Clara María González, Francisco Barbosa y Camilo Gómez no son penalistas, pero trabajan en el Gobierno.
Duque juega su terna (casi) cantada para Fiscal justo cuando hay paro y tributaria
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El presidente Iván Duque dijo hace seis meses que solo presentaría su terna para Fiscal cuando la Corte Suprema no tuviera vacantes. Sin embargo, decidió echar para atrás y anunciarla hoy, el día en que probablemente el Congreso apruebe en primer debate su reforma tributaria, y uno antes de la tercera gran movilización del paro nacional.
Como, además, la terna es claramente gobiernista, probablemente no mejore las posibilidades de llegar a un acuerdo con los convocantes del paro.
Duque propuso a
- Camilo Gómez, ficha de Andrés Pastrana y su director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado.
- Clara María González, su secretaria jurídica en Presidencia y cercana a Álvaro Uribe.
- Francisco Barbosa, su consejero presidencial para derechos humanos y asuntos internacionales, y su amigo personal desde la universidad.
Todos vienen del Gobierno y sonaban en los corrillos desde hace meses (igual que el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos), ninguno es penalista y solo Gómez tiene experiencia gerencial, aunque no similar a la de manejar una entidad con más de 20 mil empleados como la Fiscalía.
Ahora viene la discusión en la Corte Suprema para elegir un Fiscal en propiedad, que difícilmente terminará este año pues tienen pendiente elegir 7 de sus 23 magistrados y salen a vacaciones el jueves 19.
Además, arranca el debate público sobre las hojas de vida y perfiles de los tres, que acá resumimos:

El reemplazo azul
Camilo Gómez viene del corazón conservador pastranista y tiene el apoyo de Marta Lucía Ramírez, de quien fue fórmula vicepresidencial en 2014. Ese sello fue clave para quedar de candidato: según un dirigente uribista y otros conservador, Pastrana le pidió a Duque que lo incluyera en la terna, y el Presidente aceptó.
Gómez, abogado javeriano, fue secretario general del Ministerio de Desarrollo en tiempos de César Gaviria y Superintendente de Sociedades. Durante 15 años, con su oficina de abogados, asesoró a empresas privadas y multinacionales como las de Gas Natural, empresas de tecnología, del sector portuario, de salud y de infraestructura.
Su firma tiene una alianza con la empresa gringa de seguridad Andrews International, que se dedica a prestar el soporte a litigios internacionales de empresas extranjeras afuera que tienen problemas en Colombia, como la Drummond, entre otras.
Además de esto, pesa su amistad con Andrés Pastrana que es de vieja data, pues se conocieron en la Fundación Nueva Colombia, cuando Gómez manejaba el presupuesto de la campaña presidencial de Álvaro Gómez de 1986, y Pastrana le pedía publicidad para el noticiero TV Hoy, de su familia.
Tras la derrota de Álvaro Gómez, Camilo apoyó a Pastrana en las elecciones de la Alcaldía a Bogotá en 1988, que ganó.
Desde entonces, no solo han trabajado juntos sino que Gómez se convirtió en una persona de gran confianza de Pastrana: fue su secretario privado en la Alcaldía, en la práctica el cargo de más confianza de un mandatario; estuvo en su fallida campaña presidencial de 1994, y repitió como mano derecha cuando Pastrana fue presidente.
La muestra de confianza se reforzó cuando lo designó alto comisionado de paz y lo envió a manejar el proceso de paz del Caguán en los tiempos más duros de la negociación, tras la renuncia de Víctor G. Ricardo, cuando esta era la principal bandera política del gobierno.
La relación siguió fuerte incluso cuando Pastrana se peleó con el Gobierno Uribe y también cuando el expresidente se distanció del Partido Conservador para aliarse con el uribismo en las elecciones de 2018.
“El mérito de Camilo es que nunca abandonó a Pastrana cuando él estaba en un desierto, fue de las pocas personas que lo acompañaron”, nos dijo un líder conservador.
Ese apoyo le sigue dando réditos a Camilo Gómez.
Cuando el Gobierno Duque llegó al poder, Pastrana pidió que lo tuvieran en cuenta para un puesto y le terminaron dando la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica, según el uribista con el que hablamos, cercano al Gobierno.
Un alto funcionario que estuvo en el empalme nos dijo que aunque no le consta que esto sucedió, no le sorprendería pues cada vez que el equipo de Duque se iba a reunir con Pastrana durante el cambio de gobiernos, Camilo Gómez siempre estaba a su lado.


