Detector al debate de la Coalición de la Esperanza

En 2018, el entonces gobernador de Boyacá se ganó el premio Premio Mejores Gobernantes en la Superación de la Pobreza 2016-2019 en la categoría departamentos. El premio exalta a los mandatarios que “por su gestión administrativa han alcanzado logros en la superación de la pobreza y la desigualdad de su comunidad”, y es organizado por la ONG Colombia Líder, formada por Asobancaria y las fundaciones Saldarriaga y Concha y Bolívar Davivienda. En esa edición del premio los ganadores fueron escogidos por la Agencia Nacional de Tierras, Onward Internacional, la Escuela Superior de Administración Pública, Esap, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Pnud.

Sin embargo, Boyacá no fue el departamento que más redujo la pobreza ni medida en dinero (lo que se conoce como pobreza monetaria) ni entendida como falta de acceso a recursos básicos como salud, agua potable y educación (pobreza multidimensional). Al comparar la variación de la pobreza monetaria entre 2016 y 2019 Boyacá fue el tercer departamento con mayor reducción; y al comparar la cifra multidimensional entre 2018 y 2019 (en donde hay cifras comparables), ocupó el puesto 13 entre 32.

La cifra real de desempleados es mucho menor que la que el candidato cita. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó el pasado 30 de noviembre que la tasa de desempleo en Colombia equivalía al 11,8% y que en el país había 2,9 millones de personas desocupadas. Ese porcentaje es ligeramente menor al desempleo urbano (se mide en 13 ciudades y áreas metropolitanas del país) que estuvo en el 12,3%. La cifra tampoco refleja las 15,4 millones de personas que tienen edad para trabajar pero no lo hacen (que el Dane llama población inactiva) en todo el país, o los 8,2 millones de personas ubicadas solo en áreas urbanas que responden a ese mismo criterio.

Gaviria sí ha pasado más tiempo de su carrera profesional en trabajos relacionados con la economía y la salud que el resto de sus compañeros de coalición, pero en empleo y educación no necesariamente.

Gaviria fue durante seis años Ministro de Salud de Juan Manuel Santos en el que, entre otros, impulsó políticas públicas, como la regulación de los precios de medicamentos.

En el tema económico también es el que más tiempo de su carrera profesional ha dedicado en ese ramo. Tiene maestría y doctorado en Economía y trabajó en varias entidades en ese enfoque: Fedecafeteros, el DNP, el BID y el Banco Mundial, el Centro de Desarrollo Sostenible para América Latina, y fue profesor y decano en los Andes de economía.

Pero sus compañeros también han trabajado esos temas desde diversos frentes. Desde el Congreso y como dirigente sindical Jorge Robledo también ha manejado temas laborales y económicos. Fue uno de los más férreos opositores a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos por el detrimento a la economía nacional, por ejemplo.

Y aunque su experiencia como rector de los Andes por dos años le dan un conocimiento en temas educativos, otros de sus colegas tienen igual o mayor experticia:

La bandera política de Sergio Fajardo en la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia fue la educación y en 1999 -antes de entrar a la política electoral- fue uno de los expertos de una comisión de varias fundaciones, que estudió la educación en Colombia presentó propuestas al Gobierno de entonces para mejorarla. Además, fue profesor de lógica matemática y director de investigación en la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia.

Carlos Amaya fue líder estudiantil y presidente de Fenares (Federación Nacional de Estudiantes) y ocupó un asiento en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) que discute los temas de educación superior con el Ministerio de Educación.

Robledo sí ha dado algunos de los debates más duros contra la corrupción en el país. En el primer gobierno Uribe puso contra las cuerdas al Ministro del Interior de entonces, Fernando Londoño, por el escándalo de Invercolsa, quien posteriormente fue inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos. En el segundo gobierno de Uribe, cuando el Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, ascendía como la nueva estrella de la política nacional, le hizo debates a él y a su política estrella Agro Ingreso Seguro. Al final el tiempo le dio la razón: Arias resultó ‘enterrado’ por AIS. En 2011, también denunció la presunta sobrefacturación de medicamentos por parte de las EPS Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca.

En 2017, denunció disciplinariamente al Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, por no haberse declarado impedido para investigar el escándalo Odebrecht. Junto con la entonces senadora Claudia López armó un debate en el que denunció los supuestos vínculos del detenido ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno con Cambio Radical y de su vínculos con Leonidas Bustos, involucrado en ‘El cartel de la toga’.

En 2018 también fue uno de los promotores de la consulta anticorrupción.

