El fallo de Velásquez y Edmundo recarga el uribismo para 2022

El fallo de Velásquez y Edmundo recarga el uribismo para 2022

Esta mañana el Juez 56 penal con Funciones de Conocimiento absolvió a Edmundo del Castillo y César Velásquez en el proceso por su presunta participación en el complot para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia en el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez.

Tras analizar las 51 pruebas documentales y escuchar los testimonios de 21 personas, el juez concluyó que la Fiscalía no logró probar que los dos exfuncionarios de Uribe fueran parte de ese concierto para delinquir del que fueron acusados en 2015 por la fiscalía de Eduardo Montealegre.

La absolución de Castillo, quien fue secretario jurídico de Presidencia durante todo el segundo período de Uribe, y Velásquez, quien fue su jefe de prensa, esclarece la inocencia de estos funcionarios tras un proceso que lleva 13 años. 

Además, como se suma a otros fallos recientes favorables al uribismo llega como una bocanada de aire para el Centro Democrático de cara a 2022 y justo en la víspera de dos fallos claves para Uribe.  

El proceso

El proceso contra César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo arrancó en 2015 luego de que la Corte Suprema de Justicia compulsara copias para que la Fiscalía los investigara por su presunta participación en un complot para desprestigiar a esa corte entre 2007 y 2008.

La petición fue hecha en el fallo que condenó a 8 años de prisión a Benardo Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia de Uribe, y a 14 años a María del Pilar Hurtado, la exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por haber ordenado las chuzadas ilegales a magistrados, periodistas y políticos de la oposición. 

Cinco meses después de esa compulsa, la Fiscalía de Eduardo Montealegre imputó a Velásquez y a Castillo bajo la hipótesis de que ellos promovieron con Moreno y Hurtado un complot desde Presidencia contra magistrados y políticos de oposición –particularmente la excongresista Yidis Medina, quien fue condenada por vender su voto para permitir la reelección de Álvaro Uribe–. 

Según la Fiscalía, Velásquez y Castillo usaron información obtenida por el DAS y la Uiaf, en varios casos ilegalmente, para filtrarla a la prensa con el objetivo de desprestigiar a la Corte o a Yidis.

En su fallo (puede leerlo acá) el Juez 56 consideró que la Fiscalía no logró desvirtuar la presunción de inocencia” ni “demostrar, más allá de duda razonable, la responsabilidad en la conducta acusada” de Castillo y Velásquez.

El juez dijo que “a lo largo del juicio se evidenció el precario poder demostrativo de la Fiscalía… aunado a la falta de técnica para la práctica de las pruebas”.

Por ejemplo, señaló que los testigos no fueron interrogados directamente sobre la presunta responsabilidad de Castillo y Velásquez en la obtención y filtración de información sobre magistrados de la Corte y Yidis Medina.

De hecho, explicó que nueve testigos que fueron llamados por la misma Fiscalía “no señalaron o endilgaron alguna acción ilegal a los dos exfuncionarios”; además, dijo que los testimonios de los exjefes paramilitares Pablo Hernán Sierra y Salvatore Mancuso no eran prueba directa  contra los funcionarios porque hablaron de hechos que no les constaban directamente.

En cuanto a los cuatro exfuncionarios del DAS que sirvieron de testigos, el juez concluyó que aunque ratificaron toda su versión sobre las instrucciones que dio la exdirectora de esa entidad, María del Pilar Hurtado, en el complot, dijeron que no sabían quién había solicitado la información desde Presidencia o quien la divulgaba.  Por lo que al final no terminaron señalando ni a Velásquez ni a Castillo.

Es decir, de 21 testimonios sobre los que la Fiscalía había edificado la acusación, el juez encontró falencias en 15. Sobre los otros seis no se refirió en el fallo.

Además, aunque durante el juicio se probó que Castillo y Velásquez asistieron a varias reuniones donde se ventilaba información reservada sobre la Corte y Medina, el juez no encontró que esa conducta fuera reprochable porque estar en ese tipo de reuniones hacía parte de las obligaciones que tenían como funcionarios de la Presidencia.

Así, el juez concluyó que el fiscal Octavo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Omar Bernal, tampoco demostró que los dos exfuncionarios “organizaran, promovieran y dirigieran el acuerdo delictivo con los entonces directores del DAS y Uiaf”, por lo que al final desestimó que hubieran incurrido en el delito de concierto para delinquir.

