Detector al debate del Pacto Histórico de febrero

Detector al debate del Pacto Histórico de febrero
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Le pusimos el detector al debate que hicieron La Silla Vacía y Caracol Noticias a cinco precandidatos del Pacto Histórico: Camilo Romero, Gustavo Petro, Arelis Uriana, Alfredo Saade y Francias Márquez.

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Francia Márquez

El Dane mide anualmente el Índice de Pobreza Multidimensional, que incluye el análisis de 5 factores (acceso a trabajo, salud, educación y servicios públicos, así como el nivel educativo del hogar). El Dane reportó este año que para 2020 el índice nacional llegaba al 18,1 por ciento, mientras que para los indígenas era del 50 por ciento y para las negritudes de 29,2 por ciento.

Gustavo Petro

Cierto. En los últimos trece años el número de EPS en el país pasó de 72 a 32. Solo en el actual Gobierno han entrado en liquidación 12 EPS, según datos entregados ayer por el Superintendente de Salud, Fabio Echeverry, en esta entrevista.

Francia Marquéz

El artículo 7 de la Constitución dice que el Estado reconoce y protege la "diversidad étnica y cultural de la Nación." En el país sí se han desarrollado mecanismos para tratar diferencialmente minorías étnicas, como las circunscripciones electorales afro e indígenas, para asegurar que tengan participación en el Congreso; la consulta previa que estableció la Constitución para que comunidades étnicas puedan proteger sus territorios y cultura de intervenciones (esa figura incluso tiene frenado el regreso de las aspersión con glifosato); la Jurisdicción Especial Indígena permite que un miembro de una comunidad indígena pueda ser juzgado por sus propias leyes; e incluso en el Ministerio del Interior hay un viceministerio específico que se encarga de los asuntos de minorías.

Sin embargo, eso no significa que todas las luchas de las minorías estén reinvindicadas y reconocidas por el Estado ni que la diversidad esté total y perfectamente protegida. Por ejemplo, aunque en 1993 se aprobó una ley que reconoce la propiedad colectiva de comunidades negras en el Pacífico y establecer mecanismos para proteger la identidad cultural de negritudes, no se ha reglamentado aún y muchas de sus ideas siguen en el papel. Un estudio de 2019 de la Universidad del Externado sobre el reconocimiento de derechos de las minorías concluyó que aunque los derechos sociales han alcanzado un alto nivel de reconocimiento hay "barreras que se deben a crisis económicas, políticas y sociales" y a "la falta de compromiso para superar las circunstancias estructurales de pobreza y exclusión que padecen los habitantes de dichos Estados."

Gustavo Petro

Sí es una deuda billonaria según las dos fuentes del tema: un informe de la Superintendencia de Salud que las EPS deben 11,4 billones de pesos a las IPS (clínicas, hospitales, centros de salud, etc) y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (gremio de hospitales y clínicas privados y públicas) que estima que son 9 billones de pesos. Sin embargo, esta deuda no es solo de los privados, pues el Estado le debe plata a las EPS, que por eso siguen sin pagar. En 2019, el Ministerio de Salud estimaba esa deuda en 6,7 billones (5,2 billones con las de régimen contributivo y 1,2 billones con las del subsidiado), y con esa cifra armó la ley de Punto Final, con un plan para ponerse al día. A la fecha, por esa ley, el Gobierno ha saldado una deuda de 1,9 billones de pesos.

Gustavo Petro

La afirmación del candidato es cierta. Petro habla de los países que tienen costa sobre el Océano Pacífico, que incluye a potencias mundiales como China, Japón, Estados Unidos y Australia; países en vía de desarrollo como Colombia y Chile; y en extrema pobreza, como Papua Nueva Guinea.

De acuerdo con los indicadores del Banco de Desarrollo de Asia sobre este último país —uno de los más pobres del mundo— el 37.5 por ciento de su población vivía por debajo de la línea de pobreza en 2018.

Eso es casi 10 puntos porcentuales menos que el índice de pobreza multidimensional para Chocó en 2020, de acuerdo con el Dane, que mide variables como acceso a vivienda, educación, salud, salario y trabajo. Casi la mitad de la población —49 por ciento— presenta niveles de pobreza. En total nacional, Chocó es el tercer departamento con más nivel de pobreza, después de Vichada y Vaupés, que son mucho menos poblados.

Para 2020, el Pacífico colombiano era la región del país con más alto nivel de pobreza con el 30.9 por ciento de la población y es la región del país con mayor índice de pobreza, seguida del Caribe con 28 por ciento.

