Dos años de Duque: sin posturas en lo clave, inflexible en el resto

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A mitad de su mandato, es evidente que los pronósticos de sus rivales y de los que lo apoyaban se quedaron cortos. 

Cuando Iván Duque ganó la primera vuelta presidencial en 2018, Gustavo Petro y sus seguidores pronosticaron que “lo que venía era una dictadura”; que con él, el uribismo llegaría a vengarse; que haría una Constituyente para desmontar el Acuerdo de Paz; que sería el títere de Uribe. No ha sido así.

Los que votaron por Duque, por su lado, auguraban que sería el regreso de la Seguridad Democrática; que por fin pondría en cintura a los guerrilleros que habían dejado las armas y a los que no; que sería el uribismo 2.0; que se acabaría el despilfarro; que enarbolaría un nuevo conservatismo; que acabaría con la corrupción; que fumigaría la coca; que alejaría el fantasma del castrochavismo. Tampoco ha pasado. 

A dos años de mandato, es evidente que los pronósticos de lado y lado se quedaron cortos.  

Lo que Iván Duque ha demostrado en su primera mitad de Gobierno es que es un Presidente moderado en sus ambiciones, moderado en sus odios, moderado en sus ejecuciones e, incluso, moderado en sus fracasos en relación con sus apuestas. 

Quizás porque, como le dijo a La Silla alguien que lo conoce desde hace décadas, es un hombre que “sobre lo no importante tiene unas convicciones inflexibles, pero sobre lo prioritario no tiene una posición”.

Esta percepción, dicha de varias maneras, fue repetida o ejemplificada por cinco de las siete personas con las que hablamos para elaborar este análisis. Seis de ellos han interactuado directamente con Duque o con Presidencia en los últimos dos años y, por eso, la mayoría de ellas prefirió no hablar on the record.

 

 

La falta de apuesta en lo clave

Como Iván Duque recordó en las entrevistas que publicaron los medios este fin de semana y La Silla verificó, su gobierno ha tenido logros en varios campos: ha aumentado la cobertura de subsidios a los más pobres y creado nuevos subsidios como Ingreso Solidario durante la pandemia y hasta dentro de un año; ha otorgado subsidios de vivienda a 70 mil familias; ha continuado la política de control de precios a medicamentos; ha abierto 100 mil cupos para jóvenes en universidades públicas; ha bajado el área de cultivos ilícitos aunque no de producción de cocaína; ha eliminado trámites para hacer empresa; ha creado los pliegos tipos para reducir la corrupción en la contratación; ha triplicado las fuentes de energía renovable; y ha aumentado en un 40 por ciento la capacidad de atención crítica hospitalaria, para citar los logros más notorios.

Pero a diferencia de Santos, que impulsó la reforma del sector de infraestructura y la reforma del Acuerdo de Paz; de Álvaro Uribe, que transformó el tema de seguridad y la lucha contrainsurgente; de Andrés Pastrana, que con el Plan Colombia transformó las Fuerzas Militares; de César Gaviria que impulsó una nueva Constitución, Duque llegó a la mitad de su mandato sin haberse comprometido con ninguna reforma estructural. 

“Duque no es disciplinado en su visión”, dijo a La Silla una persona que trabajó en el gobierno. “El liderazgo del Presidente es inconsistente, se desanima muy fácil, pierde el norte rápido.”

Ejemplos de esto hay varios.  

Uno de sus caballitos de campaña era la ‘paz con legalidad’, que se suponía iba a ser la alternativa uribista y conservadora a la implementación del Acuerdo de Paz firmado por Santos y que consideraba no era conducente a la reconciliación.

“Su gestión ha tenido un rayo de luz en lo técnico para planear la implementación, pero no logra superar las debilidades de gestión (de las que sufrió mucho el gobierno anterior) y que se ven golpeadas en particular por la falta de narrativa/identidad/posición del gobierno frente al Acuerdo”, dijo a La Silla una persona que trabaja en la implementación.

Duque arrancó su gobierno nombrando a Emilio Archila, como consejero para la Estabilización, con la misión de aplicar el Acuerdo en aquello para lo que no necesitaba hacer nuevas leyes ni ejecutar reformas de fondo al status quo, pero siempre mandando el mensaje de que tenía un desacuerdo con el Acuerdo. 

Mensajes principalmente retóricos.  Impulsó una reforma constitucional para que en el futuro nunca se amnistie el secuestro ni el narcotráfico, que no cambia para nada el Acuerdo de la Habana; presentó las objeciones a la JEP que se hundieron pero no volvió a presentar una reforma a la justicia transicional; ha amenazado con retomar la fumigación pero en cambio de tomar la decisión de hacerlo optó por el camino más institucional de acudir a la Corte Constitucional para que le dijera cómo podía hacerlo y todavía no ha cumplido los requisitios exigidos.

