En menos de un mes arranca en Glasgow, Escocia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), el evento internacional más importante para hablar de los compromisos que tienen los países frente al calentamiento global. Colombia llevará metas muy ambiciosas y pocos resultados concretos.
La COP26 le hará seguimiento a la meta que los países se pusieron en 2015, cuando firmaron el Acuerdo de París y se comprometieron a reducir entre un 40 y 70 por ciento las emisiones globales de gases de efecto invernadero. También servirá para establecer nuevos compromisos y comenzar a hablar de adaptación, que son las acciones que nos permitirán prepararnos para los estragos inevitables del cambio climático.
De cara a ese evento, el gobierno de Iván Duque asumió metas de mitigación mucho más ambiciosas que las asumidas por Santos: en 2015, Colombia se comprometió a reducir en un 20 por ciento sus emisiones y a finales del año pasado, Duque dobló esa meta al 51 por ciento en 2030 y a la carbono neutralidad en 2050, una ambición que no tiene ningún otro país de la región.
Por ejemplo, Ecuador quiere reducir el 9 por ciento de emisiones del sector energía y el 4 por ciento del uso del suelo. La meta de Brasil es de una reducción del 43 por ciento y la de Perú es del 40 por ciento para 2030.
Duque también se comprometió a llevar a cero la deforestación para 2030, que es la meta más difícil de cumplir porque estaba ligada a la implementación de los Acuerdos de Paz, que como hemos contado, se ha quedado en pañales.
Para lograr las metas, el Gobierno ha impulsado leyes y estrategias militares. Pero no tiene tantas claridades —ni recursos— para lograrlo.
Una ley necesaria, pero difusa
Del paquete de herramientas contra el cambio climático, la más importante es la Ley de Acción Climática. El gobierno lleva meses trabajando en ella y se la presentó al Congreso la semana pasada con mensaje de urgencia para que la tramiten más rápido.
Lo que hace la ley es enumerar las metas de Colombia frente a la mitigación y la adaptación, sin definir estrategias específicas de cómo lograrlas. El Gobierno la llevará a la COP26 para mostrar que está comprometido con el cambio climático. Pero la tarea de buscar cómo cumplir las metas le quedará a los próximos gobiernos, pues la mayoría de ellas, si no todas, no son tareas para ejecutar en los meses que le quedan a Duque.
Tampoco hay una señal clara sobre la fuente de dinero para financiar las metas. La nueva reforma tributaria eliminó todo el paquete verde que pretendía recaudar dinero para la adaptación y la mitigación.
“Lo que quiere la ley es sincronizar todas las acciones del gobierno con las metas que se ha propuesto. Le estamos dejando el marco de referencia a otros gobiernos para que se encargue de la ejecución”, dice Rubén Darío Molano, representante del Centro Democrático, y miembro de la Comisión Quinta de la Cámara que discutirá la ley en primera instancia.
Coincide Nicolás Galarza, el vice de Ordenamiento Ambiental que estuvo al frente de la ley. “Estamos haciendo la cimentación y nuestro trabajo es hacer la más técnicamente rigurosa y más sólida para que se construya sobre ella un edificio fuerte e infranqueable”, dijo.
Además de la reducción de emisiones y la lucha contra la deforestación, la Ley de Acción Climática establece, entre otros, compromisos frente al tratamiento de aguas residuales, la inversión en gestión de riesgo y en salud, y la necesidad de que los gobiernos locales modifiquen los planes de ordenamiento territorial para evitar tragedias por el clima.
“Colombia necesita pasar con esta ley a la COP26 porque la mayoría de países no tienen leyes que los comprometan a cumplir con la reducción de emisiones”, dice Camilo Prieto, fundador de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano. “Este es el primer paso de una carta de intención que no logra formular cambios estructurales para la política climática del país”.
Con eso coincide Carlos Fonseca, ex viceministro de Medio Ambiente y exdirecor de Colciencias. Dice que “es un documento muy político en el sentido de que lo dice todo, pero no se compromete a nada”.
