En los dos sindicatos más grandes de Colombia hay una batalla pública y jurídica interna. Tanto en la CUT como la CGT sus cuadros directivos están divididos entre aliados e independientes del gobierno de Gustavo Petro. Las pujas por el control respectivo de los comités ejecutivos, los órganos de decisión, se libran con tutelas y demandas.
Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo, que debe reconocer los comités, ha tomado decisiones que favorecen a sus aliados en los sindicatos. El apoyo de la CUT y la CGT ha sido clave para las movilizaciones públicas que ha organizado el presidente Gustavo Petro, y son el grueso de su apoyo cuando ha hablado desde el balcón de Casa de Nariño.
Un apoyo que ha sido criticado por un sector sindical de izquierda, cercano al proyecto político del antiguo Moir, hoy bajo el partido Dignidad y Compromiso que lidera Jorge Robledo.
Las fracturas internas empezaron en la CGT
Desde el año pasado, Francisco Maltés, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) alinearon a los dos sindicatos abiertamente con el gobierno Petro. Ambos han sido activistas cercanos al Pacto Histórico, la coalición de Gustavo Petro.
Por ejemplo, al inicio del gobierno, cuando fueron convocadas las primeras marchas para marcar los 100 días de la nueva presidencia, tanto la CUT como la CGT firmaron comunicados convocando apoyos a Petro. Y ya en ese entonces hubo fricciones internas.
Esas disputas se convirtieron en peleas abiertas primero en la CGT, un sindicato que agrupa a más de 600.000 trabajadores en su mayoría del sector agrario y campesino. “Percy tomó actitud autoritaria, no respondía a las preguntas o indagatorias, nunca dio informes de su gestión y no nos reunimos por más de un año”, dice Francisco Burchardt, el secretario de la CGT acerca del liderazgo de su presidente.
Luego de varias presiones, Oyola hizo una citación de la mesa directiva de la CGT, compuesta por una selección reducida del comité ejecutivo completo, que está compuesto por 45 personas. Frente a esa reunión, algunos sindicalistas molestos por cómo se estaba plegando la CGT al gobierno, hicieron una citación ampliada a todo el comité dos días antes de la reunión que había convocado Oyola.
La reunión se dio el 15 de abril y llegaron 25 integrantes del comité con voz y voto, suficientes para un quórum. Oyola no estuvo presente y afirma que su citación fue ilegal porque el comité no tiene la facultad para citarse a sí mismo.
Sin embargo, la reunión se dio. Sus citantes argumentan que como Oyola había incumplido la obligación de hacer la reunión trimestralmente, ellos debían hacer cumplir los estatutos y convocar a la reunión. Una vez convocados, tomaron tres decisiones, según Burchardt. Primero, “terminar la posición de ser un sindicato progobierno”. Segundo, “revisar todas las reformas que presentó el gobierno Petro”. Tercero, cambiar los cargos directivos del sindicato y convocar un congreso. Es decir, al finalizar la reunión, ya no era presidente Oyola, quien fue reemplazado por Myriam Luz Triana.
Dos días después, el 17 de abril, se reunió la mesa ejecutiva con los 12 aliados de Oyola. “La pregunta que deberías hacerte es por qué cuando convocamos reunión de mesa ejecutiva no fueron”, le dijo Oyola a La Silla. Sobre la reunión donde fue removido de la presidencia dice que se trató de un encuentro de “clandestino” y lo considera “ilegítimo”.
Sobre por qué había respaldado las reformas del gobierno a nombre de la CGT, sin el aval de su comité, explicó que tiene el respaldo de los más de 500 dirigentes sindicales que asistieron a la primera Conferencia Nacional de Trabajo, en septiembre de 2022, donde se discutieron los proyectos.
Luego, a principios de junio, Oyola citó a una junta confederal, el máximo espacio antes del Congreso, y expulsaron a Myriam Luz Triana de la presidencia, y a otros cinco miembros más que defienden al nuevo comité. Triana afirma que fue una “reunión ilegal”, pues no hizo una convocatoria abierta y no tenía la autoridad para convocar.
En medio de esta disputa, el grupo que apoya una independencia del gobierno depositó el registro de los nuevos dirigentes bajo la presidencia de Triana ante el MinTrabajo, quien debe reconocerlos. Pero tres meses después, siguen sin tener la representación legal. El 20 de junio cantaron victoria con la ratificación del Ministerio del Trabajo en respuesta a una tutela que pusieron, pero la celebración fue efímera. Al día siguiente el Ministerio certificó nuevamente al antiguo comité, liderado por Oyola.
El Ministerio de Trabajo no respondió preguntas de La Silla sobre por qué reversaron su decisión.
