El Gobierno se lanza a mediar en la guerra del ELN y las disidencias en Arauca

“Dijo que se debía crear una comisión especial para Arauca que cesara el conflicto, con organismos internacionales, sociales y el Gobierno. Está pendiente para la próxima semana ver la fecha”, le dijo a La Silla uno de los asistentes.

Arauca otra vez vive un baño de sangre. Solo este año ya ha habido 311 homicidios, 12 de los cuales eran líderes sociales. Además, la guerra entre grupos ha generado confinamientos de veredas enteras y resguardos indígenas, reclutamiento de menores de edad y desapariciones forzadas que no tienen estadísticas porque la gente teme denunciar.

Sobre todo porque el ELN, la guerrilla más fuerte en ese departamento, hasta hace poco había asumido la posición radical de que el fin de los enfrentamientos solo sería posible con la derrota de las disidencias Farc. Y ese otro grupo recientemente amenazó con 300 muertes selectivas de aquí a diciembre.

La presión del Gobierno desde la mesa de diálogo de paz con el ELN, que está ad portas de reanudarse, así como los acercamientos con las disidencias serán determinantes. En la pasada guerra entre los dos grupos, hace 10 años, en la que hubo hasta 50 líderes sociales asesinados en un mes. Se resolvió cuando la sociedad civil exigió y tendió puentes entre las partes.

Esta vez la violencia y la saña de ambos grupos es tal que mediar desde la sociedad es condenarse a muerte. Por eso el papel de Rueda, y del Gobierno de Gustavo Petro, es visto como una última esperanza.

La guerra en Arauca en el ajedrez de los diálogos con el ELN

Después de su paso incógnito por Arauca la semana pasada, ayer en la mañana el comisionado Rueda dio una entrevista por teléfono de una hora con Kapital Estéreo. El medio local conectó a varias radios comunitarias del departamento, donde está la base social de disidencias y ELN, y donde los mismos grupos tienen oídos en todas partes.

Rueda le explicó a medios que lleva semanas exigiendo a ambos grupos parar el conflicto y que ambos han mostrado disposición. “Estamos seguros que vamos a lograr manifestaciones claras y precisas en los próximos días. Compromisos serios de respeto entre ambos grupos”.

Parar esa guerra será fundamental para la Paz Total del Gobierno Petro, sobre todo, porque implica que se pueda mantener un eventual cese al fuego del ELN. Según le dijo a La Silla un dirigente cercano al ELN, que pidió por seguridad mantener su nombre bajo reserva, “El ELN se compromete al cese unilateral, pero ahí va a jugar un papel importante la Fuerza Pública porque lo que está planteado es que durante ese cese el Estado tiene que neutralizar o desmontar esas disidencias del territorio. Si siguen avanzando o buscando pleito, claro que se va a responder”, afirmó.

Para el Gobierno una negociación con el ELN mientras esa guerrilla continúa matando líderes y confinando comunidades sería costosa. Por eso, lograr una mediación para que cese la guerra, es clave.

Según el líder cercano a los elenos, eso implica que el ELN se repliegue hacia el piedemonte y la zona fronteriza del departamento. Desde mayo, y con mayor intensidad desde septiembre, los elenos han incursionado en los territorios donde están concentradas las disidencias y donde se están dando los enfrentamientos más álgidos, en zona rural entre Puerto Rondón y Tame.

El ELN recuperó esa zona fronteriza gracias a una primera arremetida del régimen venezolano contra las disidencias el año pasado. Este año la guerrilla se consolidó como el poder hegemónico en toda la línea de frontera, incluso en la zona de Cravo Norte, que no es río sino sabana y que solía ser de las disidencias farianas.

Sin embargo, las señales desde Venezuela, apuntan a que ya los elenos no la tendrán tan fácil para actuar libremente con la protección del chavismo.

Se ven resultados del acercamiento Maduro-Petro

Muestra de ello fue una atípica denuncia pública que hizo el ganadero venezolano Santos Torrealba el sábado pasado. Torrealba es un poderoso terrateniente del estado de Apure quien aseguró en redes sociales que el ELN se había apoderado de su finca ganadera desde el 29 de octubre en la población venezolana de Elorza, que colinda con Cravo Norte.

Es poco usual que alguien en Venezuela denuncie al ELN, un grupo que trabaja abiertamente con el chavismo y que controla toda la economía ilegal en la frontera, entre eso, el contrabando de ganado. Pero aún más raro, es que la denuncia desemboque en una respuesta estatal.

Sin embargo, después del llamado público de Torrealba, las Fuerzas Militares venezolanas publicaron un video el domingo, acompañando al ganadero a recuperar su finca. Aunque no mencionan al ELN, en la descripción del mismo se refieren al hecho como una operación contra los Tancol, la manera en que el régimen de Maduro ha denominado a “terroristas armados narcotraficantes de Colombia”.

El régimen de Maduro suele ignorar al ELN en sus discursos contra los grupos armados de Colombia, a pesar de que esa guerrilla en particular ya está consolidada como una guerrilla binacional, en parte, por su estrecha relación con Fuerzas Militares venezolanas.

