El último año del Congreso de Duque le responde al paro

El último año del Congreso de Duque le responde al paro

Hoy a las 8 de la mañana arranca la instalación del cuarto y último año del Congreso elegido en 2018. Será un inicio tensionante, reflejando el ambiente político nacional: la tradicional ceremonia, de forma inédita, se adelantó seis horas ante las manifestaciones anunciadas en cuatro ciudades del país. 

En el último año del Congreso usualmente reina el ausentismo y no suele haber proyectos importantes. Los políticos cambian los debates en las plenarias por los eventos en plaza pública para las elecciones del siguiente año. Pero esta vez el panorama de arranque del llamado estará atravesado por lo que dejan dos meses de protestas por el paro.

La agenda legislativa muestra las lecturas del Gobierno Duque y la oposición sobre lo que pide la calle. Al mismo tiempo, reitera sus hondas diferencias, que volverán al centro de la discusión en los debates de las próximas semanas en el Congreso. Eso, porque solo hasta diciembre habrá sesiones, ya que el siguiente semestre todos estarán en modo elecciones que arrancan en marzo. 

Así las cosas, muchos de los debates de las próximas semanas serán más bien un telón de fondo para lo que viene en 2022, donde la puja entre derecha, centro e izquierda se juega en las urnas, y se ambienta en el Congreso.

Por un lado, el Ejecutivo –que rearmó otra vez su coalición a punta de puestos en ministerios– no tiene una agenda transformadora, sino que busca responder a la coyuntura de la peor crisis de lo que va del mandato Duque.

Buscará victorias tempranas con la reforma tributaria previamente concertada. Sus otras prioridades serán dos proyectos de la reforma policial, que no incluyen sacar a la institución del Ministerio de Defensa o reformar al Esmad, y una ley para reglamentar la protesta social, con mano dura frente a bloqueos.

Por otro lado, la oposición asumirá buena parte de la agenda del Comité del Paro. Revivirá el debate de la renta básica para los afectados por la pandemia, la propuesta de acabar el Esmad e ir más allá de la reforma policial del Gobierno.

Duque apuesta a la coalición para una agenda inmediata

El inicio de sesiones de hoy marcan también el último año de Gobierno de Iván Duque, que ha tenido relaciones ambivalentes con la clase política en el Congreso.

De pasar a tener una coalición débil los primeros dos años de Gobierno, arranca el último año de mandato con los apoyos del Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, La U y los cristianos. Un reacomodo de fuerzas que arrancó en 2020 a punta de puestos en ministerios pero que fue clave la crisis institucional que dejó el estallido de las calles, donde de nuevo Presidente entregó puestos a los partidos

“Eso (conformar la coalición) se debió hacer desde el principio (del Gobierno)”, nos dijo el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, del ala duquista de la colectividad. 

Eso no quiere decir que el Gobierno cante victoria, como nos dijo Cesar Lorduy, representante atlanticense de la línea Char dentro de Cambio Radical: “que como consecuencia de que Cambio Radical tenga unos ministerios y sobre esa base uno aprueba todo lo del Gobierno, pues hay que preguntar qué es lo que va a presentar el Gobierno. No las conozco como para decir que Cambio Radical va acompañar todo”.

Fiel al estilo de Duque, quien no es un reformista sino más un administrador, lo que lleva ante el Congreso no es transformador.

“Las reformas de verdad en este Gobierno no han existido”, señala Sergio Guzmán, analista de riesgo político. “Pasaron 49 proyectos de ley en la legislatura anterior, pero no hubo nada grande. El Gobierno dejó de interlocutar con parte de la calle, pero sigue manteniendo su coalición. Tiene ocho meses para revertir la impopularidad y mantener la bancada”.

La tributaria será el proyecto bandera. Presentada en un minucioso acto en Palacio para mostrar el consenso de empresarios y clase política, su texto será radicado en las próximas horas. Será ahí cuando se conozca al detalle la forma de recaudación de los 15 billones de pesos necesarios para atender, en lo inmediato, las finanzas públicas.

Solo hasta hoy se conocerán los alcances de los dos proyectos que hacen parte de la reforma a la Policía, que puntualmente hablan de reformar el Estatuto Disciplinario de la Policía y modifican la profesionalización de los patrulleros. Pero como adelantamos, no atacan los temas estructurales que critica parte de la calle, el Comité del Paro y la oposición, como sacar a la Policía del Ministerio de Defensa o eliminar el Esmad. 