Porque no compromete dinero ni crea obligaciones específicas para ningún sector, es posible que esta ley corra con mejor suerte en el Congreso que la que ratificaba el tratado de Escazú, que a pesar de contar también con mensaje de urgencia del gobierno se chocó contra la oposición de los gremios económicos y el gobierno la dejó morir.
Por ejemplo, la ley menciona de manera muy general la ganadería y las industrias del carbón, dos sectores que combinados aportan el 40 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y que, también, tienen un gran lobby en el Congreso.
Las industrias del carbón presionaron en 2016 para que no se gravara el carbón con el impuesto al carbono, con la excusa de que el que se produce en Colombia es para exportación. Sin embargo, ese 10 por ciento que se queda en el país es en su mayoría utilizado por las industrias, que no tienen que pagar más por quemar ese combustible fósil.
La ganadería, que produce metano y óxido nitroso —más contaminantes que el CO2—, es la segunda actividad más contaminante y responsable del 22 por ciento de las emisiones del país.
Esa actividad, según el IGAC, tiene ocupado el 30 por ciento de la tierra, a pesar de que su recomendación es que no ocupe más del 13 por ciento. De hecho, el MinAmbiente ya estimó que para 2050 —cuando tendremos que ser neutrales en carbono— el consumo de leche va a aumentar en promedio 4 litros y la carne 411 Kg.
Lo que llevaremos a la COP26
A la COP26, que empieza el 31 de octubre, va una comisión del gobierno entre quienes están el presidente Duque, el ministro de Ambiente, Carlos Correa, y Galarza.
En términos de resultados, Colombia puede mostrar que pasaremos de tener solo un 0.2 por ciento de la energía a través de fuentes renovables, al 12 por ciento el año entrante. También que se avanzó en modificaciones a la Ley de Transición Energética para incluir el hidrógeno verde y azul entre las formas de energía limpia, y que a julio de este año se matricularon casi 1.500 carros eléctricos e híbridos más que el año pasado.
Los puntos centrales de Colombia, según Galarza, serán “hacer que se cumpla la financiación climática, aterrizar metas de adaptación específicas y pedirles a los países que se comprometan y tengan una ambición tan alta como la que tiene Colombia”.
Pero, por otro lado, en la lucha contra la deforestación la disminución no ha sido ni significativa ni consistente año a año, y en las comunidades más afectadas por esa actividad, el mecanismo que ha usado el Gobierno no ha sido tan bien recibido.
Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz sobre la Operación Artemisa muestra que la estrategia militar para contener la deforestación es insuficiente porque los grupos armados que deforestan son solo un eslabón de un problema más estructural, que requería una solución más comprensiva. Como la ofrecida en el Acuerdo de Paz que el gobierno Duque se ha resistido a implementar en forma.
Los incendios ligados a la deforestación aportan el 26 por ciento de gases de efecto invernadero en Colombia. A partir de este año Duque sancionó la Ley de Delitos Ambientales que penaliza la deforestación hasta con 15 años de cárcel.
Aún con las metas establecidas, en Colombia no se claro cuánto se han reducido las emisiones y, en cambio, la curva está en aumento. Según datos del Banco Mundial, mientras en 2017 se emitieron 177 mil toneladas de CO2, en 2018 se emitieron más de 184 mil. Reducir las emisiones al 51 por ciento significaría que en 2030 no se va a emitir más de 169 mil toneladas, para lo cual se exige una transformación muy grande a todo nivel y grandes inversiones de dinero en esa transición.
En su Plan de Desarrollo Duque se comprometió con reducir las emisiones en más de 30 millones de toneladas de CO2. Según Galarza, esa reducción ya va en 20 millones, aunque la entidad encargada de contabilizar, el Ideam, solo tiene datos hasta 2014 y a final del año los actualzará solo hasta 2018.
“Ya que el gobierno tiene esta voluntad, para llegar a la COP debe dedicarse a escuchar a las organizaciones ambientales. Hay que aprovechar la oportunidad y aprovechar este el potencial para construir colectivamente”, dice el activista Prieto.
