El Gobierno pidió en secreto a las guerrillas desincentivar la coca

El Gobierno pidió en secreto a las guerrillas desincentivar la coca
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La solicitud se hizo de manera confidencial. Fue dentro de los primeros acercamientos entre el Gobierno de Gustavo Petro y las disidencias de las Farc y el ELN. El pedido fue desincentivar tanto el comercio como el cultivo de coca en las regiones donde operan como muestra de buena voluntad. En regiones como Catatumbo, ambos grupos lo están aplicando parcialmente.

En público el Gobierno ha tenido una aproximación mucho más cautelosa frente a los cultivos. Por un lado, ha dicho que no erradicará forzosamente, y que no perseguirá a los pequeños cultivadores. Además, el presidente Petro desató una polémica en diciembre, cuando asistió a una asamblea cocalera en Catatumbo, y, marcando un hito para un mandatario, dijo que “los campesinos pueden mantener la coca mientras plantan cultivo sustituto”.

Sin embargo, una fuente del Gobierno, otra que hace veeduría desde la comunidad internacional a las negociaciones y una de organismos internacionales con presencia en distintas zonas de conflicto, le confirmaron a La Silla que fue una condición planteada por el Gobierno en septiembre pasado, en la fase exploratoria con ambos grupos.

La condición fue hecha de manera laxa, sin un documento oficial, ni un marco de veeduría expresa. “No puede llamarse un acuerdo pero sí hizo parte de la construcción de confianza y las condiciones iniciales”, le dijo a La Silla la fuente del Gobierno.

Otra fuente, miembro de organismos internacionales, detalló que la condición fue, por un lado, que los grupos disminuyeran tanto la compra y venta de coca que ellos realizan directamente. También que restringieran la entrada de compradores externos, como los carteles mexicanos, a las regiones.

Algunas señales positivas

Hay dos señales de que esto se está cumpliendo, al menos, parcialmente. Por un lado, señales políticas en el lenguaje de los grupos, y por el otro, una reducción de la disponibilidad de compradores de hoja de coca en algunas regiones.

En términos de las señales políticas, si bien no es totalmente explícito, en parte coincide con el comunicado que la disidencia de las Farc que se autodenomina Estado Mayor Central, sacó en septiembre pasado.

En él critica prácticas como la siembra de coca por ir “en detrimento del medio ambiente” y hacen un llamado “a la suspensión de toda clase de derriba de montaña, cañeros, selvas vírgenes y baldío de la nación“. 

Dentro del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos esa manifestación fue leída también en esa vía: como un compromiso por no aumentar las hectáreas de coca sembradas.

Por otro lado, la creciente crisis del mercado de la coca en regiones como Chocó, Cauca y Catatumbo, ha sido vinculada con el compromiso de los grupos por desincentivar la coca, al menos como uno de sus factores.

Esto es especialmente cierto en el Catatumbo, donde son fuertes el ELN y el Frente 33, hoy asociado a la disidencia de “Iván Mordisco”. En la región ya había una crisis de la coca desde comienzos del año pasado, por la captura de alias Otoniel, el exjefe del Clan del Golfo.

En esa subregión fronteriza, Otoniel tenía el visto bueno de la disidencia del frente 33 y del ELN para entrar a los compradores y se encargaba de asegurar las rutas de los cargamentos hasta su salida del país.

Tras su captura y las fracturas al interior del Clan del Golfo, algunos compradores en el Catatumbo tuvieron problemas con la calidad de la coca que compraban en el Catatumbo así como con la seguridad de las rutas, tal y como aseguraron cinco fuentes entre funcionarios públicos, líderes sociales y defensores de derechos humanos de la región.

“Se dañó el mercado en el Catatumbo. Los compradores más grandes y constantes se fueron para otras zonas del país”, le dijo a La Silla una de esas fuentes.

En todo caso, en septiembre pasado en el Catatumbo se estaba empezando a estabilizar el mercado pero tanto el ELN como las disidencias asumieron el cambio de discurso en función de la coca.

Dos líderes sociales de los municipios de El Tarra y Tibú le aseguraron a La Silla que para finales del año pasado estuvieron en reuniones citadas por el ELN en las que revivieron su discurso antinarcotráfico, que en el Catatumbo hace años no tenían.

“Decían que ya eso (la coca) no tenía futuro y que entre todos tocaba sacarla ya de la región”, dijo uno de ellos.

Más allá del voz a voz, uno de los 11 alcaldes del Catatumbo le dijo a La Silla que el cambio de los grupos también ha traído problemas para la población.

“Algunos que tienen pasta de coca debajo de la cama, buscando recuperar algo, trataron de ir hasta a Ocaña, a Cúcuta a venderla así sea de a poquito. Ahí han caído en manos de los grupos alzados en armas. Los cogen y los castigan. Terminan retenidos unos días, por ejemplo. O les quitan la mercancía”, dijo el Alcalde.

Además, dos funcionarios públicos de alto nivel de la región dijeron que las restricciones del ELN y las disidencias no implica que el mercado se haya acabado completamente, sino reducido y más controlado por ambos.

Y, tal y como dijeron esas dos fuentes y coincidieron dos líderes y dos periodistas de la región, las restricciones sobre la coca coincidieron con el boom de la minería ilegal de carbón.

En los municipios de Sardinata, Tibú y El Chocó desde hace décadas se ha concentrado una pequeña explotación de carbón coque, que es muy valioso para la industria siderúrgica y de exportación. Pero el interés en explotarlo depende de los precios internacionales. Desde mediados del año pasado, la tonelada de ese mineral alcanzó los 400 dólares, cuando un par de años atrás estaba apenas a 60 dólares.

Por eso, no solo hay más personas en esos municipios trabajando en la explotación artesanal y sin licencia ambiental del carbón. También, la regulación de los grupos armados sobre las minas ha aumentado, con más extorsiones.

Muestra de ello, en noviembre del año pasado uno de los dos grupos incendió 7 tractomulas con carga de carbón. Dos fuentes oficiales le dijeron a La Silla que fue una medida del ELN para exigir el pago de extorsiones. 

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