Sin embargo, cuando se destaparon los escándalos de corrupción en la alcaldía del alcalde polista Samuel Moreno en 2009, Robledo y Clara López hicieron parte de la facción del Polo que hasta el último momento respaldaron al entonces alcalde y su hermano, el entonces senador Iván Moreno. Robledo, que venía de dar durísimos debates contra el gobierno por temas de corrupción como Invercolsa y AIS, cuando se trató de su propio partido guardó silencio.

El dato no es preciso. La cifra que maneja la Cancillería desde 2012 y que sigue siendo usada oficialmente por Presidencia es de 4,7 millones de personas, que es ligeramente menor a la que cita Robledo. Un estudio de la Cancillería muestra el desempleo no es la única razón de los colombianos para emigrar, aunque sí la citan primera. Los otros motivos por los que los colombianos salen del país está “la reunificación familiar, el mejoramiento de los niveles de calidad de vida, y la oferta de estudios en educación superior”.

Fajardo sí fue elegido como mejor alcalde, pero no fue el único, eran cinco al tiempo, por categorías. Y sí fue elegido como mejor gobernador y su amdinistración encabezó los ránking de los asuntos que menciona.

En 2007, como alcalde de Medellín, obtuvo el premio de la organización Colombia Líder como mejor alcalde de Colombia, en la categoría de municipios con más de 500 mil habitantes. Colombia Líder es una iniciativa de la sociedad civil y el sector privado que desde 2006 hace seguimiento a la gestión de los gobiernos territoriales y premia mejor gobernador y mejor alcalde en cinco categorías de municipios, según su número de habitantes. Esto implica que, además de Fajardo, hubo otros cuatro alcaldes ganadores de la misma distinción en las otras categorías.

Ese año se evaluaron varios aspectos como: reducción de pobreza y desigualdades, política social, seguridad, infraestructura, participación ciudadana y desarrollo económico y gestión fiscal. Los temas de transparencia y lucha contra la corrupción no estuvieron entre los evaluados. Se le reconoció a Fajardo principalmente la transformación de los sectores más deprimidos de Medellín, con mejoras en infraestructura, seguridad y programas de emprendimiento.

En 2015 repitió premio de Colombia Líder, esta vez como mejor gobernador por su gestión en Antioquia. En esta ocasión se llevó la distinción principalmente por su desempeño en superación de la pobreza, educación, salud, seguridad y transparencia. Aunque Colombia Líder no evaluó directamente los aspectos que mencionó Fajardo, Antiioquia encabezó el ránking de transparencia de Transparencia por Colombia y del índice de gobierno abierto de la Procuraduría.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que hace una revisión todos los años del estado de los cultivos de uso ilícito, en 2020 había 143.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, de las que 56.701 estaban en la región Pacífica; y 119 hectáreas, en la Amazonía. Esto quiere decir que entre ambas regiones representaron un 36 por ciento de los cultivos ilícitos del país, una leve reducción si se compara con el 37 por ciento que pesaron en 2019. Es decir, la cifra que da el precandidato es ligeramente exagerada.

La afirmación del precandidato es falsa en dos sentidos.

Uno es que la modificación a la ley de garantías a la que se refiere fue la aprobada en octubre dentro del presupuesto 2022 y no tumbó toda la ley de garantías, sino una de las prohibiciones. En concreto era la de que alcaldes, gobernadores y entidades del Estado en general suscriban convenios interadministrativos cuatro meses antes de las elecciones. Esa prohibición nació en 2005 en la ley que reglamentó la reelección presidencial. Su espíritu era impedir que el Presidente que quisiera reelegirse coaccionara a alcaldes y gobernadores a través de giros para la ejecución de proyectos en regiones.

El segundo sentido es que no había prohibiciones semejantes antes, y si había controles, éstos no se eliminaron en la ley del presupuesto. Sobre prohibiciones similares, las exposiciones de motivos en otros proyectos de ley que también intentaron tumbar esa prohibición no se cita ningún antecedente relacionado en la suscripción de convenios interadministrativos. Y sobre controles, los que existan vía por ejemplo organismos de control, se mantienen como estaban antes.

Es cierto que como alcalde de Medellín (2004-2007) y gobernador de Antioquia (2011-2015), no hizo “ninguna coalición en el Concejo ni en la Asamblea para escoger un contralor o una contralora”.

Puntualmente, en la votación del Contralor de Antioquia en 2012 dos diputados de la época, Rogelio Zapata (Verde) y Rigoberto Arroyave (Liberal) le dijeron a La Silla que Fajardo estuvo distante de la votación en la que se eligió la contralora Luz Helena Arango. Arango fue elegida por una coalición en la Asamblea en la que no participaron los tres diputados del Partido Verde, que apoyaba a Fajardo.

