Hace tres semanas se supo que Colombia firmó un acuerdo con Ecuador sobre las fumigaciones fronterizas, por lo que Ecuador retiró la demanda que había presentado contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. El acuerdo, del que no se supo mucho aparte de que Colombia pagará 15 millones de dólares al gobierno de Rafael Correa, es secreto porque tiene más implicaciones que las que ha explicado el gobierno hasta ahora. De ahí la importancia de conocerlo. La Silla lo consiguió y acá está:
Hace tres semanas se supo que Colombia firmó un acuerdo con Ecuador sobre las fumigaciones fronterizas, por lo que Ecuador retiró la demanda que había presentado contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. El gobierno colombiano no hizo público el Acuerdo y -como reveló Laura Gil en su programa Hashtag Internacional- se lo negó al columnista Ramiro Bejarano, que lo solicitó en un derecho de petición, alegando que era un asunto de seguridad nacional.
Del acuerdo no se supo mucho aparte de que Colombia pagará 15 millones de dólares al gobierno de Rafael Correa para “el desarrollo social y económico en las áreas de frontera” -del lado ecuatoriano- y de que habrá algunos límites a las fumigaciones. Como contó Laura Gil en su columna de esta semana en El Tiempo, el acuerdo es secreto porque tiene más implicaciones que las que ha explicado el gobierno hasta ahora.
De ahí la importancia de conocerlo. La Silla lo consiguió y acá está:
Acuerdo Colombia Ecuador by lasillavacia
Además del pago de Colombia y el retiro de la demanda de Ecuador, el acuerdo muestra dos cosas fundamentales. Primero, que el país está pagando por haber ignorado las advertencias hechas en la última década por organizaciones y académicos acerca de los efectos negativos de la aspersión con glifosato, de lo que se pueden derivar responsabilidades -por lo menos políticos si no legales- de las personas que tomaron la decisión de fumigar. De hecho, varios de los estudios académicos hechos por investigadores colombianos figuran entre la evidencia que Quito presentó en La Haya.
Y segundo, que la Cancillería reconoce que hay unos protocolos para fumigar que causarían menos daño de los que actualmente aplica Colombia y que sin embargo, el Gobierno solo se compromete a aplicar en la frontera con Ecuador, con las implicaciones éticas y políticas de esto.
Las advertencias
Si bien el Acuerdo es muy cuidadoso en evitar que Colombia acepte que la aspersión produjo daños en Ecuador, sí acepta que los herbicidas llegaron a Ecuador y que “hubieran podido generar un efecto nocivo”.
De hecho, la decisión de firmar el acuerdo antes que llegar hasta una sentencia en La Haya muestra que el gobierno colombiano sabía que las probabilidades de perder eran altas. Y que otro fallo desfavorable podría ser políticamente demoledor para el Gobierno, como lo mostró el de Nicaragua.
Como han dicho expertos internacionales desde hace varios años, no hay estudios científicos que demuestren de manera concluyente que las aspersiones con químicos no afectan a los humanos. Es decir, desde antes de la demanda de Ecuador y del acuerdo, se sabía que por lo menos existía un riesgo de afectar la salud.
Por ejemplo
– el ex relator de salud de Naciones Unidas, Paul Hunt, dijo en 2007 que “las fumigaciones debían cesar hasta aclarar que no hacen daño a la salud humana”
– el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional conceptó en 2005 “hasta que haya pruebas contundentes basadas en investigaciones científicas imparciales por actores neutrales que demuestren sin duda alguna que las aspersiones aéreas masivas usadas actualmente son inocuas para nuestros ecosistemas compartidos – una proposición no tan probable de acuerdo a las investigaciones consultadas – solo podemos concluir que existe una verdadera posibilidad de efectos nocivos de las fumigaciones en el medio ambiente ecuatoriano”
– la Defensoría del Pueblo en 2002, escribió “a pesar de que han transcurrido aproximadamente 22 años desde que se iniciaron las fumigaciones en el país, no se han realizado los estudios científicos pertinentes para determinar los efectos de dicha sustancia en la salud”.
Todas estas advertencias fueron ignoradas por los funcionarios encargados de la política, desde que el gobierno de César Gaviria permitió la erradicación con glifosato a los cultivos ilícitos de amapola en 1992, y pasando luego por los de Samper, Pastrana, Uribe y Santos.
Lo que viene
El acuerdo mantiene el compromiso de Colombia de no asperjar en una franja de 10 kilómetros en la frontera, que originalmente acordaron los dos países en 2006 y que el gobierno de Uribe incumplió, motivando la demanda ecuatoriana en 2007.
Pero también establece por primera vez un protocolo riguroso sobre a qué altura se asperja, qué porcentaje de mezcla contiene glifosato -un herbicida llamado Roundup y producido por Monsanto- y cómo le debe informar Colombia a Ecuador sobre las fumigaciones programadas, con lo que la distancia se podría ir reduciendo gradualmente hasta mínimo dos kilómetros de la frontera. También acordaron un protocolo que define cómo se podrá fumigar en la zona y un mecanismo para tramitar las quejas que se puedan presentar.
Pero además de estos acuerdos, Colombia se compromete con Ecuador a que el líquido que se puede usar tenga una mezcla específica (44 por ciento de glifosato, uno por ciento de cosmoflux y 55 por ciento de agua) y que por cada hectárea asperjada se puede usar máximo 23,65 litros de esa mezcla. Esto con el fin de lograr el efecto contra las matas de coca con el mínimo de efectos colaterales.
También define que la aspersión solo se puede hacer con aviones de un motor, a máximo 40 metros de altura, con vientos de hasta cinco nudos, temperatura de hasta 35 grados y a máximo 170 kilómetros por hora. Todo eso para evitar que el líquido termine cayendo en lugares equivocados.
Lo paradójico es que en Colombia sigue asperjando unas 100 mil hectáreas al año, sobre todo en Nariño y Putumayo y que, aunque existen protocolos de fumigación en Colombia que regulan estos mismos temas, no son públicos.
Además, el control operacional de la aspersión no lo tiene el Estado colombiano: hace poco se logró que un policía se suba al avión en cada vuelo, pero éstos siguen siendo realizados por contratistas gringos como Dyncorp.
Esa falta de transparencia en la aspersión la hace imposible de fiscalizar en el resto de Colombia.
Y, más importante aún, hay dos compromisos que buscan que las personas y los animales no terminen fumigados: solo se puede asperjar de día y antes de la mitad de la tarde, y antes de hacerlo se debe avisar a las autoridades locales para que las personas se refugien y protejan sus animales. Además, habrá revisiones periódicas de los impactos en la salud humana y animal, en el ambiente y en los desplazamientos de personas .
Actualmente en Colombia se puede asperjar en cualquier momento, no es necesario avisar antes de hacerlo y tampoco hay un monitoreo de los efectos de las aspersiones.
De esta manera, el Acuerdo con Ecuador abre la pregunta sobre por qué el gobierno colombiano está más dispuesto a modificar sus protocolos cuando se trata de los vecinos y lo mantiene cuando se trata de los mismos colombianos.
