El emporio Hilsaca se quedó con el alumbrado público de Neiva

La Alcaldía de Neiva, de Gorky Muñoz, escogió dos empresas que fundó y posicionó Hilsaca para crear una sociedad mixta que va a manejar ese negocio por 15 años y va a mover 300 mil millones de pesos. Una selección que está rodeada de múltiples advertencias y denuncias de posible corrupción, que por ahora no han recibido atención de entidades como la Contraloría.

En esa sociedad, las empresas del emporio Hilsaca ya impusieron sus condiciones, porque así se lo permite el esquema que ganaron sin tener rivales. El aterrizaje en el Huila fortalece la expansión del emporio de la familia Hilsaca como contratista en otras regiones del país, y repite patrones de contratación de otros negocios suyos, y de otros grupos políticos regionales, como los Char en Barranquilla. Además, coincide con la reactivación de los líos judiciales que lo persiguen.

La marca Hilsaca llega a Neiva

Del negocio del alumbrado público de Neiva se empezó a hablar en 2017, cuando terminó una concesión que venía desde 1997 con la empresa costeña Diselecsa. El alcalde de ese momento, Rodrigo Lara Sánchez, liquidó ese contrato y empezó a mirar qué alternativa escoger para seguir prestando el servicio, que por ley es responsabilidad de los municipios.

Lara optó por hacer convenios con las empresas públicas de la ciudad para el mantenimiento y la operación de las cerca de 34 mil bombillas y lámparas que hay en la ciudad. Así funcionó el servicio hasta la llegada de la nueva administración en 2020.

Antes de finalizar su primer año de mandato el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, estructuró un nuevo modelo de negocio para el alumbrado público: una empresa mixta que le permite asociarse con un privado con el compromiso de que ese privado ponga la plata para modernizar todo el sistema de alumbrado público en un año — unos 48 mil millones de pesos— y le haga mantenimiento en los próximos 15 años.

A cambio de eso, el privado se gana los derechos del recaudo del impuesto que se cobra por el alumbrado durante 15 años. Eso incluye que recupere los 48 mil millones de pesos de la inversión inicial, más el pago por el mantenimiento y operación del servicio. En promedio, en Neiva se recaudan al año cerca de 22 mil millones de pesos por ese impuesto.

Muñoz dijo en ese momento que solo de esa manera se podría modernizar el alumbrado público en el corto plazo, porque Neiva no contaba ni con la estructura ni la plata para hacerlo. Además, argumentó que era urgente cambiar las luces de sodio a led para combatir la inseguridad en los barrios.

Los cuestionamientos sobre la movida de Muñoz aparecieron desde la conveniencia del modelo de empresa mixta.

“El municipio pudo haber ejecutado ese contrato de modernización y recambio del alumbrado. La entrada de la plata del impuesto da para cancelar el costo de la energía consumida y da excedentes para la modernización”, dice Jaime Puerto, presidente de la Asociación de Ingenieros Eléctricos, Aciem, capítulo Huila.

Puerto advierte que si el problema era falta de plata, el alcalde Muñoz podía haber hecho un crédito y pagarlo con los ingresos del impuesto porque tienen ese fin específico. Dice que como gremio buscaron al alcalde para presentarle esa fórmula, pero nunca les quiso dar una cita.

El exalcalde Héctor Aníbal Ramírez plantea otro camino: que el alumbrado lo siguieran manejando las empresas públicas del municipio a través de convenios interadministrativos.

“Así el Municipio tendría el control, y la plata quedaría en empresas locales dinamizando la economía regional”, señala Ramírez.

La operación directa que plantean Puerto y Ramírez la hacen otras ciudades como Bucaramanga, Manizales, Medellín o Bogotá.

El alcalde Muñoz se fue por el camino de la empresa mixta con un privado con base en un estudio que contrató en agosto de 2020 a la consultora Aritmética SAS, propiedad del ingeniero Juan Carlos Oquendo. Ese estudio, que avaló el líder de Alumbrado Público de la Alcaldía, Alex Mauricio González, dice que ese modelo es rentable si se hace a 30 años, y posiblemente rentable en 15 años.

Se trata de una forma de contratación de dineros públicos que ha hecho carrera en otros lugares del país, como Barranquilla. Allá, el grupo Char estableció un sistema que garantiza una alta eficiencia, facilita que circule plata sin importar su origen y concentra parte de la megacontratación. 

