El Congreso tiene la llave en la pelea entre el Registrador y el Dane

El Congreso tiene la llave en la pelea entre el Registrador y el Dane
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Director del Dane y Registrador se enfrentan por cifras oficiales de población

El registrador nacional Alexander Vega armó un revuelo político e institucional cuando dijo que actualmente en Colombia no había 50 millones de habitantes — como proyectó el Dane con base en el censo de 2018 —, sino 55 millones, según sus cuentas. "Las bases de datos del Dane no son confiables frente al registro civil que tiene Colombia y la Registraduría", afirmó Vega.

Y aunque el fin de semana el Registrador reculó y dijo que iba a montar una mesa técnica con el Dane para revisar las cifras, sus palabras han tenido efectos en el mapa político. 

Por un lado, alimentó las dudas de sectores de oposición, que vienen alertando sobre un posible fraude electoral en el 2022. 

Por otro lado, Vega le dio insumos a gobernadores y alcaldes que se han venido quejando que el censo los contó mal y que eso afecta los presupuestos de sus administraciones, poniéndolos no solo contra el Dane, sino también contra el Gobierno de Iván Duque.

“No creo que haya un alcalde que me quiera, porque todos tenían proyecciones que estuvieron vivas durante 13 años, pero que estaban desfasadas”, le dijo a La Silla el director del Dane, Juan Oviedo.

Aunque el Dane es la entidad que por ley debe informar la población, su trabajo es blanco permanente de señalamientos como los del Registrador o los mandatarios, porque el Congreso no ha aprobado una ley que institucionaliza su conteo.

Esto se debe a que el censo del 2018, que redujo las proyecciones sobre el ritmo de crecimiento poblacional del país, tiene un impacto en la cantidad de curules de la Cámara de Representantes y en la asignación de recursos del Estado en las regiones. En Colombia aún se siguen usando las cifras de los censos de 1985 o del 2005.

El registrador Vega tiene hasta el 13 de diciembre para presentar el censo electoral del 2022. Su base actual, de 38 millones de cédulas, se convierte en el termómetro para medir si aumenta, de acuerdo a su tesis de que estamos mal contados por el Dane, o disminuye, en línea con el Censo 2018.

Registrador en su salsa

El registrador Alexander Vega soltó el dardo en un escenario que encaja con su tesis: en Soacha, Cundinamarca, al lado del alcalde de ese municipio, Juan Carlos Saldarriaga, quien se viene quejando que el censo del Dane de 2018 los contó mal — que no son 650 mil habitantes, sino más de un millón—y que eso amenaza con quitarles recursos que les gira el Gobierno. 

“No es posible que en municipios como en Soacha le pongan menos población a lo que realmente tiene”, dijo Vega advirtiendo que la Registraduría tendría cifras más confiables que la de la autoridad que es el Dane.

Vega no aportó pruebas o informes técnicos detallando esa denuncia. Pero sí hizo eco a las quejas de gobernadores, alcaldes o comunidades afro que han denunciado supuestas irregularidades en el censo desde que se conocieron sus resultados en 2019. Ejemplos hay acáacá  o acá

“En el Dane nos acostamos sorprendidos porque no tenemos un documento de soporte de parte de la Registraduría cuestionando esa información”, le dijo a La Silla el director del Dane, Juan Oviedo.

Según el Dane, el censo de 2018 es confiable porque usó nuevas herramientas tecnológicas como georreferenciación y cruzó datos con otras bases públicas, incluyendo la de la Registraduría. Frente a los reparos de gobernadores y alcaldes a los que el registrador Vega hizo eco, Oviedo dice que el problema es que en el país se venían tomando decisiones con base en las proyecciones del censo de 2005, que ya estaba desfasado.

“Entre más pasa el tiempo, el margen de error es más alto. Nunca se actualizaron las proyecciones del 2005 porque se sobreestimaron las poblaciones en municipios, y no se reconocía municipios de Amazonía y Orinoquía”, dice Oviedo.