Que haga referencia a los Tancol en una denuncia pública en contra del ELN es un indicio de que el chavismo se está moviendo contra la percepción pública de que la guerrilla es intocable. El primero desde la reactivación de relaciones diplomáticas y la reunión del presidente Petro y Nicolás Maduro. Una movida que si se vuelve consistente le puede restar capacidad al ELN de actuar libremente en Venezuela.

La única esperanza para parar la guerra en Arauca

Según una fuente que está trabajando de cerca para generar el espacio de mediación del Gobierno Petro, aún no tienen definido el mecanismo jurídico para hacerlo.

“Para el Gobierno es difícil mediar entre dos grupos porque es una pelea personal, no hay razones políticas o no son los grupos contra el Estado, no. El problema es que si no lo hace el Gobierno, nadie más tiene capacidad”, le dijo a La Silla esa fuente.

Es que en medio de la ola de violencia, ambas guerrillas han amenazado con que nadie en la región busque espacios de diálogo porque puede ser objetivo militar.

“Nosotros en un momento intentamos contactarlos para dialogar pero de una vez nos hicieron la advertencia de que no nos metieramos en eso”, dijo a La Silla un defensor de derechos humanos y funcionario público de la región.

También, los grupos han estigmatizado la denuncia de afectaciones a la población civil. De ahí que, según le dijo a La Silla una fuente de la Defensoría, poco o nada la institucionalidad ha denunciado la crisis humanitaria en las veredas donde está concentrado el conflicto.

Según esa y otras dos fuentes de derechos humanos, en todo el departamento las personerías han registrado 19 mil declaraciones de hechos victimizantes pero la mayoría no son denunciadas en Fiscalía. Uno de los problemas más graves que se queda sin denunciar es el reclutamiento de menores.

Según un funcionario público que tiene cómo saberlo, hay 1.142 niños reportados por deserción escolar en Arauca pero justificaciones no hay, ni un plan de choque contra esa situación. Solo 300 de esos casos están concentrados en zona rural de Tame, donde la gente está viviendo confinada.

El reporte oficial en ese municipio es de 11 adolescentes y niños reclutados por parte de las Farc. Diez de ellos, eran indígenas del resguardo La Esperanza y una era una adolescente venezolana de 16 años a quien las disidencias se llevaron cuando se bajó de su ruta escolar.

El problema de confinamiento de indígenas en resguardos y campesinos en más de 22 veredas, también ha pasado de agache por la amenaza de los grupos. En zona rural de Puerto Rondón, el ELN le ha prohibido a cooperación internacional ingresar a algunas veredas a repartir asistencia humanitaria. En otras zonas donde sí ha dado permiso, se han quedado con los mercados y enseres que les entregan a las comunidades para su propio abastecimiento.

Y las desapariciones le suman aún más al temor de denunciar. Tanto en territorio Farc como en territorio del ELN, las comunidades están siendo marcadas por los grupos por vivir en uno u otro lugar y no pueden transitar con libertad por el departamento. Por ejemplo, una de las Personerías registró el caso de un joven que fue a visitar a su familia en Saravena, la cabecera de un municipio de 50 mil personas, y al llegar al parque principal el ELN lo retuvo. A los cuatro días lo soltaron.

“Hasta que no investigaron con toda su red de informantes que ese muchacho de verdad solo llegaba de visita, no lo soltaron”, dijo un funcionario que conoció el caso.

Pero esa es la excepción. La mayoría que retienen se mantiene como desaparecida por meses porque o la matan o la hacen abandonar inmediatamente el departamento. Eso, según el grado de cercanía que cada grupo asuma que tienen con su enemigo.

En ese contexto, la invitación que ha hecho el comisionado Rueda a las comunidades araucanas para que le exijan el fin del conflicto a ambos actores, es casi imposible.

Líderes de la región lo dejaron claro ayer, durante su participación en la sesión de la Comisión de Paz del Senado realizada en Saravena, Arauca. La mayoría le pidió al Gobierno intervenir como única salida.

“Estamos mamados de esa guerra. La esperanza es que hoy el Gobierno tome determinaciones. Tengo la firme convicción de que ustedes van a interceder. Y del otro lado del río también tiene que haber participación”, dijo el líder departamental Hernando Sánchez.

“No hay habitante acá que no viva consternado. Solicitamos que desde el orden nacional se ponga freno”, dijo Miguel Rodríguez, también líder.

“¿Cuál va a ser el compromiso real con Arauca?¿Otro saludo a la bandera? ¿Otra visita? Aquí tiene que haber compromisos serios”, dijo Jonny Alexis Castro.

No solo está en juego el futuro de un pedazo enorme de la población araucana que hoy vive bajo una guerra silenciosa. De qué tanto logre avanzar el Gobierno con ambas partes también depende la solidez del inicio del cese al fuego con el ELN, justo en el inicio de unas difíciles negociaciones.