El fallo de la Haya, el preludio de otras derrotas jurídicas por venir

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El fallo de la Haya, el preludio de otras derrotas jurídicas por venir

 

La demanda contra Colombia es por la desaparición de 11 personas que salieron con vida del Palacio de Justicia y que luego de ser interrogadas por los militares no se volvió a saber de ellas.
 

 

 

La demanda contra Colombia es por la desaparición de 11 personas que salieron con vida del Palacio de Justicia y que luego de ser interrogadas por los militares no se volvió a saber de ellas.
 

Mientras el país se da golpes de pecho por la reciente derrota en la Corte de la Haya, Colombia está ad portas de enfrentarse a otra defensa jurídica del Estado para la cual no está suficientemente preparada. Este sábado se vence el plazo para que Colombia conteste ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda por los hechos del Palacio de Justicia y el Gobierno no ha podido ni siquiera contratar al abogado que lo defienda.

El caso del Palacio de Justicia es tal vez el caso más sensible que haya tenido Colombia ante la Corte Interamericana. Los familiares de los desaparecidos llevan más de 20 años esperando justicia y es un caso que a la vez se ha vuelto paradigmático y muy sensible para las Fuerzas Militares.

Sin embargo, la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado llevan más de 10 meses en reuniones definiendo quién será el Agente del Estado colombiano. Faltando cuatro días para contestar la demanda, aún no lo han contratado.

Según supo La Silla, el Presidente Santos ordenó contratar como Agente al abogado Jorge Ibáñez Najar, quien viene trabajando desde hace un par de años en este caso y ha acompañado su proceso ante la Comisión. De hecho, Ibañez alcanzó a presentar un borrador de la estrategia de defensa que fue muy bueno.

Sin embargo, la cúpula militar lo vetó. El Ministerio de Defensa propuso entonces la contratación de Rafael Nieto Loaiza, quien también fue encargado en el último momento para adelantar la defensa de Colombia ante la misma Corte por el caso Santo Domingo.

El Ministerio de Defensa insistió en este nombre en marzo, pero Nieto contaba con resistencias en el gobierno por parte de Santos y de la Canciller Holguín, a quien Nieto criticó duramente cuando la Ministra anticipó hace siete meses que la Corte de la Haya tendría un fallo salomónico respecto a los cayos de las Islas de San Andrés y Providencia.

Entre este tire y afloje fueron pasando los meses.
 

 

Fernando Carrillo, Adriana Guillén, Rafael Nieto. Fotos: Juan Pablo Pino
 

Una Agencia que no despega

Mientras tanto, en septiembre Fernando Carrillo, quien había estado a la cabeza de la creación de la nueva Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, dejó la entidad y pasó a dirigir el Ministerio del Interior. Fue reemplazado por la exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional Adriana Guillén, quien en un mes que llleva en el cargo no domina todavía los pormenores del derecho internacional y del procedimiento ante la Corte Interamericana.

La Agencia para la Defensa Jurídica tenía la competencia para designar al Agente pero no los recursos para contratarlo ni tampoco el poder de incidir en la línea de Defensa, que quedó en cabeza de la Cancillería. La Agencia se creó inicialmente para definir las estrategias y políticas de defensa del Estado pero internamente. Con este despelote que se ha armado con este caso se decidió sacar un decreto para que a partir del próximo año quede explícito que también será responsabilidad de la Agencia la defensa internacional.

En este caso la Cancillería se negaba a contratar a Nieto, quien además, pedía 500 millones de pesos de honorarios, que todos consideraban muy altos. Entonces, el Ministerio de Defensa ofreció aportar los recursos para contratar a Nieto, renegociando los honorarios, que en todo caso por lo complicados que son estos casos son siempre altos.

Pero la Agencia de Defensa Jurídica iba a terminar el año con un nivel de ejecución presupuestal bajísimo por lo que era una entidad nueva que realmente comenzó a funcionar a mitad de año lo cual repercutiría en el presupuesto del próximo año. Entonces se decidió que era mejor pedirle un traslado presupuestal a Hacienda y contratar al Agente directamente.

El hecho es que anoche el contrato todavía no se había hecho, aunque la Silla corroboró que contratarán a Nieto Loaiza.

Nieto Loaiza fue uno de los que firmó un editorial pagado que salió en El Tiempo antes  de la sentencia de segunda instancia preguntando "por qué el coronel Plazas Vega aún no estaba libre" y en general, ha sido un defensor de la actuación del coronel. Él conoce el caso y venía estudiandolo con Ibañez. Pero cuando este último tiró la toalla ante tanta improvisación del gobierno, Nieto también dijo que se retiraba.

Sin embargo, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el general Alejandro Navas lo convencieron. Si no era Nieto, Colombia se iba a quedar sin quién contestara la demanda.

