Estuvimos en Toribío, uno de los cuatro municipios del Cauca donde comenzará la polémica medida que, además, no serviría de mucho.
La solicitud de la Fiscalía a la Compañía Energética de Occidente (CEO) de suspender el servicio de energía en 32 puntos concretos de cuatro municipios del Cauca para afectar a los cultivadores de marihuana, no sólo no serviría mucho en la lucha contra el narcotráfico, sino que podría terminar siendo una bomba social en uno de los corazones del conflicto en Colombia.
Así lo evidenciamos en la reportería en terreno que hicimos en Toribío, uno de esos cuatro pueblos del norte (los otros son Corinto, Caloto y Miranda), conocido por ser uno de los más hostigados por las antiguas Farc, que de hecho ejecutó ahí uno de sus ataques más crueles: la “chiva bomba” que en 2011 mató a tres personas, hirió a 103 más y casi destruye la infraestructura del municipio.
Toribío hoy padece la presencia del otrora frente sexto de esa guerrilla, que controla la zona y cobra un “impuesto” a esos cultivadores, y también -de manera más indirecta- de los narcos que compran el producto a través de intermediarios.
Toribío
Justamente, ese conflicto vivo es el que será todo un reto para la medida, que arrancaría el próximo 2 de julio en puntos de 18 veredas de los cuatro municipios señalados por la Fiscalía.
Lo que el ente acusador pidió en concreto fue suspender el servicio de energía en unos sitios puntuales en donde están robando luz para cultivar marihuana.
Según nos explicó el director antinarcóticos de la Fiscalía, Ricardo Carriazo, la solicitud no es una orden judicial y, por ende, no es de obligatorio cumplimiento, pero aún así la Compañía CEO, una empresa privada que brinda el servicio de energía en 38 de los 45 municipios del Cauca, decidió darle trámite.
Para ello, la empresa anunció que este martes que viene ingresará a las 18 veredas para socializar con las comunidades campesinas e indígenas, en su mayoría Nasas, que allí viven cómo se llevaría a cabo la desconexión de conexiones ilegales que roban energía para los cultivos de marihuana.
El pasado 14 de junio, CEO -que hace parte del holding de empresas de Promigas, uno de los grupos empresariales más grandes de Colombia con inversiones en el sector de energía y gas y cuyo mayor accionista es Luis Carlos Sarmiento Angulo- había enviado un oficio a los cuatro alcaldes en el que les informaba respecto a esa desconexión en puntos claramente identificados.
Ese comunicado generó preocupación porque en un apartado dice que “de no ser posible el ingreso a estos sectores, nos veremos en la obligación de realizar la maniobra de desconexión total del circuito” lo que afectaría a miles de usuarios que tiene sus conexiones en regla y en muchos casos no la usan para cultivos ilegales y que verían vulnerado su derecho a un servicio básico.
Oficio CEO Requerimiento Fi… by on Scribd
No es difícil intuir que ese escenario podría darse en una zona tan convulsionada, en la que puede que parte de la comunidad relacionada con los cultivos se niegue a que les desconecten.
Para intentar prepararse para lo que viene, el pasado miércoles se reunieron los 63 presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) de Toribío con el alcalde indígena Alcibiades Escué y el secretario de Gobierno, Mauricio Casso Ascué.
Ahí estuvimos presentes.
La posible bomba social
A Toribio se llega tras dos horas y media de camino desde Cali por vías pavimentadas pero con muchos tramos derrumbados y con notable falta de mantenimiento.
La reunión de los comunales con las autoridades locales se realizó en la Casa de la Cultura, ubicada en la parte alta del municipio.
En concreto, el encuentro fue para hablar de los cortes anunciados por CEO en los cuatro puntos ilegales de Toribío en las veredas La Granja, La Susana, Loma de Paja, La tolda y Buenavista, que se alimentan del circuito La Luz, que de ser desconectado afectaría a 23 veredas y cerca de 10 mil personas, según nos dijo el Alcalde Escué.
La principal propuesta de la Administración a las cerca de 120 personas que escuchaban atentos en la Casa de la Cultura fue apuntar a prevenir una crisis social vía cuatro acciones.
“Antes de que esto se caliente, ver cómo le echamos agua para que baje la temperatura”, como les dijo exactamente el Alcalde.
