Después del paro, se agota la paciencia con la ‘resistencia’ en Cali

El día que La Silla estuvo allí, el silbido de un hombre desde su moto justo cuando pasaba al lado del CAI, fue rápidamente interpretado por una de las líderes comunales: “Esos son los campaneros. Cuando silban así suave es porque la situación está calmada —nos explicó — Cuando silban varias veces es porque pasó algo y cuando el silbido es largo es que necesitan apoyo”.

Este código, que con el tiempo lo han descifrado quienes habitan en este sector de la Comuna 13, fue muy usado por manifestantes durante las movilizaciones y es una de las cosas que, desde el paro, hacen parte del día a día de este barrio.

Una cotidianidad que nunca ha vuelto a ser la misma después de las protestas que paralizaron a Cali, y que terminaron transformando la ciudad de manera permanente, como lo muestra la tensión que existe alrededor de la biblioteca pública de El Pondaje.

La tensión de El Pondaje

Los habitantes de la Comuna 13, y en general del Distrito de Aguablanca, que comprende cuatro comunas con altos niveles de inseguridad y pobreza, son los que más han llevado del bulto después del paro que tuvo su epicentro en Cali.

El MIO solo empezó a operar hace un mes, pero sin la estación. El banco y el Comfandi lo quemaron, el Éxito fue vandalizado y no hay dónde tanquear una moto a varios kilómetros a la redonda.

Pero el factor que más tiene a la comunidad en tensión es la disputa que hay sobre la caseta comunal, una construcción con un amplio salón, cocina y baño donde habitantes de la comuna solían hacer celebraciones o reuniones de la Junta de Acción Comunal al lado de la biblioteca pública.

Era el espacio de reunión hasta que el 12 de julio aparecieron en la casa de Guillermo Camacho, presidente de la Junta de Acción Comunal, varios jóvenes de la primera línea a pedirle la llave de la caseta. Él se negó.

Al día siguiente, en reunión con el subsecretario de Participación Ciudadana, Camacho se enteró de que la Alcaldía de Jorge Iván Ospina ya había acordado con los jóvenes su permanencia indefinida en el espacio, pero después de negociar se estableció que estarían en la caseta durante seis meses.

Estos jóvenes eran los que habían bloqueado al barrio Calipso, rebautizado como Apocalipso, y que fue el último punto activo de los más de 20 que paralizaron la ciudad.

Cuando finalmente lograron levantar el bloqueo, los manifestantes y su olla comunitaria se pasaron de la autopista al CAI, en ese entonces destruido. Cuando lo entregaron para ser reconstruido, los miembros de esa primera línea buscaron otro espacio para seguir con la olla y sus asambleas, y la caseta les pareció apropiada. Ahí siguen.

Unos 30 jóvenes llegan todos los días desde por la mañana y se quedan hasta las diez de la noche. No hacen mucho, salvo mantener las huertas de la biblioteca. El resto del tiempo, escuchan rap a todo volúmen desde el balcón, algunos sin camiseta, exhibiendo sus torsos tatuados, y fumando marihuana. Al medio día, hacen el almuerzo para la olla comunitaria.

El hecho, que generó revuelta en el sector, tiene distintas lecturas.

Una de las voceras del punto de bloqueo, que dijo llamarse Luz (sin apellido), dice que la caseta no se usaba todos los días y que tampoco albergaba eventos permanentes. Le parece injusta la acusación de los vecinos de que se “tomaron la caseta comunal” y explica que se acordó con la Alcaldía que desde allí harían trabajo social.

“Siempre y cuando sigamos con la obra social y comunitaria, nuestra resistencia va a estar ahí —dice— La resistencia no terminó porque realmente los problemas no terminan. Estaremos trabajando todo eso, vamos pa’ largo”.

A veces organizan actividades con la comunidad. Este fin de semana, por ejemplo, proyectarán una película para las familias del barrio. Pero las personas con las que hablamos dicen que casi nadie va a esos eventos. Solo ellos mismos, y sus familias.

