Corte de cuentas al drama carcelario

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Corte de cuentas al drama carcelario


Entre los logros que presentó el ex Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio fue la reducción del hacinamiento carcelario a niveles cercanos a cero. Sin embargo, un estudio realizado por el Grupo de Derecho de Interés Público (G-dip) de la de la Universidad de los Andes demuestra que pese a la construcción de diez nuevas cárceles y la inversión de 1,4 billones de pesos durante el gobierno de Uribe, la situación de los presos colombianos no ha cambiado de manera significativa.

“El número de reclusos ya superó los 81 mil, y con las nuevas cárceles, hay espacio en total para 79 mil”, dijo a La Silla Vacía Mariana Castrellón, asesora jurídica del G-dip.

El Ministerio del Interior entregó desde febrero de este año ocho nuevas cárceles en distintas regiones, con las que aspira reducir el hacinamiento de un 40 por ciento a un cuatro por ciento. “El traslado de los reclusos se está haciendo gradualmente, pero siempre habrá hacinamiento mientras se cometan delitos”, dijo a La Silla Vacía la portavoz del Ministerio del Interior.

El 20 de julio, el G-dip, representantes de derechos humanos y cerca de 500 reclusos, solicitaron a la Corte Constitucional que haga seguimiento de la sentencia de tutela que declaró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles de Colombia hace 12 años. La solicitud ya llegó al despacho de la magistrada Maria Victoria Calle. De nuevo la Corte tendrá la palabra, y este informe en sus manos, para determinar si mejoró, empeoró o sigue igual la situación de los reclusos en Colombia. Por ahora, estas son algunas de las conclusiones a las que llegó la investigación que está ahora en la Corte.

(Ver el informe completo)

 

 

1. Comienza esta historia

En 1998, la Corte Constitucional recibía tantas tutelas de presos que denunciaban las condiciones infrahumanas en las que se encontraban que declaró un estado de cosas inconstitucional en las cárceles y penitenciarias del país y ordenó al Inpec y al Ministerio de Justicia un plan que garantizara a los reclusos condiciones de vida digna. En ese entonces, el problema más grave era el hacinamiento, que rondaba el 40 por ciento.

El ponente de esa sentencia, Eduardo Cifuentes, afirmó recientemente que, “durante las inspecciones judiciales realizadas a múltiples cárceles en 1998, fue necesario suspender las diligencias en horas de la noche, ante la imposibilidad de caminar sin pisar las cabezas de los reclusos que estaban acostados en el suelo”. Hoy, doce años y 1,4 billones de pesos después, el panorama no ha mejorado.

2. El hacinamiento baja pero no desaparece

La tasa de hacinamiento carcelario llegó al 17,2 por ciento en 2007; luego aumentó a 25,5 por ciento en 2008 y 35,8 por ciento en julio de 2009. En marzo de este año llegó al 41,7 por ciento.

Aunque las nuevas cárceles que funcionarán tarde o temprano representan 72.000 cupos nuevos, que en todo caso ya son insuficientes para el número de reclusos que existen, el hacinamiento continuará además por la estructura que se planteó para estas cárceles. El informe cuenta que las celdas de los diez nuevos centros carcelarios miden 3,2 metros x 3 metros, y pretenden albergar cuatro internos. Es decir, que cada recluso tendrá un espacio habitable de 2,3 metros cuadrados, medidas que siguen violando los estándares internacionales para el tratamiento de reclusos.

3. Un problema estructural: la política criminal del Estado

Pero más que logístico, el problema del hacinamiento es estructural. Siempre faltará espacio en las cárceles mientras que la prisión preventiva opere como una regla general y no como una excepción. Es decir, la generación de nuevos cupos no resolverá el problema de hacinamiento carcelario si se mantiene la política criminal actual, que privilegia la detención preventiva, el aumento de penas y la prisión como forma casi exclusiva de castigo. Dos leyes, ambas aprobadas en el pasado gobierno, son el origen del problema que se vive hoy en las cárceles.