Francia Márquez

En junio de 2010 Márquez y Yair Ortiz Larrahondo, en representación del consejo comunitario del corregimiento de La Toma, presentaron una tutela contra varias entidades públicas por otorgar licencias a una concesión minera en La Toma sin haber tramitado la consulta previa. La Corte Constitucional, en la sentencia T-1045A, les dio la razón y suspendió la operación de la concesión minera hasta que las entidades garantizaran la consulta previa.

Francia Márquez

La sentencia T-1045A es del 2010 y no estableció el consentimiento libre e informado, sino que lo reiteró.

Lo estableció en 2009 otra sentencia de la Corte, la T-769 de 2009, de la Comunidad Bachidubi del Resguardo Río Murindó por otro caso de consulta previa.

Alfredo Saade

Según el reporte de Perfiles Económicos Departamentales del Ministerio del Comercio publicado en enero de este año, aunque el principal cultivo en el Cesar es el de palma de aceite con el 56,8% de los cultivos permanente (no solo sirve para producir alimentos, sino también productos como jabones, lubricantes y biocombustibles), el otro 39% corresponde a cultivos de alimentos, principalmente yuca (12,7%), plátano (5,2%), caña panelera (4,9%) y cítricos (4%). Además, el principal de los cultivos transitorios (los que se tienen que volver a sembrar una vez se recoge la cosecha) es el arroz con el 33,9%; además del maíz, la ahuyama o la pantilla.

Alfredo Saade

Si bien hay pruebas de que había infiltrados, no hay de que quien los haya infiltrado fuera el Gobierno. Por ejemplo, Amnistía Internacional documentó "actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados, quienes acompañaron a agentes de la Policía Nacional y, con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos". Y El País de Cali citó una fuente de inteligencia que les dijo que había las 185 investigaciones de la Fiscalía: “Hemos determinado también la existencia de funcionarios públicos que han instigado y organizado los desmanes que se han presentado. Por ello tendrán responsabilidad penal."

Francia Marquéz

El Gobierno no señaló a los manifestantes como "terroristas, criminales o vándalos" sino que hablaba de infiltrados sin generalizar. Por eso, en mayo el medio francés France 24 señaló "Duque cree que las protestas han sido infiltradas por los grupos rebeldes que se financian del narcotráfico". En abril el presidente dijo en su difunto programa diario Prevención y Acción "lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal", pero no señaló a los manifestantes como culpables de ello. Días después el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró "Colombia enfrenta una amenaza particular con unas organizaciones criminales" que están detrás de actos violentos, no de las protestas.

Sin embargo, en momentos críticos aprovechó para arremeter contra la primera línea, que hacía parte activa de las protestas y de los enfrentamientos con la Fuerza Pública, y calificarlos como delincuentes que deben ser judicializados. Incluso, criticó a los políticos que los apoyaban y descartó que fuese un grupo de activistas, calificándolos, incluso, como asesinos.

En suma, Iván Duque y su gobierno sí denunciaron infiltraciones durante varios hechos violentos en protestas del año pasado, pero no estableció que los manifestantes fuesen los culpables.

Gustavo Petro

Aunque en teoría el sistema no es asistencial, en la práctica sí.

El diseño del sistema de salud desde la ley 100 dice que las EPS deben implementar programas de prevención de la enfermedad. Y un porcentaje de la plata que reciben por cada paciente afiliado debe ir destinado a programas de prevención en salud. Sin embargo, en la práctica, el sistema también tiene incentivos para que las EPS ganen más plata si gastan menos en cada paciente.

Las EPS tienen reciben plata por dos vías: una es la UPC (unidad por Captación) que es un monto fijo que reciben cada mes por cada paciente afiliado, y debería cubrir el plan básico de salud. Esta plata les llega independientemente de que presten o no un servicio, lo que quiere decir que pueden optar por evitar que sus pacientes se enfermen (que es lo ideal) o retrasar la atención de los pacientes en detrimento de su salud.

La otra fuente de financiación son los presupuestos máximos, que es una plata que les gira el Adres (una entidad del gobierno que administra la plata de la salud) con la que deben financiar todos los tratamientos y servicios que deben prestar y que no están en el plan básico de salud. Allí pasa algo similar a lo de la UPC: como el Gobierno las gira por adelantado, las empresas tienen un incentivo para no invertir el dinero en sus pacientes.

Como resultado, el sistema de salud es más eficiente en atender las enfermedades existentes que en prevenirlas. Hay un proyecto de decreto del Ministerio de Salud que busca crear un estímulo económico adicional a las EPS que tengan mejores resultados en prevención de diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica, pero aún no ha salido el primer borrador.

Gustavo Petro

La mayoría de la junta sí la nombró Duque, pero ninguno es del partido de Uribe.

