La ambición reformista del Gobierno de Gustavo Petro abarca mucho en 2023 en tiempos apretados. Este año medirá su verdadera fuerza en el Congreso de acá a junio, antes del arranque de las elecciones regionales. Este semestre por manos del Legislativo pasarán el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las principales reformas anunciadas por Petro desde campaña: la laboral, pensional, justicia y salud. También se jugará el primer tiempo del controvertido Código Electoral y el segundo de las reformas constitucionales a la política y la justicia agraria.
El cronograma improbable de las reformas del Gobierno Petro en 2023

Gobierno Petro quiere sacar adelante sus reformas en 2023
Aunque el Gobierno buscará avanzar con el Plan de Desarrollo, que por ley se empieza a discutir desde el 6 de febrero con sesiones extraordinarias y se debe aprobar antes del 7 de mayo, los tiempos legislativos para el resto de la agenda están apretados. Para que esas reformas se empiecen a aplicar pronto necesitan quedar aprobadas antes de julio para que en el resto del año se hagan los ajustes normativos y de presupuesto. Además, en el segundo semestre los congresistas estarán concentrados en las elecciones regionales.
Encima del tiempo, el Gobierno tiene esa apuesta improbable porque al interior de la coalición del Congreso siguen creciendo las voces de inconformismo por falta de puestos y representación. La molestia puede pasar factura desde el Plan de Desarrollo, advierten seis congresistas de partidos tradicionales consultados por La Silla. Esta ley es una gran hoja de ruta para todo el Gobierno, que generalmente tiene cientos de artículos y una alta complejidad técnica y legislativa.
Hace cuatro años el Gobierno de Iván Duque logró sacar adelante su PND con los votos mínimos y a cambio de mermelada a casas específicas como los Char de Barranquilla.
La agenda apretada para reformas prometidas
El Congreso volverá a sesiones el 6 de febrero porque así lo establece la norma que regula el trámite de aprobación del PND. Las extras irán hasta el 16 de marzo cuando arrancan las sesiones habituales.
En ese tiempo de extras la atención se centra en las comisiones económicas - Tercera y Cuarta- donde se deben crear una subcomisiones técnicas que evalúan artículo por artículo el Plan de Desarrollo. Es ahí donde se mide el ambiente del Congreso porque los senadores y representantes suelen meter o quitar artículos que impactan a sus territorios y los sectores políticos y económicos que representan. Y el Gobierno abre una ventana para meter temas pensionales, de salud y laborales.
En el de Duque, por ejemplo, los congresistas propusieron unas 2.700 modificaciones del Plan original.
“Será un semestre frenético. Empezando porque en el Plan de Desarrollo se van tocar temas de muchos sectores poderosos. Y serán debates extensos. Por ahora el Gobierno está en la tarea de ir ambientando la agenda”, señala la representante petrista, María Fernanda Carrascal.
Con esas discusiones de las subcomisiones la ponencia del primer debate se estaría debatiendo a mediados de marzo. Por norma el Plan de Desarrollo debe quedar aprobado máximo el 7 de mayo, si no el presidente puede sacar un decreto con el Plan de Inversiones, pero sin tocar temas de fondo. Necesita 4 debates, dos en comisiones y dos en plenarias, y en medio de eso unos foros regionales para ir socializando el articulado.
Es decir, en ese tiempo la atención del Congreso y del Gobierno se centra en el Plan de Desarrollo.
Paralelamente, y para abonar terreno, el Gobierno presentará una adición presupuestal de unos 24 billones de pesos para incorporar los recursos extra de la reforma tributaria. Unos 20 de lo que se espera recaudar aprobada el año pasado, dos billones más de utilidades de Ecopetrol y dos billones más de recaudo no ejecutado.
Esa adición, que es en sí un proyecto de ley, debe quedar lista antes del 20 de junio para que se pueda ejecutar en 2023. Pero su debate se puede alargar porque ahí se debe despejar la duda de en qué se gastará la plata de la tributaria, abriendo un nuevo pulso político por la repartición de esa torta.
“El presupuesto general terminó saliendo aprobado rápido por las expectativas de la adición, el ministro Ocampo decía que la plata requerida por cada sector iba a salir por allá”, dice el senador John Jairo Roldán, que hace parte de las comisiones económicas.