Ahora bien, en 2012 Fajardo sí hizo una alianza con el liberal Aníbal Gaviria para gobernar juntos, él en la gobernación y Gaviria en la Alcaldía de Medellín. Esta alianza implicó que algunos de los funcionarios de la Alcaldía de Medellín eran cercanos a Fajardo, aunque él insistió en que no fue un acuerdo burocrático. Además, Fajardo sí tuvo una coalición en la Asamblea pero para otros temas, no burocráticos, y además variaba según el tema. El entonces diputado Arroyave le dijo a El Colombiano en 2012 que Fajardo estaba más cerca a los diputados: “Ahora sentimos que él (Fajardo) sabe que cometió errores cuando fue alcalde y ahora entiende que nos necesita para gobernar.”

La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca detalló a finales de octubre una nueva estrategia para la lucha contra las drogas en Colombia. Lo más llamativo de esta estrategia es que en ningún lado menciona la aspersión con glifosato, a pesar de tener como eje la erradicación de cultivos ilícitos , y se describe como un acercamiento “holístico” al problema de drogas con tres pilares:

• La reducción de la oferta: a través de erradicación de cultivos, destrucción de laboratorios de coca, reducción de la demanda, esfuerzos para impedir el lavado de activos y para llevar a narcotraficantes a la justicia.
• Seguridad y desarrollo rural: a través de la implementación del Acuerdo de Paz, inversión para el desarrollo rural, seguridad ciudadana y acceso a la justicia. Esto implica proteger a los líderes sociales, reducir la dependencia de los campesinos en la coca y ampliar la titulación de tierras.
• Protección del medio ambiente: principalmente a través de luchar contra los crímenes medioambientales, como la deforestación, que sostienen al narcotráfico. Esto a través de esfuerzos de reforestación y estrategias de patrullaje y seguridad más robustas.
• Sin embargo, no menciona explícitamente el enfoque en salud pública al que hace alusión Gaviria.

El TLC entre Colombia y Estados Unidos solo tiene 23 capítulos. Pero precisamente en el capítulo 23, el artículo 23.4, que habla de la entrada en vigor y terminación del contrato, dice que “Cualquier Parte podrá poner término a este Acuerdo mediante notificación escrita a la otra Parte, y dicha terminación surtirá efecto seis meses después de la fecha de la notificación.”

Cristo fue ministro del Interior (el encargado de sacar las leyes que le interesan al Gobierno en el Congreso) durante el primer año de reglamentación del Acuerdo de Paz, de 2016 a mayo de 2017, cuando renunció para su primera precampaña presidencial.

Para ese momento el gobierno de Juan Manuel Santos contaba con una aplanadora de mayorías en el Congreso con La U, el Partido Conservador, el Liberal, Cambio Radical y los cristianos. “La gobernabilidad que Santos puso como ejemplo ante el mundo estuvo determinada por la mermelada, y condicionó la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo”, dijo entonces la Revista Semana, que dirigía el sobrino de Santos, Alejandro Santos.

Y si bien en el Congreso hubo debates que trascendieron la entrega de cuotas políticas a cambio de votos, como la álgida discusión alrededor de la creación de la Jurisdicción de Paz, en La Silla Vacía reportamos cómo la bancada santista frenaba la aprobación o discusión de proyectos que reglamentaban el Acuerdo justamente por la falta de “representación” en el Gobierno o porque “los ministros no atendían” a los congresistas.

Un caso claro ocurrió en las discusiones del Estatuto de Oposición la conciliación del texto final de la JEP en la Cámara en abril de 2017. La U hizo una operación tortuga hasta que Santos no los recibiera. “Evidentemente la bancada de la Cámara sí tiene inquietudes sobre la representación en el Gobierno y estamos en todo el derecho de reclamar”, nos dijo en ese momento el congresista Didier Burgos.

En su recta final -y ya con Cristo fuera del gabinete- la aprobación de los proyectos terminó sufriendo retrasos por razones que incluían la exigencia de los partidos de más cuotas políticas, como contamos acá, acá y acá. Por eso, la afirmación de Cristo es más falsa que cierta, porque para la aprobación de varias de las normas de reglamentación del Acuerdo no solo medió la importancia de la paz en las regiones, sino la negociación política con las bancadas.

La última estadística del Dane reporta que entre enero y septiembre de este año el país importó 9,8 millones de toneladas métricas de productos agrícolas, que incluye alimento para animales, tabaco y semillas. El año pasado la importación de estos productos llegó a 13,8 millones de toneladas, es la cifra más alta de importaciones de productos agrícolas desde 2018.