La decisión fue apelada por la Fiscalía, las víctimas y la Procuraduría, por lo que será la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá la que tendrá la última palabra.

El refuerzo de la narrativa

Una vez se conoció la decisión, el expresidente Uribe trinó celebrando y replicando el comunicado de la defensa de César Velásquez.

Las reacciones en el Centro Democrático fueron en el mismo sentido.

Mientras Óscar Iván Zuluaga le dijo a La Silla que “se hizo justicia. Lo que ellos advirtieron siempre fue la verdad. Tuvieron que pasar 13 años para demostrar su inocencia”; el senador José Obdulio Gaviria aseguró: “no entiendo ni siquiera cómo fue que la Fiscalía se atrevió a hacer semejante acusación. Es apenas sentido común lo que ha hecho el juez”.

Hubo otros que hicieron señalamientos contra los que consideran instigadores del proceso. María Fernanda Cabal dijo: “Fueron víctimas de un novelón construido por una izquierda perversa y patrocinado por Santos. Se hizo justicia”, dijo; y el precandidato y representante a la Cámara Edward Rodríguez señaló: “me alegra mucho por ellos. Se demostró la persecución de (Eduardo) Montealegre”.

Todas las reacciones, aún con sus matices, retoman la narrativa del uribismo sobre que han sido perseguidos por la justicia y que los fallos en su contra tienen vicios políticos.

Ese ha sido el principal argumento de ese partido para defenderse de los escándalos que ha enfrentado hasta ahora, e incluso ha sido el caballito de batalla para alimentar la idea de reformar la justicia y crear una única corte. 

Pero en el caso de Castillo y Velásquez, el juez no reprochó la existencia de un complot contra la Corte Suprema o de actividades con miras a perseguir la oposición.  

Las chuzadas a la Corte ya fueron judicialmente probadas por la Corte Suprema de Justicia en 2015 cuando condenó a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y al exdirector del Dapre, Bernardo Moreno, por ordenar las interceptaciones ilegales que realizó el DAS cuando la Corte investigaba al primo de Uribe, el senador Mario Uribe, por la parapolítica.

Incluso este año el Estado fue condenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a pedirle disculpas al exmagistrado auxiliar que investigaba la parapolítica, Iván Velásquez, quien también es víctima en este juicio contra los dos exfuncionarios de Uribe, por haber sido seguido ilegalmente por el extinto DAS.

En los otros dos fallos favorables al uribismo tampoco es evidente que haya habido una persecución.

La semana pasada, la Fiscalía decidió archivar la indagación que tenía abierta hace siete años contra David Zuluaga, hijo del nuevamente precandidato presidencial del uribismo Óscar Iván Zuluaga, por las chuzadas al equipo negociador de La Habana.  En este caso, aunque el uribismo lo aplaudió como una absolución,el caso prescribió porque la indagación preliminar llevaba siete años y según la ley, no pueden pasar más de dos en esa etapa.

Prescribió, entre otras cosas, porque el hacker Andrés Sepúlveda, quien fue el protagonista de ese escándalo, cambió su confesión —por la que fue condenado— sobre que había sido contratado por la campaña de Zuluaga para interceptar a los negociadores; ahora asegura que sufrió “presiones para acusar falsamente a Uribe, a otros miembros de la campaña e, incluso, “autoinculparme en delitos que no existen en Colombia”.

El tercer fallo favorable al uribismo fue el del Consejo de Estado que negó las pretensiones de una acción popular que decía que en el trámite de aprobación de la zona franca de Occidente, ubicada en Mosquera, Cundinamarca, hubo irregularidades que terminaron beneficiando a los hijos del expresidente Álvaro Uribe: Tomás y Jerónimo.  “No se demostró alguna irregularidad que configure una violación de la moralidad administrativa”, dijo.

Todas esas decisiones además de darle aire al Centro Democrático en medio de la precampaña para 2022 en la que el mismo Uribe ha dicho que por ahora su partido no debe ser un protagonista en el debate electoral, preparan el ambiente para dos decisiones judiciales claves frente al expresidente Uribe.

En las próximas semanas se sabrá si la jueza Carmen Helena Ortiz  acepta la solicitud de preclusión de la Fiscalía en su proceso por manipulación de testigos y el fallo sobre la responsabilidad de su hermano Santiago Uribe, en el caso de los “12 apóstoles”.

Si los fallos son adversos, la absolución de Velásquez y del Castillo servirán para reforzar el argumento de la persecución. Si son favorables, también.

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