El escándalo de Ocad Paz: en qué consiste, qué evidencia hay y qué huecos tiene

Desde que hace unas semanas Blu Radio denunció el escándalo del Ocad Paz, los medios vienen hablando de los “500 mil millones de pesos de la paz que se robaron” a través de pago de coimas a funcionarios de Planeación Nacional, la Contraloría y congresistas.

El Gobierno ha dicho que no existen evidencias de tal robo, pero la historia continúa y si no se esclarece pronto quedará como legado que no solo el gobierno de Iván Duque dejó a la deriva la implementación del Acuerdo de Paz sino que también una porción significativa de los recursos que tenían que llegar a los pueblos más azotados por la guerra se fueron a engrosar los bolsillos de funcionarios cercanos al Presidente. ¿Qué evidencias concretas hay de este robo y qué huecos tiene?

Qué es el Ocad Paz: 

 La ley de regalías aprobada en 2012, creó la figura de los Órganos Colegiados de Administración, Ocad, como un órgano tripartito para redistribuir las regalías generadas por la explotación de hidrocarburos en todo el país. El Ocad Paz en particular se creó tras el Acuerdo de La Habana y tiene la misión de aprobar recursos de regalías para los 170 municipios Pdets, aquellos más pobres y azotados por el conflicto.

En el Ocad Paz tienen voto un delegado de los alcaldes postulado por la Federación de Municipios, un representante de los gobernadores postulado por la Federación de Departamentos y Presidencia, en cabeza hasta hace poco de Emilio Archila, el Alto Consejero de Duque para el posconflicto.

De qué se trata el escándalo: 

Los periodistas Valeria Santos y Sabastián Nohra, de Blu Radio, recogieron testimonios de 25 alcaldes que denunciaron off the record que para obtener la aprobación de un proyecto en el Ocad Paz tenían que pagar varias coimas: entre 1 y 2 por ciento a funcionarios de la Contraloría, que aunque solo ejercen un control ‘preventivo’ en el Ocad generaban alertas que bastaban para que un proyecto no saliera o quedara represado; 5 y 6 por ciento a Álvaro Ávila, director del Sistema General de Regalías, secretario técnico del Ocad Paz y nombrado por el entonces director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez; y entre 7 y 9 por ciento al congresista que ‘apadrinaba’ el proyecto. Mencionaron específicamente a Ape Cuello y a Samy Merheg. Además, fue nombrada María Urrutia, secretaria y mano derecha de Rodríguez en Planeación a quien señalan de ser el puente entre congresista y el DNP para los proyectos. Todos los funcionarios han negado haber pedido o recibido coimas para viabilizar proyectos.

También denunciaron una concentración de medio billón de recursos en el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrolo Integral y la Gestión Social, que está manejado por el grupo político de la presidenta de La U, Dilian Francisca Toro.

Gracias a una ley impulsada por el Gobierno y respaldada por la oposición, en parte para la reactivación económica de esos municipios tras la pandemia, los recursos del Ocad Paz que iban hasta 2030 se habilitaron para asignarse en su totalidad entre 2021 y 2022. En todo 2021 se aprobaron proyectos por 4,4 billones de pesos. Los periodistas estiman que de esos recursos, 500 mil millones de pesos terminaron en coimas.

Las evidencias que existen:

Fuera de los testimonios recogidos por Blu Radio de alcaldes que hablaron bajo condición de anonimato, el año pasado llegaron a Planeación Nacional, a la Contraloría y a Presidencia denuncias alertando sobre irregularidades en el trámite de los proyectos en el Ocad Paz.

Alcaldes de Chocó y Putumayo reclamaron en cartas enviadas al Ocad que la aprobación no se estaba dando de acuerdo al orden de llegada de los proyectos y que eso ponía sombras sobre la transparencia del Ocad. El alcalde de Vista Hermosa en Meta también denunció, con copias a entes de control, que los criterios de viabilización de proyectos de transporte no estaban claros.

Al consejero Archila llegaron correos anónimos que denunciaban que “senadores, la Contraloría y el DNP...están extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que (…) Les den el ok”. Además, llegó una denuncia formal al Ocad de un veedor con copia a entes de control denunciando aprobación de proyectos sin que cumplieran todos los recursos.

En actas del Ocad Paz quedó registrado que los integrantes hablaron de las denuncias y de remitirlas a entes de control. Algo que Archila, quien no es acusado dentro del entramado de corrupción, ha repetido en medios desde que estalló el escándalo.

