El asesinato del miliciano que disparó las alarmas sobre seguridad de las Farc

El martes a las 8:30 de la noche fue asesinado José Ever Yatacué Mestizo, un miliciano de las Farc que vivía en Toribío y que se había acogido al proceso de paz. Con este, ya van dos casos de homicidios a personas de la guerrilla y otros cinco a familiares de guerrilleros en menos de dos meses. Una prueba de que la seguridad de las Farc es un tema prioritario para el éxito de la implementación del Acuerdo.

Los casos

José Ever Yatacué era indígena, tenía 35 años y aunque era miliciano de las Farc, en Toribío también lo conocían porque trabajaba transportando personas en mototaxi.

La Silla confirmó con el Mecanismo de Monitoreo de la Onu, con la Alcaldía de Toribío y con prensa de las Farc que Yatacue, conocido en la guerrilla como alias "Jaider Villa" hizo parte de las listas de milicianos que la guerrilla entregó en la zona veredal de Monterredondo, en el municipio de Miranda, en Cauca, cumpliendo el compromiso que quedó escrito en el Acuerdo de Paz. De hecho, era el líder de esas milicias en el municipio.

Sin embargo, después de registrarse, regresó a su casa con su familia porque en los Acuerdos quedó pactado que los milicianos no entrarían en las zonas veredales.

Una de las razones, como le explicó a La Silla Vacía una fuente que conoció de primera mano ese proceso, es que no era posible construir toda la infraestructura que se necesitaría para alojarlos.

“La infraestructura fue lo que nos hizo pensar en no dejarlos a todos sino solo a los guerrilleros armados. Si no, nos hubiera tocado casi que duplicar o triplicar la infraestructura”, dijo la fuente.

Y es que aún sin los milicianos, todavía hay varias zonas veredales que están atrasadas a pesar de que en teoría, éstas se deberían acabar en un mes. Eso ocurre en Monterredondo que, según el último comunicado del Mecanismo de Monitoreo y Verificación hasta el 14 de abril estaba en un 5 por ciento de construcción y los guerrilleros están viviendo en carpas en zonas cercanas al lote donde se está construyendo.

Yatacué, en cambio, volvió a Toribío. Allí estaba hasta el martes en la noche, cuando recibió una llamada a su celular y salió, al parecer para encontrarse con alguien. En un sitio cercano al Hospital, lo asesinaron a tiros.

Toribío es el municipio que más veces se tomó las Farc antes de entrar en el proceso de negociación con el gobierno. Aunque inicialmente hubo un período de tranquilidad tras el cese al fuego, en los últimos meses, según supo La Silla Pacífico por una alta fuente del municipio, han aparecido disidentes de las Farc que están incrementando la violencia en una disputa con otros actores por el territorio que dejó la guerrilla.

A eso se suma que la zona rural del municipio, compuesta en sobre todo por tres resguardos indígenas, se llenó de cultivos de marihuana y “hay disputas por cooptar el negocio”, según la fuente.

El caso de Yatacué es el último de los asesinatos directamente relacionados con miembros de las Farc.

El primero fue el del guerrillero Luis Alberto Ortíz Cabezas, un indígena Awa conocido en las filas de las Farc como “Pepe” que fue asesinado en el corregimiento de Llorente, en Tumaco el pasado 16 de abril.

Ortíz había sido el primer guerrillero indultado en el marco de los acuerdos de paz de La Habana. Salió de la cárcel Villa Hermosa de Cali dos semanas antes de su asesinato y regresó a Tumaco para presentarse en la zona veredal de La Playa, como contó Verdad Abierta.   

Aunque en teoría los guerrilleros indultados tienen que estar en las zonas veredales, Ortíz fue asesinado afuera de una discoteca en la vereda Guayacana de ese corregimiento. Según explicó Romaña, que lidera la zona veredal de Tumaco, estaba por fuera porque la guerrilla le dio permiso para ir a visitar a sus papás, a su esposa y a sus hijos pero tenía pensado volver.

La guerrilla denunció que su asesino era un “narco paramilitar” conocido como alias “Renol”, que fue capturado ayer tras una investigación de la Fiscalía.

‘Renol’ está siendo investigado además como el posible asesino del patrullero de la Policía Bayron Fernando Recalde Morcillo, que murió tras recibir un disparo durante los enfrentamientos con los cocaleros a principios del mes.

