Discusión por plata agudiza desconfianza entre la ministra Corcho y los privados

La pelea por la plata

El mal ambiente fue más evidente después de que la ministra Corcho hablara ante el Congreso para pedir más recursos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2023 y dijera que hay un déficit que puede afectar el rubro del aseguramiento, que es donde está la plata que les llega a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), una figura que ella buscaría acabar con una posible reforma.

Para determinar cuánto presupuesto debe transferir el Gobierno a las EPS, el Ministerio de Salud calcula la plata que requieren los afiliados para ser atendidos cada año, la sonada Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Esa UPC es el monto que le asigna el Gobierno a las EPS para que atiendan a cada afiliado y ahí está el centro de la discusión entre la visión de Petro y los privados sobre el sistema de salud.

Desde campaña, Petro dijo que se debían reformar las EPS y unificar el régimen contributivo y subsidiado en uno único, público y universal. Esa es una idea que también promueve Corcho, con el argumento de que las EPS no deberían existir porque se lucran del dinero público de la salud por medio de la UPC y no aseguran el buen servicio.

En la otra orilla está el sector privado, que dice que cumplen una función de aseguradores y su labor hace mucho más eficiente la prestación de un servicio que es un derecho fundamental. Según estas entidades, si tienen un incentivo económico pueden distribuir mejor ese dinero.

En medio de estas diferencias que ya se venían dibujando desde la campaña, en un debate sobre el PGN en salud para el otro año, Corcho puso sobre la mesa las cifras sobre la plata que se necesitaría para la UPC en 2023, lo que prendió las alarmas entre los privados.

En el presupuesto que había dejado el gobierno de Duque para el sector salud en 2023, se decía que había un déficit por solucionar de 8,1 billones de pesos. De esos faltantes, le asignaba 4 billones a la UPC. Eso significaría un incremento de 14,97% para la UPC, que sería superior que la inflación que se espera para el 2022, que sería de alrededor del 11%.

Sin embargo, Corcho planteó que podría haber otro escenario en el que no sean necesarios los 8,1 billones de pesos, sino 3,8 billones de pesos. Eso implicaría un aumento de apenas 12% y de 2,1 billones de pesos para la UPC.

Luego de esa intervención, en un artículo del asesor senior de El Tiempo, Ricardo Ávila, argumentó que la falta de recursos significaba “un estrangulamiento financiero que profundizará los problemas ya existentes”. Según el artículo de Ávila, la reducción de recursos era un intento de la ministra Corcho por precipitar una crisis entre las EPS para ambientar una reforma para acabarlas.

Después de eso, el gremio que reúne a algunas de las principales EPS, Acemi, también salió a mostrar su preocupación por el futuro del sector salud. “El inminente desfinanciamiento del sistema de salud representaría un riesgo para la salud y la vida de los colombianos, y para la garantía de los ingresos de los trabajadores del sector”, dijeron en un comunicado.

¿El sector está en crisis?

Luego de una semana en la se cuestionó el manejo de los recursos del sector y el futuro de las EPS, la ministra de Salud convocó una rueda de prensa donde aseguró que el sector ya estaba en crisis y que la discusión presupuestal no responde a un plan para debilitar las EPS.

“Estamos en medio de la crisis y la propuesta de reforma a la salud no es un momento caprichoso e ideológico, no se equivoquen en eso. Hay una crisis".

Al respecto, Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, dijo que si bien “el sistema de salud ha tenido deficiencias, lo cierto es que el país tiene hoy la mayor cobertura de afiliación a salud y también del Plan de Beneficios en Salud (PBS)”, subrayó.

Paula Acosta, presidenta de Acemi, le explicó a La Silla por su lado que si bien el sector reconoce que hay varios problemas con el sector salud que se deben ajustar, “una estrechez como esa en el presupuesto puede empeorar la situación del sector”, dijo.

Lo cierto es que si bien el sistema de salud ha tenido falencias que ha abierto huecos en las finanzas públicas, los indicadores muestran que la cobertura en afiliados y en procesos ha mejorado significativamente desde la creación de las EPS.

Un análisis del centro de estudios económicos Anif muestra que desde los noventas el acceso a la salud ha mejorado significativamente. “Hoy más del 99% de la población está afiliada al Sistema. En las últimas décadas hemos logrado cerrar la brecha en cobertura, garantizando acceso a la salud a todos sin importar su nivel de ingreso”.

Incluso un estudio internacional, publicado por The Lancet, analizó la cobertura en materia de calidad, cobertura y gasto de bolsillo de los sistemas de salud de 204 países y Colombia es el segundo mejor país de América Latina en esos aspectos, por encima de los sistemas de salud de Argentina, México y Cuba.

La desconfianza que sembró Corcho

En medio de esa discusión, las EPS, proveedores, hospitales, clínicas y hasta las cajas de compensación han mostrado su preocupación e incertidumbre sobre lo que se viene para el próximo año. Todavía no se conocen los puntos clave de esa reforma, al mismo tiempo que existe la amenaza de que el sector funcione con menos plata, mientras los servicios y los afiliados se incrementan.

Según el ministerio de Salud, actualmente están trabajando en un borrador de proyecto de ley que presentarían entre octubre o noviembre para que la reforma se discuta con todos los actores del sector. El plan sería conciliarlo con estos actores y luego presentarlo en febrero, según le dijo a La Silla Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social.

Ante las preguntas sobre si las EPS se van a acabar, que se han multiplicado desde que Corcho llegó al cargo, el viceministro de Protección Social le respondió a La Silla con ambigüedad: “si se mira la situación problemática de las EPS, hay un cuestionamiento de fondo y es que no está contribuyendo a la garantía de la salud de los colombianos, como lo dice la Constitución”, explicó. Pero no dio detalles sobre ese posible plan.

Mientras aterriza, los privados siguen preocupados por la falta de información y de claridad con lo que se viene con ese plan. Algunos siguen pensando que esa asignación de menores recursos es un plan para asfixiar a las EPS.

“Eso del presupuesto aparece como una amenaza. En conversaciones, la minSalud ha dicho que no le quiere dar más plata a las EPS. Es decir, para generar una reforma tiene que causar la crisis”, le dijo a La Silla una fuente del sector que prefirió no revelar su nombre.

Elisa Torrenegra, directora ejecutiva del gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado que corresponde a 24 millones de personas (Gestarsalud), también le expresó a La Silla su preocupación. “Todavía no conocemos el documento definitivo de la reforma y preferimos esperar para poder discutir. Pero sí nos parece importante que haya declaraciones oficiales” sobre el futuro del sector.

En una entrevista en El Tiempo, Adriana Guillén, presidenta del gremio de cajas de compensación, que atiende a 14 millones de personas, dijo que debe haber claridad del camino que tomará la reforma.

“La gente tiene que saber qué va a pasar, quién la va a atender, quién le va a decir cuál es la ruta a seguir cuando esté enfermo. Eliminar a un actor del sistema que ya aprendió a hacer las cosas, y que las está haciendo bien, no es la solución. Es normal que salgan las EPS que no tenían la capacidad financiera y operativa, pero que se vayan quedando las que saben hacer bien las cosas”, dijo en la entrevista.

Lo cierto es que mientras se conoce la reforma, la ministra tendrá que lidiar con un sector que tiene una profunda desconfianza, al mismo tiempo que la visión sobre el sistema de salud se convertirá en una batalla entre Corcho y los privados.