El Gobierno Duque se la juega a dar 1 millón de nuevos subsidios en elecciones

La movida le puede traer una inyección de agradecimiento al Gobierno y al Centro Democrático. También es necesaria para combatir la situación económica de más de 20 millones de personas, que viven en la pobreza. Y adicionalmente le puede traer el costo al presidente Iván Duque de ser acusado de usar los subsidios como una herramienta de campaña para partidos y candidatos afines a su Gobierno.

El anuncio del ajuste al Ingreso Solidario lo hizo el Departamento Nacional de Planeación, DNP, que depura las bases de datos con las que el DPS define a quién se le da el subsidio. La directora de la entidad, Alejandra Botero, mostró el aumento de beneficiarios como parte del “Plan Técnico para Enfrentar la Inflación”.

Dentro de las medidas del Gobierno nacional incluidas en el Plan Técnico para Enfrentar la Inflación en Colombia, se encuentran la ampliación del número de beneficiarios del Programa Ingreso Solidario y el aumento del monto a los beneficiarios en pobreza extrema. (Abro hilo)???? pic.twitter.com/pUNUm5Yw6u

— Alejandra Botero Barco (@aleboterob) February 7, 2022

Ingreso Solidario es un subsidio de 160.000 pesos mensuales que se entregaba inicialmente a los hogares que no tenían acceso a ningún otro auxilio gubernamental, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Se creó en abril de 2020, un par de semanas después de que se declarara la emergencia económica por cuenta de la pandemia, y ha beneficiado hasta la fecha a 3.084.987 familias, unas 12 millones de personas.

Es el primer programa de transferencias no condicionadas, plata a cambio de nada, que lanza el Estado colombiano, y está financiado solo hasta diciembre de 2022.

El aumento del número de beneficiarios del programa, que empezaría justo entre las consultas y las segunda vuelta, lo justifica el Gobierno técnicamente con tres razones.

Una legal, que tiene que ver con la reforma tributaria de 2021. En esta ley, el Congreso autorizó al Gobierno a girar Ingreso Solidario a los hogares que también recibieran devolución del IVA (un subsidio de 76.000 pesos que se entrega cada dos meses). Antes de eso, el programa estaba restringido a personas que no recibieran ningún otro subsidio estatal. Eso permite que 1 millón de personas que reciben devolución del IVA puedan recibir ahora también Ingreso Solidario.

Además, en la ley se le permite al Gobierno pasar plata del Presupuesto Nacional para financiar estos subsidios. Antes, sólo se podía fondear con plata del Fome (el fondo de emergencias creado para la pandemia). La tributaria también extendió la vigencia del programa a diciembre de 2022.

La segunda razón es económica, que tiene que ver con la pandemia que llevó a la pobreza a 3,6 millones de personas a la pobreza, según la medición del Dane de 2021. Con esos datos, el Gobierno pudo ampliar la población objetivo del programa.

Y la tercera es administrativa, relacionada con la implementación del Sisbén IV, la nueva encuesta actualizada de vulnerabilidad publicada el año pasado, ha logrado identificar y ubicar a más de estos hogares que o están en situación de pobreza y pobreza extrema, o están en una situación vulnerable. Es decir, hay más personas potenciales para recibir el subsidio.

Con esos cambios el Gobierno podrá incrementar el alcance del Ingreso Solidario a 4,08 millones de familias, es decir que podría cubrir al 80 por ciento de la población pobre del país. Para esto tiene un fondo de 7,2 billones de pesos, convirtiéndolo en el programa de subsidios más grande del Estado.

De acuerdo con los datos del Dane, el Ingreso Solidario fue uno de los programas clave para evitar que 1,7 millones de personas adicionales, cayeran en la pobreza por cuenta de la pandemia.

En suma, las justificaciones técnicas para aumentar este programa están bien sustentadas. “Independientemente de las elecciones, esas familias necesitan ayuda, es clave que el Gobierno las provea. Pero esto puede ser una lectura muy ingenua de la situación. Por eso es clave blindar este programa de manejos políticos”, dijo a La Silla, Diego Dorado, ex subdirector del DNP y experto de la red social de La Silla Llena.

Hacer ese blindaje es posible desde lo técnico, pero no tan fácil de hacer desde lo político.

El uso político vs. el blindaje técnico

De acuerdo con el economista y experto en temas de pobreza y políticas sociales, Roberto Angulo, hoy en día el DNP tiene las herramientas necesarias para evitar que se cuelen al sistema personas que no necesitan el subsidio.

“Cualquier programa de este tipo puede tener riesgos de operación. Pero hay procesos de blindaje que hace muy difícil que una persona que no sea pobre reciba los subsidios”, dice el experto.

Una de esas herramientas para blindar el programa es permitir que la base de datos del DPS facilite cruzar información de diferentes fuentes, como los bancos. Por ejemplo, si una cuenta de ahorros de un beneficiario del subsidio tiene un saldo de 5 millones de pesos o más en el momento que se va a hacer el giro, esa familia sale del programa. Solo puede entrar de nuevo si demuestra que esa plata no le pertenecía.

Si bien es difícil intercambiar un cupo a subsidio de Ingreso Solidario por un voto, Joan Lopez, experto de la Fundación Karisma, dice que la discrecionalidad que tiene el Gobierno para decidir cómo se distribuyen geográficamente abre la puerta a que se manipule con fines electorales. Por ejemplo, privilegiando a los municipios afines a candidatos del Gobierno.

Este riesgo, dice López, se puede mitigar siendo transparentes con las reglas para distribuir los subsidios.

Lo que es difícil de controlar es que los políticos en plena campaña utilicen el programa como una bandera, e incluso como una herramienta de manipulación a los electores.

“Retóricamente sí es posible que los políticos prometan ampliar los cupos del subsidio si votan por ellos, pero de ahí a que en efecto lo puedan hacer es más difícil”, subraya Angulo.

En el pasado esta utilización política de programas sociales ha sucedido. En La Guajira, en 2015, candidatos a alcaldías y a la Gobernación de Cambio Radical impulsaron sus campañas con el programa de viviendas gratis; y en Santa Marta un candidato Conservador a la Alcaldía apalancó su campaña en un programa de becas ambos financiados por plata pública.

En las elecciones de 2010, el miedo a que el programa de Familias en Acción se acabara en caso de que Juan Manuel Santos, entonces candidato uribista, no llegara a la Casa de Nariño, fue clave para que derrotara a Antanas Mockus. 

Las reglas que definirán cómo se distribuirán los subsidios saldrán en marzo, en plena campaña. En ese momento sabremos qué tanto Duque y su partido se apoyarán en el programa para cumplir la meta de mantenerse en el poder.