Duque le gana pulso al Comité del Paro, pero pierde un puente para apagar el estallido social

Duque le gana pulso al Comité del Paro, pero pierde un puente para apagar el estallido social
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La mesa de negociación entre el Gobierno y el Comité del Paro llegó a su fin sin ningún acuerdo. Después de haberse reunido desde el pasado 16 de mayo en extensas sesiones de nueve y quince horas, el Comité del Paro se levantó de la mesa y no tiene pensado volverse a sentar a negociar.

La Silla Vacía confirmó con fuentes del Comité que no tienen planes de reanudar la mesa, y que ya están pensando en otros planes que prescinden de la negociación, los cuales no implican necesariamente mantener la convocatoria a movilizarse en las calles.

De esta forma, el Gobierno le gana el pulso al Comité del Paro, que iba a negociar una agenda ambiciosa y se levantó sin lograr ninguno de sus puntos. Pero, al tiempo, el presidente Iván Duque se queda sin un interlocutor —y un escenario concreto— para apagar un descontento social al cual intenta atajar desde las regiones. 

El nudo gordiano

El Comité decidió abortar la negociación porque no confía en que Duque tenga verdadera autonomía para llegar a un acuerdo con ellos. 

Llegaron a esa convicción después de que el Gobierno echó para atrás un borrador de acuerdo sobre garantías a la protesta que habían negociado en la mesa el 26 de mayo.

Como contamos, con el preacuerdo listo para ser refrendado, el Comité hacía cuentas de una negociación de una semana, y un representante del Gobierno nos dijo entonces que esos tiempos les parecían razonables. “El 24 nos dijeron que el problema era de comas y redacción”, dijo Nelson Alarcón, de Fecode. 

Pero el 27 de mayo, el Gobierno puso como condición para aprobar el documento sobre la protesta social, “la garantía de los desbloqueos para los colombianos”, refiriéndose a las bloqueos de vías en el país, que por ese entonces se contaban en más de 200; y presentó el 30 de mayo un nuevo documento de preacuerdo en el que sugerían cambios en varios puntos en los que unos días antes había acuerdo en la mesa. 

En respuesta a eso, el Comité declaró que tenían la “decisión política para trabajar en la dirección de distensionar concentraciones en las vías y cortes de rutas”, y presentó una reducción de 40 puntos bloqueados como muestra de su gestión para ayudar a desbloquear. Pero eso no fue suficiente para el gobierno. Por eso, sus miembros están convencidos de que Duque decidió seguir el consejo de Uribe y dilatar de manera indefinida la mesa de negociación.

“Perdimos prácticamente todas las horas que nos gastamos tratando de llegar a un preacuerdo”, dice Fabio Arias, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En la misma línea, pero de manera más gráfica, Luciano Sanín, de Viva la Ciudadanía y también miembro del Comité del Paro, nos dijo: “estábamos quedando como el novio dejado, el novio ahí esperando a la novia sin que ella le salga con nada”. 

Y es que el expresidente Uribe ha recomendado explícitamente “rechazar cualquier negociación con el Comité, pues negociar con bloqueos y violencia es continuar con la destrucción de la democracia”. Una línea dura que, como contamos, ha ganado influencia con Duque durante el paro y en la medida en que el expresidente lo critica públicamente con más frecuencia.

Emilio Archila, el jefe negociador del paro por parte del Gobierno, le dijo a La Silla que ese texto era un borrador y que las partes habían acordado que podían existir ajustes. También, que hay una diferencia muy grande entre invitar a desescalar los bloqueos y rechazarlos, como había exigido el gobierno como precondición para negociar. 

“Este es un documento delicado porque lo que estamos negociando aquí no es para este paro, es para de aquí en adelante saber cómo se va a manejar la protesta pacífica”, dice Archila, defendiendo la postura del Gobierno.

Como ya ambas partes habían llegado a acuerdos en 16 de los 31 puntos pensaron en escenarios alternativos como una suspensión temporal, pero después de que cinco jóvenes murieron en Cali el fin de semana en medio de las protestas, los del Comité se terminaron de convencer de que estar en la mesa no iba a ayudar a que avanzara nada.

“Fue duro pararse. Había 16 cosas ganadas, pero ni siquiera habríamos logrado un preacuerdo con esas 16 que teníamos, pues la mesa del Gobierno insistía en que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado”, nos contó otro de los que estuvo en la negociación que pidió reserva. 

Las alternativas del Comité

A pesar de que hoy están convocadas nuevas marchas por parte del Comité, sus convocatorias han perdido la fuerza de las primeras semanas, por lo que es una incógnita si las de hoy seguirán ese mismo patrón. 

Conscientes de este desgaste, y seguros de que negociar con el Gobierno ya no es una opción, algunos miembros del Comité reconocen que ya han empezado a buscar alternativas.  

Todavía están discutiendo ese nuevo plan de acción, que harán público el jueves después de la conversación que tendrán hoy con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero en la Silla pudimos conocer algunos de los puntos que propondrán. 