“Creyó suficiente cambiar algunos términos y modificar algunas instituciones -por ejemplo, hablar de paz con legalidad en vez de hablar de Acuerdo de Paz- luego se dio por vencido en muchas de estas cosas y ante la presión de las protestas, se dedicó a mostrar cómo venía lo implementando”, dijo la misma fuente.

Frente al Consejo de Seguridad de la Onu también se ha esmerado en demostrar que lo está cumpliendo.

El Presidente ha mantenido los sueldos de los desmovilizados, extendió el arriendo de los lugares donde se concentraron inicialmente, ha respetado las curules que tienen en el Congreso, ha mantenido los presupuestos de la JEP y la Comisión de la Verdad, y ha apoyado los proyectos productivos de desmovilizados.

El presidente también destaca que puso en marcha los 16 Pdets que quedaron establecidos en el Acuerdo de la Habana, que abarcan a los 170 municipios más afectados por la violencia. Sin embargo, este Gobierno ha invertido anualmente solo 1,52 por ciento de lo que se debería estar ejecutando (4,67 billones), según un informe de la comisión de paz de la Cámara de Representantes y de la propia Agencia de Renovación del Territorio

Tampoco ha sacado adelante las curules de paz, ni las reformas del punto agrario salvo el catastro multipropósito, ni las reformas políticas ni ha logrado evitar que maten a desmovilizados ni a líderes sociales.

Esta baja o nula ejecución de lo pactado en lo que tiene que ver con las reformas del Acuerdo, unido a su retórica en contra, no solo avivó las marchas del año pasado sino que ha llevado a que organizaciones, víctimas y poblaciones enteras como la de Algeciras, Huila, que habían comenzado a ilusionarse con un cambio en sus circunstancias hayan perdido la fe y que la ventana de oportunidad creada con la desmovilización de las Farc se esté cerrando.

Al mismo tiempo, el que Duque no haya podido ofrecer una alternativa al Acuerdo y a su implementación ha sido una desilusión para muchos de los que votaron por el candidato de la coalición del No.

Sobre todo porque en el tema de la seguridad, su falta de visión estratégica dista mucho de la de Uribe y ha sido una de las áreas donde más en evidencia se ha puesto su inconsistencia frente a temas prioritarios.

Tumaco, por ejemplo. Dos días después de haberse posesionado, Iván Duque anunció que priorizaría a Tumaco haciendo un consejo de seguridad en el que anunció siete metas, que, en palabras del Presidente, buscaban convertir al puerto en un “polo de desarrollo”, reducir la inseguridad en una de las zonas más violentas del país y reactivar su economía e inversiones en infraestructura.

En los primeros seis meses dio de baja a Guacho y a David, las cabezas de las dos disidencias más grandes y un año después incluyó a Tumaco como Zona Futuro, es decir como Zona Estratégica de Intervención para llevar seguridad y justicia.  Por ahora no ha llegado ni la una ni la otra. 

La disidencia de Guacho aún existe, así como las Guerrillas Unidas del Pacífico y los ‘Contadores’, y los homicidios y el desplazamiento terminaron en 2019 prácticamente al mismo nivel que tenían en 2018.  

En Catatumbo, este gobierno, dentro del plan de Catatumbo Sostenible, que coordina Archila, llevó electricidad por primera vez a más de 3 mil familias. 

Pero donde Duque prometió que daría “por terminado el flagelo de la violencia” cuando la priorizó en su política de Seguridad, la situación de seguridad solo ha empeorado, hasta el punto que en febrero de este año tanto el ELN como el EPL decretaron dos paros armados con diferencia de días; e incluso en Montes de María, que había resucitado después de que durante el gobierno de Uribe el Ejército sacó a las Farc, ahora varios líderes sociales están escondidos y muertos del miedo.

La disidencia de Gentil Duarte sigue creciendo y la de Iván Márquez y Santrich ya pasó del discurso a comenzar a reclutar jóvenes en el terreno.

“La seguridad es la promesa menos cumplida del Centro Democrático”, dice una persona que trabaja en ese sector. “Existe una brecha entre la política escrita y la ejecución que depende de que exista una estrategia y de que el Presidente monte en la política a los que tienen que estar”.

Esa queja de que Duque no ‘monta en el bus’ a los que tienen que ejecutar la estrategia es reiterativa.  “Le falta una persona que sea guardián de las iniciativas del Presidente, y que acorrale a sus funcionarios”, nos dijo uno de los entrevistados.  

“El problema de Duque es que como vivió toda la vida por fuera no conoce suficiente gente buena y le toca nombrar entre sus amigos de colegio y los que trabajaron con él en el BID”, dijo otra fuente.

