El Tribunal dice que la mitad de la reforma, prioritaria para el Gobierno, no debería ir por Fast Track.
Sobre el contenido de la reforma política que presentó el Gobierno por fast track ‘planea’ la sombra del Consejo de Estado, que se ha estado moviendo para evitar que le quiten las funciones que tiene en decidir quiénes son los congresistas, e incluso ya advirtió que varios apartes del proyecto no deberían ir por Fast Track. Es decir, que se van a hundir incluso si los aprueban.
Y eso puede subir la tensión a la que según el ministro del Interior, Guillermo Rivera, es una de sus prioridades para este semestre, porque los partidos no le quieren meter el acelerador a menos de que haya consensos.
“Queremos tener una reforma concertada con todos los sectores, no nos vamos a apresurar”, dice el representante conservador Heriberto Sanabria, uno de los coordinadores ponentes. Y eso le da más fuerza a las críticas del Consejo de Estado.
Uno de los grandes cambios que propuso la Misión Electoral Especial, y que el Gobierno acogió en la reforma, es reformar del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que tenga cómo combatir la corrupción en las campañas electorales, convertido en un Consejo Electoral Colombiano (CEC) que ya no estaría conformado por representantes de los partidos, entre otros cambios.
Ese ha sido el mayor blanco de las críticas del Consejo de Estado porque entre los cambios está que una de sus cinco secciones, la Quinta, desaparecería, pues hoy es el juez de los asuntos electorales (por ejemplo, define si un candidato estaba inhabilitado o hace los escrutinios finales de las elecciones) y esa labor pasaría a ser del CEC.
“Para nosotros, el Acuerdo firmado en el Teatro Colón de Bogotá va a que haya mayor, mejor y más democracia, por eso el Consejo Electoral debería seguir siendo un órgano político, en donde estén las exguerrillas, las minorías. El Gobierno quiere que sea técnico”, nos dijo el presidente del Consejo de Estado, magistrado Jorge Ramírez.
Y es que desde la concepción de la reforma, el Tribunal ha sido crítico de la creación del CEC y, como hemos contado, el Consejo de Estado, a través de su presidente, el magistrado Jorge Octavio Ramírez ha tenido reuniones formales e informales con congresistas de la coalición.
En las últimas semanas, lo ha hecho también con el ministro Rivera, con el de Justicia, Enrique Gil, los congresistas y el secretario General de Presidencia, Alfonso Prada.
La Silla conoció además un documento que envió el magistrado Ramírez a los seis ponentes en el que explica la inconveniencia de eliminar la Sección Quinta y argumenta que 11 de los 22 artículos de la reforma no deberían ir por fast track, aplicando las reglas que fijó la Corte Constitucional en su sentencia sobre el Acto Legislativo para la Paz.
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Los artículos citados en el documento o le quitan funciones al Consejo de Estado o afectan a los congresistas.
Sobre lo primero, argumenta que el artículo 18, que le da a las CEC las funciones que hoy tiene la Sección Quinta, especialmente hacer los escrutinios de las elecciones.
Y sobre los que impactarían a los congresistas, critica los artículos 10 y 12 que hacen más fácil que los congresistas pierdan la investidura al incluir las condenas penales “excepto por delitos políticos y culposos”.
Al respecto Ramírez, en el documento, asegura que la pérdida de investidura tampoco está en el Acuerdo con las Farc ni relacionado con las reformas al sistema electoral, que sí lo están, y que hace menos de dos meses el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley para reglamentar la pérdida de investidura y está en trámite.
Tampoco está de acuerdo con la disminución de la edad de los congresistas (25 años para senadores y 20 para representantes) porque ese tema “nunca fue parte del acuerdo”.
Esos dos argumentos encajan en los intereses de los congresistas, pues la pérdida de investidura es una amenaza a su poder político y endurecerla los debilitaría, y bajar la edad les crearía más competencia.
“Nos preocupa además que todo quede en la Constitución, porque una reforma posterior a esos temas sería más complicado”, nos dijo Ramírez, al referirse a que las reformas a la Carta duran, en procedimiento ordinario, cerca de un año (8 debates).
Respuesta del Congreso
Estas preocupaciones han calado entre los ponentes, según pudo constatar La Silla, a tal punto que el ponente conservador Heriberto Sanabria nos dijo que solo apuntarán a una reforma concertada entre Gobierno y Consejo de Estado.
Otros dicen que la creación de un nuevo Consejo Electoral es un “gasto inoficioso”, como nos dijo el representante conservador Telésforo Pedraza. “¿para qué crear más cortes?”, explicó.
Y según Berner Zambrano, de La U, el Consejo de Estado “atacó todo, pero hay puntos en los que tienen razón”.
El Ministro del Interior nos dijo que el Gobierno ha hecho caso a las quejas del Consejo de Estado y por eso en la próxima ponencia incluirán apartes de su propuesta, como incorporar una el llamado amparo electoral, una figura similar a la tutela para que se tomen rápidamente decisiones sobre denuncias por inhabilidades, dobles militancias, o similares.
Pero insiste en que toda el proyecto de acto legislativo desarrolla el punto 2 del Acuerdo, en la importancia de la reforma al Consejo Nacional Electoral y recuerda que el Gobierno, pese a las críticas del Tribunal, tiene las mayorías dentro del Congreso, como ocurrió esta semana cuando las 16 circunscripciones especiales de paz pasaron en Senado con más de 60 votos.
