¿Dónde terminó la carta que la JEP le envió a Paraguay sobre el caso Granda?

¿Dónde terminó la carta que la JEP le envió a Paraguay sobre el caso Granda?
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Un mes antes de la retención de Rodrigo Granda en el aeropuerto de Ciudad de México, la Jurisdicción Especial para la Paz, consciente de que existía una orden de captura vigente en su contra en Paraguay por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas hace 17 años, envió una carta al gobierno de ese país contándole cómo avanzan sus investigaciones en el caso de secuestro.

Sin embargo, a pesar de que el gobierno de Iván Duque remitió la carta de la JEP el 22 de septiembre, altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo y de la rama judicial paraguaya dicen no haber recibido ninguna comunicación de Colombia sobre el caso de la hija del ex presidente Raúl Cubas.

En esa carta, la Sala de Reconocimiento del tribunal informó a las autoridades judiciales paraguayas que el caso 01 de la justicia transicional ya está en la fase de acusación contra ocho ex comandantes por los miles de secuestros cometidos por la guerrilla y que la calificación jurídica de crimen de guerra y crimen de lesa humanidad que dio al delito es la más alta posible a nivel internacional. Les contó sobre la decisión manifestada por Granda en abril de aceptar los cargos de la JEP y sobre su expresión de voluntad de aportar verdad en el caso Cubas. Para poder contrastar lo que diga Granda, le pidió a la Fiscalía General paraguaya remitir el expediente del caso Cubas.

Y le contó que estos pasos permitirán que Granda se convierta en uno de los primeros condenados por el tribunal por crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo que le acarreará -si cumple con las cuatro condiciones de reconocer su responsabilidad, aportar verdad, reparar a sus víctimas y no volver a delinquir- una pena no carcelaria pero con restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años. Si no las cumple, recibirá una pena en prisión de 15 a 20 años.

Solo que, como la JEP es una institución de la rama judicial y que quien firma los convenios de cooperación judicial es el ejecutivo, la justicia transicional trasladó esa carta al gobierno de Iván Duque para su envío a Asunción ese mismo mes de septiembre. Como prueba de ello, el Ministro de Justicia Wilson Ruiz nos envió la carta de la JEP, la misiva del Ministerio a la Fiscal General paraguaya y el reporte de 4-72.

Pero, consultados por La Silla en colaboración con JusticeInfo y el diario paraguayo ABC Color, los paraguayos niegan haberla recibido.

“No llegó ninguna carta de ningún tipo. Hice el chequeo inclusive con el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional por si la misiva hubiera ingresado por ese lugar, pero nada tenemos. No llegó nada a Paraguay vía diplomática”, dijo el Canciller Euclides Acevedo a ABC Color.

La Fiscal General Sandra Quiñónez, célebre porque lideró originalmente la investigación del caso hace 17 años, no respondió a preguntas de La Silla y JusticeInfo, pese a que la carta del Ministerio de Justicia colombiano del 22 de septiembre fue dirigida a ella. Quiñónez nos remitió a su periodista de cabecera, Ignacio Martínez, quien tampoco respondió las preguntas.

“No estamos al tanto de la carta, no tenemos conocimiento ni en Asuntos Internacionales ni en la Fiscalía General del Estado, tampoco los fiscales a cargo del caso Cecilia Cubas. Si hubo una transmisión, tuvo que ser diplomática”, dijo el fiscal especializado en asuntos internacionales Manuel Doldán a ABC Color, pese a que la carta del gobierno colombiano copia a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público.

Esto es significativo porque la decisión de Paraguay sobre si continuar procesando a Granda y solicitando su captura internacional –como ocurrió el martes pasado en Ciudad de México- depende en gran medida de que sus jueces, fiscales y diplomáticos puedan valorar los avances de la JEP en Colombia. Si Paraguay entiende que el caso satisface los derechos de víctimas paraguayas de las FARC, podría renunciar a la persecución penal de Granda – y condicionar esa acción a que aporte las verdades que clama la familia de Cecilia Cubas.