En torno a la ley que reglamenta la protesta social, el texto está en revisión del Ministerio del Interior, que lo radicará en las próximas horas. Su principal objetivo será castigar los bloqueos y declararlos ilegales, contrario a lo que pidió en su último informe de las protestas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Pero quizás lo que más ruido cause será que el Gobierno tiene previsto radicar un proyecto para derogar la ley de garantías electorales, que impide las contrataciones públicas del Estado seis meses antes de las elecciones para evitar favorecer a los candidatos. Fue creada hace casi 15 años, tras la reelección presidencial. 

Según supo La Silla con dos congresistas de la coalición que fueron informados por Palacio de la intención de presentar el proyecto, la idea es que sin reelección no tiene sentido mantener la restricción de contratación en tiempos de crisis económicas. Eso pese al riesgo de que se vuelva un incentivo perverso para los candidatos y sus maquinarias.

Aunque son promesas, aún no hay fecha para la radicación de los proyectos de ratificación del Tratado de Escazú y el de Especialidad Agraria, que reglamenta el punto 1 del Acuerdo de Paz y que también movieron a la calle durante los dos meses de protestas. 

Ambos fueron archivados tras un fuerte lobby del Centro Democrático y la mirada pasiva del Gobierno que los radicó, pese a que eran promesas del propio Duque con luego del paro del 2019.

De entrada, el Gobierno cuenta con aliados clave en las Presidencias del Senado y Cámara, que manejan el orden del día. El conservador Juan Diego Gómez llegará a la presidencia del Senado. Mientras que a la de la Cámara llega la representante del Meta, Jennifer Arias, del Centro Democrático, una de las congresistas más cercanas a Álvaro Uribe y al ministro del Interior, Daniel Palacios.

Y tendrá línea directa con aliados de la coalición en las Comisiones Terceras y Cuartas, que manejan la plata y son claves para los primeros derroteros del Gobierno: la nueva tributaria y el Presupuesto de la Nación, otro proyecto que define las finanzas para 2022.

El Centro Democrático tendrá asiento en tres de las cuatro presidencias: en las Comisiones Tercera y Cuarta del Senado con María del Rosario Guerra y Carlos Meissel, respectivamente. Y en la Cuarta de la Cámara, con la representante Yesica Acosta de Amazonas. En la Tercera estará Wilmer Carrillo, representante de La U de Norte de Santander. 

El pulso a 2022

Además del paro, tanto la coalición del Gobierno como la oposición tienen como derrotero la campaña a las elecciones del 2022. 

“Una cosa es la agenda legislativa, objetiva, la otra es la electoral”, nos dijo el senador John Harold Suárez, del Centro Democrático. “En la (agenda) electoral a la oposición no le gustará absolutamente nada, todo lo van a criticar y convocar marchas de forma sistemática. Somos conscientes de eso”. 

La apuesta del Centro Democrático es que desde las alianzas en el Congreso haya consenso para llegar unidos a las urnas en marzo. Eso debido a que el 2022 está a la vuelta de la esquina y la centro derecha sigue sin ubicar una fórmula clara para llegar a las elecciones con un candidato que le haga frente a Gustavo Petro.

“Yo creo que sí ayudará a consolidar la coalición, no solo para paquete legislativo, sino para lo político, como la consulta de la centro derecha”, consideró el senador Ramírez del uribismo. “Se vienen las elecciones y el país incendiado, y el papel de nosotros debe ser el de dialogar y concertar a ver si encontramos el camino para mejorar todo esto”, dijo a su turno la senadora conservadora, Esperanza Andrade.

Para la oposición, el debate de esas propuestas es funcional, principalmente porque consideran que buena parte de su nueva votación está protestando hoy en la calle. 

Aunque para las Presidenciales del 2022, que son el objetivo central, van por carriles separados –Mais, Polo, UP y Colombia Humana en el Pacto Histórico, y la Alianza Verde y la ASI, en la Coalición de la Esperanza–, en el Congreso vuelven a unir fuerzas para evitar que Duque monte una aplanadora.   