La recomendación de hacerlo en Neiva llegó al Concejo de la ciudad, donde Muñoz tiene coalición mayoritaria. Y allá se aprobó a 15 años con argumentos crípticos. “Esta fórmula puede hacer viable una idea que tal vez no lo sería de otro modo o puede garantizar la perdurabilidad de una empresa que evoluciona hacia este modelo desde una dirección distinta en su origen”, conceptuó la asesoría económica del Concejo para avalar el proyecto.

El concejal ponente, Edison Amín Losada, dijo que ese modelo era exitoso porque así lo hizo el municipio de Pitalito, en el sur del Huila. Lo que no contó en ese momento es que el alumbrado público de Pitalito lo operan desde 2018 las empresas de la familia Hilsaca.

La ponencia de Losada se aprobó a pesar de las múltiples advertencias que hicieron las veedurías, el personero Kleiber Oviedo, académicos de la Universidad Surcolombiana y concejales opositores. Ellos coincidieron en plantear que ese modelo favorecía al socio privado, no garantizaba el control de la Alcaldía, y se manejaba bajo el régimen privado, lo que lo hacía difícil de supervisar.

Con la autorización del Concejo, la alcaldía de Muñoz armó el proceso de contratación para buscar el socio estratégico. Ahí aparecieron más dudas.

Empezando porque el proceso no se hizo a través de las plataformas de contratación como el Secop o Colombia Compra Eficiente, sino directamente desde la página de la Alcaldía. Lo cual hizo menos visible el proceso para potenciales interesados.

Luego, porque los pliegos de condiciones que estructuró la Alcaldía bajo la coordinación del líder de Alumbrado Público, Alex González, al parecer, limitaron la participación de más empresas.

Enel Codensa — conformada por el Grupo Energía Bogotá de la Alcaldía de Bogotá y la italiana Enel— , que opera el alumbrado público de Bogotá, cuestionó los requisitos financieros exigidos en los pliegos (que dicen si una empresa tiene plata o no para cumplir) y pidió que una calificadora certificara la capacidad financiera de los proponentes. La Alcaldía rechazó ese pedido diciendo que solo de esa manera se podía garantizar que el socio tuviera capacidad financiera para responder.

Los indicadores financieros de los pliegos prendieron las alarmas de Enel Codensa y de las veedurías locales, porque se calcularon con base en un estudio de mercado que incluyó pocas empresas, pero entre las que estaban AGM Desarrollo y American Lighting, dos empresas de la familia Hilsaca.

Además, entre las exigencias de los pliegos estaba el demostrar experiencia como socio de otra empresa mixta de alumbrado público. “Se considera irracional el requerir que el socio privado pertenezca previamente a una Empresa de Servicios Públicos Mixta, teniendo en cuenta que la licitación pública es para pertenecer a una Empresa de Servicios Públicos Mixta”, planteó María Suárez Camacho, otro interesada en el negocio.

El equipo evaluador de la Alcaldía también rechazó esa observación con el argumento de que esa experiencia era necesaria para darle solidez a la empresa.

Al final, Enel Codensa no participó. Al proceso solo se presentaron tres consorcios. Pero el único que cumplió con los requisitos fue el conformado por las empresas de la familia Hilsaca, AGM Desarrollo y American Lighting. Es decir, ganó sin tener rivales.

La misma situación ocurrió cuando AGM Desarrollo y American Lighting se quedaron con las concesiones de Riohacha, Cúcuta, y otros municipios de Bolívar y Norte de Santander.

Ante esos ruidos, los senadores Rodrigo Lara Restrepo y Ernesto Macías le enviaron una carta al contralor general, Felipe Córdoba, pidiéndole vigilar el proceso. Señalaron que la falta de proponentes “podría obedecer a la llamativa estrechez de los plazos del cronograma o a condiciones posiblemente deliberadas y conscientes que limitaron la posibilidad de participación a otros interesados”. 

Carta Alumbrado Público senadores Lara y Macías by La Silla Vacía on Scribd

Ni esa carta, ni el reclamo de las veedurías modificaron el proceso de contratación.

Las empresas ganadoras, AGM Desarrollo y American Lighting, están registradas en Magangué, Bolívar. Entre sus accionistas están Clara Inés Acosta Hernández — esposa de Hilsaca— , sus hijos Gabriel Elías, Melissa, Nicolás y Alfonso Hilsaca Acosta, y otras empresas familiares como Hilsaca Acosta Cia, e Inversiones Henta SAS.