La primera acción es enviar un oficio a la Defensoría, Procuraduría, Fiscalía y a CEO advirtiendo las afectaciones que habría a colegios, hospitales y comercios que tienen productos perecederos, en caso de una suspensión del servicio de energía en general, entre otras cosas para que sirva de sustento en eventuales y posteriores demandas.
La segunda acción es que las JAC y la comunidad hablen con quienes roban energía para que dejen de hacerlo, se conecten legalmente y paguen lo que les corresponde.
Un tercer punto es acompañar a la empresa CEO a hacer esas desconexiones para evitar alteraciones de orden público, tanto de la comunidad como por parte de actores armados, y así evitar que CEO tenga un argumento para desconectar todo el circuito.
Y por último, piensan proponerle al operador una ruta o plan de acción para que cumplan acuerdos que ya tenían con las JAC, como por ejemplo mejorar la calidad de servicio, evitar suspender el servicio por cinco horas o más como suele ocurrir y conectar a las familias que aún no cuentan con el servicio de energía.
De todas esas acciones, una ya dio frutos.
Al día siguiente de la reunión con las JAC, los cuatro alcaldes se reunieron en Santander de Quilichao con la empresa CEO y lograron correr los cortes para el 2 de julio que originalmente estaban para este martes 25 de junio.
Además, antes la empresa deberá hacer una socialización con los líderes comunitarios, funcionarios de la Alcaldía y Fuerza Pública para disminuir los riesgos del personal operativo. Estas reuniones se realizarán este martes, miércoles y viernes, según dice un comunicado de CEO.
Por su parte, las comunidades van a garantizar que CEO entre a hacer su trabajo, siempre y cuando la empresa garantice que el servicio de energía efectivamente solo se le suspenderá a quienes la roban para cultivar marihuana, según le dijo el Alcalde de Toribío a La Silla.
Alcalde Alcibiades Escué
Sin embargo, el riesgo de que todo se salga de control sigue latente pues la empresa se mantiene en su advertencia de desconectar los circuitos completos en caso de que haya inconvenientes de orden público.
Y los inconvenientes podrían darse. No sólo porque los afectados decidan negarse a que les corten el servicio, sino porque detrás de los cultivos de marihuana hay intereses de los intermediarios y enlaces con los carteles (en Toribío no identifican a ninguno en particular) que llegan de las ciudades a comprar el producto, y de la disidencia de las Farc que se lucra con el “impuesto” que cobra.
El matrimonio entre la marihuana y la energía
Paralelo a la expectativa de la reacción de las comunidades frente a esta medida, está el matrimonio entre la marihuana y la energía.
¿Por qué se dio esa unión que se evidencia todas las noches, cuando las montañas se cubren de puntos amarillos que se asemejan a la Navidad, pero son bombillos que iluminan los cultivos?
Montañas de Toribío
La relación entre marihuana y energía hoy es inseparable al menos en dos etapas claves.
La primera, según nos explicó José, un campesino que tiene 500 matas de marihuana (que es el promedio que tiene cada campesino, de los más o menos cinco mil cultivadores que hay en Toribío, que cuenta con 29 mil habitantes), es durante el crecimiento.
La planta necesita 18 horas de luz para crecer. Sobre todo las semillas que no son nativas, que son la mayoría.
Por eso en las noches hay que prender bombillos por 6 o 7 horas para “engañar a la planta a que siga creciendo”, como explicó José.
Sin energía la planta crece poco y se “enmoña” rápido, lo que no es rentable. Pero con luz da más flores o “moños” que es el producto que se vende.
La segunda es la etapa del secado. Al pasar los cuatro meses que dura el proceso desde que se siembra la semilla hasta la cosecha, las plantas son arrancadas de raíz y puestas a secar con calor para que se puedan fumar.
Eso se logra, de forma tradicional, poniendo resistencias, que son alambres metálicos que se conectan directamente a los postes de energía o a los transformadores, en el piso de un cuarto cerrado en madera y de techo de plástico. Las resistencias transforman la energía eléctrica en calor lo que seca las plantas en un promedio de tres días.
Estos “secaderos” son los que más gastan energía, al punto que en ocasiones superan la capacidad de los transformadores y los queman, dejando sin energía a veredas completas.
Secadero
Eso significa que incluso los que hacen eso con su conexión legal generan un problema.