Por diferentes circunstancias, el presidente Iván Duque terminó siendo el primer presidente en 30 años en nombrar a seis de siete miembros de la junta directiva del Banco (el anterior fue César Gaviria, que nombró a la primera junta tras la expedición de la Constitución). El último fue su polémico exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en agosto de 2021. Todo eso aumentó las dudas sobre la independencia del organismo.

Duque nombró a codirectores con estrechos lazos con el uribismo, como el mismo Carrasquilla, que fue ministro de Hacienda de Álvaro Uribe; y Bibiana Taboada, hija de la embajadora Alicia Arango, exministra de Duque, exsecretaria privada de la Presidencia de Uribe y fundadora y ex directora del Centro Democrático. Sin embargo, ninguno de los dos ha pertenecido al Centro Democrático y Carrasquilla se ha ido contra indicaciones de Uribe, como cuando inistió en subir en IVA en la fallida reforma tributaria de 2018.

Otros codirectores fueron nombrados por Duque, pero no tienen lazos con el Centro Democrático: Jaime Jaramillo y Mauricio Villamizar son dos técnicos; el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, tiene lazos con el conservatismo.

Además, que Duque haya nombrado a la mayoría no significa que le hagan caso. El caso más reciente ocurrió en diciembre cuando, contra la petición del presidente, el Banco subió la tasa de interés al 3 por ciento.

Gustavo Petro

La frase es cierta pero no tiene que ver con la situación actual de la junta.

Es verdad que la reelección modificó el sistema de pesos y contrapesos de los poderes públicos, incluyendo el Banco y permitió que Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos eligieron cada uno a cuatro de los siete miembros de la junta directiva del Banco, dos por cada periodo, cuando la idea de la Constitución es que ningún presidente pudiera poner la mayoría. De acuerdo con el analista y doctor en economía, Sergio Clavijo, la Corte Constitucional “erradamente”, al definir la legalidad de la reelección presidencial, “conceptuó que la permanencia del Ejecutivo no incidirá sobre las altas cortes o el Banco de la República.

La reelección presidencial quedó eliminada en 2016, tras una reforma constitucional que impulsó Santos tras ser reelegido. Duque, al ser elegido, tenía la posibilidad de cambiar solo a dos miembros pero terminó poniendo las mayorías porque, entre 2019 y 2021, cuatro codirectores renunciaron aduciendo razones personales.

Francia Márquez

La Corte Constitucional ha establacido que el consentimiento previo es en principio vinculante pero solo aplica cuando se buscan hacer "planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que tengan mayor impacto dentro del territorio de afrodescendientes e indígenas". La finalidad es que esos planes no produzcan cambios sociales y económicos profundos, como la pérdida de sus tierras tradicionales, el desalojo, la migración, el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, sin su anuencia. Sin embargo, en la sentencia SU-123 de 2018, la Corte adviritió que en casos excepcionales (como la necesidad de relocalizar un pueblo para prevenir o mitigar un desastre natural), no se necesita ese consentimiento o no es vinculante, es decir, se puede hacer el proyecto incluso si están en contra.

La referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre la consulta previa en comunidades indígenas y afro se refiere a una sentencia de 2007 que falló a favor del pueblo Saramaka contra el Estado de Surinam. En ella la Corte Idh dijo que las consultas previas son vinculantes cuando se trate “de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones”. Ese fue uno de los argumento que tuvo en cuenta la Corte Constitucional en la tutela que ganó Márquez a favor del consejo comunitario La Toma.

Gustavo Petro

La Constitución dice específicamente que el Banco de la República "velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda" y que "lo hará en coordinación con la política económica general",. Eso quiere decir que el primer objetivo, lucha contra la inflación, es cierto, pero no que el segundo sea garantizar equidad social o aumentar la producción, porque la política económica puede concentrarse en otros objetivos, como aumentar el bienestar, mejorar la eficiencia económica, reducir el desempleo o desarrollar ciertos sectores económicos.

Francia Márquez

Colombia no ha sido el único país en el que se han asesinado jóvenes protestantes, aunque las cifras en países cercanos sean mucho menores.

Por ejemplo, durante el estallido social chileno entre octubre de 2019 y marzo de 2020, hubo 34 muertos. De ellos, al menos cinco tenían entre veintidós y veinticuatro años. José Miguel Uribe , tenía veinticinco años y fue asesinado por un militar. Manuel Rebolledo y Kevin Gómez, de veintitrés años, también. Parte de los motivos de las protestas en Chile era también la falta de recursos en la educación y la búsqueda de una mejora en ese sector.