El crimen que sacudió a Paraguay

El 21 de septiembre de 2004, desconocidos interceptaron el carro que conducía Cecilia Cubas en San Lorenzo, una ciudad universitaria en el área metropolitana de Asunción. Un grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se atribuyó el secuestro y exigió un rescate de 3 millones de dólares, enviando a su familia pruebas de vida en las que se veía a la empresaria de 31 años cada vez más demacrada físicamente.

El caso tuvo gran despliegue mediático debido a que este tipo de delitos no eran comunes en Paraguay y porque la víctima provenía de una prominente familia política. Su padre Raúl Cubas Grau había sido ministro de Hacienda y fue electo presidente en 1998, aunque se vio obligado a renunciar al cargo tras solo siete meses después de que su vicepresidente Luis María Argaña fuese asesinado, y su madre Mirta Gusinsky fue senadora.

Tras dos meses de silencio de los secuestradores, el 16 de febrero de 2005 los fiscales allanaron una casa en Ñemby, otra localidad cercana a la capital paraguaya. Bajo el piso falso de la cocina encontraron un túnel y, dentro, los restos de una persona con señales de tortura y de haber sido enterrada viva. Las pruebas forenses confirmaron que era Cecilia.

Cuatro personas fueron condenadas por el escabroso crimen, a penas de prisión de entre 25 y 35 años. Entre ellos estuvo Osmar Martínez, señalado por el Ministerio Público paraguayo de ser el cerebro del secuestro y el nexo con las FARC. Según los fiscales, Martínez había estado en Caracas meses antes del secuestro en un curso de entrenamiento con Rodrigo Granda, conocido como el ‘canciller’ de la guerrilla.

Un informe pericial señaló también que ambos habrían intercambiado al menos 32 correos antes y durante el plagio de Cubas, en los que Granda le daba consejos sobre la planeación del rapto y la conducción de la negociación, según contó ABC Color. Los fiscales acusaron al jefe guerrillero de ser el dueño de la cuenta trotador505@hotmail.com y un juez ordenó su captura por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso en 2008. Por todo esto, Silvia Cubas lo describe como el “director técnico” del secuestro de su hermana.

Esa orden de captura vigente es el origen de la circular roja de Interpol por la que estuvo retenido varias horas en el aeropuerto de Ciudad de México hasta que el gobierno de López Obrador decidió permitirle retornar a Colombia, eligiendo así no atender la solicitud de extradición de Paraguay y despertando la ira del gobierno de Abdo. Su deportación exprés evitó lo que podría haberse podido convertirse en una larga saga jurídica como la que mantuvo al dictador chileno Augusto Pinochet en Londres durante año y medio.

A pesar de que el manejo que le dio México a la crisis significa que Granda podrá continuar en la JEP, su breve detención levanta preguntas sobre qué pasará con los delitos cometidos por integrantes de las FARC en otros países o contra ciudadanos extranjeros – o incluso si otro país abre un caso contra alguno de ellos invocando la jurisdicción universal. Y, sobre todo, cuál será la estrategia del Gobierno y la justicia transicional colombianos para persuadir a esos otros países –para quienes sus procesos y penas alternativas no son vinculantes- de que Colombia sí está cumpliendo con sus deberes de investigar estas atrocidades y satisfaciendo los derechos de las víctimas de sus países.

Los secuestros internacionales de las FARC

La magnitud de los secuestros, por años la práctica más repudiada de las FARC, fue tal que hay 2.456 víctimas acreditadas ante la JEP como partes en el caso. Entre sus víctimas también hubo varios ciudadanos extranjeros.

El auto de acusación de la JEP documenta al menos diez de estos casos. Quizás el más conocido sea el de Keith Stansell, Marc Goncalves y Thomas Howell, los tres contratistas de defensa estadounidenses que realizaban un sobrevuelo de detección de cultivos de coca y cuya avioneta fue derribada por la guerrilla. Permanecieron secuestrados cinco años, hasta que fueron liberados en la Operación Jaque en 2008 en la que recobró la libertad Ingrid Betancourt.

