El dilema de las electrificadoras de Duque: plata o política

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Son siete compañías en las que el Gobierno tiene mayoría accionaria, que podrían valer más de 2 billones de pesos para tapar el hueco fiscal si se venden, pero aliados claves se quedarían sin fortines burocráticos.

La idea del Gobierno Duque de vender siete empresas eléctricas regionales para tapar algo del hueco fiscal, se puede convertir en un tiro al pie para su influencia regional, justo cuando se acercan las elecciones del 2022.

Si el Gobierno decide vender, no solo le da más fuerza a la oposición que critica la agenda de privatización, como el Comité del Paro y Petro. También dejará de tener control sobre empresas que son, y han sido tradicionalmente, fortines burocráticos de sus aliados políticos. 

Muestra de eso es que desde que Duque llegó a la Presidencia han cambiado a cinco de los siete gerentes de las electrificadoras regionales para acomodar a gente de su línea y darle influencia regional a sus aliados.

Por otro lado, con un déficit fiscal proyectado por el MinHacienda de 7,6 % del PIB (unos 76 billones de pesos) y la amenaza latente de perder el grado de inversión, Duque necesita recursos urgentes. Además, la venta de activos del Estado, como las electrificadoras regionales, le daría un margen para no tener que recaudar tantos impuestos en una eventual reforma tributaria que se proyecta para el primer semestre de este año.   

La asesoría a favor de vender

El 29 de diciembre de 2020 el Ministerio de Hacienda contrató una asesoría con Gómez-Pinzón Abogados para que le diga cómo, cuándo y en cuánto pueden vender las acciones de las electrificadoras de Meta, Huila, Caquetá, Nariño, Cauca y Chocó, y la hidroeléctrica de Urrá en Córdoba. 

Se trata de siete compañías en las que el Gobierno tiene mayoría accionaria y que le permiten cierta influencia en el mercado energético, porque tienen más de 2 millones de usuarios. 

Seis generaron utilidades en 2019 (los estados financieros de 2020 aún no se conocen) y sus patrimonios suman más de 2.5 billones de pesos. 

En los cálculos previos del Ministerio creen que al venderlas podrían recoger unos 3.8 billones de pesos de los 12 que necesitan para cumplir con las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo para el 2021.

El trámite para tomar una decisión final arranca con una banca de inversión que valore las empresas, fije un precio por acción y decida el mecanismo para la venta. De ahí la decisión pasa al Consejo de Ministros, que debe sacar el decreto que reglamenta la venta. En ese momento las acciones pueden ser puestas en el mercado. 

“Dependerá de los resultados que arrojen los análisis legales y financieros, así como de la estructuración de los procesos. No es posible en este momento establecer una fecha límite”, nos comentó Adriana Mazuera, directora de participaciones estatales del Ministerio de Hacienda.

Aunque no hay fecha, además de cubrir el hueco otra razón le da fuerza al posible negocio, y es que el Ministerio de Hacienda cree que esa plata ayudaría a “atender los efectos de la emergencia”, como dice en la justificación del contrato.

Más allá de lo que determine la asesoría, la intención del Ministerio abre un pulso político en el Gobierno porque en estas empresas hay redes burocráticas que favorecen a sus aliados polícos.

Por ejemplo, el senador uribista Ernesto Macías logró que en noviembre pasado le dieran el manejo de la Electrificadora del Huila, la baronesa conservadora Myriam Paredes mantuvo el control de la de Nariño, y el liberal Mario Castaño puso gerente amigo en la de Chocó.

Todos estos votos serán claves, no solo en el campo electoral futuro del 2022, sino también para el gobierno en la agenda de reformas que propopuso al comienzo de este año, como contamos en La Silla Vacía. Entre ellas, la tributaria, que, paradójicamente busca recaudar más recursos, cosa que será difícil sin el apoyo de sus apoyos en el Congreso.  

 

Este es el mapa y la situación de cada una de las electrificadoras y los intereses políticos que tocaría su venta: 

La Electrificadora del Huila es uno de los principales fortines burocráticos del departamento porque tiene una nómina de cerca de 700 empleados entre planta y contratistas y por su presupuesto de funcionamiento anual de más de 100 mil millones de pesos.

Desde noviembre la maneja el senador uribista Ernesto Macías, quien se movió para que el Gobierno uribista nombrara a un gerente cercano: el ingeniero eléctrico Luis Ernesto Luna, hijo de Edgar Luna Álvarez, amigo y antiguo socio de Macías en una empresa de construcción que se llamó A.Z Ingeniería Ltda.