Hasta ahora, no se conoce una ‘prueba reina’ del escándalo más allá de cuatro audios con voz distorsionada de alcaldes que hacen denuncias y un audio filtrado de Martín Zulueta, alcalde de La Paz, Cesar, quien era el delegado de los alcaldes en el Ocad, en el que dice :

“... más bien dígame usted qué puntos se les piden a ellos y a ver hasta cuánto se puede ceder, de pronto cinco hojas de blog es mucho para esa carpeta, podemos dar tres o cuatro hojas de blog para la carpeta… para yo decirles a ellos ‘compa esto para que salga tiene que ser esto’, y llevarlos a Ocad para nosotros votarlos allá”.

No es claro con quien sostiene la conversación Zuleta, pero, según Blu, “al parecer es un contratista”. Y cuando se refiere a “hojas de blog” en ese contexto significaría el monto de la coima y “carpeta” el proyecto.

Lo que todavía no se sabe: 

Más allá de estos indicios y denuncias, hay muchas cosas que todavía se tienen que aclarar sobre el escándalo. Por ejemplo :

Si en realidad se robaron 500 mil millones de la paz: esta cifra, que ya entró en el imaginario colectivo, es un estimado grueso que sacan los periodistas de multiplicar los 4,4 billones que se aprobaron en el Ocad Paz en 2021 por el 12 por ciento, que sería una media de todas las coimas que han denunciado los alcaldes que supuestamente les pedían.

La cifra real puede ser mayor, o significativamente menor. Hay alcaldes que le dijeron a la emisora que las coimas eran del 6 por ciento y suponiendo que no se hubiera aprobado ni un proyecto sin una coima de por medio, la cifra robada sería entonces de 264 mil millones de pesos, un poco menos de la mitad de lo que estiman los periodistas. Otros aseguraron que la extorsión era del 15 por ciento y si es así, el monto ascendería a los 660 mil millones de pesos.

A esa cuenta, en todo caso, hay que restarle que 74 proyectos por 794 mil millones de pesos aún no se han contratado o están sin ejecutor, según el reporte del 8 de julio de regalías. Entonces, de entrada, usando el estimado grueso de Blu habría que restarle a los 500 mil millones entre 46 mil y 119 mil millones, dependiendo del porcentaje la presunta coima que se aplique.

Adicionalmente, según los reportes del DNP a 8 de julio, solo se han desembolsado 1,1 billones (el 25 por ciento de la plata) debido a que la modalidad de pago es el giro de un porcentaje del proyecto como anticipo y el resto se desembolsa por avances. Y no es claro si las coimas se pagaban sobre el desembolso inicial.

Si todos los alcaldes cuyos proyectos fueron aprobados pagaron coimas: Según las denuncias, la solicitud de coimas era para todo tipo de proyectos, pero no hay pruebas de que todos los alcaldes hubieran accedido a pagarlas. Por ejemplo, los mandatarios de Condoto, Chocó; Orito, Putumayo; y Vista Hermosa, Meta, denunciaron con cartas formales la falta de transparencia y demoras en la aprobación de sus proyectos y aún así el Ocad les aprobó recursos a los tres. A Condoto le asignaron 79 mil millones de pesos para temas viales; a Orito, 23 mil millones de pesos en proyectos de vías, agrarios y de energía, y a Vista Hermosa, le asignaron 4 mil millones de pesos para redes eléctricas en veredas. Lo que da para pensar que no necesariamente todos los billones de pesos adjudicados tuvieron que pasar por el peaje de la corrupción o que finalmente los alcaldes que alertaron, cedieron al sistema denunciado.

Cómo se desvió la plata exactamente: La investigación de Blu afirma que la ‘coima’ se sacaba del monto de los proyectos aprobados. Eso lleva a que estaba incluida en el pago de anticipos o en sobrecostos de las obras. Hasta ahora, de los 355 proyectos aprobados en 2021 solo hay cuatro reportados como terminados. Es decir, la mayoría están en ejecución, y por ahora no hay reportes de desfinanciamiento para saber a ciencia cierta cómo se desvió la plata (las alertas que existen son por demoras en el reporte de información de las entidades ejecutoras). Tampoco se han revelado testimonios sobre cómo era que los supuestamente involucrados pedían que les llegara la plata de las coimas que denuncian los alcaldes.

Cómo los congresistas movían proyectos: Blu Radio detalló que los mandatarios que denunciaron el escándalo mencionaron a los congresistas conservadores Ape Cuello y Samy Merheg, como receptores de coimas, para apadrinar los proyectos.

