Confinados en Chocó: donde el ELN y el Clan del Golfo son los “dueños del mundo”

Confinados en Chocó: donde el ELN y el Clan del Golfo son los “dueños del mundo”
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Miles de personas en Chocó han vivido en confinamiento este año por las disputas entre el ELN y el Clan del Golfo en el río San Juan. Foto: Santiago Rodríguez Álvarez.

“Más allá del estanque no me comprometo”, dice Franklin Rivas, con una voz fría, mientras señala dos estanques llenos de peces que están de espaldas a la selva. Su mirada es seria y no se inmuta cuando dice que más allá esa frontera, entre los árboles y la maleza tupida, hay minas antipersonales que encierran a la comunidad de 300 personas que viven en Negría.

Este negro de 43 años, flaco, de pelo corto y manchado de canas, pertenece a la comunidad afro de Negría, un caserío de casas en su mayoría hechas de madera y techos de metal oxidados por el sol y la lluvia. La comunidad está ubicada en una pequeña colina a las orillas del río San Juan, en el municipio de Istmina y la región del medio San Juan: están en el corazón de la guerra por el control de Chocó entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo.

Los elenos sembraron las minas antipersonales para frenar el avance de los “paracos” —como llaman en la región a los miembros de ese grupo criminal— que buscan arrebatarles el control del río, la retaguardia del ELN en este departamento desde la salida de las Farc en 2017.

A causa de los enfrentamientos, los habitantes de Negría se han desplazado masivamente tres veces solo durante este año. Cuando se han atrevido a regresar, lo han hecho a sabiendas de que quedarían confinados.

Esta población hace parte de los 96 mil colombianos que han sufrido confinamientos por el conflicto armado entre enero y noviembre de este año en Colombia, según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Es una cifra histórica, la más alta en por lo menos diez años, y especialmente crítica en Chocó, el departamento que concentra el 68 por ciento de los casos de confinamiento.

Según el informe de la OCHA, estos confinamientos bajaron en octubre y técnicamente Negría ya no está en confinamiento. Pero, para Franklin Rivas todo sigue igual. A tan solo ocho metros de donde estamos hay minas de la guerrilla. Son las rejas de la cárcel en la que han convertido su casa.

Franklin, que ha vivido toda su vida en Negría, cuenta con resignación que en ese terreno selvático, antes habían cultivos de plátano y yuca de pancoger. Que antes podían usar los caminos, ahora perdidos, para ir a cazar en el monte y llevar carne a la mesa. Ya no. Las minas y los armados los han reducido a los límites se su propio caserío y las orillas del río.

A unos cincuenta metros de donde conversamos, está la escuela y a la misma distancia de ella, la frontera minada. Mientras caminamos por el resto del pueblo, niños pequeños pasan corriendo y jugando entre las casas, que tienen marcado el conflicto en sus fachadas.

Franklin y otros hombres del pueblo señalan los agujeros en las paredes de tablas y en los ladrillos que hicieron las balas de los fusiles durante el último combate, el 27 de mayo. Ese día, a eso de las tres de la tarde, la guerrilla del ELN se enfrentó al Clan, que se había tomado el pueblo. El saldo fueron 20 miembros del Clan del Golfo asesinados y un herido, que fue entregado a la Comisión Internacional de la Cruz Roja y a la Iglesia. Ninguno del ELN. La guerrilla logró mantener el control, aunque precario.

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Los fusiles han dejado agujeros en las fachadas de las casas donde viven las comunidades del San Juan. Foto: Santiago Rodríguez Álvarez.

En el puesto de salud del pueblo, un cascarón de cemento despintado por la lluvia, sin ventanas ni puertas y en el que hace años no se atiende a un solo enfermo, las siglas “AGC” son un recordatorio de que así no estén presentes las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, allí mandan los grupos armados.

Tanto el ELN como las AGC controlan quién entra y quién sale del río San Juan desde Istmina hasta su desembocadura en el Pacífico, cerca a Buenaventura. Para la semana del 21 de noviembre, los líderes del territorio presionaron a ambos grupos armados para que dejaran entrar a una misión de la Defensoría del Pueblo y a mí, un periodista, a verificar la crítica situación humanitaria en la que viven las comunidades.

