El contrato que estremeció la política de Barbosa

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Rocío Galeano, exalcaldesa de Barbosa, y Marco Cortés, exsenador y exalcalde de Barbosa.

Las fotomultas en Barbosa sacudieron los cimientos de la política en ese municipio, que se mueve entre un gamonal, una oposición que toma aire cada tanto y un esmeraldero del que pocos hablan en voz alta.

Los reflectores que se pusieron sobre Barbosa por un controvertido contrato para implementar las fotomultas removieron los cimientos de la política de ese municipio que pone los votos suficientes para ser un apetecido botín en época de elecciones, y que en la última década se ha movido en medio de dos fuerzas políticas que tienen casada una guerra sin cuartel y el empujón en la sombra de un poderoso esmeraldero.

El poder

En Barbosa hay dos fuerzas políticas que mandan la parada. Una es la del cuestionado exalcalde y exsenador Marco Alirio Cortés y otra es la que hoy tiene como cabeza visible a Deyanira Ardila, quien en 2015 por segunda vez llegó a la Alcaldía de ese municipio.

Las dos, casi que se han turnado para poner alcalde, y aunque Cortés es el tradicional gamonal del  municipio y se consagró desde que fue mandatario entre el 95 y el 98, hay un sector de base en Barbosa, apalancado principalmente por concejales y exconcejales que le han hecho oposición.

Desde mediados de  los 90, Cortés ha puesto cuatro alcaldes en Barbosa, entre los que se encuentran su hermano Carlos Cortés y su esposa Rocío Galeano, quien el cuatrienio pasado sonó en todo el país por el concurso Miss Tanguita, un desfile de niñas en traje de baño que fue cuestionado por el Bienestar Familiar y por la Procuraduría, y que se ha realizado en ese municipio por más de 20 de años.

 

Aunque la única elección que ha ganado en nombre propio Cortés ha sido la de la Alcaldía de Barbosa, la renuncia de Gina Parody al Senado en 2009 por diferencias con el Partido de La U, lo llevó al Congreso y pese a que solo fue por un año que tuvo la curul, su figuración en un espacio nacional consolidó su poder en su pueblo natal.

“Marco Cortés manda en La U, manda en Cambio Radical y en el Partido Liberal en Barbosa. Muchos le dan peso al cuento de que fue congresista y por eso él es el gamonal”, le dijo a La Silla un político de la región que conoce muy bien la movida de ese municipio.

Cortés además de ser el mandamás de Barbosa, es uno de los políticos más cuestionados de Santander. La Fiscalía le ha abierto investigaciones por enriquecimiento ilícito, peculado, falsedad y prevaricato, y la Corte Suprema lo tuvo en la mira por sus presuntas relaciones con grupos paramilitares.

También fue cuestionado por haber pedido un millón de pesos a interesados en participar en un programa de vivienda de interés social para construir el equipamiento urbano, y además ha sido señalado de ser el dueño de las concesiones de alumbrado y espacio público del municipio. 

 “Todo eso es mentira. Todas las investigaciones nacen porque mis opositores las promueven, o dígame ¿usted no cree que si fuera cierto algo de todo lo que dicen yo ya estaría preso? ...Lo de las casas era porque con esa plata íbamos a reponer el aeropuerto y a construir otras cosas... Yo soy un hombre de pueblo que no ha recibido nada de nadie y que tiene el cariño de la gente”, le dijo a La Silla Cortés.

En efecto, hoy no hay ningún fallo que condene a Cortés a excepción de una sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría por haber fraccionado un contrato cuando fue Alcalde. Sin embargo, hay varias investigaciones abiertas en su contra.

El caso de Deyanira también es particular. Ella fue alcaldesa de ese municipio por primera vez de 2003 a 2007, y al igual que en esta ocasión, según cuatro políticos de Santander, llegó al poder como la candidata de la oposición a Cortés.

 “No es que ella tenga mucho poder por sí sola. Es que ella ha estado en el momento justo y a la hora indicada. Entonces la oposición la toma como candidata y la monta”,  le contó a La Silla un político de Barbosa.

