“Las personas asesinadas eran humildes campesinos, gente trabajadora, padres, esposos, hermanos, seres humanos buenos, ciudadanos colombianos”, dijo con voz grave Santiago Herrera, coronel retirado y ex comandante de la Brigada Móvil 15 del Ejército colombiano. “No eran guerrilleros, no eran terroristas, no eran bandidos ni eran delincuentes, como infortunadamente lo hicimos ver”.
“Existía una banda criminal al interior de la brigada de la cual tuve conocimiento, la cual no denuncié ni investigué”, lo secundó Rubén Darío Castro, otro coronel retirado que trabajó en esa misma unidad militar.
Era una escena inédita en Colombia. Por primera vez, un grupo de ex oficiales del Ejército colombiano se pararon en un atril y aceptaron que eran responsables de haber asesinado a 120 civiles y de luego haberlos hecho pasar, de manera ilegal, por guerrilleros muertos en combates que jamás existieron.
“Estos no son errores, no son daños colaterales como decíamos. Estos no son excesos de fuerza. Claramente son asesinatos”, reconoció Álvaro Tamayo, también coronel retirado y antiguo líder del Batallón de Infantería No 15 Francisco de Paula Santander.
“Me llevó a terminar convirtiéndome en un asesino”, diría, más escuetamente, el sargento retirado Sandro Pérez.
Uno por uno, tomaron el micrófono para decir que aceptaban los cargos de mayor reproche en la justicia internacional. Esas 120 ejecuciones extrajudiciales, más 24 desapariciones forzadas y un intento de asesinato que ocurrieron, todos, entre 2007 y 2008 en la región montañosa del Catatumbo donde se realizaba la audiencia, son –fue confirmando cada uno en voz alta- crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Más importante aún, y quizás más novedoso también, lo hicieron de cara a sus víctimas, que les escuchaban en medio de un silencio tan avasallador que de tanto en tanto llegaban hasta el teatro de la Universidad Francisco de Paula Santander los tañidos de las campanas de la catedral de Ocaña, a cuadra y media de distancia.
En medio del mismo mutismo, los acusados -siete oficiales, tres suboficiales y un civil- escucharon a una treintena de familiares de aquellos jóvenes de 25 a 35 años que fueron asesinados hace una década en distintos parajes de la región. Muchos de ellos, de hecho, murieron a pocos kilómetros del auditorio donde ocurría esa audiencia pública de dos días, uno de los logros más tangibles de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y del sistema de justicia transicional nacido tras el acuerdo de paz del Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
Las víctimas habían esperado mucho tiempo este momento. “Hoy es el día de expresar el sentimiento que tengo represado desde hace 15, casi 16, años”, les dijo Soraida Navarro, cuyo padre Jesús Emilio continúa desaparecido.