Pero son más. El más antiguo que encontró el tribunal fue el del canadiense Eric Leupin, cónsul honorario de Holanda, que describió su rapto en 1974 en el Nevado del Huila como “haber estado en otro planeta”. Se multiplicaron en los años 90: en 1996 el hacendado italiano Danilo Conta estuvo secuestrado durante seis meses en Samaná (Caldas). Dos años después, cuatro turistas gringos y uno italiano fueron secuestrados mientras buscaban al huidizo y amenazado tororoí de Cundinamarca, una de las 1.921 especies que hacen de Colombia el país con mayor número de aves en el mundo. En 2001, tres funcionarios alemanes de la agencia de cooperación GTZ fueron secuestrados en Silvia (Cauca).

En algunos casos la presión política logró evitar desenlaces trágicos. Un ingeniero mexicano plagiado en Ortega (Tolima) fue liberado dos semanas después de que el presidente Vicente Fox amenazó en 2002 a las FARC con suspender la visa de los integrantes de la ‘comisión internacional’ que mantuvo esa guerrilla allá durante el fallido proceso de paz del Caguán.

En otros, la guerrilla asesinó a sus rehenes. En 2003, fue encontrado el cuerpo del japonés Chikao Muramatsu, vicepresidente de una empresa de autopartes, por quien las FARC llevaban dos años exigiendo un absurdo rescate de 27 millones de dólares. Cuatro años atrás, asesinaron a tres activistas indígenas estadounidenses que acompañaban al pueblo u’wa en su oposición a un proyecto petrolero de Oxy. Los habían plagiado en febrero de 1999 en Cubará (Boyacá), por orden del fallecido comandante Germán Suárez ‘Grannobles’, abandonaron sus restos una semana después en la frontera con Venezuela.

Para la JEP, este caso de Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Larry Gay Lahe’ena’e revela “la particular vulnerabilidad de las personas de nacionalidad extranjera que fueron consideradas pertenecían a cuerpos de inteligencia foráneos, especialmente la CIA” y la percepción errada de que por no ser colombianos eran ricos. De hecho, la madre y la pareja de Freitas son dos de los extranjeros que están acreditados como víctimas intervinientes en el caso en Colombia.

Justicia transicional colombiana vs. justicia paraguaya

Los principales escollos en el caso Granda están en que el secuestro de Cecilia Cubas ocurrió en otro país y que las FARC no dieron la orden, sino que dos de sus integrantes –Granda and Orlay Jurado ‘Hermes Aguilar’- habrían actuado como facilitadores. Aún así, el proceso liderado por la JEP podría aportar algunas de las verdades que la familia Cubas aún busca – siempre y cuando logre escapar del conflicto de jurisdicciones que quedó latente en México.

La razón es que la JEP no investiga casos individuales, sino que centra sus esfuerzos en macro-casos que develan las políticas y patrones de los crímenes más emblemáticos y los ilustra con ejemplos representativos. Es así como la acusación de secuestro –una atrocidad tan simbólica que es su ‘caso 01’- referencia las historias de cientos de víctimas con nombre propio y detalles concretos.

Para lograrlo, sin embargo, Colombia deberá persuadir a Paraguay de que, aunque los procesos de su justicia transicional no son vinculantes para otros países, las condenas a cabecillas de las FARC pueden también proveer justicia en un caso que sigue siendo una herida abierta allí. De hecho, durante la negociación de paz con la guerrilla, funcionarios del Gobierno hablaron con sus homólogos en Asunción para explicar el sistema de justicia transicional propuesto, aunque en ese momento los esfuerzos fueron infructuosos.

“Pensamos que la JEP es competente para conocer este asunto y que la vía más expedita, como lo ha manifestado Ricardo [Granda], es comparecer ante la jurisdicción para esclarecer estos hechos, que son desde el punto de vista personal, material y temporal hechos relacionados con el conflicto armado”, dice Diego Martínez, su abogado en el proceso.