La del uribismo
González, abogada rosarista experta en derecho electoral, es del corazón del uribismo como quedó claro en 2006, cuando fue apoderada de Álvaro Uribe y Fabio Echeverri, gerente de la campaña de la reelección, para solicitar a la Registraduría la reposición de casi 4.000 millones de pesos de ese entonces por los votos obtenidos en la carrera presidencial.
Además, cuando Uribe estaba en la Presidencia, el Gobierno la contrató para que asesorara a Yidis Medina en los procesos penales y disciplinarios que tenía por la venta de su voto para aprobar la reelección, según aseguró Medina ante la Corte Suprema.
Dirigió la especialización de derecho electoral en la Universidad del Rosario, hizo parte de la comisión encargada de redactar el Código Electoral que armó el Ministerio del Interior en 2011; y fue Registradora Nacional entre febrero y septiembre de 1999, en reemplazo de Mariela Hernández. Su sucesor fue Iván Duque padre.
Ese no es su único vínculo con el presidente: fue su profesora en la Sergio Arboleda.
Fue asesora para el manejo de las finanzas de su campaña presidencial y luego la nombró secretaria jurídica de Casa de Nariño, que en la práctica tiene tanto poder que ninguna decisión legal de Presidencia, como sacar un decreto, se toma sin su revisión.
Esa confianza también se mostró cuando la ternó para ser fiscal ad hoc para investigar el caso de Odebrecht.
Su experiencia en Altas Cortes se limita a 2014 y 2015, cuando fue conjuez de la Corte Constitucional y, como tal, participó en la discusión sobre la inexequibilidad de algunos aspectos del régimen especial de Congresistas, magistrados de Altas Cortes y otros funcionarios.
Además, es amiga del exfiscal Alfonso Gómez Méndez desde cuando ella estuvo en la Registraduría y él en la Fiscalía.


El más académico y duquista
Amigo personal de Iván Duque desde hace 25 años, cuando estudiaron juntos en la Sergio Arboleda, este abogado había hecho carrera en la academia hasta la victoria de su amigo a la Presidencia.
Tiene dos especializaciones (de la Tadeo y del Externado), dos maestrías (en la Javeriana y en el Externado) y un doctorado (en Universidad de Nantes, Francia), como lo prueba la tesis que aprobó dicha universidad. Ninguna de ellas es en derecho penal, pues su especialidad es derechos internacional humanitario y justicia transicional.
Cuando volvió al país luego de ese grado se vinculó como profesor en el Externado, en donde dictó clases hasta el día en el que se posesionó como consejero presidencial, y es tan académico que en los últimos ocho años lo han nombrado miembro de las academias colombianas de Historia, de Jurisprudencia y de Derecho Internacional.
Comparado con su experiencia académica, ha tenido menos recorrido político.
Aunque entre 2003 y 2004 trabajó como fiscal Especializado de la Unidad de Derechos Humanos, ese paso por la Fiscalía (el único de los ternados que ha trabajado allí) quedó atrás por su carrera académica.
También ha sido asesor jurídico, siempre externo, de entidades públicas como el Ministerio de Hacienda cuando Juan Manuel Santos era Ministro de Andrés Pastrana, del de Comunicaciones cuando Martha Pinto de Hart era Ministra de Uribe; o del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá entre 2016 y 2017, cuando Arturo Charria lo coordinaba.
Cuando Duque llegó a la Presidencia, lo nombró como su consejero para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, y le llovieron críticas por sus diferencias frente al Acuerdo de Paz.
Antes de llegar al Gobierno, Barbosa defendía las negociaciones abiertamente. De hecho, nunca escondió que votó por el ‘Sí’ en el Plebiscito -a pesar de trabajar en el Gobierno del partido que promovió el ‘No’- y ha dicho que la JEP tiene un buen diseño institucional que cumple con los estándares del derecho internacional humanitario.
Incluso, se postuló para ser magistrado de esa justicia transicional, pero el comité de selección no lo dejó de finalista.
Luego de eso, publicó una columna en la que propone reestructurar elementos clave de la JEP, como acortarla de 15 a 4 años o eliminar la Unidad de Investigación y Acusación.
Además, en medio de la campaña presidencial, criticó la implementación que comenzó el gobierno de Juan Manuel Santos y dijo que Duque era el presidente necesario para enfrentar los desafíos que implicaban la justicia transicional y el Acuerdo de Paz.
Ya una vez en el cargo, Barbosa fue jefe de misión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la ONU y la Corte Penal Internacional. Además de asesorar, coordina la estrategia para atender la crisis migratoria venezolana.