“Listo, ya nos dieron el permiso los dueños del mundo”, me dijo mi fuente una semana antes del viaje. ¿La fecha? El mismo día de la reanudación de las negociaciones de paz del Gobierno con el ELN. Entonces, mientras en Caracas se avivaba la esperanza de una posible paz con la última guerrilla del país, yo salí hacía el corazón de una de las guerras más fuertes que libran los elenos, y que en Chocó tiene a miles de personas viviendo confinadas. 

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En Negría el Clan del Golfo dejaron sus siglas en la fachada del cascarón vacío del puesto de salud. Foto: Santiago Rodríguez Álvarez.

El confinamiento del pueblo wounaan

En su infancia, Erick Pisario se sentía libre. Recuerda que le gustaba ir a nadar con sus amigos en las aguas de la quebrada Docordó, uno de los brazos del río San Juan. Allá en las cabeceras de esa quebrada queda la comunidad indígena wounaan de San Cristóbal. Allá, recuerda Erick, la vida era sencilla: cazar, pescar, sembrar y talar para vivir.

“Las Farc fueron los primeros que llegaron y desde ahí empezaron los inconvenientes para nosotros”, me dice Erick, un wounaan de 31 años, que como la mayoría de los hombres de su pueblo, tiene un bozo hirsuto que le enmarca el rostro y un corte de pelo en hongo.

Estamos en la iglesia de San Miguel, uno de los pueblos más grandes que hay en el medio San Juan. Este ha sido el epicentro de los enfrentamientos del ELN y el Clan en los últimos meses. El 12 de septiembre, se enfrentaron durante doce horas seguidas, mientras la comunidad oía los disparos, aterrorizada dentro de sus casas. Cuando terminó el combate, todo el pueblo se desplazó y hace tan solo una semana volvió. Pero desde entonces, la gente guarda dos mudas de ropa en un morral, para huir al menor indicio de un enfrentamiento.

Es el mediodía del 23 de noviembre, cuando conozco a Erick por casualidad. Es el docente de San Cristóbal y ha venido hasta San Miguel porque desde el día anterior, una comisión de la Defensoría del Pueblo ha estado recibiendo las declaraciones de las víctimas de confinamiento y desplazamiento. San Cristóbal, el pueblo de su familia, ha sufrido ambas.

El primer desplazamiento fue en 2007 por cuenta de las Farc y es la fecha que Erick marca como el inicio de sus “inconvenientes”. El segundo desplazamiento fue hace apenas un año y fue por cuenta de otra guerrilla.

El territorio de los wounaan, desde la salida de las Farc en 2017, ha sido controlado por el ELN. El 17 de septiembre del año pasado, los elenos forzaron a abandonar el caserío de San Cristóbal a las 67 familias que vivían allí, ante la inminencia de un ataque del Clan del Golfo. “Dijeron que si no queríamos quedar cruzados en los combates, pues que saliéramos urgentemente”, dice Erick.

En la lancha comunitaria salió la mayoría de los indígenas de San Cristóbal huyendo de su propio territorio. Erick recuerda que eran las siete de la noche cuando empezaron a bajar por la quebrada Docordó hasta llegar a la comunidad de Puerto Olave, también wounaan, a las orillas del río San Juan. Allí duraron seis meses refugiados, esperando que hubiera garantías para retornar a su pueblo. No las hubo.

Después de seis meses de vivir en condiciones precarias en Puerto Olave, después de que siete niños, de entre un año y seis meses de nacidos, perdieran la vida por enfermedades y diarreas, la comunidad de San Cristóbal decidió retornar a su pueblo. “Cuando nosotros nos devolvimos, sabíamos que íbamos a estar confinados en la comunidad, porque no había garantías y porque los actores armados seguían en el territorio”, me dice.

Así fue. El ELN había cercado el caserío con minas antipersonales para frenar el avance del Clan del Golfo. Las sembró donde los indígenas consiguen su sustento: entre los árboles que talan, los cultivos que comen y la selva donde cazan. Con casi ninguna ayuda humanitaria, Erick y los demás indígenas se enfrentaron a la encrucijada de la seguridad o el hambre.

