El gobierno propio de afros e indígenas se crece en el PND de Petro

A diferencia del PND de Duque, los grupos étnicos no tienen un capítulo dedicado a ellos sino que hacen parte de uno más grande llamado “Convergencia regional”. Tampoco están diferenciados entre pueblos indígenas; comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; y room sino que los reúne a todos bajo la sombrilla de “pueblos y comunidades étnicas”.

En lo económico, el gobierno anterior propuso invertir en el capítulo étnico 29 billones de pesos. En este, el presupuesto para “Convergencia Regional” es de 138,4 billones de pesos, pero para grupos étnicos sólo está especificada la proyección de invertir 25,9 billones de pesos de los cuales 7,9 son para el cumplimiento de los acuerdos de la consulta previa.

Ese tema, el de la consulta previa, choca con algunos sectores. Como el empresarial que considera que en ocasiones la concertación con los pueblos étnicos se convierte en un freno para el progreso del país si no hay límites claros. También sienten que, tras leer el plan, quedaron con dudas sobre cómo aterrizarán propuestas como la promoción de la Guardia Indígena y Cimarrona o las facultades que pidió el presidente frente a los indígenas privados de la libertad.

La construcción del plan y los aciertos

El plan, al igual que los de los últimos tres gobiernos, fue construido con las comunidades bajo la premisa de consultar con los pueblos étnicos y llegar a consensos que quedan plasmados en el documento. O sea, un ejercicio de consulta previa que se realiza en tres fases: preconsulta, consulta y concertación.

El proceso empezó en septiembre del año pasado con la concertación de cómo sería la ruta metodológica para llevar a cabo la consulta (preconsulta). Siguió con los diálogos territoriales con autoridades y organizaciones, la recolección de las propuestas (consulta) y los acuerdos (concertación) con el Gobierno Nacional, que fueron en febrero. 

“La diferencia con anteriores gobiernos es que hubo menos conflictividad. Los pueblos étnicos no tuvieron que pelear de forma muy explícita sus propuestas”, comentó Cristina Echeverri, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Medellín.

También contaron con el peso de tener a Francia Márquez como vicepresidenta. “La vicepresidenta se movió al interior del Gobierno y participó en algunas de las mesas de concertación con la población afro e indígena”, dijo Gustavo Lugo, Consejero Nacional de Planeación en representación de la Población Negra, Afrocolombiana y Palenquera. 

Márquez impulsó y se movió para que en el plan quedaran temas que hicieron parte de su campaña y que han sido parte de su vida desde que era lideresa social.

Como la reglamentación de la ley que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras que habitan las riberas de los ríos de las cuencas del Pacífico (Ley 70 de 1993); y que ha sido una lucha de las comunidades que Márquez representa. 

También, la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz que ayudó a construir, y la priorización de la consulta previa. Este es un tema clave para Márquez porque ese mecanismo fue el que llevó a que su comunidad frenara la intención de desviar el río Ovejas hacia la represa Salvajinas en 1994. A la vez fue su primer acercamiento a temas ambientales y sociales.

Aunque el texto puede tener modificaciones porque apenas se va a discutir en el Congreso, ya hay aciertos que reconocen expertos y líderes afros e indígenas. Como son:

* El Fondo del Buen Vivir para indígenas que le asigna recursos a esos pueblos, según programas y planes concertados con el Mininterior, para invertir en temas como soberanía alimentaria y fortalecimiento de la institucionalidad propia y la Guardia Indígena.

* La reglamentación de la Ley 70 que permitiría entregar zonas mineras a las comunidades negras del Pacífico que se han dedicado históricamente a esta labor. También podrían ser priorizadas para que el Gobierno les de licencias ambientales, lo que facilitaría formalizar a mineros tradicionales –los que la ejercen como actividad ancestral y para su sustento — para que tengan prácticas más sostenibles y sean diferenciados de la minería criminal — que busca ganancias económicas para financiar o soportar grupos ilegales —.

* Crea un trazador presupuestal para hacerle seguimiento a la inversión en pueblos étnicos.

* Diseña una política pública para erradicar el racismo.

* La participación y concertación de los pueblos étnicos y el respeto a la consulta previa. “Es la primera vez que aparece en un Plan Nacional de Desarrollo que hay que concertar con los pueblos étnicos. Eso es un avance porque se convierte en un protocolo para acercarse y llegar a acuerdos con los pueblos étnicos al ser la directriz del Gobierno Nacional”, dice Iaku Sigindioy, líder indígena y exsubdirector de Asuntos Étnicos en el gobierno de Santos

Concertar es el punto final del proceso de consulta previa. Aunque tenerlo en el PND es un avance no significa que se cumpla a cabalidad. Hoy, por ejemplo, la Mesa Regional Amazónica denunció que el mismo gobierno vulneró el derecho a la consulta previa por no poner en los anexos del proyecto del PND las actas de lo pactado.

