El último revolcón ministerial buscaba, entre otros, mantener engranada la unidad nacional. Pero por ahora, el Fast Track avanza a paso de tortuga.
El presidente Juan Manuel Santos cambió su gabinete por última vez el 1 de agosto con el objetivo de mantener a su coalición alineada y terminar así de reglamentar el Acuerdo de paz con las Farc. Sin embargo, hasta ahora, el cambio no ha surtido efecto en el Congreso. Por el contrario.
Un ejemplo de ello quedó claro en las sesiones de ayer del Congreso, especialmente en la plenaria del Senado y la Comisión Primera de la Cámara, donde cursan proyectos clave para la reglamentación del Acuerdo con las Farc: la ley de innovación en el campo y la reforma política, respectivamente.
Campo: cero y van dos
La ley de innovación, que lidera el Ministerio de Agricultura, lleva tres meses en trámite en el Congreso. Llegó a la plenaria del Senado hace dos semanas y ni siquiera se ha debatido el texto. Durante los últimos dos días la plenaria se concentró en votar los impedimentos (7 en total) y ayer en algunas ocasiones solo 30 de 100 congresistas votaron.
Se ausentaron la gran mayoría de La U (la bancada costeña no estuvo) que están molestos con los cambios de gabinete porque siendo la mayoría dentro de la coalición (con 56 congresistas en total), dicen que no obtuvieron las mismas cuotas que otros partidos, como Cambio Radical, que a pesar de tener 25 congresistas mantiene cuotas importantes como el Ministerio de Vivienda y desde principios de mes, el Bienestar Familiar.
Del Partido Conservador, asistieron no más de 10 de los 18 senadores. A eso se sumó que otros senadores como Teresita García (Opción Ciudadana) y Daira Galvis (Cambio Radical), no fueron por incapacidad médica.
Al final, la plenaria se levantó por falta de congresistas.
Aunque el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, nos dijo que la falta de quórum se debía a que no asistió el ministro Aurelio Iragorri por una incapacidad médica, la razón que supo La Silla va más allá: los de La U y los godos esperan la decisión del presidente Santos sobre quién será el reemplazo de Iragorri, cuando en septiembre pase a dirigir el partido de La U de cara a 2018.
“Hasta que no digan de quién es el Ministerio, no votamos”, nos dijo un senador de La U.
“Puede ser la situación de interinidad del Ministro que lidera el tema. Puede ser que en la Unidad Nacional tienen algún tipo de inconformidad, claramente es un mensaje que (desde la Plenaria) se está enviando”, dijo a su turno, la senadora de la U Maritza Martínez.
“Esto parece un sabotaje”, opinió el ponente del proyecto de innovación, el liberal Guillermo García, en referencia al ausentismo de La U y los godos.
Un alto funcionario del Gobierno que conoce la movida y nos habló off the record para no tener problemas dentro de la coalición santista nos dijo que la principal razón para el trancón legislativo en ambas cámaras es que los congresistas “están cobrando al Gobierno las cuotas que no les dieron antes, y ahora cobrán más en momentos de necesidad”.
El Ministerio de Agricultura fue en el primer gobierno de Santos del Partido Conservador con los ministros Juan Camilo Restrepo, Francisco Estupiñán y Rubén Darío Lizarralde. A partir de la reelección, Santos le dio ese cargo a Iragorri quien ha hecho toda su carrera política de la mano del santismo y La U. Por eso la expectativa de ambos partidos sobre cuál será el beneficiado con esta cuota burocrática.
Los de la U creen ‘merecerla’ porque con el cambio de gabinete, Santos le quitó las cuotas en dos entidades clave para la inversión en las regiones que estaban a cargo de los Ñoños de La U, que son Findeter y Fonade.
Por su parte, un senador conservador nos dijo que los azules esperan esta cuota, que han venido pidiendo desde finales del año pasado, por considerar que los demás ministerios que dicen ser azules (como Hacienda y Minas), no representan al Partido.
Desde hace varias semanas se rumora que el Ministerio quedaría al mando del actual viceministro de Agricultura, Juan Pablo Díazgranados. Si Santos se decantara por esa opción, mantendría la cuota a La U. Pero eso todavía no está claro y seguramente el Presidente tomará la decisión hasta septiembre.
Para otros la falta de avance en la discusión de los proyectos es porque el Gobierno “está perdiendo gobernabilidad”, como nos dijo el senador Luis Fernando Velasco.
”Antes el proyecto les gustaba (a la coalición)”
Lo curioso es que antes de que el proyecto pasara a plenaria y cambiara el gabinete, fue aprobado con amplias mayorías en las Comisiones Quintas de Cámara y Senado (allí todo el santismo votó al favor de la norma y solo votaron en contra el Polo y el Verde).
“Llama la atención que ahora no les guste”, nos dijo el senador del Polo, Jorge Robledo.
La última votación que pasó holgada en el Congreso fue en la del segundo debate del proyecto que le da 16 curules a las organizaciones sociales y de víctimas por ocho años. Y eso fue en julio.
