Uno de los primeros anuncios de Enrique Peñalosa al llegar a la alcaldía de Bogotá fue su decisión de liquidar el Fondo de Vigilancia y Seguridad y convertirlo en una cuenta que maneje la nueva Secretaría de Seguridad, algo que propuso en campaña y que era uno de los pocos puntos de acuerdo entre todos los candidatos. La Silla revisó su contratación y encontramos varios patrones que son indicios de corrupción o por lo menos de un gran desgreño administrativo.
Uno de los primeros anuncios de Enrique Peñalosa al llegar a la alcaldía de Bogotá fue su decisión de liquidar el Fondo de Vigilancia y Seguridad y convertirlo en una cuenta que maneje la nueva Secretaría de Seguridad, algo que propuso en campaña y que era uno de los pocos puntos de acuerdo entre todos los candidatos.
Como uno de los argumentos de Peñalosa es la corrupción del Fondo, y éste ha estado en medio de escándalos, La Silla revisó los 106 procesos de contratación de más de mil millones de pesos que adelantó el Fondo entre 2012 y 2015. Y en efecto, a partir del análisis de esta base de datos que construimos, encontramos varios patrones que son indicios de corrupción o por lo menos de un gran desgreño administrativo.
El fondo del Fondo
El Fondo de Vigilancia y Seguridad es una entidad del Distrito, creada hace más de 30 años, para manejar las inversiones de la ciudad en seguridad. Por ejemplo, es la que construye y mantiene las estaciones de Policía, le compra los carros y los caballos a la Policía y a la Fiscalía en Bogotá, arrienda y equipa las Casas de Justicia en las localidades, compra las cámaras de seguridad y maneja la línea 1,2,3 y la que le paga la gasolina a las motos de los policías, entre otras cosas.
El Fondo tiene una particularidad y es que su única función es contratar. Es decir, no define políticas públicas, no interactúa con la ciudadanía ni saca decretos. Su función es gastar plata y el año pasado tuvo un presupuesto de inversión de más de 167 mil millones de pesos (y otros 12 mil de funcionamiento), que equivale a más de la mitad de las utilidades de Isagen el año pasado o de lo que costó Ser Pilo Paga ese mismo año.
Por eso, que su proceso de contratación deje tantas dudas es particularmente preocupante.
El Fondo durante Petro
El Fondo ha tenido escándalos desde hace años, pero durante el gobierno de Gustavo Petro se terminó de convertir en un hoyo negro.
En sus cuatro años tuvo siete gerentes en propiedad y varios encargados. Y el único que sabía de seguridad fue el primero, Polo Ávila Navarrete, que solo duró tres meses, porque no tenía título profesional y el cargo se lo exigía.
Además, cuando en 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación formal a ocho empresas de seguridad por haber armado un cartel, la Fiscalía le imputó cargos a Ávila por supuestamente liderarlo.
El segundo gerente, el ex alcalde de Fusagasugá César Manrique Soacha que estuvo entre marzo y octubre de 2012, tiene una orden de captura desde diciembre de 2015 por el escándalo de la compra, sin licitación, de 100 motos eléctricas que han resultado inservibles y que Manrique firmó en el Fondo por 4.357 millones de pesos a pesar de que debían costar unos 3.100 millones.
Tras la salida de Manrique, apenas días después de firmar el contrato de motos eléctricas, Petro nombró a Natalia de la Vega, una profesora de ingeniería que no tenía conocimientos del sector de seguridad y que tras durar en el cargo un año dijo que “el Fondo no tiene arreglo”.
“Intenté hacer un trabajo interesante en el Fondo. Pero mi balance es que no vale la pena, porque todos los esfuerzos son en vano. A mí me cambió la vida. Me tuvieron que poner escoltas, mi mamá recibió sufragios. La vida trastocada para siempre”, le explicó a El Diario Bogotano
El reemplazo de De la Vega fue la administradora de empresas Nelly Mogollón, quien tenía trayectoria en contratación en telecomunicaciones, y venía de ser la ficha clave de Petro para montar el esquema público de recolección de basuras como directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Mogollón renunció en julio de 2014, sin mayores ruidos.
El quinto gerente fue Máximo Noriega Rodríguez, un contador y abogado que no sabía del sector y venía de hacer política en el Atlántico con el condenado ‘Cura’ Bernardo Hoyos: fue subsecretario y concejal de Barranquilla en los tiempos de Hoyos, director departamental de tránsito de Eduardo Verano y candidato a la Alcaldía de Barranquilla en 2007.
Luego, ya en el petrismo, coordinó la campaña presidencial de Petro en el Caribe en 2010 y fue precandidato de nuevo a la alcaldía en 2011. Noriega entró al Fondo en julio de 2014 y salió un año después, cuando Petro lo nombró director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal.
