La Universidad tiene un deficit presupuestal de mas de 3 mil millones, sobrecupo de empleados, pagos atrasados, y amenazas contra la vida de algunos denunciantes.
Este martes se reunieron delegados de la Procuraduría con el rector de la Universidad del Pacífico Félix Suárez, más delegados del sindicato de empleados, Sintraunicol, estudiantes e integrantes del Paro Cívico del puerto para negociar las soluciones a la crisis financiera, académica y administrativa de la universidad que ya completa seis meses.
La crisis en una de las universidades públicas más importantes de la región y la única de Buenaventura ya ha generado en seis meses dos paros y una inestabilidad que amenaza con la continuidad de esa institución que fue creada hace 30 años para atender a la población más vulnerable del Pacífico y que tiene 3100 estudiantes.
Según nos dijeron cuatro fuentes en el puerto, detrás del interés por el poder de la UniPacífico está tener el control de los 22 mil millones de su presupuesto anual y de los 300 mil millones adicionales que recibirá a partir del próximo año y por diez años por la Ley Pro-Unipacífico, para inversiones en infraestructura, tecnología y administración de la universidad a través de una estampilla.
Una pelea en la que ya intervino el saliente Gobierno Nacional sin mayores resultados que, sin solución a la vista, será uno de los temas que seguramente tendrá que abordar María Victoria Angulo, la nueva ministra de Educación de Iván Duque.
La crisis
Al comenzar este 2018 el sindicato Sintraunicol que tiene 106 afiliados, denunció una “masacre laboral” por la no renovación del contrato a término fijo de 60 empleados de la universidad, algunos con muchos años de antigüedad.
Según el sindicato los despidos se debieron a que el rector Félix Suárez quería integrar a la nómina de la universidad a personas cercanas a él y a quienes lo financiaron en su larga pelea jurídica para ser el rector, como parte del pago de favores políticos.
Denunciaron además que dos de los empleados estaban sindicalizados y que el contrato les fue terminado unilateralmente, por lo que le exigían su reintegro y detener los despidos.
Ante los despidos, el rector Suárez nos dijo que tenía toda la potestad de cambiar a los empleados porque el contrato se les vencía el 31 de diciembre de 2017 y que el fuero sindical sólo cobija a los miembros de la junta directiva del sindicato.
Para compensar este número de empleados no solo contrató a nuevo personal, sino que lo aumentó en un 35 por ciento. En términos financieros, la inversión de contratistas por prestación de servicios se duplicó en un año: de 1200 millones en 2017 a 2200 millones en los primeros meses de 2018.
Según el Rector este aumento se dio por la creación de siete cursos de más de 50 estudiantes cada uno, que demandaba ampliar el número de administrativos y docentes y que muchos de ellos eran nuevos porque los empleados antiguos no estaban dando los resultados esperados.
El sindicato denunció además, que estos nuevos empleados entraron a ganar hasta cuatro veces más lo que ganaban los antiguos lo que habría generado un déficit presupuestal de 3920 millones de pesos.
Si bien el Rector reconoce el aumento de los salarios, los justificó en la calidad profesional de los empleados, pero dice que el déficit no es producto de estas contrataciones sino del descuento del presupuesto de este año que está en 22 mil millones del pago retrasado de primas y cesantías de años anteriores para los empleados.
Sea cual sea la razón, lo cierto es que el déficit existe y crece con cada día que pasa y de no encontrarse una solución pronto, la universidad podría llegar a ser inviable financieramente por lo que podría ser intervenida o cerrada, una decisión que quedaría en manos del gobierno de Iván Duque que se posesiona en menos de una semana.
Con este panorama, a finales de mayo hubo un paro de dos semanas por parte de estudiantes que protestaban por las malas condiciones en que estaban estudiando, como no tener luz o internet permanente para las clases. A la protesta se sumaron docentes a los que se les debía hasta dos meses de salario.
El plan de salvamento
Con este paro que amenazaba la finalización del semestre, llegó la mediación del Comité del Paro Cívico, donde se creó la submesa de educación para tratar de encontrar soluciones.
Una de esas alternativas fue un hacer un plan de choque para racionalizar el gasto de la universidad. Este debía ser creado por la administración y la submesa y deberá ser avalado por la viceministra de Educación, Natalia Ruiz, que está encargada del tema.
El 12 de junio salió a la luz dicho plan de la Rectoría que contempla, entre otras cosas, no hacer exenciones completas de matrícula a los estudiantes, no financiar investigaciones que no sean rentables económicamente, desvincular a personal de planta que les vaya mal en la evaluación de desempeño o en casos justificados para contratistas.
Un plan criticado por profesores y empleados del sindicato porque no fue concertado con ellos y consideran que no ataca el problema de raíz, que para ellos es la mala administración de los recursos y el aumento de la nómina en los últimos seis meses.