Desde el nombramiento de Luna, a Electrohuila han entrado a trabajar en cargos directivos otros aliados políticos de las campañas de Macías, como Lina Guarnizo, la expersonera de Neiva (secretaria general); Lina Montenegero, exdirectiva de la campaña del Centro Democrático a la Gobernación del Huila de 2019 (subgerente administrativa); o Carolina Escobar, excandidata al Concejo de Neiva por el uribismo y exasesora de la UTL de Macías (jefe de responsabilidad social).

El uso burocrático y político de Electrohuila no es nuevo.

Entre 2016 y hasta noviembre pasado, la entidad estuvo bajo el mando del exsenador conservador Hernán Andrade, como retribución del Gobierno de Juan Manuel Santos a su apoyo del plebiscito de paz. Durante ese periodo a la empresa entraron familiares y aliados políticos de Andrade, que fueron claves para moverle votos en las elecciones de Congreso de 2018. Como contó La Silla en su momento, eso le permitió a Andrade endosar su curul a su hermana Esperanza, y mantener una curul en la Cámara a la lista conservadora con Jaime Felipe Lozada.

 

El manejo de Electrificadora del Meta, Emsa, ha estado ligado a varios sectores políticos. Hasta hace poco lo tuvo el senador avalado por la ASI, pero en realidad uribista, Jonathan Tamayo, más conocido como ‘Manguito’.

El sindicato de trabajadores de Emsa denunció en junio del año pasado que la entidad se había convertido en fortín de Tamayo y que, además, como después lo amplió El Tiempo, desde la empresa le estaban filtrando a asesores del Senador información privilegiada sobre millonarios procesos de contratación.

El escándalo terminó en agosto con las renuncias del gerente general, Carlos Rodriguez, y el comercial Wilson Patiño.

En el Meta político no está claro a qué sector benefició esa movida. El nuevo gerente, Andrés Taboada, no es de allá y arrancó en octubre con la chapa de técnico porque viene de ser presidente de la Cámara Colombiana de la Energía.

Pero sí hay expectativas de qué puede cambiar porque en el pasado, además de ‘Manguito’, Emsa tuvo otros padrinos políticos. Por ejemplo, entre 2010 y 2014 el senador Armando Benedetti incidió en el nombramiento de directivos regionales que eran aliados de su fórmula a la Cámara en el departamento, Lucy Contento, como lo registró La Silla en su momento.

 

 

Cedenar es sinónimo del poder burocrático de la senadora conservadora y baronesa electoral Myriam Parades. Ella ha tenido injerencia en la empresa desde que llegó al Congreso en 1998 como representante a la Cámara. El actual gerente, Jorge Chingual, es cuota suya y llegó al cargo en enero de 2017, días después de que Paredes diera su apoyo a proyectos gruesos y polémicos del Gobierno Santos como la reforma tributaria.

En las elecciones de 2018, Paredes lideró en Nariño la campaña de Iván Duque a la Presidencia, lo cual le ha permitido sostener su poder en Cedenar.

Además de puestos, la relación de la Senadora con la electrificadora también se ve en la contratación: Paredes da guiños para que Cedenar, amparado en un modelo de contratación privado, le entregue millonarias obras a empresas específicas, que a su vez le pueden ayudar en campaña. Uno de esos grandes contratistas es Ingelec.

Ingelec tiene vínculos familiares con Nelly Cortés Pantoja, la mano derecha de Paredes en el departamento y gerente de su campaña. Las contrataciones entre Cedenar e Ingelec son tan recurrentes que la empresa la resalta como uno de sus principales clientes junto con la empresa de servicios públicos Empopasto.

En la reacomodación de poderes con el Gobierno Duque, en Cedenar también le han dado juego al también senador conservador Eduardo Enriquez Maya.

 

 

 

La Electrificadora del Caquetá ha sido uno de los activos más importantes del Partido Conservador en el departamento. Su gerente, Gerardo Cadena Silva, llegó al cargo hace más de 20 años con el apoyo del entonces congresista azul Luis Fernando Almario (condenado por parapolítica).

En todo este tiempo, Cadena le ha dado juego a los distintos sectores del conservatismo que han estado en el poder. Aparte de Almario, ha sido cercano al exrepresentante a la Cámara, Luis Fernando Urrego (2014-2018), quien en las elecciones pasadas buscó dar el salto al Senado vendiéndose como la ficha de Uribe en el departamento.