Esa sobreestimación, según Oviedo, cambió las cuentas. El censo de 2005 proyectaba en 2018 una población de 50 millones de habitantes, y el censo de 2018 encontró 48 millones incluyendo población migrante venezolana.

“Los alcaldes y el Registrador piensan que las transferencias que llegan a las regiones, por ejemplo, por parte del Sistema General de Participaciones, se ajustan sólo por número de habitantes y no es así. Cada alcalde recibe plata por el peso relativo de sus poblaciones en la región y las necesidades básicas insatisfechas”, dice Oviedo.

Todas esas explicaciones Oviedo las ha tenido que dar por cuenta de los señalamientos del registrador Vega.

El fin de semana en Montería en un encuentro con alcaldes de capitales, Vega matizó sus palabras, pero no se retractó y dejó abiertas las dudas.

“Esto es un tema de Estado y en esa colaboración armónica, señor director (Dane) nuevamente le reitero el compromiso como institución y que al final el beneficiado va a ser no solo la población en el tema de las transferencias, sino también los ciudadanos al momento de votar”, dijo Vega en una corta intervención.

El debate de cuántos colombianos residentes hay en el país impacta en las elecciones.

Aunque no es su función, el número de habitantes que reporta el Dane da luces del potencial número de votantes. En las proyecciones del censo 2018, para el 2022 hay estimados 37.351.267 colombianos mayores de 18 años, es decir, con edad para votar. Pero las bases de datos de la Registraduría, quien sí tiene la facultad para definir el censo electoral partiendo de los documentos de identidad que expide, dice que el potencial de votantes es de 38.652.347, a corte de septiembre pasado.

Ese censo electoral es clave para elecciones que se definen por umbrales, como plebiscitos o consultas populares. Por ejemplo, la consulta anticorrupción de 2018 necesitaba una participación del 33.3 por ciento del censo, pero no pasó porque no llegó a ese umbral.

Y también para saber si votan los que deben votar. El senador Iván Cepeda denunció que en el Plebiscito de 2016 votaron militares, que por ley no pueden participar en elecciones, porque el censo no estaba filtrado. También hay denuncias formales de que el censo electoral previo al de la Consulta Anticorrupción estaba sobreestimado, y entonces, si se hubiera depurado sí habría pasado. 

El propio Vega ha reconocido dudas con el censo electoral, y por eso, cuando llegó al cargo se comprometió a depurarlo. Hace unos días en una comisión de seguimiento electoral advirtió que va a sacar del censo unas 700 mil cédulas de ciudadanos colombo-venezolanos que consiguieron su nacionalidad de manera irregular, o de personas fallecidas que no han desaparecido de los listados.

Para hacer esa depuración, dijo Vega, contrataron más de mil funcionarios para revisar documentaciones y registros en todos los municipios del país. Ese filtro debe estar listo el 13 de diciembre cuando se cierre el censo electoral.

Los resultados de ese censo electoral son, a la vez, una manera de medir la gestión de Vega y el alcance de sus denuncias. Si esa depuración funciona, en vez de aumentar el censo debería bajar. Más, si según el Dane, la población no ha crecido a un menor ritmo. Este número será clave para entender si las denuncias de fraude de la oposición tienen un asidero real.

El otro debate que abrió Vega es sobre la conveniencia o no de aplicar las cifras del censo de 2018 en la representación política que se hace en el Congreso.

Si se aplicara el censo del Dane

La Constitución Política de 1991 fijó que para efectos de políticas públicas, distribución de recursos, y algunos temas electorales, Colombia debía basarse en el censo poblacional y las proyecciones hechas en 1985.

Luego una ley de 1993 señaló que los futuros censos poblacionales entrarían en vigencia y gozarían de toda validez y sin reparo alguno, una vez tuvieran el aval del Congreso. Pero los censos de 1993, 2005 y 2018 no han tenido ese aval. Por eso, técnicamente, Colombia sigue funcionando con proyecciones planteadas desde hace 36 años.

