El fallo de tutela que tiene al Gobierno con los pelos de punta

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Una tutela fallada la semana pasada por el Tribunal Superior de Pasto, obligando al Gobierno a realizar una consulta previa con las comunidades afro que cultivaban palma antes de recomendarles cómo enfrentar una plaga que arrasó con la mayor industria agropecuaria de la región, tiene en vilo a todo el sector agropecuario.


Por lo menos cinco ministros han salido en la última semana a expresar su preocupación por la manera como están funcionando las consultas previas, señalando que se han vuelto inmanejables, que han paralizado la ejecución de proyectos claves de minería e infraestructura y que han frenado al menos cuatro proyectos de ley prioritarios para el Gobierno de Juan Manuel Santos. A esa preocupación, se acaba de añadir una nueva.

Una tutela fallada la semana pasada por el Tribunal Superior de Pasto obliga al Gobierno a realizar una consulta previa con las comunidades afrocolombianas que cultivaban palma en el sur de Nariño antes de recomendarles cómo enfrentar una plaga que arrasó con la mayor industria agropecuaria de la región.

Esta medida, tomada a raíz del uso de un herbicida al que las comunidades atribuyen la muerte de otros cultivos y de dos mil animales de granja, tiene en vilo a todo el sector agropecuario, que teme que pueda convertirse en un precedente que impida a las autoridades enfrentar emergencias sanitarias y fitosanitarias en el futuro.
Crisis en cultivos de palma de Nariño
 
Los pequeños palmicultores de Tumaco señalan que el químico utilizado para erradicar las plantas enfermas de pudrición de cogollo ha tenido efectos nocivos sobre la comunidad.
Para el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el fallo impide al ICA la posibilidad de enfrentar las emergencias sanitariasFoto: Juan Pablo Pino.

Los problemas comenzaron en 2004, cuando aparecieron en Tumaco los primeros signos de la epidemia más temida respecto a la palma africana: la pudrición de cogollo, que inicialmente afecta sus hojas nacientes (flechas) y termina por frenar el crecimiento de la planta y pudrir todo el tejido en su interior.

Las consecuencias de esta enfermedad, detectada por primera vez en África occidental en 1920 y en Urabá en los años sesenta, fueron devastadoras en el sur de Nariño: en cuestión de ocho años, acabó con unas 35 mil hectáreas de un cultivo que recibió fuertes estímulos por parte del gobierno de Álvaro Uribe y del gobierno de Estados Unidos a través de Usaid. La palma era considerada un cultivo alternativo propicio para contrarrestar los de coca que se venían extendiendo por el departamento desde que, a raíz del Plan Colombia, se fue desplazando la producción desde Putumayo.

La epidemia, que también amenaza con llevarse 32 mil hectáreas en Puerto Wilches (Santander), tuvo un enorme impacto social en Tumaco, una de las áreas del país con mayores índices de pobreza y más azotadas por la violencia. Con ella se evaporaron cerca de 10 mil empleos, en una región donde más de la mitad del área cultivada estaba en manos de grandes palmicultores y el otro 45 por ciento, en las de pequeños productores en su mayoría afrocolombianos.

La única manera de prevenir que la enfermedad se siga extendiendo es erradicar las palmas muertas, por lo que en 2005 el Ministerio de Agricultura sugirió a los productores tres alternativas: usar retroexcavadoras, motosierra o un herbicida conocido como Master, que se inyecta dentro de la palma y seca su interior.

Los grandes productores -agrupados en doce empresas- optaron por usar retroexcavadoras, un método efectivo pero costoso, mientras que los pequeños productores tuvieron que recurrir al Master al no poder costearse el primero.

Y ahora, cuando aún restan 16 mil hectáreas por erradicar, quieren dejar de usarlo. La corporación Por un Pacífico Libre, que actúa en representación de 5 mil familias pertenecientes a 15 consejos comunitarios, decidió demandar al Estado por haberles violado el derecho a la consulta previa.

Su argumento es que el ingrediente activo del Master es el arsénico y que los residuos del herbicida han causado la muerte de sus animales de granja y enfermedades asmáticas entre la población. “Los cultivos de pancoger fueron secándose y quemándose, y nos fuimos quedando sin yuca ni plátano para subsistir”, le dijo a La Silla Jairo Rubén Quiñónez, quien lidera Por un Pacífico Libre. “Si los grandes productores erradicaron con retroexcavadora, ¿por qué a los pequeños nos toca hacerlo con arsénico? Como mínimo tendrían que haber propuesto la misma fórmula para todos o preguntarnos qué alternativa veíamos”.

Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se trata de un compuesto de arsénico -que no tiene el mismo comportamiento que el arsénico puro- y su proceso de registro incluyó una evaluación ambiental, una toxicológica y una agronómica que determinaron su idoneidad para la tarea de erradicación. Y que sí está aprobado por la EPA, la autoridad sanitaria de Estados Unidos, a diferencia de lo que han venido diciendo las comunidades.

Aunque las comunidades prometieron enviar las fotos que lo documentan, hasta el momento de publicación de esta historia La Silla no las había recibido, y la evidencia de estos daños es difícil de comprobar. Sin embargo, el Tribunal les dio la razón. Y eso tiene al Gobierno con los pelos de punta.

La consulta previa y la emergencia sanitaria
Teresita Beltrán, quien lidera el ICA, señala que no hay ningún precedente en Colombia de que la autoridad sanitaria tenga que esperar a tomar sus decisiones.

Al Gobierno le preocupa el conflicto con los pequeños palmicultores de Tumaco, pero sobre todo el efecto que puede tener este fallo a la hora de enfrentar una emergencia sanitaria.  Aunque las órdenes de una tutela solo afectan al demandante, los argumentos utilizados por un tribunal pueden hacer ‘carrera’ y convertirse en jurisprudencia para los demás jueces.

“Crea un precedente muy grave, porque le está negando a la autoridad sanitaria nacional la posibilidad de actuar y de hacerlo rápidamente”, le dijo a La Silla el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo. “Mañana nos puede suceder lo mismo con la roya en el café, la sigatoka negra en el banano, la monilia en el cacao o incluso con la aftosa en el ganado. Es someter la lucha en pro de la sanidad vegetal o animal, que tiene que ser inmediata, al proceso de consulta”.

Para el Ministerio de Agricultura, el problema no es la consulta previa como tal, sino la idea de hacerla obligatoria en el contexto de una epidemia que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. Por este motivo, el Ministro ya solicitó a la Corte Constitucional que seleccione la tutela para revisión.

“No existe ningún precedente en Colombia de que la autoridad sanitaria tenga que esperar a tomar sus decisiones”, le dijo a La Silla Teresita Beltrán, gerente general del ICA, la principal autoridad sanitaria y fitosanitaria del país. “Imagínense lo que sucedería si tuviéramos que consultar la necesidad de vacunar contra la aftosa. Es un asunto de interés nacional, no particular”.

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