El financiero Fernando Arbeláez Bolaño, el reemplazo de Noriega, fue el más fugaz de los gerentes: estuvo entre junio y julio de 2015, cuando salió en medio de una garrotera con el Alcalde, al acusarlo de obligar al Fondo a mantener un negocio muy lesivo con la ETB para el manejo de la línea 123.
Y la séptima y última gerente de Petro fue Fabiola Márquez, una abogada que había trabajado en la Corte Constitucional con el después concejal del Polo Alejandro Martínez Caballero, y venía de ser asesora de la Secretaría General de la Alcaldía.
Esos cambios permanentes de personas que además no conocían el sector hicieron que los funcionarios de nivel medio y los contratistas tuvieran más poder a la hora de tomar decisiones. Según tres directivos del Fondo de diferentes momentos, los equipos directivos no terminaban de empaparse del funcionamiento del Fondo cuando debían salir, mientras que sus subalternos llevaban años allí.
A esa inestabilidad se sumó que durante buena parte del período, la absoluta mayoría de los que trabajaban ahí (19 de cada 20) estaban por contrato de prestación de servicios. Es decir, estaban contratados por meses o por máximo un año. Como en muchas otras entidades, los contratistas a principio de año no tienen contrato y les toca ir todos los días a trabajar gratis o arrancar dos meses después con lo que eso implica para la supervisión de los procesos de contratación y la ejecución de los ya firmados.
Por eso la gerente Mogollón lideró un proceso para ajustar la planta a lo que realmente se necesitaba. Al final amplió la planta de menos de 30 a 98 cargos que le correspondió llenar a Noriega.
A todo lo anterior se suma que el Fondo contrata cosas muy diversas y para las cuales se necesita un conocimiento técnico que es imposible acumular con tal rotación de personal.
“Hay que saber desde comida para los perros de la policía hasta de mantenimiento de motos, pasando por cámaras de vigilancia de última generación”, explica un antiguo directivo. Pueden contratar hasta helicópteros.
Eso dejó al Fondo en la práctica en manos de la Policía, que en muchas ocasiones es la que determina las especificaciones técnicas de lo que necesita para su funcionamiento de forma autónoma, pues nadie en la entidad tiene el conocimiento especializado para revisarlo, con el agravante que no tiene ningún control porque no es la que firma los contratos.
Los patrones
Tras revisar esos más de cien contratos por más de mil millones de pesos, encontramos varios patrones ‘sospechosos’. Un caso -el del mantenimiento de las motos de los policías- los ejemplifica todos.
Ése es uno de los grandes rubros del Fondo y durante el gobierno de Petro realizó varios procesos para contratar ese servicio con la urgencia de que si no hay quién haga ese mantenimiento, la Policía se puede ir quedando sin motos para patrullar.
En 2012, durante la gerencia de Manrique, se hizo una licitación en la que el ganador iba a recibir por 2.173 millones de pesos para prestar ese servicio durante siete meses. Esa licitación terminó desierta porque, para los funcionarios del Fondo, ninguno de los dos proponentes cumplía con los requisitos técnicos.
Por un lado, el área disponible para el mantenimiento de las motos debía ser de mínimo 800 metros cuadrados pero la Unión Temporal Macromundial (de Henry Cortés y Motomundial Ltda.) tenía 735, y la Suzuki Motors Colombia tenía 610. Además, ninguna tenía la cantidad de puestos de trabajo exigidos.
Aunque las motos no se quedaron sin mantenimiento porque había un contrato anterior, lo que pasó es que se empezaron solo a hacer los arreglos más graves y urgentes, para estirar la plata mientras se conseguí un nuevo contratista. Y eso, según un ex directivo del Fondo, impacta en al funcionamiento de la Policía.
Ese es un ejemplo de las demoras en contratar cosas que se necesitan para que funcione la seguridad de la ciudad, el primer patrón preocupante en el Fondo: 3 de cada 20 pesos que iba a contratar, terminaron en el aire o esperando un nuevo proceso.
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Sin licitación para contratar el mantenimiento de las motos, el Fondo abrió en julio de ese año un proceso de selección abreviada (que es similar a una licitación pero más sencillo) con las mismas condiciones. A él se presentó de nuevo la Suzuki, pero no Macromundial. Apareció, en cambio, Autoexpress Morato, tradicional contratista del Fondo y otras entidades del Estado.
Autoxpress se ganó el proceso, a pesar de que era más barata la oferta de la Suzuki, porque alegó que la Suzuki no estaba habilitada para hacer mantenimiento de motos Honda o Yamaha, que estaban dentro del objeto de los dos procesos.
Una vez se lo ganó, recibió adiciones por el 50 por ciento del dinero y una prórroga de tres meses más, por lo que al final Autoexpress recibió más de 4 mil millones de pesos por 10 meses de contrato, o poco más de 400 millones por cada mes.
Esa práctica, la de las adiciones y las prórrogas, es el segundo patrón preocupante de la forma de contratación del Fondo: el 15 por ciento de lo que se gastó en estos contratos llegó de adiciones, y casi la mitad de la plata que se contrató terminó ejecutándose en más tiempo del que inicialmente se planeó.