Ante esta situación, ayer el Fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que la Fiscalía le ha dicho al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, que “es conveniente que los jefes de las milicias también se incorporen a las zonas veredales para dar garantías de seguridad y jurídica frente a los proceso que tienen que responder”.

Los familiares

Además, en estos últimos dos meses también se han presentado dos casos de homicidios a familiares de guerrilleros que hacen parte del proceso de paz.

El primero ocurrió también el pasado 16 de abril cuando los hermanos Dalmiro Cárdenas Vitoria y Anselmo Cárdenas Vitoria fueron secuestrados, torturados y degollados, según las Farc, por grupos paramilitares que operan en el municipio de Litoral de San Juan al sur del Chocó. Ellos son hermanos del guerrillero Robinson Vitoria, recluido en el patio siete de la cárcel de Chiquinquirá.

Como contó El Espectador ayer, Vitoria dijo que a sus hermanos “les tendieron una trampa”. “Un amigo de uno de mis hermanos sabía que yo era guerrillero, entonces les puso una cita para realizar un supuesto trabajo. Cuando ellos llegaron los cogieron y los torturaron para que dieran información sobre asuntos de las Farc. A uno de ellos lo degollaron”, contó el guerrillero que hoy está esperando salir libre en el marco de la ley de amnistía. No dijo qué asuntos.

“El amigo que los entregó dijo que habían sido los paramilitares, que ahora se hacen llamar Clan del Golfo. Ellos lo habían mandado a hacer la vuelta y como él está trabajando con ellos pues se prestó para asesinar a mis hermanos”, agregó.

El otro caso, coincidencialmente, también ocurrió la noche del martes en Tarazá, Antioquia. Según información que conoció La Silla con una fuente del sector humanitario y que confirmó con el Mecanismo de Monitoreo de la región, fueron asesinados tres familiares de un guerrillero indultado de las Farc que está en la zona veredal de Remedios.

Según la información que conoció La Silla, “intentaron matar el resto de familia incluida la mamá pero no pudieron tumbar la puerta a la una de la madrugada. Este hombre está desesperado ante esta situación y plantea irse a recoger la familia. Entre los asesinados hay una niña de 14 años”.

Esta situación fue denunciada por Carlos Antonio Lozada, miembro del Estado Mayor de las Farc que dijo en Caracol Radio que había "una cierta sistematicidad en los crímenes a parientes de nuestros hombres. Entonces sí hay un asedio paramilitar que está afectando el proceso, no propiamente haciendo propuestas, sino atacando a familiares de las Farc”.

Lo que revela

En últimas, estos hechos muestran la necesidad de que la Jurisdicción Especial de Paz comience a funcionar y lo haga bien para que todas las cuentas pendientes de la sociedad con los guerrilleros se puedan tramitar por las vías no violentas.

También muestra la urgencia de que el Vicepresidente Óscar Naranjo, que ayer anunció que recibirá funciones para articular la implementación de los acuerdos y trabajar por mantener la seguridad en los territorios, entre otras, le ponga la lupa a que se comiencen a implementar las medidas de seguridad que quedaron pactadas en los acuerdos.

El Gobierno se comprometió a combatir a los sucesores del paramilitarismo, por un lado, creando una Comisión de Garantías de Seguridad encabezada por el Presidente. Tras la renegociación de los acuerdos, las Farc quedaron fuera de la comisión y se redujeron sus funciones.

Y por otro, se pactó crear una Unidad Especial de investigación en la Fiscalía para desmantelarlas con una unidad especial de policía judicial propia, y un cuerpo élite de la Policía apoyando la lucha contra esas organizaciones, además de fortalecer la supervisión de la seguridad privada para evitar nuevas Convivir.

Además, el Gobierno se comprometió a crear un grupo mixto de escoltas para los desmovilizados, que funcionará dentro de la Unidad Nacional de Protección con policías y personas de confianza de los jefes de las Farc. Estos miembros deben estar capacitados y cumplir unos requisitos que va a determinar la UNP.

La UNP ya está haciendo pruebas psicológicas que son el último paso para aprobar las primeras hojas de vida de los escoltas para la guerrilla. Como contó La Silla, a principio de abril, las Farc habían postulado 137 personas y ninguna era de la guerrilla.

El lío es que ese proceso se siga demorando mientras las amenazas contra las Farc y sus familiares se mantienen en los territorios.