La última estadística del Dane reporta que entre enero y septiembre de este año el país importó 9,8 millones de toneladas métricas de productos agrícolas, que incluye alimento para animales, tabaco y semillas. El año pasado la importación de estos productos llegó a 13,8 millones de toneladas, es la cifra más alta de importaciones de productos agrícolas desde 2018.

La última estadística del Dane reporta que entre enero y septiembre de este año el país importó 7,8 millones de toneladas métricas de alimentos, incluyendo bebidas. El año pasado la importación de estos productos llegó a 11,2 millones de toneladas, es la cifra más alta de importaciones de alimentos desde 2018.

Esta afirmación es falsa dado que el precandidato ha estado en el grupo ganador de las últimas cuatro elecciones a la Gobernación de Norte de Santander: en 2007 respaldó al ganador William Villamizar (quien tuvo el respaldo de la mayoría de la clase política del departamento); en 2011 apoyó a Édgar Díaz, quien se lanzó por firmas pero sumó dentro de sus apoyos a La U, el liberalismo y Cambio Radical. Díaz nombró en su gabinete a cuotas de Cristo; en 2015 volvió a respaldar a Villamizar; y en 2019 se sumó a la campaña de Silvano Serrano, el actual mandatario de ese departamento, e incluso participó en la entrega de un aval a Serrano.

En la Alcaldía de Cúcuta no le ha ido igual de bien: en 2007 su candidato, Hernando Angarita, perdió contra María Eugenia Riascos y en 2011 su hermano, el ahora senador Andrés Cristo, perdió contra Donamaris Ramírez. Sin embargo, en 2015 le apostó tanto a Carlos Luna como al ganador Cesar Rojas, candidato del condenado Ramiro Suárez.

En Estados Unidos la marihuana es ilegal según la ley federal, pero un 36 estados y cuatro territorios federales (Washington DC, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes), han aprobado algún tipo de programa de marihuana medicinal.

Varios artículos académicos (1,2 y 3) indican que la legalización de la marihuana medicinal ha resultado ser difícil de medir y que la evidencia científica de su impacto no es del todo concluyente.

Sobre los objetivos de salud pública, un estudio encontró que la aprobación de marihuana medicinal está asociada con menores tasas de mortalidad por sobredosis de opioides, ya que los consumidores cambiaban esas últimas drogas por cannabis. Sin embargo, indica que se requiere más investigación para determinar “cómo las leyes de cannabis medicinal pueden interactuar con las políticas destinadas a prevenir la sobredosis de analgésicos opioides”.

Otro estudio de 2015 que analizó los datos de 27 estados donde se aprobó el cannabis medicinal encontró que entre 1970 y 2012, hubo una reducción de 4 a 12 por en asaltos, hurtos y robos a propiedades. Pero indica que la despenalización tiene poco efecto y puede aumentar las tasas de criminalidad. Como no hay claridad sobre los efectos de la legalización de la marihuana medicinal, calificamos la fase de Gaviria como debatible.

Según un estudio de la Ocde, en 2019 Estados Unidos invirtió 48,9 mil millones de dólares en subsidios agrícolas; China, 185,9 mil millones; la Unión Europea, 101,3 mil millones. Números que son suficientemente cercanos a las cifras que dio Robledo para asumir que aproximó a partir de estos datos, aunque se alcanzó a descachar por casi 6 mil millones de dólares en el caso de China.

Cristo se atribuyó el crédito por el regreso de los Consejos Municipales de Juventud este año, algo cierto aunque más complejo de lo que lo dice…

Es cierto que como senador él fue el ponente en primer y segundo debate de la Ley estatutaria 1622 de 2011, que dice explícitamente que las votaciones a los Consejos de Juventud debían realizarse en octubre de 2012. Pero esto no se cumplió porque la Corte Constitucional solo avaló esa ley ese mismo mes de 2012, y los consejos quedaron en el aire. Luego, como ministro de Interior del Gobierno Santos, impulsó otro proyecto de ley para ponerle fecha a esas elecciones, que se convirtió en la ley 1885 de 2018. Esta estableció que los Consejos debían revivir “a más tardar, dentro de los dos años siguientes a la promulgación de la presente ley”, pero el Gobierno Duque tardó más debido a la pandemia. Finalmente, Duque apostó por revivir los Consejos de Juventud como una respuesta al descontento de los jóvenes que evidenció el paro de este año, y por eso se votó el domingo.