Con ese cronograma apretado entre el Plan de Desarrollo y la adición de la tributaria, igual el Gobierno se la va a jugar por pasar las reformas pensional, salud y laboral, prometidas en campaña. No solo se trata de tres temas polémicos donde el Gobierno busca cambios hondos, sino que llegarán a apenas meses de que arranque la campaña regional para alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.
La fecha de las elecciones es el 29 de octubre. Pero el inicio de la campaña, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, es el 29 de junio con la Ley de Garantías, y un mes después con las inscripciones. Antes de eso ya va a estar movida la política, lo que es una distracción para los congresistas. Y la siguiente legislatura, que arranca el 20 de julio, será en el fervor proselitista hasta finales de octubre. Habrá sesiones, pero la atención de senadores y representantes estará en sus regiones.
Aún así, a través de declaraciones en medios de funcionarios de Gobierno se sabe que la reforma de salud, la de justicia y la laboral se presentarían al Congreso en marzo, y la pensional en abril. Pero los tiempos de trámite son inciertos hasta para la bancada más cercana al presidente Petro.
“Aún no hay fechas. La ministra de Salud, Carolina Corcho, por ejemplo, está buscando un espacio con la bancada a finales de enero para empezar a explicarnos la reforma de ella. Con la pensional y laboral aún no hay avances, al menos con la bancada”, dice el representante del Pacto, Heráclito Landinez, quien es interlocutor permanente con Gobierno.
Congresistas del partido Liberal, Conservador y de La U también dicen que desde esos ministerios tampoco los han buscado para ir ambientando las reformas.
A aceitar la coalición
El Gobierno tiene herramientas para sacar adelante esas reformas aún con el tiempo encima. Como son leyes ordinarias, de cuatro debates, puede, por ejemplo, ponerle mensaje de urgencia a esos proyectos para que se debatan de manera conjunta en las comisiones Séptima, que es a donde llegan inicialmente.
Sin embargo, ese margen que le da la mecánica legislativa queda condicionado a dos elementos. Por un lado, la agenda que trae el Congreso desde el semestre pasado porque aún le quedan por tramitar en segunda vuelta cuatro actos legislativos: reforma política, consumo de cannabis en uso adulto, jurisdicción agraria y campesinos sujetos de derechos.
Algunos de ellos, como la política, que por su dimensión pueden alargarse en el debate y generar fisuras en la coalición. Por tratarse de actos legislativos, que modifican la Constitución, deben quedar resueltos antes de junio para la eventual revisión de la Corte Constitucional.
Eso, sin contar las iniciativas parlamentarias (presentaron 311 entre senadores y representantes el semestre pasado) ni el arranque del trámite del Código Electoral que ha generado un revuelo político.
Y por el otro, el ambiente adverso que está creciendo entre los partidos aliados del presidente Petro. Hay inconformismo en aliados estratégicos como el Liberal y el Conservador por falta de puestos y mermelada. El tiempo de gracia, advierten los inconformes, se está acabando.
“Hay dos formas de presionar al Gobierno y mostrar esa molestia: con altanería y gritos en las sesiones, o votando. Muchos de los altaneros el semestre pasado no consiguieron nada y los que votamos, tampoco. Después de un periodo de votación usted se pasa al de la altanería, muchos estaremos ahí”, dice un senador Liberal.
“Estábamos dejando que el Gobierno arranque, se organice, es como un año de gracia. Ya ese periodo de bienvenida va a cambiar”, dice un congresista conservador.

Conservadores presionaron durante la moción de censura.
Los campanazos de inconformismo empezaron a sonar rematando el año pasado. Los conservadores, por ejemplo, vacilaron con los votos y el respaldo a la ministra de Minas, Irene Vélez, en la moción de censura. Mientras que los liberales presionaron en el trámite de la reforma tributaria. Mientras que los Verdes están mostrando los dientes con la reforma política y su oposición a las listas cerradas.
Aún con esa cuesta arriba, la sartén por el mango aún la tiene el Gobierno si está dispuesto a ceder. “Si hay una buena relación con la Coalición no me preocupa cuántos sean los proyectos a debatir en el semestre. El problema es que la gente va a empezar a decir: quién ha ganado con el corre corre hasta ahora ¿Roy Barreras?, ¿El Pacto?- Cualquiera, pero no los partidos tradicionales. El tema está en la afinada coalición”, añade un congresista liberal.
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