En Ecuador, durante las protestas de 2019, Human Rights Watch individualizó once fallecidos. De esos, al menos uno era joven: Marco Oto, de veintiséis años, que falleció mientras huía de la Policía. Aunque la educación no fue protagonista de las manifestaciones, sino algunas medidas económicas, sí se documentó violencia, incluyendo enfrentamientos con las autoridades.

O en Venezuela, en 2015, hubo manifestaciones masivas por el asesinato de Kluvier Roa, un estudiante de catorce años, a manos de un policía durante una protesta. De hecho, el movimiento estudiantil de ese país ha denunciado, alrededor de su historia, varios casos de detenciones, torturas y muertes.

Gustavo Petro

Aunque ya existía un protocolo que atendiera la movilización con gestores de convivencia que se encargaban de ser la comunicacion entre la institucionalidad y la comunidad, sí se creó un nuevo protocolo entre la Alcaldía de Petro y el Gobierno Nacional. Hacia el final de la alcaldía se instaló una mesa de diálogo con miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos, delegados de la secretaría de Gobierno y la Alcaldía. De allí salió el decreto 563 del 21 de diciembre de 2015, un protocolo de comportamiento para todas las movilizaciones sociales con acciones para antes, durante y después de la protesta y creó la Mesa Distrital de seguimiento al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y movilización social pacífica, que aún existe.

Gustavo Petro

Petro se refiere a su programa “Territorios saludables”, una estrategia en la que contrató a 6 mil personas, entre médicos y profesionales de ciencias humanas y ambientales, para que se dividieran en mil equipos que fueran a casas, jardines y colegios de población vulnerable para promover hábitos saludables. Pero su propia rendición de cuentas dice que los 3.757.890 beneficiados del programa entre agosto de 2012 y 2015 lo fueron no por recibir médicos que determinaron en qué condiciones vivían, sus posibilidades de enfermarse y los correctivos necesarios, sino que sencillamente recibieron "información y educación. "Es así como desde el 2004 hasta el 31 de agosto de 2015, han recibido acciones de información, educación y comunicación en salud 1.262.228 familias, que son integradas por 3.759.890 personas", dice la rendición. Encima, según el "libro blanco" de Enrique Peñalosa, el 23 por ciento de los contratistas de Territorios saludables no tenían ni diploma de bachilleres y trabajaban sobre todo repartiendo los periódicos de la Bogotá Humana.

Gustavo Petro

Aunque el sistema puede tener problemas, sí existe. La ley 1438 de 2011, que reformó el sistema general de seguridad social en salud dio el marco general de la política de atención primaria y el sistema preventivo en salud, atribuyéndole a las entidades territoriales, en particular a las Secretarías de Salud, la responsabilidad de diseñar e implementar las estrategias para garantizar la atención primaria en salud, y prevenir enfermedades. En el marco de esta ley, entidades territoriales como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y La Guajira, han diseñado e implementado planes regionales para garantizar el acceso básico de sus ciudadanos a servicios de salud.

Camilo Romero

Romero no mencionó puntualmente qué EPS se montó con millón de pesos. Pero sí hay por lo menos una que se creó con ese capital inicial. Se trata de Medimás, que nació jurídicamente en 2017 y que, según sus documentos oficiales registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá, se constituyó con un millón de pesos.

Gustavo Petro

El "cuerpo especializado" existía desde antes de la alcaldía de Petro, es un modelo que ya operaba y que se ha modificado en distintas alcaldías. Los gestores de convivencia han sido los encargados de "establecer los canales de comunicacion entre la institucionalidad y la comunidad", según Gabriel Rondón, coordinador del grupo de Gestores de Convivencia en una entrevista a la Universidad Distrital, donde se afirma, que este grupo se formó en 2008, en la alcaldía de Samuel Moreno. Por ejemplo, en 2009, una investagación de la Universidad del Rosario ejemplificó una de las funciones de los gestores.

Gustavo Petro

Los reportes oficiales sobre la implementación del programa "Territorios Saludables" no especifican el número de consultas que se hicieron por año. Por ejemplo, en este informe de Así Vamos en Salud se refieren a la población global intervenida. Además, su rendición de cuentas dice que de 2012 a agosto de 2015 el programa sumó 9 millones de atenciones, fueran o no consultas, por lo que no hay manera de que sumen 15 millones de consultas al año. El mismo Petro ha dicho en sus redes sociales que los resultados de su programa de salud en el último año son mucho más bajos: en 2020 dijo que en su tercer año de gobierno el programa sumó 4,9 millones de consultas, y hace menos de un mes que el mejor año fueron 7,5 millones de consultas. Es decir, en el debate dio una cifra que duplica la más alta que él mismo había dado hasta ahora.

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