “son personas que están en la incertidumbre y se quedarían sin empleo”.

Sobre los pronunciamientos del Gobierno Petro frente a la continuidad de las EPS, asegura que “entendemos que se quieren fortalecer los entes territoriales, que sean los que gestionen los pacientes, organicen la prestación de los servicios, la gestión del riesgo. Siento que hay una experiencia y una curva de aprendizaje en el sistema, que no debería de perderse y sí ajustar el modelo. Los temas por mejorar no solamente están en las EPS. Involucran a todos los actores”.

Enrique Peñaloza, director del grupo de investigación Política y Economía de la Salud e investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, coincide, como los demás, en que el traslado de usuarios por liquidación no solo afecta a las personas, sino a las EPS receptoras.

Además, tiene otra preocupación. Una hipótesis que se ha manejado es que el papel que cumplen las EPS lo asuman los entes territoriales, es decir, las secretarías de Salud. Pero, advierte Peñaloza, “muchas entidades territoriales han estado capturadas por la corrupción. Entonces a uno le genera mucha angustia que pensemos en pasar a una institucionalidad que puede ser débil”.

La reforma de salud del Gobierno Petro se presentará a principios de 2023. Precisamente cuando la Superintendencia se pronunciará de nuevo sobre el futuro de Savia Salud.