La ley 890 de 2004, que aumentó los mínimos y máximos de todas las penas, produjo un aumento de cerca de cuatro mil personas en el número total de reclusos sindicados, y cerca de cinco mil en el número total de condenados. Y la ley 1142 de 2007, que aumentó las penas para ciertos delitos y restringió la ampliación de beneficios como la detención domiciliaria. Resultado: entre 1998 y 2009 la población carcelaria tuvo un incremento del 70,4 por ciento.

4. Las presas sufren más

Si la regla general es un 41 por ciento de hacinamiento en promedio, la cifra supera el 135 por ciento en los establecimientos femeninos. Actualmente existen nueve prisiones nacionales de mujeres que ofrecen 2.246 cupos, pero la Oficina de Planeación del Inpec señala que hay un total de 4.851 mujeres privadas de la llibertad. De estas, 3.049 están en establecimientos exclusivamente femeninos, y 1.802, es decir más de la tercera parte, fueron recluidas en establecimientos habitados también por hombres.

En este caso, las nuevas cárceles tampoco ofrecen una solución al problema. Entre los proyectos que tenía el gobierno para mejorar su situación, se encontraba en un principio el complejo de Mujeres de Cartagena, y fue cancelado porque el terreno adquirido para su construcción resultó inadecuado. Entre las nuevas cárceles, solo algunos pabellones en Jamundí y Cucutá están destinados para albergar mujeres.

5. Todos revueltos

Los estándares internacionales exigen que los reclusos se separen en las cárceles de acuerdo a tres criterios: género, edad, y condena. Ninguna de las tres separaciones se cumple en las cárceles colombianas. Todos hacinados, conviven juntos.

Las cifras exactas sobre qué tan separados o qué tan juntos están los menores de edad con los adultos, los hombres con las mujeres y los sindicados con los condenados son difíciles de conseguir. Quienes elaboraron el informe hicieron alrededor de 30 derechos de petición para averiguarlo, que el Inpec se negó a responder. Lo que se sabe por ahora es que los menores de edad, cuando son capturados, permanecen detenidos por períodos de hasta 36 horas o más en lugares donde no se diferencia la población reclusa por edad.

6. La resocialización: ni educación, ni trabajo

Si el fin de una pena es que los condenados salgan de la cárcel con herramientas para reinsertarse a la sociedad, para el 2009 tan sólo 31 de los 143 establecimientos carcelarios del país tenían un modelo educativo para resocializar a convictos y sólo la tercera parte de los reclusos tenían una ocupación laboral.

El informe considera que el hacinamiento obstaculiza la puesta en marcha de estos programas, pues no hay espacios y equipos suficientes y adecuados para llevarlos a cabo. Y los reclusos cuentan que estos programas, cuando existen, son dejados a un lado porque la preocupación principal es la supervivencia. “Los programas no existen cuando uno tiene que estar pendiente de que otros no le corten el agua”, contó uno de ellos en la Picota de Bogotá.

7. La salud, un problema sin resolver

La supervivencia es la preocupación principal en las cárceles, porque el sistema de salud es precario y quienes logran acceder a él son una minoría. El uso frecuente de la acción de tutela evidencia el problema. Entre 2002 y 2008, el aumento de estas acciones judiciales es de más del 1500 por ciento.

En recientes declaraciones, Caprecom dijo que no ha podido prestar el servicio de salud pues existen 28.000 personas que no tiene identificación en las cárceles. Es decir, más de la tercera parte de la población. Por lo menos 700 presos de las cárceles del Quindío, que la necesitaban, no recibieron atención médica durante más de tres meses en el 2009. Y en Acacías, Meta, para septiembre de 2009, los reclusos habían pasado más o menos cuatro meses sin recibir una adecuada atención médica.

8. El futuro de la historia

María Victoria Calle tiene desde el pasado 3 de agosto en su despacho una solicitud para que le Corte le haga seguimiento a la tutela que hace doce años declaró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles. Su fallo determinará qué tan efectiva fue la gestión del Ministro del Interior saliente y qué tareas le quedan a Gérman Vargas Lleras en esta área.

 

 

 

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