El “boom” de los partidos políticos que fragmentará las elecciones regionales

Si no surgen más antes de octubre, en las regionales hasta 28 partidos podrán avalar candidatos, recibir financiación del Estado para su funcionamiento ($60 mil millones repartidos entre todos) y acceder a espacios en los medios de comunicación para hacer publicidad.

El nuevo ‘boom’ de partidos políticos es resultado de un camino jurídico que abrió la Corte Constitucional, también de las gabelas de las normas electorales y el vacío que hay en otras.

Desde el 2002 en el país no había tantos partidos reconocidos. La fragmentación política de la época motivó una reforma en 2003 que estableció unas reglas de juego más estrictas como el umbral para dar las personerías jurídicas a las organizaciones.

Unas reglas que se quedaron cortas, advierten analistas. “Ahora hay un crecimiento de partidos desordenado y sin reglas claras. Una ampliación de partidos que debe necesitar unos ajustes constitucionales que el Congreso no ha querido revisar”, resume Armando Novoa, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE.

“La nueva proliferación es nociva, en vez de facilitar al elector, lo confunde”, advierte el senador y ex registrador Humberto de la Calle. “Emprendimos el camino de regreso hacia lo que en su momento fueron los partidos de garaje”, complementa el analista político, Carlos Suárez.

A diferencia de hace 20 años, la reforma política que se debate actualmente en el Congreso, y que ya surtió cuatro debates, no ataca este nuevo fenómeno y por el contrario deja abierta la puerta a que a futuro surjan más partidos y aumente la fragmentación.

La reforma política toca tímidamente a los partidos

La reforma política que promueve el Gobierno Petro y que ya cumplió con cuatro de los ocho debates, no se mete con la flexibilización de las normas que están permitiendo la nueva proliferación de partidos políticos.

En ningún artículo se menciona acabar con el umbral del 3 por ciento en el Senado como lo recomendó el acuerdo de La Habana, ni aumentarlo para evitar una situación similar a la del 2002.

“No se tratado con seriedad el pluralismo político sin que eso lleve a un crecimiento desordenado y anárquico. Llegamos a este escenario más por las reformas jurisprudenciales y no por el órgano legislativo. Uno echa de menos que estos temas no se hayan tratado en el proyecto de reforma política del Gobierno”, opina el exmagistrado Novoa.

El analista Carlos Suárez dice que al Congreso no le interesa meterle diente al tema porque las elecciones regionales están a la vuelta de la esquina. “El ingrediente nuevo es que se están creando partidos afines al Gobierno de turno, en desmedro de los partidos tradicionales y ad portas de elecciones regionales. Será el camino servido para que, a través de estos nuevos partidos “alternativos”, se empoderen los afines a Petro. El que no crea que habrá petrismo por años, no está leyendo al país y a lo que está pasando”, dice.

La reforma sí promete meterse con unos temas de forma que, eventualmente, pueden desencadenar en la creación de nuevos partidos. Por ejemplo, establece que se debe tramitar un proyecto de ley que regule los mecanismos, requisitos y procedimientos de la fusión y escisión de todas o parte de las personerías jurídicas que integran una coalición. Eso, para blindar el camino que le permitió la aparición de La Fuerza de la Paz, En Marcha o Dignidad.

También define que los partidos, movimientos políticos o grupos formados por firmas, con o sin personería jurídica, que inscriban candidatos van a tener financiación 100 por ciento del Estado.

Aunque en el debate y por petición de sectores alternativos a la reforma se le introdujo una norma para quitarle las personerías jurídicas a los partidos que no adopten mecanismos internos de democracia, en todo caso deja sujeta esa decisión al CNE, en el que hay fichas de los partidos.

“Los mal llamados magistrados son delegados de los partidos. El sistema en eso es perverso, y eso genera todo tipo de desarreglos, confiar el queso al cuidado ratón no tiene sentido”, dice el senador De la Calle.

“Al paso que vamos, el país tendrá que volver a discutir como la del 2003”, concluye De la Calle.

La silenciosa contrarreforma que aumentó los partidos

Las normas establecidas por el Congreso en 2003 y 2009 condicionaron las personerías jurídicas a los partidos que lograran superar el umbral del 3 por ciento de los votos al Senado. Es una medida exigente, que en la actualidad obliga a sacar más de medio millón de votos. Se pensó para racionalizar y ordenar el sistema tras la compuerta que abrió la Constitución de 1991, que permitió crear partidos con requisitos mínimos como obtener una curul en el Congreso o presentar 50 mil firmas.