En el único punto que coincide el sindicato con el plan del rector Suárez es en la reducción del personal, aunque no coinciden en cuál gente sea la que tenga que salir. Para ellos deben salir los nuevos (contratados por el Rector y de su supuesta cuerda) y no los sindicalizados.
Aunque habrá una reunión el próximo lunes para seguir hablando de la aplicación del plan, sobre los salarios atrasados y una medida adicional de un préstamo de 4 mil millones de pesos con Infivalle (el banco de la Gobernación) para subsanar el déficit, el Rector le dijo a La Silla que este recorte ya empezó.
“Los que no sean llamados entre hoy (miércoles) y mañana (hoy jueves) ya saben que no fueron contratados”, nos dijo, añadiendo que no tendrá en cuenta si están sindicalizados o no, porque según él, el fuero sindical sólo cobija a los de la junta directiva.
Una decisión que seguramente aumentará la tensión entre profesores, estudiantes y directivos.
La situación de la universidad es tan compleja que el profesor de administración Eduardo Varela López que ha sido crítico a la administración y había denunciado presuntos actos de corrupción de otros colegas (como cobros irregulares a estudiantes por salidas académicas y becas) tuvo que salir del puerto por amenazas hace menos de 15 días.
“Hay grupo de bandidos y políticos que están saqueando la universidad y esto me ha de costar la vida porque así me lo han hecho sentir, pero yo siempre defendí y seguiré defendiendo a la universidad”, nos dijo desde su hogar temporal fuera del puerto.
Un rector inamovible
Félix Suárez, bonaverense magíster en lingüística, ganó una cruzada legal que comenzó en el 2015 para poder ser el rector de la Unipacífico. Esta batalla duró casi dos años y terminó cuando la Corte Constitucional en septiembre de 2017 falló a favor de Suárez y lo ratificó como rector de la entidad.
Según tres fuentes, un profesor, un empleado de la universidad y un Concejal del puerto, esta defensa implicó para Suárez endeudarse y comprometerse con varios sectores políticos y comerciales de Buenaventura a cambio de financiación.
Entre esos supuestos financiadores estarían Henry Estupiñan, un abogado y empresario del puerto, el abogado Julio Ocampo, que es asesor jurídico de la Universidad, Jaime Andres Olaya Rivera, actual presidente del concejo distrital, Pedro Arce, un político local y Ever Cortes, un prestamista, según corroboraron esas fuentes.
Las fuentes que nos pidieron no ser citadas por seguridad, nos dijeron, por aparte, que Estupiñan y Ocampo son los que estarían controlando las contrataciones que se hacen en la universidad, y todas las decisiones importantes. Una de las fuentes incluso nos dijo haberlo escuchado de boca del mismo Estupiñan.
El Rector nos negó que estas personas lo ayudaron con plata o que intervinieran en las decisiones de la universidad. Reconoció que sí es amigo de Estupiñán y Ocampo, por ejemplo, pero dijo que “son personas honorables” y no tienen nada que ver con la crisis actual de la UniPacífico.
Las tres fuentes agregaron que el Consejo Superior de la Universidad no hace el debido control al Rector y a los recursos y que incluso al menos cuatro de sus ocho integrantes también le hacen juego a las prácticas clientelares.
La intervención estatal
En medio del complicado panorama, lo que coinciden el profesor Varela, los miembros del sindicato, el Comité del Paro y el rector Suárez es en buscar salidas a la crisis a través del Gobierno Nacional que entra la próxima semana, teniendo en cuenta que en las promesas de campaña de Duque, habló de beneficiar a la población afro de la región con becas y calidad en la educación universitaria.
Proponen la mano del Ministerio de Educación para hacer control de la administración, buscar una solución al déficit, a la crisis de administración y a mejorar la calidad educativa de la única universidad del Pacífico creada atender a la población más pobre de la región y que hoy ocupa el puesto 179 de los 186 posibles en el ránking Mide del Ministerio de Educación.
Buscamos tanto a la ministra designada María Victoria Angulo para conocer las posibles medidas contempladas para la Universidad, pero nos remitió a la actual viceministra de Educación, Natalia Ruíz, quien estaba encargada de este tema. Sin embargo, hasta el momento de publicada esta nota no obtuvimos respuesta de la actual funcionaria.
Según Victor Vidal, integrante del Paro Cívico, la intervención del Ministerio es clave porque “también son responsables de la crisis de la UniPacífico por tenerla olvidada”. Y no solo piden la mano de Ministerio, sino de la Contraloría y Procuraduría.
Así las cosas, sin una mano a la vista por parte del actual Gobierno que ya acaba, la actual crisis de la universidad será uno de los primeros chicharrones que recibirá la administración Duque en la región.