Ayer Nieto Loaiza estuvo en las instalaciones de la Cancillería recibiendo el expediente del caso. Es decir que hasta este momento el abogado que defenderá a Colombia va a comenzar con la lectura de un expediente que tiene más de 30 carpetas y mas de 50 mil folios.

Hoy se reunirá con los diez abogados del Grupo Operativo Interinstitucional, el único grupo técnico con experiencia en litigio internacional. El GOI viene trabajando con las uñas desde que hubo cambio de Gobierno y se creó la nueva Agencia de Defensa pero ha quedado un poco a la deriva. Los abogados del GOI conocen bien el caso y podrán aportar insumos valiosos a la defensa.

¿Será suficiente?

La acusación contra Colombia es por la tortura y desaparición de 11 personas por parte de miembros de Ejército después de la retoma del Palacio de Justicia. Por estos hechos, hay varios procesos contra militares. No solo contra el coronel Plazas Vega sino también contra el general Iván Ramírez y otros dos militares que ya fueron absueltos.

Una de las cosas que haría un Agente del Estado en este caso sería revisar estos procesos, valorar las pruebas pedidas y desechadas, hacer las comparaciones, ordenar nuevos peritazgos. Eso es algo que Nieto ya no podrá hacer en los cuatro días que tiene.

Lo más increíble de haber llegado a este punto sin Agente es que no es un hecho sorpresivo que el caso haya llegado a la Corte. Normalmente, estos casos se demoran en promedio cinco años en avanzar a este punto y más de 20 en resolverse, si se tiene en cuenta el tiempo que han estado en la Comisión. La misma Silla alertó en junio que este caso aún no tenía un Agente.

Lo más grave es que la contestación de la demanda es la que crea el marco de interpretación para el resto del proceso. De ahí en adelante, todas las fases estan vinculadas con el argumento y las pruebas que se plantean allí.

Entonces, así Nieto tenga después tres meses para preparar la audiencia y los alegatos finales, si su contestación de la demanda no es suficientemente sólida ya empieza con el pie izquierdo.

La Silla Vacía llamó a Adriana Guillén pero no pudo hablar con ella. Tampoco con el director de derechos humanos y de DIH de la Cancillería Assad Jater. Al parecer se encuentra en la Haya, acompañando a la delegación de Colombia, y solo vuelve el lunes cuando ya habría vencido el término para contestar la demanda.

En conclusión, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de ayer podría ser solo un preludio de las condenas internacionales que se vienen para el Estado en los próximos años.

La defensa del Estado -como lo dijo la Silla en otro artículo sobre este mismo tema- es clave para el país porque es la ventana internacional para dar la cara de manera digna a las víctimas y a los ciudadanos por hechos que no debieron haber sucedido. Y segundo, porque al Estado le cuesta mucho una condena, en términos de su credibilidad pero también en términos económicos.

En un año cuando salga la sentencia del Palacio de Justicia, seguramente comenzarán a buscarse responsabilidades cuando como en el caso del diferendo con Nicaragua ya es demasiado tarde. Así sucedió con el caso de la Operación Génesis (la operación militar y paramilitar cerca del río Cacarica en el Chocó en febrero de 1997 que desplazó a unos cuatro mil campesinos) por la cual condenaron al General Rito Alejo del Río.

El Estado nunca contrató Agente y la demanda la contestó el GOI con los pocos recursos que tenía. En febrero hay audiencia pública y ni siquiera se sabe quien será el abogado de un caso que tiene más de 10.000 víctimas y cuyas reparaciones se pagarán con la plata de los contribuyentes.

En el caso de Santo Domingo, como lo contó La Silla, la contratación del Agente también se hizo en el último momento y Colombia perdió la posibilidad de llevar testigos y peritos expertos a la audiencia de la Corte en junio, lo que perjudica su defensa.

Antes de la llegada de Santos, estos casos estaban en la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería y las decisiones se tomaban en una Comisión Interinstitucional que el entonces Vicepresidente Francisco Santos presidía. Pero Santos decidió crear la nueva Agencia de Defensa Jurídica con un crédito de 10 millones de dólares aportado por el BID.

"Muchas veces el Estado pierde las demandas por pura desidia, porque nadie se toma el trabajo de defenderlo, porque como no es la plata de funcionarios sino es la plata de todos nosotros, a nadie le interesa defender los intereses del Estado con vehemencia. Pues bien, eso va a cambiar", dijo Santos cuando creó esta Agencia. Todo indica que por ahora, y por lo menos en lo que tiene que ver con la defensa internacional, eso ha cambiado. Pero para peor.
 

Nota de la Editora: después de publicada esta historia le agregamos dos frases más con información nueva sobre la Agencia de Defensa Jurídica que obtuvimos muy tarde.

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