Con su fallo 'Prozac', la Corte salva la JEP

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La Corte declaró exequible la justicia transicional y encontró una fórmula que le permite a la Farc participar en política y que a la vez apacigua los temores de los que se oponen.

Con su fallo unánime a favor de la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz la Corte Constitucional salvó la JEP.

Jurídicamente, porque la declaró exequible; y políticamente, porque encontró una fórmula que a la vez que le permite a los líderes de la Farc participar en política apacigua los temores de los sectores que llevan semanas impidiendo que se apruebe la justicia transicional en el Congreso.

Pero para lograr ese consenso y seguramente inducir uno parecido en el Establecimiento, la Corte sacrificó el punto más revolucionario del tema de justicia en el Acuerdo y era el que partía de la idea de que para ponerle fin a la guerra todos los que habían participado en ella de manera determinante -y no solo los combatientes- tenían que responder por lo que hicieron.
 

Jep sí, pero no así

La pregunta más existencial que tenía que resolver la Corte es si se podía crear una justicia diferente a la ordinaria para juzgar los delitos atroces cometidos durante el conflicto armado.

Con una votación 7-0 en la mayoría de los puntos (los dos nominados por Santos estaban impedidos para votar: Cristina Pardo, por haber sido secretaria jurídica de Presidencia cuando se tramitó la reforma, y Carlos Bernal, porque rindió un concepto sobre el Acto Legislativo a las Fuerzas Militares antes de ser elegido magistrado; Luis Guillermo Guerrero y Glroia Stella Ortiz salvaron su voto en algunos pocos puntos) la Corte dijo que la existencia de la JEP era compatible con la Constitución de Colombia. Y de esa manera, la salvó.

La salvó, además, con un fallo unánime, con lo cual reforzó el mensaje de legitimidad del Acuerdo de Paz y de la misma Corte que envió hace un mes con la sentencia sobre la reforma constitucional que “blindó” lo pactado en la Habana, como lo explicamos en este artículo.

La decisión de la Corte mantiene la columna vertebral de la JEP: no toca ni la estructura de la Jurisdicción Especial de Paz ni las reglas con las que se escogieron a sus magistrados (solo redujo la intervención de los abogados extranjeros, que ahora ya solo presentarán conceptos y no participarán en debates para tomar decisiones, con lo que derrota el argumento de que la JEP abría la puerta a intervención extranjera); no cambia las sanciones que pueden imponer ni la forma para seleccionar qué casos tramita.

También aclara -que era lo más urgente- que los ex guerrilleros sí pueden ser candidatos y hacer política.  La Corte dijo que al suspenderse sus condenas penales también se suspenden las sanciones disciplinarias como las inhabilidades para ejercer la política, que era el último debate en el que estaban enfrascados los abogados.

Como toda la negociación de paz se hizo bajo el supuesto de cambiar ‘balas por votos’, el futuro inmediato del Acuerdo de Paz depende de que los jefes guerrilleros puedan participar en las próximas elecciones, un asunto que muchos en el Congreso querían supeditar a que pagaran antes sus condenas en la JEP.  Y como la JEP se demora en arrancar, se quedarían por fuera del ciclo electoral del 2018.

Apartándose de lo que había dicho cuando declaró constitucional el Marco Jurídico para la Paz, la Corte fue explícita en que no es necesario que los exguerrilleros hayan cumplido la pena para lanzarse a la Presidencia.

Bastará con que Timochenko, o cualquiera de los que aspiran al Congreso, firmen un compromiso sometiéndose a la JEP para poder lanzarse y ser elegidos.

Aunque también dice que “corresponderá a la Jurisdicción Especial para la Paz determinar la compatibilidad con la participación en política de las sanciones que ella imponga a los excombatientes.”  

Esta frase da lugar a un debate sobre si la Corte le está atribuyendo a la JEP una competencia que no tenía en el Acuerdo, como la de excluir la posibilidad de hacer política si es incompatible con la pena que imponen caso por caso. Por ejemplo, si le imponen a Iván Márquez la pena de desminar en Samaniego, Nariño, le quedaría físicamente imposible asistir simultáneamente al Congreso.