Para Triana es evidente que el MinTrabajo, liderado por la sindicalista Gloria Inés Ramírez, “no quiere aceptar a nadie más”. “El sindicalismo al servicio del gobierno es un cheque en blanco para hacer lo que quieran sin ninguna posibilidad de cuestionar algo”, agrega Jorge Iván Diez, vicepresidente del CGT del sector autodenominado como “independiente”.
En la práctica, hoy en día en la CGT hay dos presidentes que se reclaman mutuamente su ilegitimidad. Ambos están a la espera de la respuesta de la Procuraduría a la queja disciplinaria interpuesta por el nuevo comité en contra del pasado. Y ambos citaron a su propio Congreso Nacional para mostrar quién verdaderamente tiene el apoyo de las masas sindicalistas.
La división saltó a la CUT
El 26 de junio la CUT presentó oficialmente su nuevo comité, a pesar de la medida provisional de un juez de abstenerse a presentar los resultados mientras fallan sobre una tutela de los trabajadores en Puerto Wilches que no pudieron votar ese día. Los independientes acusan al Maltés y el antiguo fiscal, hoy presidente, Fabio Arias, de haber desacatado las órdenes del juez y de fraude electoral por cerrar el escrutinio antes de tiempo.
Rechazo de diferentes sectores al proceder antidemocrático dentro de @cutcolombia.
Decisiones de un sector del Tribunal Electoral y del Ejecutivo Nacional, violan el debido proceso y las medidas provisionales de un juez, para favorecer a determinados candidatos. pic.twitter.com/hKLh062tJJ
— Diógenes Orjuela (@diogenesorjuela) June 26, 2023
La tensión en la Central viene desde 2022 cuando Diógenes Orjuela, exsecretario general de la CUT y militante de Dignidad, fue relevado de su cargo al oponerse a firmar dos resoluciones de respaldo del sindicato a Petro en julio de ese año. Como secretario general debía firmar lo que decidiera la mayoría. Orjuela hoy es uno de los sindicalistas que denuncia un proceder antidemocrático por parte del Tribunal Nacional Electoral de la CUT, Maltés y Arias.
“Aquí no hay ninguna disputa, hay unos reclamos sin sentido de los perdedores” dijo Francisco Maltés, expresidente saliente de la central a La Silla. Orjuela es uno de los 40 candidatos que se lanzó al comité y quedó por fuera del corte de los 21 miembros con el puesto 23 en la votación. Medardo Hernández y Omar Romero, dos de los cinco que firman el pronunciamiento del fraude tampoco quedaron electos.
Algunos miembros dicen que esta pelea es de tinte político por la militancia de Orjuela en el partido del exsenador y candidato a la Alcaldía de Bogotá Jorge Robledo. Ahí también están figuras como Laura Munevar y Gustavo Triana, actual secretario del partido, que son cercanos a Orjuela y han difundido las denuncias.
Pero no es una petición exclusiva de los perdedores, los miembros del nuevo comité, Timoteo Romero y Johnson Torres, también firmaron. Ambos son cercanos a Orjuela. Otros también piden un debido proceso como Jorge Enrique Cortés y Fabio Herrera.
Para Romero están defendiendo los derechos del sindicato, “es como si estuviéramos en un partido de fútbol. Por más amigos, una vez en la cancha contraria hay que jugar como con cualquier otro. Afuera podemos abrazarnos si quieren”.
Un mes después de las elecciones, cuando se cierra el escrutinio, se da el revuelo de “fraude electoral” en la CUT. El Tribunal tenía medida provisional de juzgado de Puerto Wilches. La medida se tomó mientras se daba el fallo sobre la tutela interpuesta por Sintrainagro y otros sindicatos en Santander que no pudieron votar y piden participar en la votación.
Al final, el juez Rivera resolvió fallar a favor de la decisión tomada por la CUT, declarando improcedente la acción de tutela y pidió archivar el incidente de desacato por haber incumplido las medidas cautelares mientras se resolvía el fallo.
Pero aunque la pelea por los votos de Sintrainagro esté resuelta, se le suma la denuncia de que “faltaba digitar actas de Santander, Antioquia, de Bolívar, de Bogotá y Cundinamarca, y clarificar que habían unos miles de votos que no tenían soporte en actas ni en votos”, explica Orjuela.
Más allá del resultado de las decisiones jurídicas, la pelea, reconocen internamente, debilitan a organizaciones que han sido fundamentales como base de apoyo al gobierno Petro, que apunta a volver a presentar la reforma laboral. “Nos perjudica a nosotros como organización estar en debate, políticamente no es una situación que sea bien vista”, reconoce Germán Marín, miembro del comité de CUT Antioquia, quien se ha marginado de tomar una postura entre los independientes o los progobierno.
Nota del editor: después de publicada esta nota precisamos, a solicitud de las directivas de la CGT lideradas por Oyola, que el evento donde fue revocada la presidencia de Triana fue en una junta confederal y no una mesa directiva. Además, ampliamos la versión de Oyola.