En 2002, por ejemplo, 64 partidos políticos presentaron 312 listas al Senado, pues un solo partido podía tener varias listas. Tras la reforma del 2003, que se empezó a aplicar desde el 2006 incluyendo las listas únicas, el número de partidos bajó a 10. 

El número se mantuvo estable durante las siguientes cuatro elecciones. Sin embargo, desde el 2019 empezó un nuevo ‘boom’ de reconocimientos de personerías jurídicas. De 14 partidos políticos establecidos en 2018 el CNE pasó a 28 en 2022 Con la particularidad de que 9 de los nuevos partidos no tuvieron necesidad de cumplir estrictamente con la norma del umbral del 3 por ciento.

Lo hicieron por tres caminos, que terminaron obviando las reglas de 2003 y 2009.

El primero es el de la vía judicial. En agosto de 2021, la Corte Constitucional sacó un fallo que ordenó revivir la personería jurídica del Nuevo Liberalismo señalando que su desaparición en 1988 fue “por culpa de la violencia que hubo en Colombia o por lo menos que dejó de ser visible debido a la fuerza que infundió miedo y temor sobre sus líderes”.

Ese fallo de la Corte tuvo un efecto dominó. Amparado en ese argumento, el de la violencia contra militantes, tres partidos políticos que habían desaparecido, Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt; Salvación Nacional de Enrique Gómez; y el Partido Comunista, lograron que el CNE les devolviera sus personerías jurídicas al finalizar el 2021.

Los vacíos del Congreso que abrió el Estatuto de la Oposición

El segundo camino es producto de vacíos que ha dejado el Congreso cuando ha tramitado reformas políticas. La más reciente fue la que aprobó el estatuto de oposición en 2018. Ese año se estableció que quien quede segundo en las elecciones a Presidencia, junto con su fórmula vicepresidencial, pueden ocupar una curul en el Senado y la Cámara, respectivamente. Pero no precisó qué derechos iba a tener el partido o el movimiento que avaló a quienes acceden a esas curules.

Esa norma se estrenó con Gustavo Petro, quien desde entonces arrancó una pelea jurídica por lograr el reconocimiento de la personería jurídica de su movimiento Colombia Humana. Su argumento fue que ese movimiento representaba a los 8 millones de votos que obtuvo y que sería ilógico que al ocupar una silla en el Senado no tuviera personería jurídica si pasaba por miles de votos el umbral del 3 por ciento.

Aunque el CNE y el Consejo de Estado rechazaron ese reclamo con base en las reglas de 2003 y 2009, la Corte Constitucional le dio la razón a Petro. “Se hace imperativo que, en el marco de un Estado pluralista, el segundo en votación a las elecciones presidenciales a quien naturalmente corresponde ejercer oposición, acceda a las garantías y derechos derivados de la misma”, sentenció la ponencia proyectada por el magistrado Alejandro Linares.

El eje de la decisión giró alrededor del derecho a la participación política, las garantías a la oposición, y matizó la rigidez de las normas electorales para la conformación de partidos políticos.

Ese llamado de la Corte, que aún no está incluido en la Constitución, tuvo efectos en las elecciones de 2022. Gracias a eso, Rodolfo Hernández, que quedó segundo en las presidenciales del 2022, logró que le dieran personería jurídica a su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. 

El vacío legislativo con el estatuto de oposición que llenó la Corte le está dando elementos al nuevo CNE, de mayorías de la coalición del Gobierno Petro, para crear más partidos estirando aún más esa interpretación. Hace unos días, el máximo órgano electoral decidió darle personería jurídica a Fuerza Ciudadana, el movimiento que lidera el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo.

El argumento de la magistrada ponente, Fabiola Márquez, es que Fuerza Ciudadana tenía ese derecho porque en las elecciones de 2018 hizo parte de la coalición presidencial de Petro que sacó los famosos ocho millones de votos. Y, que, como resultado de esa elección Petro ocupó una curul en el Senado y le dieron personería jurídica a la Colombia Humana, también debían dársela a Fuerza Ciudadana.

Esa interpretación tuvo división dentro del CNE, además, porque Fuerza Ciudadana se presentó a las elecciones de Senado en 2022 y no superó el umbral del 3 por ciento. 