Y es justo el tema de la consulta previa, que es transversal en el documento, el que genera más disenso entre algunos sectores empresariales. Aunque no es el único.

Los retos de la consulta previa para el desarrollo

“Si van a creer que el camino para el progreso son las consultas previas, no lo es”, dice Víctor Julio González, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial de Buenaventura. Asegura que ese mecanismo frena el progreso del país porque son procesos largos con las comunidades étnicas. “Deberían llegar a concertar con la mente abierta, pero no, llegan a imponer sus miradas. Así es difícil llegar a un acuerdo”, afirma.

Sólo acordar cuál va a ser la ruta para informar a la comunidad y preguntarle si está de acuerdo o no con el proyecto a realizar, puede demorar hasta seis meses y los resultados, a veces, pueden tardar años. Como ejemplo González pone el proceso de consulta previa con dos comunidades para ampliar la pista del aeropuerto de Buenaventura, que lleva dos años y aún no tienen respuesta de si puede realizarse o no.

“No sacamos nada con que el gobierno le de más peso a unos sectores si no genera condiciones y estabilidad jurídica para el empresariado que es el que genera empleo en el país”, dice González.

A Isabella Victoria — directora ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca y quien desde la entidad hace seguimiento a casos de invasiones o llamados “procesos de liberación de la madre tierra” por las comunidades indígenas—-, hay otros puntos que le preocupan más. Uno es el de las facultades que pide el presidente para reglamentar las condiciones de reclusión y resocialización de los indígenas privados de la libertad.

“No dice ni cómo ni para qué va a usar esas facultades. Pero uno sabiendo que los indígenas son parte de la base que impulsó su candidatura, pues esas facultades no van a ser precisamente para endurecer las penas”, dice. 

La misma pregunta, de cómo, cuándo y dónde, las hace frente al fragmento que dice: “Las entidades competentes promocionarán la figura de guardias campesina, cimarrona e indígena como mecanismo de protección colectiva, física y cultural”.

“¿Qué es promocionarlas? —- pregunta Victoria — ¿les van a sacar comerciales?, ¿qué entidades se encargarán de eso?, ¿estarán igual que la Policía?, ¿cuál será su jurisdicción?”.

Otro punto es la posibilidad de que las comunidades indígenas sean autoridades ambientales. Diana Quigua, experta en temas indígenas de Dejusticia, dice que el plan aún no es claro en reconocerlos como tal porque no las regula, no están reconocidos jurídicamente, ni es explícito en saber cómo se articularán con el Ministerio de Ambiente. Para Quigua ese es uno de los pendientes del plan.

Pero a Victoria no le parece favorable. Ve con sospecha el punto uno del artículo 3, que habla de un ordenamiento del territorio alrededor del agua por medio de procesos de planificación participativos. 

Según ella esto beneficia a los pueblos étnicos porque son ellos los que normalmente viven alrededor del agua: “Si se convierten en autoridades ambientales se abre la puerta para que se conviertan en las Corporaciones Autónomas en los territorios. Cuando menos pensemos empiezan a regular el agua. Y si es así, ¿a quienes van a apretar? Pues a nosotros, a los que no hacemos parte de su pueblo”, comentó.

Por ahora también quedan otras dudas en apuestas importantes del plan. Una es la de garantizar que los grupos étnicos participen en la materialización de la reforma agraria y rural. Para eso, propone mecanismos para que la gestión del catastro multipropósito -– que busca actualizar el directorio de tierras del país— tenga un enfoque intercultural en territorios étnicos y sea operado por las mismas comunidades.

Pero no queda claro cómo se llevará a cabo este inventario de tierras si hay una disputa por la propiedad de las mismas entre afros, indígenas y campesinos, como pasa en el norte del Cauca . No explican cómo van a mediar estas discusiones ni quién tendrá la última palabra.

“Aquí no especifica esas cosas y esa incertidumbre que estamos sintiendo es la que genera miedo y zozobra”, dice Victoria. 

Un exministro que conoce sobre el tema y que prefirió no ser nombrado porque trabaja en el sector empresarial, aseguró que el reto va a ser aterrizar las propuestas para que no se conviertan en una frustración: “En un Plan de Desarrollo deben quedar los programas, planes o proyectos que va a ejecutar el Gobierno. En este veo más deseos y proclamas. Es más prosa”.