Estas son algunas razones esgrimidas por expertos –y recopiladas por la Comisión de Seguimiento a la Política sobre Desplazamiento Forzado en este texto- sobre por qué la ley debería abarcar las víctimas desde los 80.
Estas son algunas razones esgrimidas por expertos –y recopiladas por la Comisión de Seguimiento a la Política sobre Desplazamiento Forzado en este texto- sobre por qué la ley debería abarcar las víctimas desde los 80.
A partir del gobierno de Julio César Turbay, y más específicamente de su Estatuto de Seguridad, se da un incremento significativo del número de desaparecidos registrados por el Comité Permanente para los Derechos Humanos (55 en 1979 y 149 en 1982). A partir de 1982, el aumento en el número de desaparecidos en Colombia fue continuo hasta 1998 (entre 200 y 300 desaparecidos por año). Desde el 98, se registran entre 278 y 735 desaparecidos por año, según información de la Comisión Colombiana de Juristas y del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. El CINEP calcula que entre 1988 y 1993 se produjeron en Colombia 1.154 despariciones forzadas.
Aunque el investigador Luis Jorge Garay explica que no hay coincidencia entre las cifras de la Policía, la Defensoría del Pueblo, Planeación Nacional y la Comisión Permanente de Derechos Humanos, esta última identfica que en 1980 se cometieron 13 casos de homicidios colectivos de tres o más civiles y 50 víctimas, y que a partir de allí comenzaron a ser más frecuentes las masacres. El estudio "Las masacres en Colombia” de María Victoria Uribe y Teófilo Vásquez” identifica 37 masacres cometidas entre 1982 y 1992 en las que murieron más de 12 personas. Entre ellas, las tristemente célebres masacres de Segovia, Tacueyó (en la que la guerrilla mató a 164 de sus miembros por ‘infiltrados’) y El Tomate.