Duque se juega su palabra frente al paro con la aprobación del acuerdo de Escazú

Duque se juega su palabra frente al paro con la aprobación del acuerdo de Escazú
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Hoy a las 9 de la mañana las comisiones segundas del Congreso debatirán el futuro del Acuerdo de Escazú. Se trata de un tratado internacional sobre la protección al medio ambiente que el presidente Iván Duque firmó en diciembre de 2019. Lo hizo en el marco de la Conversación Nacional que lanzó luego del paro del 2019, como uno de los acuerdos para mostrar que había escuchado la insatisfacción ciudadana. “Se conversa y se actúa”, dijo Duque en diciembre de 2019. 

Para que el acuerdo entre en vigencia en Colombia debe ser ratificado en el Congreso. Entonces el Gobierno presentó hace casi un año un proyecto de ley con la firma de cinco ministerios y un mensaje de urgencia. Al hacerlo, en 2020, en la instalación del Congreso, de nuevo lo presentó como un logro hablado con los ciudadanos que protestaron. 

Hoy, cuando las movilizaciones sociales siguen activas, y el Gobierno está tratando de salir de la mayor crisis institucional por cuenta del último Paro –aplicando entre otras, la fórmula de conversaciones– el Ejecutivo poco se ha movido para cumplir su promesa. 

A tres días de acabar el actual año de sesiones en el Congreso, el proyecto tiene que pasar su primer debate para sobrevivir. Pero la coalición del Gobierno, que el mismo Duque ha venido fortaleciendo con puestos a los partidos en los ministerios, no está montada en la ratificación. De hecho, congresistas del Centro Democrático, el partido de Duque, de Cambio Radical y del Conservador firmaron una ponencia pidiendo no aprobar el Acuerdo de Escazú. Y en un sondeo que hicimos con siete congresistas de las comisiones segundas de Senado y Cámara la votación está tan apretada que puede caerse.

Además, la defensa del proyecto por parte del Gobierno fue delegada a funcionarios de segundo nivel de los ministerios de Ambiente y Relaciones Exteriores. Los ministros, de acuerdo a lo que nos dijeron todos los consultados, no han hecho lobby para su aprobación.

El Gobierno casi invisible y la votación apretada

El Acuerdo fue impulsado por la Cepal en 2018. Ha sido firmado por 24 países del continente y ratificado por 12 de ellos, siendo México y Argentina los últimos en hacerlo en sus congresos en este semestre. 

A grandes rasgos, protege cuatro derechos para la defensa del medio ambiente: acceso a la información de proyectos ambientales; participación pública en los mismos; justicia eficaz para dirimir las controversias entre empresas y comunidades; y protección a los líderes ambientales. 

Duque se ha preciado de ser un líder ambiental a nivel internacional. En entrevistas, foros y discursos ha insistido en su agenda de propósitos para, por ejemplo, disminuir las emisiones de carbono para 2030 en un 50 por ciento; trabajar con Estados Unidos y el Gobierno de Joe Biden en la lucha contra el cambio climático; y reforestar 180 millones de árboles, de los cuales, como contamos, no lleva ni la tercera parte sembrados–.

Con Escazú ese liderazgo también ha quedado a medias. Aunque lo usó para mostrar resultados, la aprobación del proyecto quedó en manos de la oposición en el Congreso, a pesar de que es una norma que viene del mismo Gobierno.

Fue la oposición, en cabeza del senador Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde, que encabezó la ponencia que pide aprobar el tratado. La respaldan los senadores Feliciano Valencia, del Mais, Berner Zambrano, de La U, y Lidio García, del Liberal, entre otros.  

Por el otro lado, la ponencia con más firmas la impulsa la coalición de Gobierno y pide archivar el tratado. Entre los firmantes están el representante del Centro Democrático, Juan David Vélez, los senadores Juan Diego Gómez, del Conservador, y José Luis Pérez, de Cambio Radical. 

Entre estas dos posiciones, archivo o aprobación, es que se votará hoy.

La postura de los partidos que apoyan al Gobierno es que el tratado viola la soberanía jurídica del país, al considerar que existen suficientes leyes en Colombia que garantizan la defensa del medio ambiente. Es decir, que no siguen su línea de pedir la aprobación.

Este es el mismo argumento que impulsa el lobby del empresariado. Como detallamos gremios como Fedegán, la Sociedad de Agricultores, Camacol, Fendipetroleo y la Federación de Cafeteros desde el año pasado han hecho un intenso lobby con congresistas para lograr el archivo.

A lo que se suma que, como también contamos, varios de esos gremios han sido aportantes a campañas al Congreso del Centro Democrático.

Ese panorama demuestra que el Gobierno no logró alinear a su propia coalición. “No veo los votos todavía, pero será un debate abierto”, nos dijo el presidente de la Comisión en Senado, Juan Diego Gómez, conservador y próximo presidente del Congreso. “Las cargas están muy parejas”, nos dijo Vélez, del Centro Democrático y presidente de la Comisión en Cámara.

Según las cuentas del ponente Sanguino, en su Comisión, el proyecto pasaría con la aprobación de 7 u 8 congresistas de 13 votos posibles: los de los ponentes Sanguino, Valencia, Zambrano y García, además de Jaime Durán (liberal), Ana Paola Agudelo (Mira) y posiblemente el del conservador Gómez.