Si en cambio Paraguay continúa con el proceso judicial y condena a Granda, como prometió esta semana su canciller, esa sentencia se mantendría vigente. Si terminara extraditado allí en el corto plazo, pondría en entredicho su condena en Colombia y en paréntesis los compromisos de verdad y reparación que asumió con miles de víctimas de secuestro allí. Si el pedido se mantiene después de que él purgue su sanción, significaría que seguramente no podría salir del país o, en caso de hacerlo, exponerse a otra saga como la del aeropuerto de Ciudad de México.

Diplomacia transicional

Al final del día, que Paraguay y otros países cuyos nacionales han sido víctimas de las FARC decidan si las decisiones de la justicia transicional colombiana constituyen un cierre jurídico satisfactorio es un asunto de diplomacia y cooperación judicial. Implica que el conjunto del Estado colombiano, no solo el tribunal, mantengan a esos países enterados de los avances, compartan con éstos los testimonios que puedan ser relevantes y, en general, que hagan una pedagogía sobre la apuesta colombiana de juzgar a los máximos responsables y otorgarles penas más benéficas si satisfacen los derechos de las víctimas.

“Por eso la cooperación es tan importante para comunicarle a los otros países lo que estamos haciendo para investigar los crímenes más graves y que nos den la oportunidad de transitar hacia la paz”, dice Mónica Cifuentes, quien fue la gerente jurídica de la negociación.

Sin embargo, en un gobierno que intentó modificar la JEP y escéptico del acuerdo de paz, esa no parece haber sido una prioridad. Aunque el Ministerio de Justicia colombiano remitió la solicitud de asistencia judicial de la JEP con celeridad, no hay una sola mención en su carta al hecho de que Colombia firmó un acuerdo de paz, ni mucho menos hay pedagogía sobre cómo la justicia transicional podría ayudar a satisfacer derechos de víctimas en Paraguay.

Y en todo caso, hay un precedente ya de una carta escrita por la JEP a un gobierno extranjero que no llega a su destino a tiempo. Uno de los mayores escándalos de Duque ocurrió cuando se descubrió que el documento enviado a Estados Unidos, pidiendo acceso al acervo probatorio contra Jesús Santrich para decidir si era viable su extradición hacia ese país, fue enviada por el Ministerio de Justicia por correo ordinario y se quedó atascada en Panamá.

Aunque el caso Cubas es el primero que surge, Paraguay no es el único país donde esta diplomacia será necesaria. De hecho, es probable que otros ex guerrilleros tengan procesos penales abiertos en otros países por delitos transnacionales como narcotráfico. Por ejemplo, ‘Simón Trinidad’, uno de los cerebros financieros de las FARC, fue condenado a 60 años en Estados Unidos por el secuestro de los tres contratistas de defensa, pese a que no tenía siquiera mando sobre la unidad que lo llevó a cabo ni liderazgo dentro de la organización. A eso se suma que los archivos del computador del ex jefe guerrillero Raúl Reyes, que fueron analizados por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) de Londres tras su incautación en 2008, evidenciaron la magnitud de contactos internacionales de las FARC – subrayando que son muchas más las verdades que aún deben por fuera de Colombia.

Es probable que la diplomacia ya haya jugado un rol en la decisión de México -que ha respaldado el acuerdo de paz colombiano y que integra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que autorizó la misión de ese organismo para monitorear el desarme de las FARC y la que ahora verificará que se cumplan las sanciones de la justicia transicional- de deportar a Granda a Colombia para que sea condenado por la JEP.

Tanto como la diplomacia de Colombia puede pesar la actitud del propio Granda. Si sigue insistiendo, como dijo al retornar a Colombia, que “no tenemos miedo de salir a ningún lado, porque no debemos nada”, la familia Cubas y Paraguay podrán insistir en mantener el choque de jurisdicciones.

Este reportaje apareció publicado originalmente en JusticeInfo. 

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