La afectación a veces se da también porque -ante las conexiones ilegales- la empresa CEO suele hacer largos cortes de energía para disminuir las pérdidas que los fraudes les generan, que según la oficina de prensa de CEO ascienden a 24 mil millones de pesos al año.
En todo caso, y aunque la energía es clave para los cultivos de marihuana, las desconexiones están lejos de acabar con los cultivos y menos con el negocio del narcotráfico.
La inutilidad
A diferencia de la coca que entró en los planes de sustitución de cultivos (Pnis) acordados en el proceso de La Habana, cuya solución consiste en sustituir y erradicar; el tratamiento del Gobierno con la marihuana es diferente, le apunta a su uso medicinal.
De hecho, en Toribío hoy hay tres cooperativas Caucannabis, Asoaiccam y Asociación Paz y Progreso, que están trabajando para constituirse en empresas cultivadoras de marihuana con fines medicinales.
En este contexto, la medida de los cortes de energía no se entiende como una solución contundente al narcotráfico:
Primero, no tiene nada que ver con impulsar el uso medicinal de los cultivos.
Segundo, aún sin la energía eléctrica que los acelera -aunque tarden más- los cultivos podrían salir adelante. Por ejemplo hoy en día hay personas del municipio que para disminuir el consumo de energía y aliviar ese problema se han pasado a otros métodos de secado, con estufas de gas o carbón.
Tercero, los afectados podrían buscar plata para comprar una planta.
Cuarto, la medida podría generar escasez del producto, aumento del precio, más ganancia para unos pocos, pero no acabaría el negocio.
“Quitar la energía es inútil”, dijo el Alcalde Escué, “mientras haya mercado siempre habrá quien cultive”.
En todo caso el Fiscal Carriazo encargado de luchar contra el narcotráfico justifica los cortes.
“Es una forma de luchar contra el narcotráfico, si ellos cambian la forma de conseguir energía ya miraremos cómo combatirlas, pero tenemos que hacer ver a las instituciones que hay algunas acciones que ellos pueden asumir y nos ayudan en la lucha contra el narcotráfico”, le dijo a La Silla el funcionario.
Mientras, la empresa CEO nos dijo a través de su jefe de prensa que acatan la solicitud de la Fiscalía porque “el nivel de saturación de dichos circuitos ya alcanza niveles tan altos que pone en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica en toda esa zona”.
Por eso, en caso de no poder hacer las desconexiones ilegales “para poder proteger la infraestructura y a los 40 mil usuarios que no están involucrados en conexiones ilegales, nos tocaría proceder a desconectar los circuitos rurales donde están los invernaderos y donde hay ocho mil quinientos usuarios”.
Otro asunto estructural a tener en cuenta es que para muchos campesinos que optan por otros cultivos y formas de sustento, como el café, la mora, la gulupa, la piscicultura o la ganadería, es difícil competir económicamente con la rentabilidad de los cultivos de la marihuana.
Hoy la libra de marihuana vale en promedio 20 mil pesos, lejos del millón de pesos que costaba cuando apenas llegó a esas tierras por allá en el 2011.
Mujeres cortando la marihuana
Hoy eso es porque la oferta es mucho mayor. Pero aunque los precios no dejan grandes ganancias como antes, muchas familias siguen prefiriendo la marihuana porque tienen un comprador fijo que les llega a la casa: los intermediarios de los narcos o independientes que venden esa misma libra en las ciudades en ocasiones hasta en un millón de pesos.
“Así sea que baje la libra a 12 mil, sigue siendo plata que la gente sabe que va a recibir a la fija”, nos explicó el cultivador de marihuana José en su casa de cemento sin pintar, sin cerámica y techo de plástico.
Además, la marihuana es propicia para las condiciones de Toribío. Allí no hay tierras, la mayoría de familias tiene un cuarto de hectárea, pero esa superficie es suficiente para cultivar pues la marihuana crece en un área de un metro cuadrado. En 300 metros cuadrados alcanzan 300 matas. Además de que el clima es apenas ideal para que crezca (18 a 24 grados centígrados).
En pocos días, el próximo 2 de julio, veremos si esta olla a presión que parece cocinarse a fuego lento, comienza a pitar y causa estragos en una región azotada por el conflicto y sus complejidades.