Para los siete vecinos y líderes comunales con los que hablamos, la presencia de ellos ha cambiado las dinámicas del sector. La caseta comunal queda a pocos pasos de la plazoleta, de la cancha pública, del CAI y de una iglesia, y por lo tanto, solía ser un lugar concurrido. Pero desde que están ahí los de la primera línea la gente prefiere no ir, si no le toca.

Una de las vecinas del sector cuenta que la zona comunal se ha vuelto una plaza de consumo de drogas. “Ahorita estamos haciendo lo posible con las uñas para que la comunidad se vuelva a sentir segura en sus espacios”, afirma.

Pero la zozobra se siente en el ambiente. El miércoles, en la plazoleta al frente de la biblioteca pública, un grupo de ocho niños y jóvenes que pintaban rayuelas de colores en el piso tenían, mal contados, 40 ojos encima.

Guiando y apoyando a los jóvenes, estaban funcionarios de la biblioteca, líderes de la comuna y funcionarios de Veolia, una empresa de aseo que también lidera este tipo de actividades pedagógicas con la comunidad.

“Normalmente aquí habrían de 20 a 30 muchachos, pero los papás dicen que acá solo vienen a oler ese humero (de marihuana), entonces apenas les dieron permiso a ellos”, menciona otra líder del barrio que, a sus 72 años, dice que le toca “estar a cuatro ojos” para que no le ofrezcan droga a los jóvenes que llegan a la zona.

La presencia de los de la primera línea en la caseta ha reforzado la percepción de inseguridad y la angustia que agobia a los vecinos del sector a raíz del paro. “El oriente de Cali vive en la zozobra de qué va a pasar el día de mañana. Cada 28 ya lo tenemos marcado como una fecha en que puede pasar cualquier cosa”, dice Marisol.

De hecho, el próximo martes las centrales obreras se movilizarán por la ciudad. Por grupos de WhatsApp de la comuna circula el rumor que ese día, pero de octubre, también se movilizarán todos los puntos de Unión de Resistencias de Cali por el supuesto incumplimiento en los acuerdos con la Alcaldía.

“No es un rumor, vamos a salir a marchar porque ha habido mucha desigualdad”, nos dijo un integrante de la primera línea del sector.

Esta tensión que se vive en El Pondaje no es excepcional en la ciudad. Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad ciudadana, dice que “el diálogo con los manifestantes no ha significado un mejoramiento estable en las condiciones de seguridad de los barrios”. Por el contrario, asegura que se han presentado choques directos entre manifestantes y residentes por el uso de los espacios públicos. Dos barrios —Ciudad 2000 y Puerto Rellena, rebautizado como Puerto Resistencia— son ejemplo de los conflictos que van siendo cotidianos en Cali.

“Uno como alcalde no puede salir a decir que toma decisiones políticas correctas, cuando una parte muy considerable de la ciudadanía siente que la dejaron tirada a mitad del camino”, afirma.

Los acuerdos entre el Alcalde y las primeras líneas de la ciudad, fueron verbales, y no se conoce su contenido pues Ospina se ha negado a decir qué fue lo que pactó con la Unión de Resistencias de Cali para que levantaran los bloqueos.

Según los rumores que circulan por la ciudad, les ofreció empleos para más de mil jóvenes, espacios para realizar actividades culturales y asambleas, becas de estudio y el mantenimiento de ollas comunitarias. Pero no hay información oficial, por lo que en reiteradas ocasiones concejales como Diana Rojas le han solicitado transparencia en el proceso.

Por su parte, el secretario de Participación Ciudadana, James Agudelo, aclaró que los únicos acuerdos que se han realizado con la Unión de Resistencias de Cali son los plasmados en el Plan de Inclusión Social de Emergencia. 

En medio de la confusión e incertidumbre, por un momento a los habitantes se les ocurrió seguir el ejemplo de otros barrios y pedir a los de la Primera Línea que les “devuelvan” la caseta. Pero el miedo a un enfrentamiento los frena.

Por eso, cuando una mujer salió de la caseta y atravesó en moto la plazoleta, pasando justo al lado de los niños, los líderes guardaron silencio. Pero el cruce de miradas puso en evidencia la creciente tensión que se abre paso por la ciudad.