El desafío de Mindefensa a tutela sobre protesta se sustenta en la lógica policial

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Mientras el Carlos Holmes Trujillo se rehusa a pedir perdón por excesos del Esmad en el 21N, miembros de la Policía consideran que actuaron en legítima defensa el 9 y 10 de septiembre

La respuesta del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a la sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia que protege la protesta pacífica y lo obliga a disculparse por los excesos de autoridad cometidos en las marchas del 21N y a hacer correctivos en la Policía fue reiterar la defensa de la Fuerza Pública con su discurso de las manzanas podridas, anunciar que el gobierno solicitará la revisión del fallo de la Corte y reiterar que la Fuerza Pública seguirá “enfrentando el vandalismo y las formas de violencia y terrorismo”, como contamos acá.  Frente a la orden de que pidiera perdón por los abusos policiales cometidos en las marchas del año pasado, sencillamente se rehusó, lo que podría convertirse en una falta disciplinaria, como lo señaló el Procurador General.

Su polémica posición, acordada tras un cónclave del gobierno en Palacio, coincide con un sentir general que existe entre los policías sobre lo que ocurrió el pasado 9 y 10 de septiembre en Bogotá.

La Silla Vacía conversó con varios miembros de esa institución: un general (retirado), dos coroneles, dos mayores, un capitán y dos patrulleros (todos activos) y todos coinciden en que hubo abusos concretos, como los de quienes asesinaron a Javier Ordóñez mientras estaba detenido o del policía que apareció en un video disparando de manera indiscriminada. Pero todos, menos el general retirado, también creen que lo que se vivió ese día fue un ataque organizado contra la Policía y por eso piensan que se actuó bajo el legítimo uso de la fuerza y la legítima defensa. 

El general retirado considera que hubo un excesivo uso de la fuerza, pero está seguro de que los que dispararon a los manifestantes lo hicieron creyendo que estaban justificados bajo una lógica en la que equiparan la defensa de un CAI a la defensa de una estación de Policía en un pueblo asediado por la guerrilla.

“En la Policía uno aprende a defender la estación de Policía hasta la muerte. El que muere defendiéndola, es un héroe”, explicó el veterano general. “Ellos equipararon el CAI a una estación”.

Los demás oficiales consultados consideran que la protesta más allá del descontento social era tan violenta que no se podía no pensar que era un ataque organizado de alguna estructura criminal. “¿Qué se puede pensar cuando están incendiando decenas de CAI en tantos puntos de la ciudad a la misma hora?”, cuestionó uno de los coroneles, que como los demás oficiales habló bajo reserva, pues hay la orden de que la vocería se mantenga en la dirección de la Policía o en la Alcaldía.  

“Si están incendiando un CAI mientras un policía está adentro, lo lógico es pensar que lo quieren asesinar”, justificó un Mayor. “Señorita, si le están incendiando su casa y usted está en ella y las personas que están en la casa saben que usted está ahí, ¿no piensa que la quieren matar?”, dijo un patrullero. 

Los dos mayores aseguraron que en momentos como ese muchos uniformados actúan bajo el miedo. “Si viene una horda de 200 personas, sabes que si te cogen te van a dar duro. Recordemos que a una de nuestras policías la apuñalaron el 9 de septiembre tan fuerte que los cuchillazos le llegaron hasta el fémur”, dijo uno de ellos.  La Silla confirmó que fue así.

Un capitán agregó que en el caso del incendio de un CAI “el policía agota el armamento que tiene disponible que es el bastón de mando o lo que ustedes llaman bolillo, que ante personas que tienen armas blancas o que te llegan con bombas molotov o un balde de gasolina es insuficiente”.  

La tensión del 9 y 10

El 9 de septiembre, según cálculos de la Alcaldía de Bogotá, salieron a manifestarse unas 12 mil personas, y un total de mil policías estaban a cargo de mantener la seguridad de la ciudad, incluyendo los del Esmad.

La Policía, como contó Claudia López vivía un momento inédito. El comandante de la Policía de Bogotá, el general Óscar Gómez,  tenía Covid, el segundo al mando, el comandante Luis Libreros, se enteró que también estaba contagiado ese mismo día y le tocó aislarse, y entonces era el tercero al mando, el general Carlos Rodríguez, quien quedó a cargo de la situación.

