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En menos de un mes arranca en Glasgow, Escocia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), el evento internacional más importante para hablar de los compromisos que tienen los países frente al calentamiento global. Colombia llevará metas muy ambiciosas y pocos resultados concretos.
La COP26 le hará seguimiento a la meta que los países se pusieron en 2015, cuando firmaron el Acuerdo de París y se comprometieron a reducir entre un 40 y 70 por ciento las emisiones globales de gases de efecto invernadero. También servirá para establecer nuevos compromisos y comenzar a hablar de adaptación, que son las acciones que nos permitirán prepararnos para los estragos inevitables del cambio climático.
De cara a ese evento, el gobierno de Iván Duque asumió metas de mitigación mucho más ambiciosas que las asumidas por Santos: en 2015, Colombia se comprometió a reducir en un 20 por ciento sus emisiones y a finales del año pasado, Duque dobló esa meta al 51 por ciento en 2030 y a la carbono neutralidad en 2050, una ambición que no tiene ningún otro país de la región.
Por ejemplo, Ecuador quiere reducir el 9 por ciento de emisiones del sector energía y el 4 por ciento del uso del suelo. La meta de Brasil es de una reducción del 43 por ciento y la de Perú es del 40 por ciento para 2030.
Duque también se comprometió a llevar a cero la deforestación para 2030, que es la meta más difícil de cumplir porque estaba ligada a la implementación de los Acuerdos de Paz, que como hemos contado, se ha quedado en pañales.
Para lograr las metas, el Gobierno ha impulsado leyes y estrategias militares. Pero no tiene tantas claridades —ni recursos— para lograrlo.
Una ley necesaria, pero difusa
Del paquete de herramientas contra el cambio climático, la más importante es la Ley de Acción Climática. El gobierno lleva meses trabajando en ella y se la presentó al Congreso la semana pasada con mensaje de urgencia para que la tramiten más rápido.
Lo que hace la ley es enumerar las metas de Colombia frente a la mitigación y la adaptación, sin definir estrategias específicas de cómo lograrlas. El Gobierno la llevará a la COP26 para mostrar que está comprometido con el cambio climático. Pero la tarea de buscar cómo cumplir las metas le quedará a los próximos gobiernos, pues la mayoría de ellas, si no todas, no son tareas para ejecutar en los meses que le quedan a Duque.
Tampoco hay una señal clara sobre la fuente de dinero para financiar las metas. La nueva reforma tributaria eliminó todo el paquete verde que pretendía recaudar dinero para la adaptación y la mitigación.
“Lo que quiere la ley es sincronizar todas las acciones del gobierno con las metas que se ha propuesto. Le estamos dejando el marco de referencia a otros gobiernos para que se encargue de la ejecución”, dice Rubén Darío Molano, representante del Centro Democrático, y miembro de la Comisión Quinta de la Cámara que discutirá la ley en primera instancia.
Coincide Nicolás Galarza, el vice de Ordenamiento Ambiental que estuvo al frente de la ley. “Estamos haciendo la cimentación y nuestro trabajo es hacer la más técnicamente rigurosa y más sólida para que se construya sobre ella un edificio fuerte e infranqueable”, dijo.