Sin embargo, la balanza del poder  no va solo en dos vías en ese municipio, que además de ser la puerta de entrada a Santander desde Bogotá, colinda con el occidente de Boyacá, zona de esmeraldas que ha sido dominada por personajes como el extinto capo del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha,  y el zar de las esmeraldas Víctor Carranza, quien hasta su muerte fue señalado por patrocinar la creación de grupos paramilitares en el centro y el oriente del país.

Precisamente, además del poder de Cortés y de la pesca de Deyanira, está Nelson Palacios, un esmeraldero del que pocos hablan en voz alta en Barbosa, que es conocido como el ‘Cacique’ y quien en la última década ha ganado fama por ser quien inclina la balanza electoral allí.

Palacios fue nombrado en una investigación de El Tiempo sobre los nuevos zares de las esmeraldas en el país, y según ese medio y La W es socio de Prominas de Zulia, una empresa que opera la mina La Pita, la cuarta más productiva del país.

“Él mete plata mucha plata a lo último y define ganador. En la campaña pasada El Cacique se fue con Deyanira y por eso ella ganó”, le dijo a La Silla un concejal de ese municipio.

El contrato de la discordia

En medio de esas dos fuerzas visibles y el empujón en la sombra de ‘El Cacique’ es que la política y los negocios se mueven en Barbosa.

Precisamente, el  contrato que fue suscrito por la Dirección de Tránsito de ese municipio con el fin de implementar las fotomultas, revivió la pelea que desde las elecciones del año pasado había quedado en pausa.

Todo se remonta a mayo del año pasado cuando la secretaria de Gobierno del municipio, Andrea Marcela Sierra Silva, en calidad de directora encargada de Tránsito, firmó un contrato de prestación de servicios  con el fin de que un privado aportara “pruebas de infracciones de tránsito” en Barbosa.

Aunque se estimó que la duración del contrato era de casi cinco años y se estableció que el valor era indefinido –porque se iba a dar con base al recaudo de las fotomultas- y esas condiciones obligaban a que fuera sometido a convocatoria, Sierra Silva decidió entregarlo a dedo.

El contratista favorecido fue Gerencia Urbana SAS, una empresa que tiene sede en Bogotá, y que pese a que en papeles es la única que figura, tiene un socio tras bambalinas.

Se trata de La Cívica Impresores, una empresa de Barranquilla que ha ejecutado varios contratos para software y bases de datos de las direcciones de tránsito en Valledupar, Riohacha, Soledad y Atlántico, y que fue el que le aportó toda la experiencia a Gerencia Urbana. Esa firma ha sido cuestionada por contralorías locales por suscribir contratos bajo la misma figura que lo hizo en Barbosa.

Si bien ese mismo mayo se firmó el acta de inicio, se compraron las pólizas y todo quedó listo para su ejecución; las fotomultas no se empezaron a implementar inmediatamente en el municipio.

Según el contratista la demora fue porque la primera parte se fue en la difusión y por eso no se notó que se estaba ejecutando el contrato; según la entonces Alcaldesa, Rocío Galeano (esposa de Marco Cortés),  el contrato nunca inició porque ella se opuso y porque la póliza amparaba al municipio y no a la Dirección de Tránsito, que fue la que suscribió el contrato.

Sin embargo, esa afirmación es difícil de sostener por dos razones: la primera porque el contrato ya estaba firmado y el contratista podía hacer efectivas las pólizas -aunque estuviera en duda la manera en la que se emitieron- si la administración no permitía que arrancara, y la segunda porque Sierra Silva, la funcionaria que lo firmó, fue descrita por seis personas en Barbosa como la ‘empleada estrella’ de Galeano.

“Ella era la secretaria de Gobierno, era Alcaldesa encargada cuando Rocío no estaba y la ponían en cualquier cargo, en esa ocasión fue el de la Dirección de Tránsito. Ella hacía todo lo que le decían los Cortés”, le contó a La Silla una de esas fuentes. 