Sin embargo, una fuente del Gobierno que habló directamente con personas de adentro de la Corte dijo a La Silla que ese párrafo lo que hacía era obligar a la JEP a hacer compatibles las sanciones con el ejercicio simultáneo de la política -como también lo dice el fallo en otro aparte- no a excluirlo.

Si es así, el temor de las Farc a que les hicieran conejo en este punto está apaciguado por la Corte.

Calmante para los uribistas

La Corte también calmó el mayor temor de los uribistas al cerrar completamente la puerta a la posibilidad de que la JEP pueda decir algo respecto a Álvaro Uribe o a cualquier expresidente.  

Desde el principio había quedado escrito que los ex presidentes no podrían ser juzgados por su labor en la Casa de Nariño pero con este fallo se elimina incluso la posibilidad de que la JEP verifique la información que llegue sobre cualquier ex mandatario para mandarlo a la Comisión de Acusaciones. No puede hacer ni decir nada al respecto.

Así, no solo fortaleció el fuero de los ex presidentes, que definitivamente no podrán ser juzgados por la JEP, sino que, además, se lo amplió a todos los que tienen fuero en la Constitución, incluyendo el Fiscal General, el Procurador, el Contralor, magistrados de Altas Cortes y de Tribunales, a los ministros, los gobernadores y los congresistas - y todos sus ex.

Solo excluyó del fuero a los almirantes y generales, porque tienen un tratamiento especial en la JEP, como los demás militares.

A los militares les dejó intacta la responsabilidad de mando, ignorando al director de Human Rights Watch y a la fiscal de la Corte Penal Internacional.

 

Los terceros felices

El cuarto calmante de la Corte fue para los empresarios y demás civiles que solo irán a las JEP si quieren.  Con esto, la Corte deja por el piso el principal argumento de Cambio Radical y de los conservadores para no votar a favor la ley estatutaria.

En el Acuerdo de Paz había quedado que el Tribunal de Paz podía llamar a un particular que estuviera seriamente comprometido en un delito de lesa humanidad.  Ahora no los podrán citar.

Los empresarios van si consideran que les conviene, con lo cual el argumento (falaz) del ex vicepresidente Germán Vargas de que “48 millones de colombianos” podríamos ser juzgados por la JEP pierde cualquier sustento.  Solo irán si saben que de no hacerlo pueden terminar condenados por los jueces ordinarios a penas mucho mayores.

Así, los empresarios que financiaron a los paramilitares pueden respirar tranquilos.

También los políticos que se aliaron con las Auc o las Farc y les dieron información sobre sus rivales para que los sacaran de la contienda política a través del secuestro o el asesinato o los que se aliaron con los paras. Ellos también quedaron eximidos de la JEP. Así como los agentes civiles del Estado como un Jorge Noguera, el ex director del DAS condenado por las chuzadas.

Al excluir a los terceros, “el conflicto armado se vuelve un problema entre las fuerzas militares y las Farc y todos los demás se lavan las manos”, como dijo una fuente a La Silla.

Este punto seguramente destrabará la aprobación de la JEP en el Congreso porque elimina el incentivo para oponerse de grupos muy poderosos.

Pero crea una desigualdad grande frente los derechos de las víctimas e impide que ciertas estructuras criminales dentro de la sociedad -que porque posan de decentes son aún más peligrosas- se desmantelen por esta vía.

Los hombres ‘grises’ de los que habla el investigador Luis Jorge Garay para describir a aquellas personas que viven en la legalidad pero son los puentes con los ilegales y los que hacen posible que cuando cae un capo al día siguiente sea reemplazado por otro.

Aunque con el fallo quedaron protegidos en el corto plazo, en el mediano y largo plazo puede suceder que la avalancha de confesiones en la JEP de los combatientes termine creando los incentivos para que estos ‘terceros’ voluntariamente se acojan a la justicia transicional.

