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La representante a la Cámara de Amazonas, Yénica Acosta, corre el riesgo de quedarse sin su curul. Entre 2021 y 2022 vinculó y mantuvo en su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, a una asesora que cobró varios sueldos estando en Canadá, a más de 7 mil kilómetros de distancia.
Por una ley del 2020 que ayudó a aprobar Acosta, los asesores de UTL pueden trabajar en el Congreso o en los departamentos de los congresistas si es necesario, pero no fuera del país. Y mucho menos cobrar sus sueldos si estuvieron sin trabajar en el extranjero.
Tras la denuncia del abogado José Manuel Abuchaibe ante el Consejo de Estado, la representante Acosta aceptó los viajes de su asesora, pero dijo que fueron a sus espaldas y sin su consentimiento. Afirmó que la asesora le organizaba reuniones en Amazonas por WhatsApp por lo que no sospechó. Sin embargo, las normas establecen que los congresistas son los que deben certificar que sus UTLs cumplen sus labores para que les paguen, como ocurrió en este caso.
En 2017, al entonces senador Carlos Enrique Soto le decretaron pérdida de investidura y lo sacaron del cargo por un tema muy similar.
Armando agenda en Amazonas desde Canadá
La funcionaria que tiene en líos a la representante Acosta se llama Otilia Rodríguez Lozano. Ella es una empresaria que ha combinado sus negocios de transporte aéreo con la política. Fue candidata a la Asamblea de Amazonas en 2016 por el Centro Democrático, el partido que ayudó a fundar en ese departamento la hoy representante Yénica Acosta, y contratista de la Gobernación y la Alcaldía de Leticia.
Su empresa de transporte aéreo y fluvial, Otimar, suele prestar sus servicios a las campañas políticas del Amazonas.
La representante Acosta vinculó Rodríguez a su UTL en septiembre de 2021. Y ahí empezaron las presuntas irregularidades. El 8 de septiembre, día en el que Rodríguez Lozano tomó posesión del cargo, estaba fuera del país.
Para ese momento, Acosta estaba en campaña de reelección.
El tema pasó a ser más sospechoso porque Rodríguez recién regresó al país el 4 de diciembre, es decir cuatro meses después de su posesión. En ese tiempo, estando a más de 7 mil kilómetros de Amazonas o de Bogotá donde debía cumplir sus funciones, cobró sin falta sus sueldos como asistente grado 2 (Cuatro salarios mínimos).
No fue una situación aislada. Rodríguez volvió a salir del país entre el 9 y el 29 de mayo de 2022, y entre el 13 de junio y 18 de septiembre. En esos tiempos también cobró sus sueldos.
Los registros de las salidas de la asesora de la representante Acosta están soportados en actas de Migración que fueron aportados dentro del proceso de pérdida de investidura.
Que los congresistas vinculen a asesores que no cumplen con sus funciones o lo hagan de manera irregular como lo hizo Rodríguez estando fuera del país, y aún así les paguen, es una causal de pérdida de investidura.
Eso, porque unas de las causales para aplicar ese castigo es que el congresista demandado haya incurrido en “indebida destinación de recursos públicos". En este caso, plata pública para pagar asesores fantasmas.
Hay dos antecedentes sobre esta práctica irregular y cómo se sanciona.
Por un lado, está una decisión del Consejo de Estado de 2017 que le decretó pérdida de investidura al senador Carlos Enrique Soto. Él vinculó a su UTL a un asesor que recibió la totalidad de su salario por días durante los cuales no laboró y estuvo en Panamá y Canadá.
Soto se defendió diciendo que él como senador vivía muy ocupado y no podía vigilar las salidas de sus asesores. También, que los viajes de su asesor fueron a sus espaldas. El pleito llegó hasta la Corte Constitucional y aún así se mantuvo la decisión inicial de quitarle la curul.
Y por el otro, está el caso del exrepresentante de Amazonas, Manuel Carebilla. A él lo condenaron en 2020 por irregularidades en el manejo de sus unidades de trabajo legislativo entre 2006 y 2010.
Según la investigación Carebilla nombró entre su equipo de asesores a dos funcionarios del Congreso que estaban a punto de pensionarse y que necesitaban registrar sueldos altos al momento de pedir la jubilación. Esas personas le habrían pagado entre 80 y 180 millones de pesos por el favor.
La defensa de Acosta
La representante Acosta ya presentó sus argumentos para defenderse ante el Consejo de Estado. Los argumentos son variopintos.
Primero dijo que vinculó a Rodríguez como enlace regional por su experiencia en el Amazonas. Que conocía su trayectoria profesional como enfermera y comerciante del sector transportador. “Sus contribuciones a la UTL fueron determinantes para fortalecer la relación entre la representante Acosta Infante y su electorado”, dijo la defensa de Acosta.
Añadió que en 2021, Rodríguez asumió el cargo de manera remota, por correo electrónico, porque en el Congreso aún estaban vigentes protocolos de la pandemia. Y que la presencialidad no era la norma.
Y que ese año, Rodríguez, a la distancia, cumplió con sus labores organizando visitas de Acosta a los corregimientos de Amazonas. Que todo se coordinó por WhatsApp. “Tanto así que, como se reitera, nunca se sospechó que la señora Rodríguez Lozano estuviera por fuera del territorio nacional pues, las llamadas y mensajes compartidos con la señora Yeimy Duque estaban vinculados a su número telefónico colombiano y, lo más importante, siempre estuvo al día con la agenda de la UTL”
Sin embargo, luego Acosta dice que los viajes de su asesora Rodríguez fueron sin su consentimiento, que ella no le avisó. Que, de hecho, cuando se enteró de las frecuentes salidas al exterior, la sacó del cargo declarándola insubsistente y le pidió devolver la plata que le habían pagado.
En conclusión, que fue a sus espaldas. Similar a lo que dijo el senador Soto en 2017.
El manejo que le da a su UTL la representante Acosta ya había tenido varias particularidades. Entre 2018 y 2022 nombró ahí a varios de sus aportantes de plata a su campaña.
El pleito y la curul de la representante Acosta están en manos de la sala quinta del Consejo de Estado. Ya admitió el estudio de la demanda y se alista para convocar a su primera audiencia.