“Probablemente cuanto más férrea sea la oposición a la agenda de Gobierno, uno pensaría que la oposición tendrá mayor capacidad de atraer votos en este caso particular”, señaló Juan Pablo Milanese, jefe de estudios políticos de la universidad Icesi de Cali.

Es en estos proyectos que impactan la calle que se ven las diferencias de modelos de país que estarán a prueba en las urnas en ocho meses.

“Se trata de dos visiones que se enfrentan. La del Gobierno y su coalición que no propone reformas estructurales sino cosméticas que no atienden las situaciones del Paro, y la nuestra que busca estar del lado de la Constitución y la ciudadanía”, dice el senador opositor del Polo, Iván Cepeda. 

Ese pulso, uno a uno, se verá en los debates que arrancan a partir de hoy. Iniciando con la tributaria. Aunque este proyecto, por los consensos previos logrados por el ministro José Manuel Restrepo, arranca con un apoyo importante de la coalición para pasar. 

En la oposición, algunos sostienen que la tributaria se queda corta, y asumido la agenda del Comité del Paro buscarán un contrapeso con el proyecto de renta básica. Pero, incluso algunos miembros de la oposición, como en el partido Alianza Verde, ven espacio para colaborar. 

“Nos toca mirar es cómo le sacamos una transferencia monetaria lo más grande posible, no es posible que sigamos con la gente aguantando hambre sin que les lleguemos con soluciones”, dijo el senador Iván Marulanda. 

En cambio, los dos proyectos de reforma policial y la ley antivandalismo, pondrán a prueba la “aplanadora” que en el papel tiene el Gobierno.

La mano dura de Duque con los bloqueos y su postura pro institucional ya tiene el apoyo del Centro Democrático. Ayer en bancada, el jefe del partido, Álvaro Uribe, pidió a sus congresistas apoyar esas normas e insistir en más sanciones para los que atenten contra la Policía, por considerarla una “propuesta que viene pidiendo la ciudadanía, luego de los ataques brutales contra la Policía”.

El panorama no es el mismo en los demás partidos. 

En Cambio Radical y el Partido Conservador no ha habido reuniones de bancada para definir sus posturas frente a estas propuestas. De entrada habría ambiente para apoyarlas, pero como nos reconoce el senador Berner Zambrano de La U –que tampoco tiene postura oficial–, la realidad electoral puede afectar las mayorías.

“Yo siento que esos temas son complejos para acompañarlos, imagínese la protesta es un derecho fundamental, y a estas alturas reglamentarla se nos viene el mundo encima. Me refiero al momento político, electoral, de ahora”, nos dijo el senador, que tiene la mayor parte de su caudal electoral en Nariño, uno de los departamentos epicentro de las manifestaciones y bloqueos durante el Paro.

Por el lado de la oposición, son conscientes de que no tienen los votos para sacar adelante sus propuestas, pero unen fuerzas para imponer y extender la narrativa del paro en torno a la brutalidad policial.

Los senadores Iván Cepeda y Alexander López del Polo, Antonio Sanguino del Verde, y los representantes María José Pizarro de Decentes e Inti Asprilla del Verde, radicarán cuatro proyectos de ley que apuntan a ese frente. 

Apuestan a que la Policía pase del ministerio de Defensa al de Interior –como pidió la Cidh–, y asuma un enfoque más cívico que militar. Otra para desmontar el Esmad –como piden los que protestan–, y dos más para sacar a la Policía de la Justicia Penal Militar, y modificar la política de ascensos militares. 

“Son proyectos que va a acompañar el Comité Nacional del Paro. Y recogen muchas recomendaciones internacionales señalando la necesidad de una reforma, no superficial,a la Policía Nacional sobre sus procedimientos y doctrina”, dice el senador Iván Cepeda. 

Creen que esta vez tendrán un impacto mayor, porque consideran que el paro generó una movilidad social sin antecedentes, y seguirá, según han dicho algunos de sus miembros, convocando a protestas para ejercer una presión política sobre el Congreso.

Así las cosas, el escenario atípico de un Congreso cambiando sus rituales para hacerle el quite a las protestas, puede que se convierta en práctica común durante este extraño periodo donde el paro y las elecciones se empiezan a mezclar. 

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