La cercanía Cadena con Urrego se ve por ejemplo en que varios contratos para montar redes eléctricas y líneas de conducción se los ha dado a una empresa de la que es dueño James Urrego, hermano de Luis Fernando.

James fue el candidato del Centro Demcorático a la Gobernación en 2019, y fue vinculado a una denuncia de posible fraude electoral como contamos en La Silla.

Por cargos directivos de Electrocaquetá también han pasado amigos y familiares del uribismo de la región, como el abogado Libardo Ramón, hijo del veedor del Centro Democrático en el departamento Libardo Ramón Polanía.

 

 

 

La Distribuidora del Pacífico tiene como gerente a un político que responde a varios partidos: en marzo de 2020 el Gobierno nombró al economista Jorge Hernán Mesa, quien fue en 2019 candidato a la Alcaldía de Manizales en representación del Partido Liberal y el Centro Democrático.

Mesa es una ficha del senador liberal Mario Castaño, quien hace parte del ala de ese partido que está del lado del presidente Duque desde la segunda vuelta de 2018, y también es cercano a la exsenadora Adriana Gutiérrez, la jefe del uribismo en Risaralda.

En el pasado, Mesa hizo carrera en el conservatismo dentro de la línea del presidente de ese partido, el cacique Omar Yepes.

Por el ‘yepismo’ fue concejal y luego alcalde de Samaná (1990-1992), ocupó cargos burocráticos como las direcciones administrativas del Ministerio de Agricultura, del Incora y el Fondo de Desarrollo Rural, estuvo en la dirección regional de Telecom entre 1998 y 2000, y en la de la Caja de Vivienda en Manizales en el 2006. Fue electo representante a la Cámara para el periodo 2010-2014 pero renunció en 2012 debido a una investigación de la Fiscalía por presunto peculado para cuando fue gerente de la Caja de Vivienda, cargo del que lo absolvió la sala penal del Tribunal de Manizales en 2015.

 

 

 

Urrá S.A es una de las principales generadoras de energía eléctrica en el norte del país, a través de su embalse ubicado sobre el río Sinú en Córdoba. En junio del año pasado el Gobierno Nacional nombró como gerente de la empresa al ingeniero Rafael Piedrahita De León, quien había estado vinculado a otros cargos de la entidad desde hace más de 20 años.

A pesar de ser un funcionario de carrera, Piedrahita no es ajeno al mundo político: su hija es la representante a la Cámara por Córdoba, Sara Piedrahita (La U), una de las primeras congresistas de su partido en jugársela en las presidenciales por la campaña de Iván Duque.

La representante Piedrahita se dio a conocer a nivel nacional en 2014 cuando sacó más de 100 mil votos en las elecciones al Congreso del 2014. Se convirtió en la representante a la Cámara más votada en el país, a pesar de que antes no había participado en unas elecciones.

Como contamos, la base electoral de Piedrahita en esas elecciones se sustentó en el equipo político de su primo Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba entre 2012-2015, condenado por corrupción.

Aunque ella lo niega y dice que su votación es el resultado de su lucha contra temas claves de la región como Electricaribe, cuando Lyons quedó por fuera del ruedo su votación bajó: en las elecciones de 2018, Piedrahíta bajó a 55 mil votos.

Sin embargo, sigue teniendo poder regional y el nombramiento de su padre en Urrá S.A es muestra de eso.

 

 

Cedelca es la empresa eléctrica pública con peor salud financiera. A las pérdidas que ha arrojado en años recientes se le han sumado el desgaste institucional y jurídico por millonarios pleitos judiciales con otras empresas del sector como Compañía de Electricidad del Cauca, CEC.

Ha sido una entidad ligada al Partido Liberal y entre 2015 y 2018 la gerenció por Víctor Ramírez, exalcalde de Popayán (2004-2007) y quien que venía de quemarse (16 mil votos) en las elecciones Cámara en 2014 por la lista liberal y en fórmula con el senador Luis Fernando Velasco.

Ramírez renunció en 2018 para lanzarse a la Gobernación en 2019 con el apoyo de Velasco, sectores cristianos, la ASI y la Alianza Verde.

El actual gerente de Cedelca es Jorge Mario Gómez, del que dos periodistas del Cuaca y dos concejales de Popayán nos dijeron que tenía cercanía con el representante a la Cámara, Jhon Faber Muñoz (La U).

Muñoz fue el único congresista del Cauca que se la jugó desde la primera vuelta por la campaña presidencial de Iván Duque.

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