Los intentos para que el Congreso legisle sobre el tema han sido infructuosos. En 2007, por ejemplo, el mismo Gobierno retiró el proyecto porque no tuvo acogida.

Con el del 2018, el Dane y el Ministerio de Interior de Alicia Arango, también buscaron ese aval. En septiembre de 2020 radicaron el proyecto ante la Comisión Tercera de la Cámara, que se encarga de temas de presupuesto y también de planeación nacional. Pero la ponencia, que estuvo en manos del presidente de esa Comisión, Néstor Rico (Cambio Radical) recién apareció en marzo de 2021, y por eso el proyecto se ahogó por tiempos.

“Mi sueño era garantizar la entrega del censo en 2019 para poder dar espacio a la discusión entre 2020-2021 con el trámite en el Congreso. El año pasado radicamos el proyecto, pero fue archivado por falta de trámite”, dice el director del Dane.

Aplicar ese censo, además de impactar las cuentas de los gobernadores y alcaldes que en muchos casos tienen asiento en cuerpo ajeno en el Congreso, también tiene implicaciones electorales.

Desde 2015, la distribución de curules en la Cámara de Representantes quedó supeditada al número de habitantes que hay en cada departamento. De entrada cada departamento tiene derecho a dos curules, pero puede sumar otra por cada 360 mil habitantes de más.

De cara a las próximas elecciones, el registrador Vega le pidió al Dane las proyecciones de habitantes por departamento para el 2022 para hacer ese ajuste. Pero el Dane dijo que no se podía hacer ese cálculo porque el censo de 2018 no estaba vigente y que hacerlo con base en el de 1985 era antitécnico.

“Determinar una proyección de población a partir de un punto de referencia que se aleja temporalmente demasiado del momento de cálculo, parte del supuesto de que la dinámica demográfica del país no cambia, lo cual de antemano no es un criterio técnico idóneo a largo plazo”, dijo Oviedo.

Si las proyecciones de 2018 se aplicaran habría cambios en la representación de curules por departamento, por el crecimiento de población en unos casos, y el decrecimiento en otros.

Por ejemplo, según cálculos de La Silla Vacía, Bogotá pasaría de tener 18 a 22 representantes, Antioquia de 17 a 19, o Cundinamarca de 7 a 10. En detrimento, Boyacá bajaría de 6 a 4 representantes, y Caldas de 5 a 2.

“Hay unos que perderían y otros que ganarían. Por eso parece ser un coto vedado, un sacrilegio hablar de ajustar ese tema”, comenta el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa.

El Dane y el Gobierno buscarán, de nuevo, que el Congreso blinde el censo para zanjar la discusión, con lo cual ni el Registrador ni los gobernadores y alcaldes tendrían cómo revirar.

Lo están haciendo a través de otro proyecto de ley que se empezará a analizar esta semana en la Comisión Primera de Cámara y que eleva el rango institucional del Dane porque establece que sus informes y estadísticas, como el censo, serán de obligatorio cumplimiento para la toma de decisiones públicas y privadas.

Y que cada vez que haya un censo nuevo no haya necesidad de que deba pasar primero por manos del Congreso para entrar en vigencia.

El ponente de la iniciativa, el liberal Harry González, citó este miércoles una audiencia para empezar el debate. Lo que está por verse es si el Congreso le meterá la ficha para sacarlo adelante y evitar así en el futuro que se cuestionen las cifras oficiales del Dane o se les hagan el quite de acuerdo a la conveniencia de algunos.

O si, teniendo en cuenta que impactaría las cuentas de los gobernadores y alcaldes aliados, y toca las elecciones, el Congreso se vuelve a hacer el de la vista gorda y deja que Colombia se siga proyectando con cifras de hace más de 30 años. 

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