Histórico! Otorgan personería jurídica a @fzciudadana; un partido de izquierda respaldado por miles de colombianos en una consulta presencial con + de 515mil votos, gobierna Sta Marta desde 2012, al Magdalena desde el 2020, presencia en Cámara y contribuyó a triunfo de pdte Petro pic.twitter.com/B47SPu0Qmo

— Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) January 3, 2023

Las gabelas no reglamentadas

El tercer camino que explica que ahora haya 28 partidos políticos está relacionado con una gabela legislativa, que tampoco tiene reglas claras. En una reforma de 2011 el Congreso abrió el campo para que los partidos pudieran escindirse, es decir, separarse en nuevas organizaciones. Pero esa figura quedó supeditada a lo que definieran los partidos en sus estatutos y no a una norma regulatoria que pusiera requisitos o límites.

Eso abrió un nuevo boquete para crear más partidos. Lo estrenó el Polo Democrático en 2021 cuando una de sus figuras, el senador Jorge Robledo, pidió la separación para crear su movimiento Dignidad. Sin una norma electoral en la cual basarse, lo que hizo el CNE fue aplicar las reglas que hay para las escisiones en las empresas, es decir, el derecho privado.

El caso de Dignidad sentó las bases con las que el CNE ha entregado dos personerías jurídicas nuevas: La Fuerza de la Paz, del senador Roy Barreras; y En Marcha, del exministro Juan Fernando Cristo.

A Fuerza de la Paz por una escisión del partido Alianza Democrática Amplia, ADA, que hizo parte, a su vez, de la coalición del Pacto Histórico. El ADA avaló las candidaturas al Congreso de Roy Barreras y Gloria Arizabaleta, quienes tras ser elegidos motivaron esa separación.

Lo de En Marcha se dio por una mezcla entre escisión y beneficios de hacer parte de una coalición. En Marcha hizo parte de la lista al Senado que presentó la coalición Centro Esperanza, pero como no tenía personería jurídica avaló sus candidatos a través de la Alianza Social Independiente, ASI.

De esa lista salieron elegidos Guido Echeverry, Gustavo Moreno y Jairo Castellanos. Antes de posesionarse los tres le dijeron al CNE que políticamente representaban a En Marcha, y que como la lista había superado el umbral todos los movimientos y partidos que la conformaron tenían derecho a crear un partido político diferente.

El impacto del Acuerdo de La Habana

Uno de los argumentos más usados en el CNE para darle vía libre a la creación-resurrección de estos nueve partidos políticos, ha sido el acuerdo de La Habana firmado con las Farc. Puntualmente en lo que hace referencia al capítulo 2 que habla de promover el pluralismo y la inclusión política.

En sus decisiones el CNE menciona que, según lo acordado en La Habana, se debe desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones. Tal como lo recomendó la Misión Electoral Especial, MEE

Planteamientos que van en la línea de lo dicho por el presidente Petro. “Que la ciudadanía colombiana tenga, cada vez más, libertad de formar partidos políticos, como dice la Constitución, movimientos; grupos significativos de ciudadanos que se expresen en toda su diversidad”, dijo Petro cuando posesionó a los nuevos magistrados del CNE. 

Pero esos cambios planteados no han aterrizado en leyes reglamentarias en el Congreso. “Frente a ese dilema de nuevas personerías, el CNE se ha ido con base en el Acuerdo de La Habana y ha invocado la sentencia de la Corte con el Nuevo Liberalismo. Lo que implica que el sistema establecido en las reformas de 2003 y 2009 ya no existe. Esto por la inactividad del Congreso”, añade el exmagistrado Novoa.

Humberto de la Calle, jefe negociador del en La Habana, cree que lo definido en el punto político ha sido malinterpretado por las instancias que han intervenido en la creación de los nuevos partidos. “Lamentablemente a partir de ahí la Corte Constitucional y el CNE abrieron el grupo y hay aplicaciones laxas, un cúmulo de partidos que llega a 30 y que va a ser de muy difícil manejo”, dice De la Calle.

El punto político del acuerdo que aborda la flexibilización de las personerías jurídicas se pensó para un sistema progresivo, que se pudieran habilitar partidos pequeños para elecciones regionales, con unas limitaciones. “El propósito de La Habana no es esto que estamos viendo”, añade De la Calle.

Pero la proliferación de nuevos partidos y el desorden normativo aún no entran en el radar del nuevo Congreso, ni de la reforma política que se está cocinando.