Aunque Hilsaca Eljadue aparece como el socio fundador de AGM Desarrollos (antes llamada Construcciones Hilsaca), y de las socias Hilsaca Acosta Cia e Invesiones Henta SAS, actualmente no figura en los registros como socio ni accionista vigente. Sí, su esposa e hijos.  

Tras superar el trámite en el Concejo y terminar el proceso de contratación, la Alcaldía de Muñoz creó en mayo la Empresa de Servicios de Iluminación Pública y Desarrollos Tecnológicos de Neiva (Esip) en sociedad con las empresas de la familia Hilsaca.

Que el alcalde Muñoz haya entregado ese negocio en medio de cuestionamientos, dudas y señalamientos de distintos sectores, ha suscitado especulaciones en la ciudad.

Tres congresistas, dos concejales y cinco políticos de diferentes partidos consultados por La Silla, y que conocen la minucia del poder local, dicen que la lectura es que Muñoz direccionó el proceso porque Hilsaca le ayudó a financiar la campaña. Sin embargo, ninguno aportó pruebas.

En una reciente entrevista con La Nación de Neiva, el exsenador Hernán Andrade mencionó que Muñoz “vendió el alumbrado público”. 

El alcalde Muñoz niega esos señalamientos. “Jefe, qué pena si hay denuncias pues que los entes de control entren a actuar e investigar”, le respondió a La Silla. En sus reportes de campaña, Muñoz, que arrancó su carrera política como líder barrial, muestra que se autofinanció con 70 millones de pesos, con un crédito de 300 millones de un particular y plata que le puso el movimiento de firmas con el que se avaló

Los ruidos de Hilsaca como financiador de campañas en ciudades donde se ha ganado los contratos del alumbrado público no son nuevos. Esa fue la misma hipótesis que se planteó en Cúcuta en 2016 cuando sus empresas se quedaron con el negocio en esa ciudad. 

Aunque el empresario costeño ha desmentido que su crecimiento empresarial obedezca a las relaciones políticas que ha tejido, él mismo le reconoció a Semana, en 2005, que sí ha patrocinado aspiraciones políticas y que para esa fecha no recordaba cuántas. Y hay por lo menos una evidencia concreta en que un alcalde al que el "Turco" le financió parte de la campaña le entregó una concesión.

Es el caso del entonces alcalde de Cartagena, Alberto Barboza, a quien el "Turco" le aportó a su campaña, y quien en 2005 le entregó a Caribe Verde, otra de las empresas del empresario, la concesión del relleno sanitario en esa ciudad.

Tampoco es novedad que los procesos de contratación que ganaron sus empresas hayan sido cuestionados. En 2018, la Procuraduría destituyó al exalcalde de Ocaña, Norte de Santander, Jorge Sánchez Osorio, porque favoreció directa y voluntariamente a AGM Desarrollos con la adjudicación del contrato de concesión del alumbrado público en 2013. 

Por ahora, en el caso de Neiva no hay ninguna investigación formal sobre esa supuesta financiación, ni de las presuntas irregularidades en el proceso de contratación. Y el historial de Hilsaca no ha sido obstáculo para que el emporio familiar siga siendo un próspero contratista público. 

Los líos del “Turco”

Alfonso del Cristo “El Turco” Hilsaca Elajdue ha estado privado de la libertad en dos ocasiones. La primera fue en 2009, señalado por los jefes paramilitares alias ‘Convivir’ y alias ‘Juancho Dique’, desmovilizados del bloque Héroes de los Montes de María, de estar detrás del asesinato de cuatro trabajadoras sexuales en la Torre del Reloj en Cartagena, un proceso que está en la etapa de juicio.

En esa declaración, los paramilitares también dijeron que Hilsaca los financiaba, pero en 2010 le archivaron al empresario el proceso por concierto para delinquir y lo dejaron en libertad.

La segunda fue en 2014, cuando volvió a ser señalado de financiar grupos ilegales. Esta vez a la banda criminal 'Los rastrojos costeños’ y del asesinato, en el 2009, de un desmovilizado paramilitar. En esa ocasión, solo estuvo privado de la libertad un mes y salió libre cuando un juez determinó que no tenía pruebas para tenerlo preso.

Ese último proceso, que se está adelantando con Hilsaca en libertad, y que está en Bogotá luego de que la Corte Suprema de Justicia pidió que se trasladara el expediente que estaba en la Costa, revivió hace unos días. Los dos jueces que lo dejaron en libertad en dos instancias diferentes fueron condenados hace un mes Barranquilla por torcer los procesos de Hilsaca en 2014. 