Intentamos corroborar esa versión, pero Silva Sierra no contestó ni las llamadas ni los mensajes dejados en su celular.

Fuera como fuere, el contrato legalizado y con todo listo para arrancar, fue heredado a la nueva administración, que ahora en manos de la oposición de Cortés se empezó a ejecutar.

Una vez asumió como alcaldesa Deyanira Ardila y arrancó la implementación de las fotomultas, otra serie de denuncias sobre la manera en la que se había constituido la fiducia, la manera en la que estaban ubicando el carro para captar las infracciones, que en su totalidad fueron tomadas en la vía que nacional que conecta a Boyacá con Bucaramanga, y sobre el millonario recaudo, empezaron a rodar.

A eso se sumó la indignación de los ciudadanos cuya presión fue tal que lograron que el debate sobre ese contrato llegara hasta la Asamblea y fuera demandado por el diputado Édgar Suárez, quien ante el Tribunal Administrativo de San Gil pidió que se tumbara por las presuntas irregularidades con las que se suscribió.

“La ley 80 (de contratación) no pegó en Barbosa”, le dijo a La Silla Suárez.

En medio de ese tire y afloje, la exalcaldesa Galeano y la actual mandataria Ardila empezaron a endilgarse responsabilidades y a culparse mutuamente por el millonario contrato, que solo en su primer mes dejó como saldo 800 pruebas para emitir comparendos.

Aunque La Silla intentó conocer cuánto había recaudado la Dirección de Tránsito de Barbosa por las fotomultas desde que entraron en operación, ni en esa entidad ni el contratista nos quisieron dar cifras. En su lugar, el director de Tránsito, Alberto Pérez, respondió diciendo que el contrato ya estaba en proceso de liquidación por mutuo acuerdo.

“Hubo muchas variables, entre esas la presión ciudadana”, aseguró Pérez. Igual versión entregó el contratista.

Sobre todas las preguntas en torno a la manera en la que se entregó el contrato, el socio que no aparece en todos los papeles y la manera en la que el municipio constituyó la fiducia y recaudó, ninguno quiso responder. Andrea Sierra y la alcaldesa Ardila tampoco contestaron.

“Así es como siempre pasa en Barbosa. Los Cortés cuando están en el poder, y los que se montan cuando se los quitan, hacen un poco de cosas por las que después nadie da explicación. Aquí es peligroso porque los políticos y sus amigos tienen relaciones que le ponen en riesgo la vida a uno”, le dijo a La Silla un político local.

La nueva vertiente

Barbosa no es la capital de la provincia de Vélez -una de las más importantes de Santander en términos comerciales-, pero sí se mueve como tal.

“Allá es donde pasan los sucesos grandes. Todo el que esté en campaña tiene que ir allá”, le explicó a La Silla un político de Santander. “Por eso el episodio de las fotomultas dio tanto de qué hablar”.

Aunque según las versiones oficiales el contrato ya está en proceso de liquidación, los opositores de Cortés y los que apoyaron a Deyanira Ardila nos aseguraron que irían hasta la Procuraduría y la Fiscalía para pedir que investiguen lo que sucedió.

“Eso no se puede quedar así, como todo en Barbosa. Aquí tanto Rocío como Deyanira tienen que responder por ese contrato”, agregó una de esas fuentes.

A Cortés quieren cobrarle tantos años de gobiernos que no los han dejado satisfechos y quitarle su poder en La U, Cambio Radical y el Partido Liberal, y a Ardila el hecho de que ejecutó un contrato en condiciones que no están claras y que desconoció a quienes la respaldaron haciéndolo.

Hasta ahora inicia el nuevo gobierno y por cómo se están acomodando las fichas Ardila va a tener oposición hasta dentro de quienes la apoyaron.

Habrá que ver cómo en los próximos tres años logra reagrupar a sus fuerzas, o si en medio de esa nueva división entre los de la oposición de Cortés -atizada por las fotomultas-, él se vuelve a fortalecer.

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