Con su renuncia, Uribe hace una jugada a dos bandas

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Cualquier camino jurídico que tome su proceso genera varios efectos y en todos los escenarios el Expresidente puede sacar provecho.

 

Esta tarde el detenido expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció a su curul en el Senado.

Lo hizo con una carta en la que recopiló los argumentos que ha expuesto desde que fue privado de la libertad, y con los que cuestiona la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia para juzgarlo en el proceso que lleva en su contra por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno. 

Su salida, que se venía rumorando desde el momento en el que se conoció su detención domiciliaria, abre un debate jurídico sobre si la Corte o la Fiscalía deberán tener el proceso, y de paso trae consigo varios efectos políticos.

Sin embargo, en últimas todos los caminos conducen a que Uribe momentáneamente sale ganando porque si su proceso se va a la Fiscalía tendrá una victoria política debido a que los magistrados que critica por sesgados ya no lo investigarían, y si se mantiene en la Corte reforzará el discurso de víctima, le dará aire a su propuesta de reformar la justicia y podrá allanar el camino de su partido para las presidenciales de 2022.

Los caminos

El eje del debate jurídico que se abre es si la Corte Suprema de Justicia continuará siendo el juez competente para investigar y eventualmente juzgar a Álvaro Uribe Vélez.

 

La razón es que la Corte sólo tiene competencia sobre aforados y, con su renuncia al Senado, Uribe pierde la investidura de congresista y en esa medida su proceso podría pasar a la justicia ordinaria, cuya investigación la adelanta la Fiscalía. 

Hay dos interpretaciones sobre lo que podría pasar debido a que otras variables entran en juego.

La primera, es que en efecto el Expresidente, una vez sea aceptada su renuncia, podría pedirle a la Corte que le envíe el expediente a la Fiscalía por falta de competencia. 

Si la Corte decide acoger esa petición, en la Fiscalía tendrían que repartirle el proceso a un fiscal para que éste a su vez defina si acusa o precluye el proceso contra Uribe. 

La medida de aseguramiento contra el Expresidente se mantendría como está y Uribe tendría que esperar la decisión sobre si entra a juicio o no detenido en su casa.

Además, si logra que la Fiscalía sea su nuevo investigador, un juez ordinario será el que verá de su caso.

La segunda interpretación es que la Corte Suprema mantiene la competencia sobre el proceso de Uribe y le niega la petición.

En ese caso la Corte tendría que argumentar por qué no soltaría el proceso dado que los presuntos hechos por los que investigan a Uribe, en principio, no tienen que ver con el ejercicio de sus funciones como Senador aunque  en ese momento sí tenía la investidura.

Sin embargo, dado que la Corte podrá mantener competencia si los hechos los cometió el investigado con ocasión de sus funciones como aforado, en el auto de las 1.554 páginas hay un argumento que le juega en contra a Uribe.

Tiene que ver con que el Expresidente utilizó a varios miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo para cometer los presuntos delitos por los que está detenido mientras se decide si lo llevan a juicio, y eso enmarca sus actuaciones dentro de su actuación como Senador.

En el auto aparecen:

- María Claudia ‘Cayita’ Daza, la misma que está salpicada en el caso de la ‘ñeñepolítica’, aparece nombrada como intermediaria entre Victoria Jaramillo y Diego Cadena.

- Fabián Arturo Rojas, era el encargado de intermediar todas las conversaciones entre Uribe y sus abogados.

- Juan Manuel Daza, actual representante uribista y exviceministro de relaciones políticas, aparece mencionado como testigo en un encuentro con el expara Harlintont Mosquera.

- Además, hay un Daza -la Corte no especifica cuál- que aparece mencionado como quien intermedió la orden que habría dado Uribe para que el representante Álvaro Hernán Prada se encargara de conversar con Carlos ‘Caliche’ López, amigo de Juan Guillermo Monsalve,  uno de los testigos más importantes del proceso actual contra Uribe y de la presunta relación del Expresidente con paramilitares. 
 
Así que partiendo de que los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) fueron parte activa dentro del proceso por el que está detenido e investigado, la Corte podría decir que la competencia sigue estando en sus manos.

El Expresidente podría pelear esa decisión con una tutela, pero en cualquier caso el efecto político que generarían ambos caminos le servirá para politizar aún más su proceso, algo que juega a su favor, al menos por ahora.

Los efectos

Si la investigación pasa de la Corte Suprema a la Fiscalía, Uribe podría cantar una victoria política porque se desharía de magistrados a los que, a su juicio, son sesgados y calificó incluso de mafiosos en la entrevista que dio el domingo en Semana.

Pero, que la investigación pase a la Fiscalía tiene además el efecto de que el antiuribismo pasará de confiar en la justicia de la Corte a desconfiar de lo que haga una entidad cuya cabeza, Francisco Barbosa, es amigo personal del presidente Iván Duque, quien llegó al primer cargo del país montado sobre los hombros de Uribe.

También tendría a su favor que en el proceso que lleva la Fiscalía contra su abogado Diego Cadena, quien está detenido mientras lo investigan por fraude procesal y soborno en el marco de los mismos hechos, tiene la tesis de que todo sucedió sin que Uribe supiera. Ese argumento podría usarlo para defenderse si su caso termina en esa jurisdicción.

En todo caso, si la Fiscalía eventualmente lleva a juicio a Uribe y él termina condenado por un juez ordinario, perdería su principal arma de defensa política: que hoy es investigado y posiblemente sea condenado por magistrados que no son imparciales.

Ahora, si su proceso sigue en la Corte Suprema también habrá consecuencias políticas. 

Por un lado, Álvaro Uribe y su defensa podrán insistir en que están en medio de un proceso sin garantías, y sus abogados podrán argumentar que la Corte Suprema está tan politizada que incluso retiene la competencia pese a que hay precedentes de que ese Tribunal ha devuelto expedientes a la Fiscalía. 

El caso más popular es el de la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, de quien la Corte decidió no conocer su proceso por lavado de activos debido a que los presuntos hechos no los había cometido con ocasión de su función como senadora.

Esos reparos, como contamos, le darían aire a su intención de desacreditar la justicia para reforzar la idea de que no podrá tener un juicio justo e imparcial y que es una víctima.

Algo que, además, le serviría en dos vías: para reforzar su propuesta de reformar la justicia, que hasta incluyó en su carta de renuncia al Senado; y para fortalecer su argumento de que el ‘castrochavismo’ podría convertirse en una realidad para Colombia en 2022 y con eso preparar el terreno para la campaña presidencial.

Así que con su salida del Congreso, Uribe logró allanar aún más el camino para que su proceso salga de los tribunales a la discusión política y, de paso, sacar ventaja a favor de su agenda, si la Corte continúa investigándolo.

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