En todos los episodios en los que ha sido nombrado, Hilsaca ha dicho que es víctima. “He tenido conocimiento de una serie de personajes de la vida política y judicial que han organizado una bien estructurada persecución”, le dijo Hilsaca a La Silla hace un tiempo.

Efectivamente Hilsaca denunció a dos fiscales que llevaban el proceso por el que lo privaron de la libertad en 2009, a quienes grabó mientras le pedían 500 millones a cambio de que ‘Dique’ no siguiera testificando en su contra. Hoy uno está preso y el otro investigado.

A pesar de los escándalos que ha enfrentado, ha construido una red empresarial contratando con el Estado, que pasa por negocios de aseo, rellenos sanitarios y tránsito. Dinero lo bautizó el ‘Amo del alumbrado público’ en el país. 

Y en Neiva, a pesar de hacer parte de una sociedad con la Alcaldía, las empresas de la familia Hilsaca son las que ponen las condiciones. 

El Municipio tiene las acciones, pero las empresas Hilsaca controlan

Esip, la empresa mixta, nació jurídicamente en mayo , entró a operar el alumbrado público desde el 1 de julio con varios hechos que han llamado la atención de las veedurías.

Por un lado, el proceso de estructuración legal de la nueva empresa estuvo asesorada por el ingeniero Juan Carlos Oquendo, el mismo que había recomendado el modelo de la empresa mixta.

“No hay una inhabilidad en eso. Acompañé el proceso de la implementación de la nueva sociedad, no la creación”, dice Oquendo sobre ese doble vínculo.

Además, de Esip ahora es funcionario del área comercial Alex Mauricio González, el funcionario que estructuró el proceso.

Aunque quedó acordado que la Alcaldía tendría el 52 por ciento de las acciones y AGM Desarrollo y American Lighting el 48 por ciento restante, esa mayoría accionaria de la Alcaldía no representa el control de la sociedad.

Esip, según lo aprobado, debe funcionar bajo las órdenes de una junta directiva conformada por cinco personas, pero el privado tiene derecho a nombrar tres integrantes, es decir tiene mayoría. Ahí fueron designados José Enrique Nuño, Penny Polo Criales y Álvaro Betancourt, en representación de AGM Desarrollo y American Lighting.

El alcalde Gorky Muñoz y el asesor de despacho Wilker Bautista, considerado su mano derecha en la administración, son los representantes de la Alcaldía en esa mesa.

Esa junta seleccionó al gerente de la empresa. En el cargo fue designado el abogado Rafael Vergara, excontralor regional de Bolívar, y un aliado de la casa política García Zuccardi (en cabeza del senador de La U Andrés García, hijo y heredero de votos de los excongresistas Juan José García, quien fue condenado por corrupción, y Piedad Zuccardi, quien está en juicio por parapolítica). Empresas de los García Zuccardi y la familia Hilsaca, han sido socias en contratos públicos de la Costa. 

Con mayoría en la junta y el control de la gerencia, las empresas de la familia Hilsaca han empezado a manejar la contratación de la sociedad. Para comenzar sus operaciones en julio, Esip debía contratar una interventoría externa, una empresa que vigilara todo el proceso de modernización del servicio durante los 15 años.

El gerente Vergara consiguió esa interventoría en un proceso de invitación privada en la que él, con el aval de la junta, determina qué empresas pueden presentar ofertas. En todo caso, según los estatutos, no pueden ser menos de dos.

A esa invitación privada llegaron las propuestas mínimas requeridas, dos: el Consorcio Interled de Neiva, integrado por Soluciones Empresariales Integrales de Bogotá y SJP Ingeniería SAS de Barranquilla; y la empresa Tecnoproyectos Ingeniería SAS de Cartagena.

A pesar de que se trata de un contrato que va a durar mínimo 15 años y que tiene los recursos garantizados, no hubo puja entre los dos proponentes invitados. Tecnoproyectos Ingeniería SAS fue descabezada porque no presentó documentación básica como la póliza de seriedad que avala la propuesta.

No fue una coincidencia.

Soluciones Empresariales Integrales y Tecnoproyectos Ingeniería SAS ya habían aplicado esa fórmula —dos se presentan, una cumple— en otro proceso de contratación para hacerle interventoría a un negocio que manejan las empresas de la familia Hilsaca.