Esa “adicionitis” llegó incluso a un aumento de más del 50 por ciento del monto de algunos contratos y la “prorroguitis” a doblar el plazo inicial.
En agosto de 2013, la nueva gerente Natalia de la Vega decidió no abrir una nueva licitación para reemplazar ese contrato, sino entregarle la función directamente a la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU) de Medellín, por siete meses y 4.009 millones de pesos, incluyendo casi 220 que cobró la ESU como intermediaria.
Esa decisión muestra otros dos patrones que llaman la atención: la cantidad de convenios interadministrativos, que si bien en algunos casos son deseables porque otra entidad pública o sin ánimo de lucro puede prestar el servicio que se necesita, también es una manera de entregar los contratos a dedo, sin competencia e incluso de pasar la plata a fundaciones que son cajas negras que facilitan la corrupción
Al final, 15 de cada 20 pesos se entregaron sin que hubiera competencia entre potenciales contratistas, ya sea porque se contrató de forma directa (a través de convenios interadministrativos, porque solo una empresa tiene la tecnología o por otros motivos legales) o porque solo hubo un proponente, lo que redujo las opciones de que el Fondo se ahorrara plata e invirtiera mejor.
Lo más grave es que una quinta parte de esa plata que se entregó sin competencia eso se debió que solo hubo un interesado que hizo una oferta en procesos hechos para que haya competencia, como licitaciones o subastas.
En el caso del mantenimiento de las motos, la ESU, que tiene funciones similares a las del Fondo de Vigilancia, subcontrató después a la Suzuki y a la empresa de servicios temporales Misión Empresarial.
Ese convenio también se prorrogó, durante la gerencia de Nelly Mogollón, por 11 meses más, y se le adicionaron 1.730 millones de pesos, por lo que al final el Fondo pagó 318 millones por mes de mantenimiento. Es decir, sustancialmente menos de lo que se le había pagado antes a Autoexpress Morato y de lo que se pagó después a la Suzuki.
Pero cuando se acabó ese convenio, en octubre de 2014, la gerencia de Máximo Noriega abrió un nuevo proceso, ya no por licitación sino por subasta inversa. La oferta era para que alguien prestara ese servicio por solo 3 meses y un presupuesto de 1.330 millones (poco más de 440 al mes, mucho más de lo que había costado el mismo servicio en los dos casos anteriores). Se lo ganó la Suzuki, que fue el único proponente.
En febrero de 2015 , el mismo Noriega abrió un proceso más grande, para prestarlo por 12 meses y con un presupuesto de 5.320 millones, que incluía tres paquetes: uno para las motos Suzuki, que son más de 2.350, otro para las 100 eléctricas y uno más para las 105 Honda y Yamaha.
Esta vez sí hubo pelea para prestar el servicio a las motos Suzuki, que eran el plato fuerte. Se presentaron la Unión Temporal Suzuki (de Suzuki Motor de Colombia con 90 por ciento y M&M Group con 10 por ciento – a su vez de Martín Ricardo Manjarrez Cabezas, quien ha sido directivo de la Suzuki Colombia), Autoexpress Morato y la unión temporal FVS (de Motos Mundial/Henry Cortez con 60 por ciento y el Centro Integral de Mantenimiento Autocars con el 40).
El contrato se lo ganó la Suzuki, al descalificar a sus oponentes con un documento de la Suzuki Motor Corporation (es decir, su propia casa matriz) que decía que solo ella podía distribuir sus repuestos en Colombia.
También presentó las certificaciones de dos proveedores de repuestos (que solo pueden venderlos porque tienen un contrato con Suzuki Colombia), en la que aclaraban que no certificaron requisitos técnicos a los otros dos proponentes, con lo que estos perdieron otro requisito.
Por todo eso Henry Cortés pidió que interviniera la Procuraduría acusando a la Suzuki de prácticas monopolísticas. Pero no pasó nada y el contrato está vigente hasta el 16 de abril próximo (o hasta cuando se acabe la plata), y que le vale al Distrito 443 millones de pesos mensuales.
La Suzuki, además, se ganó como único proponente otra licitación del Fondo, en octubre del año pasado, para vender 7 motos nuevas para la Fiscalía. Es decir, sigue siendo un contratista repetido y ganador en el Fondo – situación que puede ser otro indicio de que algo está mal en la contratación.
Este panorama de contratos a dedo, prórrogas, adiciones, contratistas repetidos y licitaciones desiertas es el que prometió cambiar Peñalosa con la creación de la Secretaría de Seguridad del Distrito y la eliminación del Fondo. El proceso apenas arrancó la semana pasada cuando el Concejo aprobó la creación de la secretaría en primer debate, y faltan no solo un segundo debate allí sino meses para ponerla a funcionar, por lo que solo en un par de años quedará claro si el remedio sí sirvió para acabar con la enfermedad.