Con resignación, Erick levanta los hombros y dice: “ Si no recibimos ayudas del Gobierno y nosotros vivimos es de pescar, cazar, sembrar. ¿Entonces de qué vamos a sostenernos en el territorio?”. La respuesta fue romper ese cerco con precaución. Muy pronto descubrieron que no era suficiente.

El primo de Erick, Dailer Pisario, un joven wounaan de 25 años, salió a principios de septiembre a talar árboles con su padre, allá en San Cristóbal. Cuando se devolvió por una herramienta que se le había quedado, pisó una mina al lado del sendero. La explosión la escuchó todo el pueblo. Cuando el padre del joven llegó, encontró a Dailer inconsciente y con la planta del pie destruida.

Lo sacaron en lancha rápida hasta Istmina, que es el gran puerto sobre el río San Juan. De allí lo trasladaron a Quibdó, la capital, y de allí a Medellín y para terminar en Cali. Cuando llegó a su destino final, ya era demasiado tarde para salvar su pie. Se lo amputaron. 

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La comunidad de San Cristóbal en la lancha comunitaria saliendo de San Miguel, en el San Juan. Foto: Santiago Rodríguez Álvarez.

Desde entonces, el miedo se ha apoderado de San Cristóbal. “Desde hace rato vivíamos confinados, pero desde ese entonces mucho más porque puede caer otra persona y pueden caer otros niños. Antes del evento, la gente se estaba arriesgando a salir a cazar y a buscar su sustento para comer, pero desde la mina, la gente se abstiene de salir de sus casas”, dice Erick.

Le preguntó si cree que la paz que propone el Gobierno podría solucionar sus problemas y si tiene expectativas con la negociación que se estaba reanudando esa semana con el ELN.

“Para nosotros está bien que haya una paz. Pero si ellos dejan este territorio, puede haber paz con ellos, pero otros grupos pueden entrar a nuestro resguardo. Ese es el miedo, que nos maltraten más”, es su respuesta.

Es la misma que me dio Franklin Rivas un día antes en Negría. Ambos saben que la paz para un grupo armado, no siempre significa la paz de ellos.

Afuera, empieza a menguar la lluvia que ha caído durante toda la mañana. Mi conversación con Erick también va terminando. Le cuento mi intención de ir a una comunidad confinada. “¿Es posible acompañarlos hoy a San Cristóbal cuando se devuelvan?”, le pregunto. Hay que pedir permiso fue su respuesta.

No lo obtengo. “No hay garantías para ese río”, me dice el líder social del San Juan que me ha acompañado en el viaje. San Cristóbal aún está en disputa y alguno de los dos actores armados podría sospechar de mi presencia, un hombre blanco entre afros e indígenas, un periodista que viene de Bogotá que puede preguntar más cosas de las necesarias. 

En la retaguardia del ELN

“Donde fue el último bombardeo, ahí nací yo”, dice Carlos Alberto Victoria. Su mirada es desafiante y habla con condescendencia, como haciendo un esfuerzo por explicarme cosas que son mero paisaje en su vida. Como que a tres kilómetros de donde conversamos hubo un bombardeo a un campamento del ELN hace un año, que en ese mismo lugar fue donde nació hace 45 años y que ese es el recuerdo más vivido de lo que significa el Estado allí.

Estamos hablando en las gradas de la placa polideportiva de su pueblo. Detrás de nosotros, está lo que alguna vez fue la escuela, en cuyo interior no ha estado un docente desde hace cuatro años; ahora, las aulas son un galpón para las gallinas.

El pueblo es el corregimiento de Corriente Palo, que pertenece al municipio del Litoral del San Juan, un caserío ubicado en una colina a las orillas de la quebrada Copomá, donde viven cerca de 250 personas. Es una comunidad cocalera. En los alrededores hay cultivos de coca y en los jardines de sus casas de madera algunos tienen arbustos de esta mata del tamaño de un hombre adulto.