Un trancón similar pasa en otro proyecto considerado clave para el Gobierno: la reforma política.
La reforma estancada
Horas antes del ausentismo en el Senado, en la Comisión Primera de la Cámara, la reforma política, que es una de las banderas del Gobierno este año, cumplió su tercera semana de debates en la Comisión Primera y sólo tiene aprobados 3 de los 23 artículos que la componen.
La sesión de ayer fue levantada porque el presidente de la Cámara, el vargasllerista Rodrigo Lara, abrió sesión en la Plenaria. Lo que obligó a que el debate en la Comisión se levantara y tuvieran que convocar hasta el próximo martes, cuando la reforma cumpla un mes en esa Comisión. Una situación que en otros trámites claves para el Gobierno no pasaba.
En otras leyes clave para Santos, como la reforma al equilibrio de poderes, o el acto legislativo que dio vida al Fast Track, el Ministerio del Interior pedía al Presidente de la Cámara de turno atrasar las horas de las plenarias y darle prioridad al debate que le interesaba al Gobierno en las comisiones.
“Esta es la tercera vez que pasa. Lara lo ha dicho: no le gusta la reforma. Y uno no debe ser Presidente (de la Cámara) para la un solo partido”, nos dijo el representante del Polo Germán Navas, en referencia a que Lara estaría truncando la reforma.
A su turno, el Presidente de la Cámara negó que estuviera poniendo talanqueras a la reforma, sino que estaba siguiendo el orden del día.
De acuerdo con el ponente Heriberto Sanabria, no hay operación tortuga, sino preocupaciones de los partidos porque la reforma impactará en las elecciones al Congreso de 2018 que son en 8 meses, en temas como la financiación de las campañas.
De todos modos, en la Cámara hay otros proyectos del Fast Track atrasados.
Todavía no se sabe quién será el ponente de la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz, porque el texto no ha sido enviado desde la presidencia de Lara a la Comisión Primera, donde será debatido; tampoco está agendada la votación, en último debate, del proyecto que prohíbe el paramilitarismo que en las últimas semanas generó polémica por parte de congresistas y columnistas y está en cola el de las circunscripciones de paz para sus últimos dos debates.
Eso sin contar que detrás de estas normas vienen iniciativas como la ley de desarrollo rural, una norma para formalizar la tierra rural y el régimen especial de penas para los pequeños cultivadores de droga.
Nuevo equipo
Con el último cambio de gabinete el Gobierno salieron funcionarios que fueron fundamentales para la primera etapa del Fast Track, como el hoy exministro del Interior Juan Fernando Cristo, y figuras clave dentro del engranaje al interior del Gobierno para tramitar los proyectos como Elena Ambrossi y el consejero político de Palacio, Luis Miguel Pico. Su ausencia también ha enredado el trámite de los nuevos proyectos.
Cristo fue uno de los súperpoderosos del Fast Track porque tras 12 años como congresista conocía los tiempos de los proyectos, tenía un equipo de asesores y directores que lo ayudaban en las tareas de filigrana del Congreso (evitar trancones, mover el orden del día y pasar hojas de vida) y tenía una relación de vieja data con la mayoría de parlamentarios de la coalición.
”Es un mensaje que la plenaria está mandando”
Su reemplazo, el ministro Guillermo Rivera, quien llevaba año y medio como Viceministro del Interior y conoce el Congreso (fue representante por 16 años), está concentrado en la tarea de sacar adelante la reforma política y las más de 160 proposiciones que los congresistas le han querido meter al proyecto. Pero como venía de la Cámara hay senadores no lo ven con el mismo respeto que a Cristo, y el equipo que tiene apenas se está adaptando a la filigrana del Congreso.
Pico llevaba más de seis años trabajando de la mano de los congresistas. Primero como enlace del Ministerio de Comercio con el Congreso, después como directivo de La U, luego como miembro del comité de giras de la reelección y desde 2014 era el consejero político de Santos, quien entre otras funciones, era el primer filtro entre el Congreso y la Casa de Nariño, antes de llegar al Presidente y al Secretario General.
Desde hace dos meses es el viceministro de Asuntos Agropecuarios en el Ministerio de Agricultura.
Su reemplazo fue el excongresista Juan Valdés, quien viene de ser directivo del Sena, la entidad que manejaba Alfonso Prada, antes de llegar a la Secretaría General de Palacio, y no tiene la cancha de Pico.
Al Fast Track le quedan tres meses. Para noviembre, cuando el procedimiento especial acaba y faltarán cuatro meses para la elección al Congreso y seis para la de la Presidencia, pocos le apuestan a que el quórum se mantenga.
La próxima semana, el Senado no debatirá proyectos que reglamentan el Acuerdo, sino que escuchará y elegirá a un nuevo miembro de la Corte Constitucional; y la primera de septiembre no sesionará por el partido de la Selección Colombia en Barranquilla el martes 5 y la visita del Papa el miércoles 6.
Por ahora, el tiempo es lo único que avanza en el Congreso.