Un caso: un militar confiesa que cometió una masacre en alianza con los paras. Y da los nombres de los políticos y funcionarios civiles que lo encubrieron y del empresario que financió la operación de los paramilitares. El Tribunal valora su testimonio, y condena al militar a una pena alternativa y menciona los nombres de los funcionarios y empresario en la sentencia, sin condenarlos y le compulsa copias a la Fiscalía para que los investigue.

Si las evidencis son contundentes, es probable que ese empresario y esos funcionarios se acojan a la JEP para obtener los beneficios de una pena reducida antes de que la Fiscalía -que según el fallo debe priorizar estos casos- los investigue. Como esos delitos no prescriben, no hay Fiscal que les pueda dar ‘garantías’ de que no les va a pasar nada.

Sanciones con dientes

Por eso un punto clave del fallo es que la Corte reitera las condiciones para poder obtener los beneficios de la pena alternativa. Dice que quienes se beneficien de la JEP perderán esas ventajas si no dejan las armas, contribuyen a la reincorporación, cuentan toda la verdad, entregan los menores de edad, contribuyen con la reparación de las víctimas (incluyendo “decir la verdad en relación con los procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos”), y evitan cometer nuevos delitos.

En esa última condición incluyó las “conductas asociadas con cualquier eslabón de la cadena de producción de los cultivos de uso ilícito y sus derivados”.

Como la Corte incluyó los delitos de ejecución permanente (los que no se acaban en un instante sino que siguen ocurriendo en el tiempo, como la desaparición), quien siga cultivando coca perdería los beneficios, con lo que aclara las dudas de quienes, como el Fiscal, creían necesario aclarar que traficar con narcóticos o mentir sobre los bienes de las Farc llevan a perder los beneficios, aunque deja claro que quien puede revisar si hay esos incumplimientos es la misma JEP.

Por último, recupera los dientes de la “restricción efectiva de la libertad” que está en el Acuerdo de Paz pero que se había desdibujado en el Acto Legislativo en el que ganó relevancia la idea de la justicia restaurativa, lo que también contribuirá a crear el consenso en el Congreso.

En la misma línea, la Corte le da una mayor precisión a las sanciones porque exige que la ley ‘tipifique’ las sanciones no solo para la guerrilla (como ya está en el Acuerdo) sino también para los terceros que se sometan voluntariamente y los agentes del Estado.

En el Acuerdo de Paz este punto había quedado abierto con la idea de que el Estado lo definiera unilateralmente y sin intervención de los guerrilleros. Pero ni el Congreso ni el Gobierno quisieron asumir esa papa caliente Ahora la Corte los obliga y es un tema que si no queda claro en la ley estatutaria en las próximas dos semanas puede dar paso a que varias sentencias se anulen luego o que la Corte Interamericana termine metiendo la mano.

Controles para la JEP

Y ya para concluir, la última zanahoria que la Corte le dio a los del No es que eliminó el trámite especial de las tutelas contra sus sentencias, que se había creado después de la renegociación, con lo que los magistrados de la JEP ya no participarán en ellas.

Eso ayuda a que la justicia transicional sea menos una rueda suelta, algo que han criticado sus opositores, pero también deja abierta la puerta para que la Corte Constitucional sea la que tenga la ‘última palabra’ sobre los casos de la JEP con la incertidumbre que esto crea.

Además, cuando la JEP y otro juez disputen quién debe llevar un caso, esa decisión ya no la tendrán magistrados del Tribunal de la JEP y de la Corte Constitucional, con desempate en cabeza del Presidente de la JEP, sino los magistrados de la Judicatura.

De ñapa, la Corte aclaró que tiempo máximo de duración de la JEP serán 20 años, dándole la razón a los que decían que esta justicia como estaba tenía más vocación de permanencia que de servir a una transición.

En conclusión, la Corte creó una fórmula para rerenegociar con los del No. ¿La aceptarán?

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