“Tilden como la tilden no hay otra opción. Si usted aquí ve un motor o una lancha de fibra, ve un techo de zinc, ve un celular, todo eso es por la coca, de resto no hay nada”, dice Cura, como le dicen a Carlos. “Acá estamos olvidados por el Estado. Ni visitas, ni escuela, ni cancha, ni salud. Nada”.


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El interior de un puesto de salud abandonado. Foto: Santiago Rodríguez Álvarez.

A Cura lo conocí en San Miguel mientras desayunábamos en la cocina comunitaria. Era el representante que Corriente Palo envió para denunciar el confinamiento y aislamiento de ese corregimiento a los funcionarios de la Defensoría en las jornadas de atención. Mientras comemos, le cuento que soy periodista y estoy interesado en conocer las comunidades confinadas por el conflicto. “Cuando quiera lo llevó a Corriente Palo”, me dice como retándome y con una mirada que me da entender que no cree que quiera ir.

Para llegar hasta Corriente Palo, hay que entrar en lo profundo de la retaguardia del ELN en el San Juan. En las tierras alrededor de la quebrada Copomá han muerto en el último año dos comandantes elenos. A alias “Schumacher” le dio de baja un francotirador de un grupo élite del Ejército, mientras alias “Fabían” fue abatido en un bombardeo; donde quedaba la casa de la infancia de Cura.

Estas bajas, sumada a la del máximo cabecilla de esta guerrilla en Chocó, alias “Uriel”, a finales del 2020, rompieron con los acuerdos que había entre la comandancia del ELN y el Clan del Golfo para repartirse el control del San Juan y de todo Chocó. Desde entonces, la Defensoría del Pueblo ha generado por lo menos cuatro alertas tempranas por riesgos de confinamiento y desplazamiento para las comunidades del medio y el bajo San Juan, comunidades como el corregimiento de Corriente Palo.

Acepto la invitación de Cura de ir a su pueblo. Y los líderes de las comunidades río abajo me ayudan a gestionar el permiso de “los dueños del mundo”. En esta porción del río, es el ELN.

Aunque en esta comunidad no se vive la delicada situación de las minas, su confinamiento se define por el abandono estatal y el aislamiento que les impone el conflicto. Las salidas por el río están vetadas por la inseguridad y la desconfianza que genera la guerra del ELN hacia el sur y hacia el norte con el Clan.

Como la gente de Corriente Palo viven en una región elena, cuando viajan por territorios en disputa lo hacen bajo sospecha. “Uno anda marcado — dice Cura— Hay desconfianza entre las comunidades. Por ese temor, así usted aguante su hambre, se queda quieto donde está viviendo, porque no se puede mover”.

Específicamente en el Litoral del San Juan, los confinamientos se dispararon a principios de año por la incursión del Clan en ese territorio tradicionalmente guerrillero. De enero a noviembre de este año, la OCHA registró 14.655 personas confinadas en este municipio.

“Hace cuatro días llegó la solución a ese confinamiento que nosotros denunciamos: un bulto de mercado mojado. Fue la alcaldía. Si no se vende la coca, si no se vende la madera, no podemos salir. ¿Cómo vivimos? Nos morimos de hambre”, dice Cura, con rabia en su voz.

Antes de terminar la conversación con Cura le pregunté, como al resto, sobre la paz y la negociación con los elenos, que para ese momento iba en el cuarto día de la mesa.

“Yo he visto las noticias. Uno siente un alivio, pero los que sienten más alivio deben ser los que están en el proceso porque la paz va a ser para ellos, no para nosotros”, dice.

“¿Entonces cuál podría ser un paz que los ayude a ustedes?”, le pregunto de nuevo.

“Que se silencien los fusiles, que podamos salir por Istmina y por Bajo Calima para Buenaventura. Eso es lo que nosotros necesitamos, no necesitamos más nada. Que se logren los mismos acuerdos que habían entre los armados”, me responde.

Cuando termino de hablar con Cura, emprendo el retorno hasta donde voy a pasar la noche ese día, en Panamacito, el último corregimiento al sur de Istmina. Era la tarde del 24 de noviembre.