Sucedió en 2019 cuando American Lighting se ganó el contrato para cambiar el alumbrado público de Palermo, Huila, y ese municipio buscó una interventoría para vigilarlo. Solo que en ese caso, Soluciones Empresariales Integrales fue el descabezado porque también olvidó presentar la póliza de seriedad para avalar su propuesta, y por eso Tecnoproyectos terminó quedándose con esa interventoría.

La relación de Soluciones Empresariales Integrales y Tecnoproyectos Ingeniería SAS en los negocios de las empresas de la familia Hilsaca no para ahí. Tecnoproyectos fue la consultora que le dijo a la Alcaldía de Cúcuta en 2016 que debía crear la empresa de sociedad mixta para operar el alumbrado público a 25 años. Negocio que ganaron AGM Desarrollos y American Lighting.

Y Soluciones Empresariales Integrales es la interventora de la concesión de Cúcuta, y de otras que tienen las empresas de la familia Hilsaca en Pitalito y Riohacha, que también van entre los 15 y 25 años.

Tener un mismo interventor en múltiples negocios es otro patrón que se repite en el historial comercial de las empresas de la familia Hilsaca. Entre 2013 y 2014 cuando AGM y American Lighting se quedaron consecutivamente con siete concesiones de alumbrados en municipios de Norte de Santander (Ocaña, Ábrego, Convención, Tibú, Puerto Santander y Pamplona) el interventor fue el mismo: una empresa cartagenera llamada Tecnogestiones.

La manera en la que Soluciones Empresariales Integrales se quedó con la interventoría en Esip también se llevó por delante otra interventoría que la misma Alcaldía había contratado en mayo para vigilar la operación del alumbrado hasta septiembre.

Esa interventoría estaba en manos de la firma local Ingeniería Ram.

“La nueva empresa mixta no ha suministrado información a los requerimientos de tipo jurídicos, técnicos, administrativos y financieros que se le han requerido (...) Se advierte que el representante legal de la Esip manifestó en una reunión del pasado 30 de junio que no reconocería a la interventoría existente”, mencionó Ram en un informe. 

Esip no le reportó sus movimientos, ni sus trabajos a la interventora Ram durante julio, agosto y septiembre. Tiempo en el que según la Alcaldía, se instalaron cerca de 4 mil nuevas luminarias.

Es decir, desde julio de los bolsillos de los neivanos salió la plata para pagarle a dos interventorías para hacer lo mismo, pero solo una, la que escogió el privado, tuvo el acceso a la información para vigilar si Esip está cumpliendo o no.

Oliverio Ramos, representante legal de la interventora Ram, le dijo a La Silla que nunca tuvo la oportunidad de hablar ni intercambiar información con los de Esip y que por eso dejaron constancia en sus informes. Pero que ellos hicieron su trabajo en terreno y que se lo entregaron a la oficina de Alumbrado Público.

“Desconozco si hay otra interventoría, y muchos menos quiénes son”, nos comentó. Dice que está esperando que les paguen esos meses.

El gerente de Esip, Rafael Vergara, le dijo a La Silla que no sabía que había otra interventoría. “En el Acuerdo Bilateral donde la administración municipal hace entrega de la administración y operación del sistema de alumbrado público, no hizo mención de alguna situación relacionada con dicho contrato de interventoría”, dijo.

“Como Gerente de la Esip nunca he recibido comunicación alguna por parte de la firma ING - RAM – LTDA; como tampoco solicitud de alguna reunión a este despacho para ponerse a disposición de la ESIP”, añadió Vergara contradiciendo lo informado por Ram.

Sin embargo, el líder de Alumbrado Público, James Parra, supervisor de esa interventoría, avaló el informe de Ram con la constancia de que Esip los había desconocido.

La plata para la empresa mixta que conformaron las empresas de la familia Hilsaca con la Alcaldía de Neiva ya se está moviendo. Hace unos días, el alcalde Gorky Muñoz y el gerente de Esip, Rafael Vergara, firmaron un ‘acuerdo bilateral’ que transfiere la plata ahorrada por el alumbrado público en los últimos meses. Le giró a Esip los 11 mil millones que van directamente a una fiducia. Sin embargo, las veedurías están alertas porque dicen que la pueden sacar para cubrir la inversión inicial de los 48 mil millones que debe hacer el socio privado.

Es por ahora solo una prueba de los cuantiosos recursos públicos que en el futuro tiene garantizado  el emporio Hilsaca, en una estructuración contractual para iluminar las calles de Neiva.