El Centro Democrático (3 senadores) aún no tiene una postura sobre el tema. La senadora Paola Holguín anunció que votará por el archivo, mientras que los senadores John Harold Suárez y Ernesto Macías siguen sin definirse.

En la comisión de la Cámara hay 17 votos posibles. Pero partidos como La U y Cambio Radical (seis congresistas en total) no tienen los votos definidos. En éste último hay libertad de votar, aunque el jefe del partido, Germán Vargas Lleras, ha sido un férreo opositor del acuerdo. El Centro Democrático, con cuatro congresistas votará por el archivo. Y la oposición con cinco congresistas, se dará la pela por la aprobación.

Además el papel del Gobierno en el largo debate de Escazú ha sido inexistente.

Si bien al llegar al cargo en octubre del año pasado, el ministro de Ambiente, Carlos Correa (del partido Conservador) dijo en medios que “estamos comprometidos con sacar adelante Escazú”, de acuerdo a lo que nos dijeron siete congresistas de ambas cámaras, poca ha sido su interlocución con el Congreso.

“El Gobierno ha faltado. La Canciller (Marta Lucía Ramírez) apenas llega y (Claudia) Blum (la excanciller) no estuvo pendiente del tema. El Ministerio de Ambiente no ha tenido un acercamiento con nosotros”, reconoció el senador John Harold Suárez, del Centro Democrático. “El Gobierno sí se ha movido, pero con su agenda, que no es aprobar Escazú”, nos dijo el senador Sanguino.

Escazú no quedó en las prioridades legislativas del Ministerio del Interior de este año. El Gobierno no tiene previsto llamar a sesiones extras para aprobar proyectos después del domingo 20 de junio, cuando concluye esta legislatura. 

Tampoco el jefe de esa cartera, Daniel Palacios, encargado de las relaciones con el Congreso, ha hablado con los ponentes del proyecto. 

En cambio, Palacios ha sido visible por estos días en los pasillos y las plenarias del Congreso para la aprobación de proyectos que el Gobierno puso como prioridad, y con los que sí ha tenido interlocución con los partidos para lograr su aprobación.

Entre esos están la reglamentación de la cadena perpetua para violadores de menores, una promesa de Duque en campaña; la reforma estatutaria a la justicia que impulsó con el Ministerio de Justicia; y el proyecto que le dio superpoderes a la Procuraduría, cuya autoría es de la procuradora y exministra de Duque, Margarita Cabello.

Así que la vocería de parte del Gobierno en los últimos días ha recaído en la Cancillería y el Ministerio de Ambiente, pero no con sus Ministros.

Según nos dijeron en minAmbiente, la aprobación del proyecto no está a cargo del ministro Correa, sino de su viceministro, Nicolás Galarza, quien no atendió nuestras llamadas para conocer su estrategia para el debate

“El apoyo del Ministerio ha sido intermedio”, nos dijo Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, una ONG que desde la redacción del tratado de Escazú ha estado pendiente de su aprobación. “Hemos tenido varias reuniones con el Ministerio este año, pero nunca tuvimos acceso al funcionario que hace el enlace con el Congreso. Seguro nos hubiera ayudado en la incidencia en el Congreso como sociedad civil”. 

Mientras que en la Cancillería, la última funcionaria enviada al Congreso para defender la iniciativa fue Faryde Carlier González, quien es la directora de asuntos económicos de ese Ministerio.

“Es el primer tratado ambiental en América Latina, siendo lo más notable que es el primero de este tipo que tiene disposiciones específicas para la protección y promoción de los defensores de derechos humanos en cuestiones ambientales”, dijo la funcionaria en la última audiencia pública sobre Escazú, la semana pasada.

Justamente por ese apoyo abierto y de última hora de la Cancillería, los ambientalistas consideran que la batalla por la aprobación no está perdida. 

Presión externa en la recta final

En las últimas horas quienes apoyan Escazú desde organizaciones de la sociedad civil, así como influenciadores en Twitter, han tratado de dar un último impulso en redes a la aprobación del proyecto. Incluso, los embajadores de Alemania, Noruega y Suecia en el país enviaron una carta pública al Presidente ratificando su apoyo a la ratificación.

Los ambientalistas consultados consideran que el Gobierno podría ganar un punto en la calle si logra la ratificación del tratado en su primer debate.

“La ratificación implicaría una muestra de voluntad fuerte a nivel político en esta crisis social. No ratificarlo, daría la espalda al motivo de la propuesta social, que no es otra cosa que la defensa de los derechos humanos”, nos dijo la ambientalista Torres. 

“Si el Gobierno quisiera dar un mensaje sería muy importante que lo aprobara en momentos de paro”, nos dijo la profesora de la universidad del Rosario, Lina Muñoz, quien también le ha hecho seguimiento a la ratificación.

Ahora que el Gobierno impulsa una nueva conversación con los jóvenes, incumplir su promesa de la anterior conversación del 2019 sentaría un antecedente problemático. Si no pasa el Acuerdo de Escazú, se esfumaría uno de los pocos logros que ha reclamado de los anteriores diálogos ciudadanos. Justo cuando su Gobierno está haciendo nuevas promesas para desactivar las movilizaciones de este año.

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