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Las comunidades confinadas reciben ayudas humanitarias para sobrevivir al encierra y la pobreza. Foto: Santiago Rodríguez Álvarez.

Un encuentro con los elenos

Bota pantanera plástica, pantalón negro, camisa roja y boina verde con un broche frontal del Che Guevara. Aunque no iba de fusil, sabía que estaba al frente de un miembro del ELN. Era un muchacho de unos 18 años, acompañado de otro de la misma edad, de trenzas y pañoleta verde.

Cuando pedí el permiso a esta guerrilla para bajar de San Miguel hasta Corriente Palo, también mandé razones para ver si había posibilidad de entrevistar al comandante del Frente Ernesto Ché Guevara de esa guerrilla, que controla la región. “Ahora no es posible”, fue la respuesta que me dieron cuando llegué a Panamacito.

Horas después, me encontré con tres elenos que iban de civil por el pueblo, incluido “El Político”, el mando encargado del trabajo con las comunidades y de construir las “bases sociales” en Chocó de la última guerrilla de izquierda del país. Fue un encuentro breve.

“¿Definitivamente no hay posibilidad de hacer la entrevista, ni siquiera con usted?", le pregunto.

“No, usted sabe que esto es de mandos, no puedo desobedecer. Es mejor que sea con “La Muchacha”, pero ella dijo que ahora no se puede”, me responde, se refiere a alias "La Abuela" quien comanda esta guerrilla en Chocó.

“¿Pero le quisiera preguntar por la paz, por la negociación que el Gobierno acaba de empezar esta semana con los comandantes en Venezuela?”, le digo, rehusándome a volver sin una respuesta de un eleno en el territorio.

“Ese es un tema que hay que coger con pinzas. Porque puede pasar lo que pasó en el proceso con las Farc, y que eso haga que muchos se quieran quitar”, responde “El Político”.

“¿Pero qué piensan de dejar el territorio al Clan del Golfo, con los que están en guerra?”, tantié, para finalizar.

“Si ellos se meten, nosotros vamos a defender a sangre y fuego este territorio. Nosotros no nos metemos si ellos no se meten a las comunidades; yo sé que ellas son las víctimas de esto, pero vamos a defender el territorio”, finalizó.

“A sangre y fuego”. Una respuesta amarga para el final de un viaje por una región de comunidades que viven desesperadas por la guerra.

Salir

Viernes, 25 de noviembre. Solo me queda esperar la lancha para salir hasta Istmina y de allí a Quibdó. Mi viaje termina y mientras espero, aprovecho que tengo señal para escuchar los primeros acuerdos que se anunciaban en la mesa de negociación del Gobierno Petro con el ELN. El segundo punto que acordaron las partes desde Caracas es empezar en el corto plazo procesos de alivios humanitarios por parte de esa guerrilla en zonas como la que acabo de visitar.

Dos indígenas viejos de la comunidad de San Cristóbal llegan también a esperar la lancha; vienen acompañados de unos funcionarios de la Gobernación de Chocó. Estos vienen de San Cristóbal. Cuentan que estaban atendiendo un caso de salud mental, pues la semana anterior un jóven wounaan de 25 años se suicidó por la tristeza, por el desespero de estar confinado. El joven era familiar de Dailer, el indígena que perdió el pie por una mina.

Sacudido por la noticia, me monto la lancha, cojo el bus y tomo el avión que me saca del Chocó. Detrás mío, quedan comunidades enteras atrapadas. Aferradas a una mezcla de esperanza y escepticismo sobre la paz que de nuevo se les promete. De un alivio para escapar del desespero y la muerte.

Nota: Desde que termine  el viaje por el San Juan, en la comunidad de San Miguel se han seguido presentando combates entre el ELN y el Clan del Golfo, especialmente sobre la quebrada Minguímalo. Los líderes comunitarios advierten la llegada de miembros del Clan a los alrededores del pueblo, en donde solo hay desplegado un pelotón del Ejército, y temen por sus vidas pues han sido amenazados por los "gaitanistas", así como alertan sobre el riesgo de un nuevo desplazamiento. 

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