A la CIDH esperan reiterarle sus propuestas de garantías a la protesta pacífica. “Esperamos que en la declaración que hagan al final de la visita insten a que el Estado dialogue estos puntos y que lo muevan a salir de los temas en los que no ha querido ceder como la participación de militares en la protesta o el uso de armas letales en ellas”, nos dijo la fuente que está en la mesa de negociación.   

Por otra parte, esperan discutir su pliego de peticiones con alcaldes y en el Congreso. Óscar Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria, dijo: “no descartamos llevar el pliego de emergencia a la sociedad y a otros escenarios como el Congreso donde podamos mover los mismos temas pero como tres o cuatro proyectos de ley”. 

El punto crucial, de cara a las semanas que vienen, es que en la Asamblea del Comité del Paro, que se reúne hoy, discutirán la propuesta de no convocar nuevas movilizaciones en la calle ni más “tomas” de ciudad como la planeada para hoy en Bogotá. 

“Todos los sectores están haciendo ajustes en la estrategia. Nosotros pensamos en  organizar la indignación que está repartida y vamos a ponerla a conversar, a hacer foros, asambleas, vamos a dedicarnos a eso un tiempo. Pensamos en resetear la estrategia para buscarle otras formas a la discusión sin que pase por el Gobierno”, dijo una fuente del Comité, sin dar su nombre porque esto todavía no ha terminado de decidirse en la Asamblea General del Comité del Paro. 

El pulso que gana el Gobierno

Sin haber cedido en los puntos que el Comité del Paro había puesto sobre la mesa para la negociación, el Gobierno se asegura, por ahora, de no entregarle al Comité (y a la Oposición, de la que hacen parte) el rédito político de sacar adelante la renta básica y la matrícula cero, dos asuntos que estaban en su pliego de peticiones. Duque las quiere presentar como políticas suyas.

Y logra esto sin quedar ante la comunidad internacional y la opinión pública nacional como el que levantó unilateralmente la negociación pues Archila insiste en que está listo para negociar. También, sin que por ello se incendie nuevamente la calle, pues la movilización ha perdido la fuerza de sus primeras semanas. 

Este escenario permite pensar que el Gobierno, por ahora, gana el pulso al Comité del Paro siguiendo la receta del uribismo de no negociar bajo la presión de los bloqueos. 

Aunque el negociador por parte del Gobierno, Emilio Archila, no necesariamente lo lee como una victoria: “Yo no me atrevería a describirlo como un triunfo, nosotros estamos en condiciones de negociar efectivamente esos siete puntos en el pliego de emergencia que para nosotros son prioridad y que están, de todos modos, contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo”.

Los planes del Gobierno, sin embargo, no dependen de reactivar la mesa con el Comité y eso lo muestran los diálogos que ya adelantan desde las regiones, como cuenta Archila. 

“Sirven los diálogos con la multiplicidad de personas que han expresado sus inconformidades, desde las víctimas del conflicto, hasta las mesas regionales que tenemos con ministros y consejeros, y de las que yo he participado en Catatumbo, Norte de Santander, Meta y el pacífico nariñense, donde ya hay acuerdo con cinco municipios. Le damos a cada quien el nivel de representatividad que tiene”, dice. 

Con estas negociaciones desde las regiones, el Gobierno intenta una fórmula similar a la de la Conversación Nacional después de las movilizaciones masivas del 21N en 2019. Que, como se vio en el último mes, lo que hizo fue meter en una olla de presión el estallido social.

A pesar de que el Comité solo representa a una fracción de la gente indignada en la calle, como contamos, sí ha sido un actor importante en las convocatorias de las movilizaciones, y aglutina a muchas organizaciones sociales.  

En una época en que ni siquiera los que representan algo (como los políticos) se abrogan ninguna representación, perder a uno de los únicos interlocutores formales del descontento en la calle significa que el Gobierno no solo tendrá que lidiar uno a uno con cada uno de los puntos de bloqueo, sino que pierde también la oportunidad de tender un puente simbólico con el país que está dispuesto a contagiarse de covid para salir a protestar.

Aunque todavía queda una pequeña luz de esperanza de que la visita de la CIDH ayude a presionar a las partes a que pasen a negociar los puntos del pliego aún si persisten diferencias en el preacuerdo a la protesta social, por ahora los del Comité ya saben que no podrán contar esta mesa como un triunfo más del paro. 

Algunos de ellos creen que la victoria está en otra parte y que el descontento social es una bomba de tiempo que seguirá creciendo: “La victoria de nosotros está fuera de la mesa, y se vio en el descontento social que esta vez salió a la calle, y que Duque no ha querido contener sino tratarlo con paños de agua tibia. Pero es una fuerza que viene creciendo desde el 2019 y va seguir más allá de esta negociación”, dice Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria. 

Fuera de la mesa será donde, por ahora, el Gobierno llevará la negociación para apagar un descontento que en la cuenta corta tiene 40 días, pero en la larga lleva mucho tiempo más acumulándose. Y que podría estallar de nuevo más cerca del 2022.

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