El general Rodríguez, quien estuvo a cargo de las órdenes que se dieron desde el Puesto de Mando Unificado Distrital (PMU) el 9 y 10 de septiembre, relató que ante la toma “organizada” de los CAI, nunca se dio la orden de disparar pues los policías saben bajó qué protocolos pueden usar sus armas de fuego.

Según la Alcaldesa López, la instrucción que se dio a los patrulleros fue que abandonaran los CAI si no podían custodiarlos y se fueran a las estaciones de Policía. “Nadie en el PMU nacional o Distrital dio la orden de dispararle a los ciudadanos o de recuperar los CAI a sangre y fuego”, dijo. La mayoría de los uniformados obedecieron, pero en 15 barrios de la ciudad eso no sucedió. 

La Fiscalía y la Procuraduría están investigando si los comandantes de estación dieron la orden de disparar contra quienes estaban incendiando los CAI, si fueron los comandantes de esos Comandos o si los policías bajo su propia discreción decidieron utilizar armas de fuego.  

Porque a diferencia de los soldados, los policías no requieren una orden de un superior para disparar. Ellos hacen su propio cálculo de acuerdo a los protocolos establecidos por el Código de Policía en los que se debe tener en cuenta la legalidad, necesidad y proporcionalidad.

El general Rodriguez dijo que la Policía que se desplegó para acompañar las protestas no usa armas letales. Quienes las habrían usado serían miembros de policía de vigilancia, es decir los que estaban en los CAI, que sí tienen permiso de usar estos artefactos. 

Ahí -en el hecho de que los que respondieron no eran los que estaban preparados para lidiar con la protesta socia- radicaría una explicación para el nivel de violencia con el que respondieron algunos uniformados. Los enfrentamientos entre ellos y los ciudadanos dejaron un saldo de 10 muertos en la capital, tres más en Soacha. 521 heridos, entre los que había 216 uniformados y 305 civiles. Setenta y cinco de los afectados llegaron a los hospitales por impacto de arma de fuego, incluidos cuatro policías. 

No es la explicación completa

Sin embargo, lo que muestra la sentencia de la Corte Suprema conocida hoy es que los abusos policiales frente a la protesta social son más estructurales, como lo contamos en este hilo. 

Incluyen la estigmatización desde el Estado de quienes protestan, asimilándolos a subversivos y criminales. Antes del 21N, por ejemplo, hubo “allanamientos masivos” por parte de la Fiscalía a domicilios y oficinas de organizaciones sociales y medios de comunicación, lo que muestra un indicio más de la estigmatización que sufren los que salen a protestar.

También el uso “inadecuado de instrumentos legales” por parte de la Policía para justificar detenciones ilegales y arbitrarias contra la gente. La Corte le dio la razón a los demandantes que argumentaron que más de 1.600 personas fueron capturadas ilegalmente en los días del #21N.

Y, entre las fallas que reconoció la Corte, existe una falta de vigilancia y control a las actuaciones de la Fuerza Pública en las manifestaciones. En la sentencia se menciona varias veces que funcionarios de la Procuraduría, al solicitar la suspensión de los procedimientos, fueron ignorados por miembros del Esmad.

Esto, sin mencionar, el uso desproporcionado de la fuerza del Esmad y la policía en general para contener a los manifestantes.  En la demanda interpuesta por decenas de personas y organizaciones hay relatos escalofriantes de jóvenes que quedaron ciegos por balas de goma, de papás que vieron a sus hijos morir por la respuesta desproporcionada de los policías a la protesta, y de golpes y humillaciones.

Por lo anterior, la Corte exigió al gobierno crear en los próximos días una mesa de trabajo para reestructurar las directrices del uso de la fuerza; implementar un protocolo de acciones preventivas que se denominará “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”; y someter la actuación del Esmad a la supervisión de la Defensoría del Pueblo. Por último, la Corte le dio la orden judicial al ministro Carlos Holmes Trujillo de que pidiera “disculpas por los excesos de la Fuerza Pública, en especial aquéllos cometidos por el Esmad,” durante las protestas del #21N.

Esto  último, para lo que le dio 48 horas, no ha pasado, y a juzgar por el discurso del Ministro, en el que se refirió a la orden para contradecir las conclusiones de la Corte, no va a suceder.  La razón es que el ministro, como los policías que entrevistamos, consideran que su uso de la fuerza no es contra colombianos que manifiestan su descontento sino contra vándalos y terroristas frente a los que actúan en legítima defensa.