Merheg tenía asiento en el Ocad Paz como invitado (con voz pero sin voto) y Cuello es congresista del Cesar, que fue uno de los departamentos que más tuvo asignación de recursos.

Por cuenta de esta denuncia de Blu la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra Cuello (Cesar), Merheg (Risaralda), y Wadith Manzur (Córdoba) y Yamil Arana (Bolívar), que tenían asiento como invitados permanentes en el Ocad Paz. La Corte tendrá que esclarecer cómo movían exactamente los proyectos, en caso de que lo hicieran, dado que no tenían voto en el Ocad ni parte en la viabilización previa de los proyectos, que, según las denuncias, eran dos pasos clave que tenían su propia tarifa en el pago de coimas.

Tampoco queda claro cómo hacían esos congresistas para mediar la aprobación de proyectos en las regiones en las que no tienen fuerza electoral, o si otros congresistas también estuvieron involucrados.

Merheg ha dicho que no hubo irregularidades y que solo le dijo a los alcaldes que siguieran los lineamientos del gobierno para presentar proyectos. Cuello dijo que no eran ciertas las acusaciones en su contra y pidió a alcaldes que denunciaran públicamente si tenían una queja en su contra. Manzur y Arana no se han pronunciado.

Cuál fue el papel de los demás delegados con voto en el Ocad: De las tres partes que tenían voto en la aprobación de los proyectos, solo ha quedado comprometido por el audio filtrado el papel de Martín Zuleta, alcalde de La Paz en el Cesar. Sin embargo, además de él, tenían voto en la aprobación de los proyectos un delegado de los gobernadores y Presidencia.

El voto de Presidencia estaba en manos del Alto Consejero, Emilio Archila. Pero La Silla Vacía revisó las actas de todas las reuniones del Ocad Paz durante 2021, y encontró que ese funcionario no votó en bloque con alcaldes y gobernadores.

Es más, votó en contra de cambiar el orden de aprobación de proyectos propuesto por alcaldes y gobernadores y fue crítico con la designación del Fondo Mixto del Valle como ejecutor de proyectos. Como los delegados de los gobernadores y alcaldes sí votaron en bloque, Archila perdió.

Durante 2021, además de Zuleta, estuvo Marcelino Chacón de la Uribe, Meta, en el caso de los alcaldes. Como delegados de los gobernadores tuvieron asiento Arnulfo Gasca, del Caquetá, Orlando Benítez, de Córdoba y José Facundo Castillo, de Arauca. Gasca le dijo a La Silla que él estuvo hasta mayo de 2021 en el Ocad y que en ese tiempo no fue testigo de cobros irregulares por aprobación de proyectos, Castillo está en detención domiciliaria por un proceso por presuntas relaciones con el ELN, y Benitez aún no se ha pronunciado.

Las consecuencias del escándalo: Hasta ahora, en respuesta a la denuncia de Blu la Procuraduría abrió 24 indagaciones por presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos); la Fiscalía destinó una unidad especial para investigar las denuncias; y la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación contra los congresistas Ape Cuello, Wadith Manzur y Yamil Arana, y Samy Merheg. Son investigaciones cuyos resultados se conocerán en meses o años. En paralelo la Contraloría tiene abiertos otros ocho procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en la asignación y ejecución de obras pero no son por recursos aprobados en 2021.

La consecuencia más inmediata del escándalo es que el petrismo aprovechó el escándalo para tumbar la lista de candidatos a la Contraloría que en una movida inédita y muy controversial los partidos tradicionales —con el respaldo del Gobierno Duque— habían dejado armada para el nuevo Congreso. Uno de los argumentos que usaron es que en esa lista estaban Luis Alberto Rodríguez, exdirector de Planeación y jefe de Álvaro Ávila, el director del Sistema General de Regalías y secretario técnico del Ocad Paz que es quien los alcaldes dijeron que pedía las coimas; y Aníbal Quiróz, contralor delegado para el regalías, y Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para posconflicto, justamente los dos contralores también salpicados en el escándalo por pedir supuestamente coimas para no vetar los proyectos.

Dependiendo de cuánto avancen las investigaciones judiciales y disciplinarias o de los resultados de la segunda parte de la investigación que han dicho que están haciendo los periodistas de Blu Radio, se sabrá si en efecto la plata de la paz se perdió y cuánta terminó en los bolsillos de funcionarios del gobierno y de políticos corruptos o si se trató de una mera alerta periodística que estalló en el momento político preciso pero que no logró probar mayor cosa.