La disfuncionalidad de la Casa de Nariño lo ilustra una anécdota. El domingo 19 de julio de 2020, un día antes del 20 de julio, quizás el momento histórico más importante de la Presidencia de Duque porque iba a anunciar su salida para la crisis provocada por la pandemia, sale en El Tiempo una entrevista del viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño chiviando al Presidente en su estrategia de reactivación. Y, al día siguiente de su discurso, la Vicepresidente lanza una iniciativa de reactivación económica con un nombre diferente y metas inferiores a las publicadas por Hacienda, como lo contó La Silla.

La misma crítica de falta de un norte claro se la hacen al Presidente en lo político. “El Gobierno Duque sigue sin tener una narrativa y agenda que defienda con liderazgo en el Congreso”, dijo a La Silla la representante a la Cámara Juanita Goebertus y una de las líderes de la oposición. “Eso ha hecho que no exista un escenario de concertación de prioridades de política pública entre el gobierno y el Congreso.”

Dice que con los partidos de gobierno y parte de los independientes, la negociación es uno a uno y en muchos casos con el tipo de intercambios burocrático que el Centro Democrático criticaba en campaña y que a la oposición “no la convocan prácticamente a nada y cuando lo hacen, luego incumplen los compromisos”.

Un ejemplo de esto fue cuando los convocó después de la consulta anticorrupción para decir que la sacaría adelante pero luego dejó morir los proyectos que tenían mayor resistencia entre los políticos como la reducción del salario de los congresistas, el límite de los tres períodos y el proyecto anti-mermelada.

Algo similar ocurrió después del paro cuando convocó a la Conversación Nacional, otro tema que desapareció con la pandemia y que ni siquiera quedó en el discurso del 20 de julio.  “Anunció que iba a impulsar las 16 curules para las víctimas y las subregiones Pdet y al día siguiente después de la queja del Centro Democrático se echó para atrás y dijo que ahora serían solo para víctimas de Farc y en las principales ciudades”.

 

 

Convicciones a toda prueba

Esta dificultad que ha mostrado el Presidente para jugársela por transformaciones estructurales en temas clave, contrasta con el desgaste que ha estado dispuesto a correr por defender sus convicciones ideológicas en temas de menor trascendencia o en aquellos que parecen no tener futuro.

Es el caso de la ley que permite la cadena perpetua para violadores de niños, que es la reforma constitucional para la que Duque utilizó la coalición que logró tras acabar con su discurso de no repartir burocracia y haber entregado a principios de año los ministerios de Agricultura, Trabajo y Salud a representantes de los partidos conservador, La U y Cambio Radical, respectivamente, carteras que se han venido llenando de altos funcionarios con el guiño de políticos de esas colectividades.

Varios estudios han demostrado que lo que disuade a los criminales no son las condenas altas sino la certeza de que no se saldrán con la suya, con lo cual el esfuerzo puesto por el Presidente en sacar adelante esta reforma es posible que no se traduzca en una mayor protección para los niños. 

En cambio, el que haya impulsado a su mejor amigo de Fiscal General, una persona sin experiencia gerencial ni conocimientos penales ni una visión estratégica para la Fiscalía (ver artículo), sí puede perjudicar el propósito de mejorar la investigación de estos crímenes.

El otro frente en el que Duque se la ha jugado a fondo es Venezuela. Armó su política exterior alrededor de la caída de la última dictadura del continente intensificando su pelea contra Nicolás Maduro, el representante del ‘castrochavismo’ sobre el que el uribismo armó su campaña.  

Duque fue uno de los primeros en reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, cerró todos los canales con el vecino país, promovió su denuncia ante la Corte Penal Internacional.

Pero, poco a poco, ha ido perdiendo el liderazgo del tema. A juzgar por el libro del exconsejero de Seguridad de Estados Unidos, John Bolton, mientras Iván Duque no ha cedido un ápice en su política de cero comunicación con Maduro y aferrado a Juan Guaidó, en la Casa Blanca llevan un año buscando activamente una transición negociada con los militares para ese régimen y ya no confían en el presidente interino.

En todo caso, más allá de lo que haya hecho o dejado de hacer Duque en el pasado, su manejo de la pandemia y del camino que emprenda para recuperar los 5 millones de empleos perdidos en los últimos meses serán lo que defina su legado.

A juzgar por su reciente discurso del 20 de julio y las reformas legislativas que anunció, sus metas para los dos años que le quedan girarán alrededor de la reactivación económica con una agenda que no utilizará la excepcionalidad de la situación para impulsar una transformación radical en algún campo.

El Presidente sí parece conservar la esperanza de lograr una unión de los colombianos alrededor de la salida a la crisis. Será un gran desafío ya que aunque no le ha echado más leña al fuego, por ahora su moderación no ha resultado en una confluencia, y la estrategia para el 2022 de su principal opositor es ahondar la polarización. 

 

 

 

 

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